En diciembre de 2013, en el ranking de Transparencia Internacional, México se ubicó en el sitio 106 de 177 naciones que son evaluadas en el Índice de Percepción de la Corrupción. //Foto: Cuartoscuro.

El combate a la corrupción a través de la iniciativa presidencial para crear una Comisión Nacional Anticorrupción no sólo debe contemplar la sanción contra funcionarios y ciudadanos sino incluir una investigación contra las dependencias de estado en las que se llevan a cabo estos actos, propone la Red por la Rendición de Cuentas.

Integrada por 77 instituciones públicas, instituciones académicos y organizaciones sociales, la Red considera que es necesario que la reforma para el combate a la corrupción distinga un acto aislado de cuando surjan por un problema institucional.

“El régimen de responsabilidad de servidores públicos está diseñado para investigar y valorar conductas individuales atribuyendo sanciones a las personas. Lo anterior, si bien es necesario, es insuficiente para enfrentar el problema. La propuesta que se plantea parte del supuesto de que cuando se presentan irregularidades en las conductas de los servidores públicos o de otras personas que manejan recursos públicos, hay también un problema en la organización. Inadecuados diseños en los procedimientos de gestión o en el diseño institucional, deficiencia en los controles, en la información, en el seguimiento, problemas en la vigilancia o en el nombramiento, entre otros (…)”, se lee en la propuesta de la Red para la reforma que crea la Comisión y que tras ser aprobada en diciembre en el Senado está pendiente su discusión en la Cámara de Diputados.

Según la propuesta que se presentó el viernes 25 de abril en el foro “Cambios normativos a la comisión anticorrupción: una propuesta desde la academia y la sociedad civil”, cuando el sistema propicia que un funcionario cometa un acto de corrupción y si éste se investiga y sanciona a la institución, se ejercen medidas preventivas para evitar más corrupción.

La iniciativa que el presidente Peña Nieto presentó en noviembre de 2012 para crear la Comisión Nacional Anticorrupción fue aprobada en el Senado un año después y se espera que los diputados la discutan en el siguiente periodo ordinario que inicia en septiembre próximo.

Lo aprobado por el Senado permite crear una Comisión con autonomía institucional, con facultades para prevenir, investigar y sancionar por la vía administrativa las irregularidades de funcionarios y ciudadanos.

La propuesta de la Red por la Rendición de Cuentas es aumentar las facultades de la Comisión para que se convierta “en pieza clave para la definición de un sistema nacional de responsabilidades”.

Además de investigar, sancionar y prevenir la corrupción, la Red considera que este órgano deberá tener capacidad de revisión y atracción de casos y de resarcimiento.

“No podemos seguir solo buscando sancionar y encontrar al que cometió algún acto de corrupción sino estar haciendo medidas preventivas y también resarcitorias. El estado queda sin posibilidad alguna de hacer alguna acción resarcitoria cuando tenemos un caso de corrupción y ahí lo que se ve claramente es que las víctimas es todo el pueblo de México y no hay una acción específica”.

“De la propuesta del presidente Peña Nieto a la propuesta de nosotros lo más importante sería pensar que este órgano no puede estar sólo buscando sancionar y que tampoco le pueden tocar cuestiones menores y las más graves. A este órgano le vamos a dejar sólo las cuestiones más graves. Hay mucha carga burocrática revisando cuestiones menores y poca atención a las cosas grandes”, explicó Leticia Bonifaz, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, que participó en la propuesta.

Sobre la facultad de revisión y atracción de casos, ésta tiene vínculo directo a la operación de la Comisión en los estados.

Si bien la reforma que aprobó el Senado considera que cada entidad forme su propio órgano anticorrupción, la propuesta de la Red es que la Comisión Nacional pueda atraer los casos de estados y municipios cuando se solicite y revisar las resoluciones emitidas por esos institutos locales.

Asimismo, se hace énfasis en que para garantizar la objetividad y profesionalismo de la Comisión los auditores internos o los titulares de los órganos internos de control deben surgir de un servicio profesional de carrera, que les permita además de estar certificados tener capacitación permanente.

La propuesta de la Red fue entregada a los diputados que analizan en comisiones el dictamen aprobado en el Senado. En ésta también se incluyó la posibilidad de que los ciudadanos puedan iniciar investigaciones.

“Además debemos considerar la posibilidad de reabrir un caso cuando se considere que el ejercicio de no acción penal fue indebido o no está justificado”, explicó Bonifaz sobre la necesidad de que la Comisión no sea “un órgano decorativo” y esté facultado para impugnar decisiones.

El combate a la corrupción se definió al principio de la gestión de Peña Nieto como un tema de especial interés, por eso la propuesta de crear una Comisión Nacional; sin embargo, sociedad civil y académicos critican el atraso para concretar la iniciativa.

En diciembre de 2013, en el ranking de Transparencia Internacional, México se ubicó en el sitio 106 de 177 naciones que son evaluadas en el Índice de Percepción de la Corrupción.

Y en la lista sobre el pago de sobornos que empresas extranjeras hacen en otros países para concretar negocios, México está en el número 28 de 30, sólo mejor posicionado que Rusia y China.