Los latinos en el corredor de la muerte
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Los latinos en el corredor de la muerte

17 de abril, 2014
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pena_muerteYa desde noviembre del año pasado, José Villegas sabía que iba a morir este miércoles. También sabía cómo: al final del corredor de la muerte en Texas le esperaba una inyección letal.

La Corte Suprema desoyó el alegato de sus abogados por su supuesto retraso mental y Villegas, estadounidense de origen hispano, se convirtió así en el décimo séptimo ejecutado en el país en lo que va de año.

Fue condenado en 2002, tras apuñalar a su exnovia y a la madre e hijo de esta. Luego les robó la televisión para comprar droga.

Lea también: Texas ejecuta al hispano José Villegas

Llevaba casi doce años esperando la pena capital en la prisión Allan Polunski, en régimen de aislamiento y con 60 minutos al día para tomar aire.

Como hasta este miércoles estaba él, en el corredor de la muerte en EE.UU. hay poco más de 3.000 personas, la mayoría en los estados de más población hispana: California (741), Florida (412) y Texas (282).

Un 12% de los que aguardan la pena capital en el país son de origen latino.

Los latinoamericanos son abrumadora mayoría entre los extranjeros del corredor de la muerte. Hasta marzo, eran 91 de 139.

El último en ser ejecutado fue Ramiro Hernández, mexicano que había sido condenado por asesinato y violación. Recibió una inyección letal en Texas el pasado 10 de abril.

Hernández fue el tercer latinoamericano en ser ejecutado este año en Estados Unidos tras su compatriota Edgar Tamayo y el cubano Juan Carlos Chávez, en Florida.

¿El próximo?

Entre los latinoamericanos, el próximo en morir iba a ser el hondureño Edgardo Cubas.

A Cubas primero le dijeron que sería ejecutado el 16 de enero de este año. Después, que el 29 de mayo. Y finalmente que no se sabe cuándo, pero que tarde o temprano será ejecutado.

De 35 años de edad, Cubas fue condenado a muerte en 2004 por haber participado en el secuestro, violación y asesinato de una joven también hispana.

Seguirá en el corredor de la muerte pero sin fecha de ejecución. Dos psiquiatras determinaron que no está en condiciones: la jurisprudencia prohíbe hacer efectiva la pena de muerte en enfermos mentales.

“Los psiquiatras no tenían que hacer un diagnóstico. Sólo tenían que determinar la cuestión legal de si está en condiciones o no de ser ejecutado. Ambos estuvieron de acuerdo en que no”, le dijo a BBC Mundo su abogado, Kurt Wentz.

La alegación de problemas mentales es habitual entre los abogados que buscan frenar las ejecuciones.

Lea también: El verdugo atormentado por la silla eléctrica

Según le dijo a BBC Mundo el investigador en derechos humanos Mark Warren, “hay persuasivas evidencias de que una permanencia prolongada en el corredor de la muerte puede tener efectos psicológicos devastadores, especialmente en confinamiento solitario”.

Ese es el caso de Cubas, quien tras la decisión de los peritos, volvió a engrosar la lista de los poco más de 90 latinoamericanos en el corredor de la muerte y sin fecha de ejecución.

Lea también: El inocente que pasó 25 años esperando ser ejecutado

“Los años de Fierro”

En esa lista, el más veterano es el mexicano César Fierro, 34 años a la espera de conocer el día en que lo ejecutarán –la media en Texas es diez–.

Desde febrero de 1980 en el corredor de la muerte en Texas, las dudas sobre su culpabilidad incluso llegaron a inspirar un documental: “Los años de Fierro”.

Condenado por la muerte de un taxista en 1979, Fierro lleva desde principios de los años 90 con el mismo régimen: 60 minutos al día al aire libre y el resto del tiempo en aislamiento en su celda, donde le sirven desayuno, almuerzo y cena.

Su condena se basa en un testimonio y, sobre todo, en su propia confesión, que asegura fue hecha bajo coerción y sin haber hablado con un abogado. Sus defensores aseguran que no se encontraron pruebas que lo incriminen, ni siquiera evidencias de que hubiera disparado la noche del crimen.

“Cesar es inocente y hay muchísimas pruebas”, le dijo a BBC Mundo Santiago Esteinou, director del documental “Los años de Fierro”. “La policía en México arrestó esa misma noche su madre y lo amenazaron de que si no firmaba su confesión, no la iban a dejar ir”

Esteinou, quien comenta que “no era un ciudadano ejemplar pues tenía antecedentes, nunca violentos, por robar piezas de coche”, lo entrevistó en 2011.

Esteinou explicó que, durante su entrevista, Fierro parecía contradecirse entre su natural instinto de querer vivir y no poder dejar de preguntarse cuál era el sentido de que le sigan prolongando la vida “si de todos modos lo van a matar”.

Además, el caso de César Fierro está dentro de los cubiertos por el “caso Avena” en la Corte Internacional de Justicia, que ordenó la “revisión y reconsideración” de su sentencia de muerte por haber fallado en brindarle asistencia consular en el momento de la detención.

Lea también: El drama de los menores juzgados como adultos en EE.UU.

El estrangulador de la Calle 8

En Florida, los latinos en el corredor de la muerte son ocho cubanos, dos colombianos y un mexicano.

Poco antes de ser ejecutados los pasarán a una celda de 3,6 m por 2,1 m; y el mismo día tienen derecho a una última comida que no puede exceder de US$40 “para evitar extravagancias”.

Pero previamente habrán transcurrido, a la espera de que se resuelvan apelaciones y demás, un mínimo de diez años en una celda con la mitad de ese tamaño, donde desayunan a las cinco y media, almuerzan a las diez y media, y cenan a las cuatro de la tarde.

Pasan todo el tiempo en la celda salvo para la hora de ejercicio y la ducha –cada dos días–, así como recibir visitas. Cuando están fuera, andan esposados.

En Florida, el más veterano es el cubano Omar Blanco, de 64 años, pero seguramente el más mediático es Rory Conde, un asesino en serie colombiano que fue conocido en Miami como “el estrangulador de la Calle 8”.

Las mujeres

Con 39 en 2013, Estados Unidos sigue a China, Irán, Irak, Arabia Saudita en la lista de países que han llevado a cabo el mayor número de ejecuciones. Y son casi todo hombres.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, las ejecuciones de mujeres son algo raro, apenas se han podido documentar 571 casos desde 1632. Trece en las últimas tres décadas.

Además, las mujeres apenas son el 2% de la población en el corredor de la muerte. Extranjeras sólo tres: la mexicana Dora Buenrostro en California, la cubana Ana María Cardona en Florida y la británica Linda Carty en Texas.

Las dos latinoamericanas están condenadas por matar a sus hijos.

Dora Buenrostro mujer fue sentenciada en 1998 por haber matado a sus tres hijos de 9, 8 y 4 años para vengarse de su marido. Los tres fueron degollados con un cuchillo.

Por su parte, Cardona fue sentenciada a muerte en dos ocasiones por matar a su hijo de tres años en 1990. En 2010 se repitió el juicio y la decisión fue la misma.

El cadáver del bebé fue hallado en Miami Beach. Según lo dado por probado en el juicio, después de haberse gastado los US$100.000 que dejó de herencia su pareja –narcotraficante asesinado–, inició una relación con una mujer.

Ambas, drogadictas, apenas vivían de robar en tiendas. Sus dos hijos fueron puestos a cargo de servicios sociales, aunque después se los devolvieron.

Cardona abusaba frecuentemente del menor. El 30 de octubre de 1990, le abrió la cabeza de un batazo. Como no dejaba de llorar, terminó matándolo a golpes.

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Marisol García Alcántara, la mexicana que sobrevivió a un disparo de la Patrulla Fronteriza (y ahora va a demandar a EU)

El balazo lo recibió el 16 de junio, en Nogales, Arizona, a bordo de una camioneta mientras trataba de entrar indocumentada a Estados Unidos. Del incidente le quedan restos del proyectil en la cabeza y unas secuelas permanentes que le impiden trabajar.
12 de mayo, 2022
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“Sentí un golpe en mi cabeza. Me imaginé que me habían pegado con un bate o con la cacha (culata) de una pistola. Yo iba del lado del piloto, en la parte trasera, pegada a la ventana. Fue ahí cuando se me nubló la visión”.

Lo que Marisol García Alcántara recibió fue un balazo.

Le ocurrió hacia las 5 de la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona, cuando iba a bordo de una camioneta Kia blanca, según recoge el reporte policial, junto a otros que trataban de entrar a Estados Unidos indocumentados desde el estado mexicano de Sonora.

Se lo cuenta a BBC Mundo desde su casa en México, a donde fue deportada tras ser sometida a una cirugía y pasar 22 días en un centro de detención, en una conversación por Zoom en presencia de su equipo legal.

El suyo es un relato detallado, pero con pausas. Y es que por momentos le cuesta recordar nombres, busca palabras en su cabeza durante segundos, hace gestos de esfuerzo. A veces lo logra. Otras no.

La pérdida de memoria es una de las “consecuencias de por vida” que asegura le dejó el impacto de la bala y el fragmento que aún alberga su cerebro.

Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

Getty Images
Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

En diciembre presentó una reclamación civil por daños y prejuicios contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa a la Patrulla y que depende del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo una indemnización.

Es un paso previo obligatorio antes de entablar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, algo que pretenden hacer tan pronto como los plazos legales se lo permitan —no antes del próximo 20 de junio—, tal como le explica a BBC Mundo su abogado Eugene Iredale.

Pero volvamos a la escena inicial, al relato de Marisol.

“Un ángel muy grande”

“Íbamos en la camioneta. Al dar la segunda vuelta, como a media calle, se escucharon las sirenas. Entonces le dijimos al conductor que se parara por favor, porque ya nos habían agarrado“.

Era la Patrulla Fronteriza siguiéndolos, ordenándole al vehículo que se detuviera.

Un supervisor de la Patrulla les diría después a los agentes del Departamento de Policía de Nogales que llegaron a la escena que la camioneta había hecho caso omiso, tal como se recoge en el informe policial, pero García Alcántara insiste en que estaban aminorando la marcha para parar.

El muro fronterizo en Nogales, Arizona, Estados Unidos, el 6 de febrero de 2019.

Getty Images
El incidente ocurrió en la localidad fronteriza de Nogales, en Arizona.

En eso estaban, cuenta, cuando uno de los agentes de la Patrulla —cuyo nombre no se ha hecho público ni se recoge en el informe policial ni en la reclamación civil— le disparó. Ella inmediatamente perdió la visión.

“Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara.

“Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí”.

Para cuando recuperó la vista ya iba en la ambulancia de camino al centro de salud local, donde una doctora le diría que “tenía un ángel muy grande en el cielo porque estaba viva después de recibir un balazo”.

El disparo le provocó una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo y de órbita (uno o más huesos que rodean el ojo) y la bala y algunos fragmentos de hueso se le quedaron incrustados en el lóbulo frontal izquierdo, según se lee en la demanda civil.

La cirugía para extraerle el proyectil se la realizaron en el Hospital St Joseph, en Phoenix, a donde la trasladaron en helicóptero.

De la intervención le queda la marca de 36 grapas, un poco más arriba de la cicatriz que le dejó la bala. “Aquí, arriba de la ceja está la cicatriz, y la de los puntos aquí. Tengo todo esto, hasta acá”, dice mientras mueve el cabello de la frente para mostrarla a cámara.

“Desperté el día viernes (18 de junio). Fue cuando me llevaron a otro cuarto. Y de ahí el sábado me llevaron a Migración y el domingo a Florence”.

— ¿Qué es Florence?

— Florence es la cárcel.

El Centro Penitenciario Florence alberga un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Marisol pasó allá 22 días antes de ser deportada.

“Si me la saca, me muero”

De regreso en su país volvió a ir al médico, ya que en EE.UU., asegura, no le habían dado “ninguna explicación”, ni el informe del alta hospitalaria ni ningún otro documento que informara sobre su estado de salud.

En México “me hicieron estudios y me dijeron que traía un pedazo de bala en la cabeza, que me está cubriendo un pedazo de mi cerebro”.

“No pueden hacer nada más que tratarme con medicamentos. Eso sí, me dijo el doctor que el medicamento es de por vida. Porque sacarme la bala no se va a poder, porque si me la saca, me muero”.

Los fármacos que debe tomar incluyen uno para prevenir ataques epilépticos, además de antidepresivos.

A 10 meses del incidente, “tengo consecuencias como parálisis facial, pérdida de memoria, los dolores de cabeza que no se me van a quitar, me mareo”, cuenta.

“Justamente ayer me mareé y se me fue la visión por segundos”.

Eso le impide seguir trabajando como seguridad privada, a lo que se dedicaba antes de decidir emigrar y buscar en EE.UU. una manera de ayudar a que sus tres hijas sigan estudiando.

Hoy por hoy subsiste con la ayuda que le da su madre y una asociación cuando se siente “más apretada”.

Las demandas

Por ello presentó en diciembre la reclamación civil por daños y perjuicios. Pero no busca solo que la indemnicen con dinero.

“Justicia, pedimos justicia. Que la persona que me disparó me pida una disculpa personalmente y que se haga justicia para que él no siga haciendo más daño a más personas”.

BBC Mundo le consultó a la CBP sobre el incidente y la demanda presentada por Marisol, pero todo lo que obtuvo por respuesta es que no hace comentarios sobre litigaciones en curso. No hay más información pública acerca del caso.

Según el abogado Iredale, recibieron una carta de la CBP fechada el 23 de diciembre solicitando una serie de documentos, incluidos los relativos a los tratamientos médicos, e informando que tenían hasta seis meses para llevar a cabo una investigación y responder a la demanda civil.

La reclamación civil es una etapa obligatoria para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos, aclara el letrado.

Si a los seis meses de presentar la reclamación civil —se cumplen el 20 de junio— la CBP no ha respondido, Iredale confirma que presentarán la demanda federal. Si hay respuesta, tendrán que esperar otros seis meses para hacerlo.

“Queremos una investigación completa”, le dice a BBC Mundo. “Pero creemos que no es solamente una cuestión de culpabilidad civil, sino también criminal, porque este es un asalto con fuerza letal contra una mujer que es inocente de cualquier forma de provocación o asalto”.

“Ella no representó un peligro de ninguna forma para a este agente”, subraya.

“Y va contra las reglas de la Patrulla Fronteriza el utilizar balas, disparar, para tratar de parar un vehículo. Y según entiendo a este punto en nuestra investigación es que el vehículo estaba parado o estaba en el proceso de hacerlo cuando el tiroteo sucede. No hay justificación posible para este uso de fuerza brutal“.

Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

Getty Images
Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

La cantidad de migrantes que tratan de llegar ilegalmente a EE.UU. por la frontera que comparte con México se ha disparado en los últimos años.

El pasado año fiscal —que empezó en octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021— la Patrulla Fronteriza registró la mayor cantidad de “encuentros” con migrantes indocumentados de las últimas seis décadas.

Y en ese mismo periodo la CBP contabilizó en la frontera sur 628 incidentes en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron “uso de la fuerza”, según se recoge en las estadísticas disponibles en su página web, sin especificar de qué tipo ni con qué consecuencias. En lo que va de año fiscal llevan ya 360.

De acuerdo a la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 100 agrupaciones que trabajan en la frontera, desde enero de 2010 al menos 100 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. En su página web recogen los datos con detalle, en ocasiones con nombres y apellidos de las víctimas.

Agente de la Patrulla Fronteriza anota información sobre los migrantes tomados en custodian en Yuma, Arizona, en la frontera de Estados Unidos con México, el 7 de diciembre de 2021.

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Los “encuentros” de los agentes de la Patrulla Fronteriza con migrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México en el último año fiscal se han disparado.

Mientras “los agentes de la CBP y los oficiales arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades”, el Departamento de Seguridad Nacional “le debe al público la investigación justa, objetiva y transparente de los incidentes de uso de fuerza para que se mantengan y cumplan nuestros más altos estándares”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas en unas declaraciones recogidas en enero por el diario The New York Times.

La utilización de la fuerza por parte de la Patrulla con consecuencias nefastas no es nueva.

Una de las más sonadas fue la muerte en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano padre de cinco hijos que llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en EE.UU. sin los debidos documentos migratorios.

Falleció tras ser detenido en la localidad californiana de San Ysidro y recibir descargas eléctricas de la Patrulla Fronteriza. El informe forense lo catalogó como “homicidio”. El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los agentes involucrados y hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

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La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

“Desde el caso de Anastasio hasta el de Marisol, existe una gran problema de impunidad con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, dice Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la Southern Border Communities Coalition.

“La CBP es relativamente nueva. Se formó después del 11-S, rápido, sin mucha supervisión y sin un sistema para responsabilizar a los agentes que cometen abusos”, explica.

Guerrero apunta al Equipo de Incidentes Críticos como el centro del problema.

El rol de dicho equipo no está definido públicamente y no tiene autorización del Congreso para llevar a cabo investigaciones ni recopilar evidencias, pero suele involucrarse cuando agentes de la Patrulla se ven envueltos en incidentes con heridos o muertos, apunta.

En el caso de Marisol, el reporte del Departamento de Policía de Nogales hace constar que el Equipo de Incidentes Críticos estuvo en la escena además del FBI.

Guerrero, que lleva años indagando sobre el equipo, lo describe como “unidad encubridora en la sombra”. Por ello, la Southern Border Communities Coalition ha pedido al Congreso que lo investigue y presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Dos comités del Congreso iniciaron en enero una investigación propia, solicitando a la CBP información sobre la unidad en cuestión.

“Creamos la CBP, la agencia policial más grande de EE.UU., y funciona con mucha impunidad. Y es algo que tiene que acabar”, zanja Guerrero.


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