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La Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas a la Ley General de Salud con la que pretende evitar el desvío de recursos del Seguro Popular, programa que tan solo en 2014 ejercerá un presupuesto de 72 mil 330 millones de pesos.

Como parte de las reformas, se determinó que las transferencias que la Federación haga a los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, responsables de administrar los recursos del Seguro Popular en los estados, se pueden hacer en efectivo o en especie. Con ello la Secretaría de Salud federal puede comprar directamente los medicamentos e insumos que requieran las entidades federativas. Serán la Secretaría de Salud federal, junto con la Secretaría de Hacienda, las que determinen los criterios del tipo de transferencia que se realice.

Incluso, se determinó que la Federación puede hacer directamente el pago a los proveedores a cuenta del presupuesto que recibe cada estado.

De igual forma, obliga a las tesorerías estatales a depositar en un periodo máximo de cinco días hábiles los recursos que haya recibido de la Federación para el Seguro Popular, mientras que los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud deben notificar, en un plazo de tres días hábiles, el monto entregado por sus estados. Con ello se pretende evitar el retraso en las transferencias que durante muchos años denunciaron los responsables del programa a nivel local.

De igual forma, se establece que los Regímenes Estatales deben abrir una cuenta bancaria específica donde depositen los recursos recibidos de las tesorerías locales. Ello con el fin de separar los recursos que el estado tiene para los servicios de salud en general y los que son específicamente para usuarios del Seguro Popular, pues hay que recordar que este programa no cubre todas las enfermedades.

Otra novedad es que las autoridades federales competentes deberán notificar a la Auditoría Superior de la Federación y al Ministerio Público Federal, y no solo a la Secretaría de la Función Pública, cualquier desvío. Al respecto, los diputados determinaron elevar las penas para quienes incurran en este delito: todo aquel funcionario que no aplique el presupuesto para los fines para los que fue aprobado purgará entre 4 y 7 años de prisión y deberá pagar una multa de entre mil y mil 500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir, entre 67 mil 200 y 100 mil 800 pesos.

Las reformas fueron aprobadas por 373 diputados del PRI, el PAN y el PRD, mientras que 40 legisladores del PRD, Movimiento Ciudadano y el PT votaron en contra y cinco perredistas se abstuvieron.

Durante la discusión, diputados de Movimiento Ciudadano, entre ellos Ricardo Monreal, dijeron votar en contra porque las reformas no evitarán los problemas de corrupción al interior del programa, además de que fortalecen un esquema centralista en su operación.

Con la creación del Seguro Popular, en 2003, los estados de la República vieron multiplicados los recursos que recibían por parte de la Federación para la prestación de servicios de salud. En un principio, el presupuesto asignado dependía del número de familias afiliadas, hasta que en 2009 el Gobierno Federal se dio cuenta de que las entidades inflaban el número de familias para recibir más recursos y determinó realizar las transferencias por persona y no por hogar.

Con el crecimiento de los recursos llegaron también las denuncias por desvíos: la Auditoría Superior de la Federación determinó que 20 de las 32 entidades federativas hicieron en 2010 un mal uso del presupuesto del Seguro Popular, principalmente en el pago de sueldos y compra de medicamentos y otros insumos. En tanto, en 2013 se descubrió un desvío de más de 700 millones de pesos en el gasto en salud en el gobierno del tabasqueño Andrés Granier.