Foto: Cuartoscuro.

El gobierno del DF sigue sin reparar los daños y pagar las indemnizaciones a favor de las personas que fueron detenidas de forma arbitraria durante el operativo del 1 de diciembre de 2012, advirtió la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) en un informe especial presentado ayer  10 de abril sobre los acontecimientos de aquel día. No obstante, la Secretaría de Gobierno local aseguró, sin precisar cuando, que creará un plan para lograr la reparación del daño a las personas que resultaron afectadas.

Hace exactamente un año, el 10 de abril de 2013, la Comisión presentó la recomendación 7/2013 sobre los acontecimientos ocurridos durante el día de toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, el cual derivó en detenciones de civiles en los alrededores del Congreso de la Unión y en el centro del DF. Aunque el gobierno del DF aceptó dicha recomendación, 12 meses después no ha dado cumplimiento total ni ha reparado el daño a las víctimas.

Es importante garantizar el cumplimiento de las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas del 1 de diciembre de 2012, atendiendo al concepto de reparación integral, buscando las medidas necesarias y adecuadas para lograr el resarcimiento de los daños en la medida de lo posible”, señala uno de los puntos concluyentes del informe.

La misma Comisión señala que la recomendación aún “requiere de un total y adecuado cumplimiento” por parte de las autoridades del gobierno capitalino.

Horas después de que la Comisión presentó su informe, la Secretaría de Gobierno local, que encabeza Héctor Serrano, informó que había recibido el documento y tomaría acciones: “El GDF reitera su compromiso con la garantía, respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y en atención a las conclusiones de este informe, creará un plan integral de reparación del daño por las violaciones a derechos humanos acreditadas por la CDHDF“.

A juicio del organismo, resulta indispensable “atender los impactos psicosociales que han sido detectados en las víctimas del 1dmx, ya que ello permitirá que las reparaciones realmente tengan un efecto positivo, de acuerdo a las pretensiones de las víctimas y considerando que dichas medidas siempre deberán buscar la efectiva reparación del daño ocasionado”.

Además, se recuerda al gobierno local que debe pagar indemnizaciones a las personas que fueron detenidas y encarceladas sin justificación, pues hasta ahora ni la policía ni la Secretaría de Gobierno locales han hecho propuestas de pago: “Es importante que dicho pago indemnizatorio incluya todas las costas y gastos erogados por las víctimas en su defensa. Pese a ello, preocupa que, a la fecha de emisión de este informe, no ha habido una propuesta concreta por parte de las Secretarías”.

El documento también advierte que existe preocupación por la falta de avances en la creación de la Comisión para la Reforma de la Policía, una medida que fue solicitada en la misma recomendación 7/2013.

Algo similar ocurre en el sistema de procuración y justicia: “Esta comisión señala la falta de avances en la elaboración de un mecanismo normativo por parte de la Procuraduría, para que los agentes del Ministerio Público, al determinar sobre la retención de una persona detenida, verifique la existencia de causa material y formal de la privación de la libertad conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos”.

El cumplimiento parcial de la recomendación, advirtió la comisión que encabeza Perla Gómez, “no redunda en un avance significativo en pro de los derechos humanos, pues sólo el cumplimiento integral podrá constituir una garantía efectiva para asegurar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas”.