21 entidades federativas, sin “avances significativos” para atender a víctimas

Pese a que el próximo 3 de mayo vence el plazo que marca la Ley General de Víctimas para que estados armonicen sus leyes, la mayoría no cumple requisitos mínimos como tener un registro de víctimas

21 entidades federativas, sin “avances significativos” para atender a víctimas
Foto: Cuartoscuro
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En 21 de las 32 entidades federativas no se ha “avanzado significativamente” en cumplir con los requisitos mínimos que marca la Ley General de Víctimas para brindar atención adecuada a los afectados por violencia en el país, según un diagnóstico que presentó este miércoles 30 de abril la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Las entidades que, según los resultados del diagnóstico, “han sido indolentes en la obligación legal” de armonizar su legislación pese a que el plazo para hacerlo vence el próximo 3 de mayo son: Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas.

Pero además hay otras 16 entidades con “avances irregulares” en armonizar sus leyes y que entregar “informes incompletos, confusos o parciales” sobre la atención a víctimas: Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

Los requisitos con los que entidades federativas deberían cumplir en sus legislaciones, según lo establecido en la Ley General de Víctimas promulgada en enero de 2013 son: contar con una ley local de atención, haber formado una Comisión ejecutiva de Atención, que ésta se autónoma, contar con comisiones especiales, tener un registro de víctimas, que el registro incluya víctimas de violaciones a derechos humanos, que cuente con un equipo de asesoría jurídica y con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de víctimas.

El diagnóstico mostró que Tamaulipas, entidad del norte de México con una de las tasas delictivas más altas del país según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, es la más atrasada en la atención a víctimas. El estado tiene una ley local, pero ésta restringe los derechos de las víctimas, no tiene una Comisión Ejecutiva lista, ni un registro de víctimas, un equipo de asesoría jurídica o un fondo de apoyo.

“Para muchos estados es más sano borrar a las víctimas (…) borrarlas pretendiendo que no existen, diciendo que no hay víctimas y las pocas que hay que están ligadas a la delincuencia, es decir, criminalizándolas (…) hay gran indiferencia, indolencia y eso se llama complicidad”, dijo el comisionado Julio Hernández Barros durante la presentación del diagnóstico.

Fallan en registro de víctimas

En el artículo 96 de la Ley General de Víctimas se establece que los estados deben tener sus propios registros de víctimas y que están obligados a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información diariamente.

Sin embargo, el diagnóstico muestra que sólo doce entidades —Baja California, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz— tienen un registro de víctimas y que cuando se trata de víctimas de violaciones a derechos humanos —lo que también incluye abusos de parte de autoridades—, sólo hay siete entidades federativas con la herramienta de registro.

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“Es importante que las autoridades de todos los estados, en especial los que están considerados en un nivel de incumplimiento, que comprendan que al no cumplir con sus obligaciones para ofrecer marcos legales que garanticen los derechos de las víctimas, no le están fallando a la Comisión, le fallan a la sociedad, a sus ciudadanos, a todas las familias mexicanas que esperan que sus autoridades, empezando por su gobernador y su poder Legislativo, dejen de ser displicentes y cumplan”, dijo el comisionado Jaime Rochín del Rincón, quien desde este martes es comisionado presidente del organismo tras la renuncia de María Olga Noriega Sáenz.

Sin consecuencias

Aunque en este diagnóstico sólo 11 entidades federativas —Baja California, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz— tienen “avances significativos” en la armonización de sus leyes, no existe ninguna consecuencia legal para el resto de los estados por no tener listas sus legislaciones el próximo 3 de mayo, cuando vence el plazo que marca la ley.

Los comisionados explicaron en conferencia de prensa que se les podrá hacer un llamado a los estados a través del Sistema Nacional de Atención a Víctimas que preside Enrique Peña Nieto, pero la Comisión Ejecutiva no tiene facultades para promover algún recurso, sólo puede “ejercer presión” a través de foros o extrañamientos.

Para el empresario, Alejandro Martí, presidente de la Fundación México SOS, los gobernadores se convierten “en cómplices de los victimarios” al fallar a la ciudadanía con esta omisión de no tener una legislación adecuada para las víctimas.

Además de Martí, otros activistas se unieron a la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas en el llamado que hicieron este miércoles a gobernadores y congresos locales de concluir la armonización de leyes locales a favor de quiénes sufren violencia en el país.

En la conferencia de prensa participaron Isabel Miranda de Wallace de Alto al Secuestro; María Elena Morera de Causa en Común; María Ampudia González de ¿Y quien habla por mi?; Rosi Orozco de Unidos contra la Trata; y con un mensaje enviado por escrito, el poeta Javier Sicilia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

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