Líderes de las autodefensas durante el primer aniversario. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles fue presentado el estudio El dilema de la seguridad en México: El Ejército Ciudadano de Michoacán, el cual hace un detallado relato y análisis del proceso de inseguridad en la entidad, el surgimiento de los grupos de autodefensa ciudadana y la reacción de las autoridades federales. El documento plantea que, pese a los avances, las autoridades han utilizado un enfoque un tanto desatinado ante el problema en la región, además presentar un análisis sobre las fallas en la estrategia.

Los autores, Dudley Althaus -corresponsal de The Wall Street Journal con 26 años de experiencia en México- y Steven Dudley-director de Insight Crime, organización de análisis sobre el crimen en Latinoamérica-, plantean que actualmente la principal incógnita en Michoacán es ¿qué debe hacer el gobierno federal con los grupos de autodefensas?

En el análisis de Dudley y Althaus, las tres principales opciones para el gobierno son: 1) deslegitimar y desarmar a las fuerzas ciudadanas, 2) integrar formalmente a las autodefensas y 3) la que parece más viable y ha sido la más utilizada por el gobierno federal: actuar de forma diferenciada con cada grupo e individuos, es decir, negociar presupuesto y programas de seguridad a cambio de cooperación e integración a fuerzas regulares.

La posición que tome el gobierno es crucial, pues grupos en otras regiones observan de cerca lo que sucede en Michoacán, mientras preparan sus propias guardias civiles. La forma en que el gobierno maneje Michoacán podría determinar el tono de lo que suceda en el resto del país, particularmente en entidades con altos niveles de violencia como Tamaulipas y Guerrero.

Además de las decisiones que tome con las autodefensas, plantea el documento, el gobierno debe reconstruir el pacto social más allá de los asuntos de seguridad. En este caso, el gobierno actúa con programas especiales de educación, empleo, oportunidades y gasto social, promesas que son muy frecuentes en el país, pero han tenido un pobre cumplimiento.”Sólo con una inversión sostenida, crecimiento y oportunidades, el gobierno romperá el maleficio del estilo de vida criminal en Tierra Caliente, donde aun los niños quieren ser capos al crecer”, afirma el texto.

El desarme de las autodefensas

El texto afirma que las autoridades mexicanas han recurrido a esta primera opción en algunos casos: deslegitimar y desarmar a las autodefensas, incluso el comisionado para Michoacán Alfredo Castillo, parece confirmar que este “experimento” ha llegado a su fin. Sin embargo -afirman- existe el riesgo de un contragolpe de los grupos criminales que podría causar más enfrentamientos violentos, una posibilidad insinuada frecuentemente por las autodefensas.

Aún más, con el desarme los Caballeros Templarios podrían regresar o sus rivales del Cártel de Jalisco Nueva Generación podrían tomar su lugar. Los autores concluyen que si el gobierno va a desarmar a los civiles, debe demostrar que es capaz de mantener bajos niveles de violencia, secuestro y extorsión, algo que en la administración de Calderón y los catorce meses del actual gobierno no se ha conseguido.

Integrar formalmente a las autodefensas 

Por otra parte, se menciona que el marco jurídico actual es insuficiente para integrar a las autodefensas a las policías regulares o crear una fuerza regional, no obstante, es un proceso que ya se ha iniciado.

El documento planta que para regularizar adecuadamente estas fuerzas ciudadanas, se requiere un nuevo marco legal que debe pasar por el Congreso, el cual debería incluir normas claras para armas, registrar nuevos miembros, definir jurisdicción, establecer sus facultades y obligaciones, crear canales de comunicación con las autoridades y otras formas de mantener un control amplio de las actividades de estos grupos.

No deben ignorarse en este debate los resultados positivos ni la posibilidad de que estas fuerzas se conviertan en lo mismo que hoy combaten.

Negociar de forma diferenciada

Para Dudley y Althaus, esta resulta la opción más viable para el gobierno y consiste en una toma de decisiones de forma individual, para cada civil armado, en lugar de decidir colectivamente. Las autoridades han iniciado con esta táctica al integrar a varias decenas de individuos a una nueva corporación, mientras investiga y enjuicia a otros, sin importar su rango u origen.

De esta forma, el gobierno se puede distanciar en los casos que sean necesarios, mientras trabaja en conjunto contra los Templarios en otros municipios. Esta ambigüedad da también al gobierno la posibilidad de negociar cooperación a cambio de seguridad y presupuesto o, de lo contrario, retirar el apoyo e investigar a quienes no cooperen.

Las acciones urgentes han causado un enfoque poco adecuado

La desesperación en Michoacán por el crimen organizado, como en muchas partes del país, ha llevado a una aproximación miope, afirman los autores de El dilema de la seguridad en México: El Ejército Ciudadano de Michoacán, pues aunque en el corto plazo han conseguido una solución temporal a las acciones de los Templarios mediante las autodefensas, en el mediano y largo plazo podría estarse abriendo la puerta a un nuevo grupo de grupos criminales, complicando la labor del gobierno.

Los defensores de las autodefensas afirman que no hay alternativa para ellos y, aunque parecen estar en lo correcto debido al control generalizado que tenía el crimen en Michoacán, celebrar anticipadamente puede causar que se olviden problemas importantes que ni las autoridades o los civiles armados han enfrentado a fondo: no hay una jurisdicción, una descripción del papel de las autodefensas o sus objetivos generales.

Los autores concluyen que los éxitos que hasta el momento se han conseguido muestran que hay un apoyo popular, respaldo oficial, buen armamento, valentía e iniciativa, sin embargo, no parece haber suficiente organización, coherencia y un mando único viable.

Los cuatro tipos de autodefensas

Finalmente, el estudio encuentra que, hasta el momento, se conocen cuatro tipos de autodefensas:

1.  Los aparecidos en Cherán, que consisten en comunidades indígenas con una mayor experiencia en la creación y organización de grupos armados para la defensa.
2.  El segundo tipo sucede en un contexto pobre en zonas rurales y semi-urbanas, las cuales se han organizado para proteger pequeños negocios familiares.
3.  El tercer modelo es el respaldado por grandes intereses de magnitud industrial.
4.  Los grupos respaldados por organizaciones criminales.

El estudio plantea la posibilidad que incluso exista una mezcla de todos estos rasgos en ciertas zonas, donde podrían trabajar en conjunto, al menos por el momento.

Cada grupo, afirman los autores, tienen diferentes motivaciones y éstas no serán evidentes mientras combatan a un enemigo compartido. Sin embargo, una vez que este enemigo se desvanezca, las aspiraciones de cada uno saldrán a la luz y ganarán inevitablemente apoyo político.

El texto pone énfasis en ue estos grupos tienen armas de alto poder, una ventaja preocupante en una realidad política que busca una competencia democrática en las urnas, donde sobran las balas.

Lee completo el estudio El dilema de la seguridad en México: El Ejército Ciudadano de Michoacán: