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Capítulo de regalo: "Las muertas del Estado"

El libro “Las Muertas del Estado” pone la lupa en el Estado de México como un lugar donde se incrementan los feminicidios sin que las autoridades tengan la intención de aclarar estos asesinatos.
Por Irving Pineda
31 de mayo, 2014
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Vivir en el Estado de México se ha convertido en un peligro latente para todas las mujeres que habitan en esa entidad debido a los feminicidios que se registran y a la impunidad que existe.

De 1990 a 2011 se levantaron en todo el país 32 mil 172 actas de defunción de mujeres que fallecieron por agresiones; de estas actas, 7 mil 749 se elaboraron en el Estado de México.

En 2011, año en que se renovó la gubernatura en el Estado de México, los feminicidios alcanzaron su nivel más alto, 4.5 muertes ocurrían por cada 100 mil mujeres que residen en esa entidad; así lo revelan cifras que emanan de las bases de datos de mortalidad de la Secretaría de Salud federal y que han quedado plasmadas en el libro “Las Muertas del Estado”.

“(Los datos) Están basados en la información que compone las estadísticas vitales de la Secretaría de Salud y que a su vez son tomada del INEGI, y que a su vez, se construyen por los reportes de los registros civiles, en tanto que con cada muerto, hay una acta de defunción”, explica Humberto Padgett, autor de este libro en entrevista con Animal Político.

Padgett señala que las cifras del gobierno mexiquense no son confiables, por esta razón prefirió utilizar el banco de datos de la Secretaría de Salud.

“Lo que nosotros encontramos es que el Estado de México ha mentido reiteradamente incluso con el total conocimiento del hecho, cuando pretendió la alerta de género y quienes sostuvieron la defensa del gobierno del Estado de México presentaron tasas en las cuáles fueron, rebajadas, diluidas a la mitad”, apuntó.

Y es que las cifras se diluyen cuando comienzan las investigaciones, porque el Ministerio Público mexiquense ni siquiera consigna que las muertes son producto de un feminicidio.

“No se consignan en los expedientes como feminicidios y de esa manera empieza a maquillarse el estado de las cosas en el Estado de México. En el caso del Estado de México se potenció más la vulnerabilidad de las mujeres por el desconocimiento que las autoridades hacían del fenómeno por el interés electoral de Enrique Peña Nieto quién realizó sus campañas para la gubernatura como para la Presidencia de la República en la idea creada de que era una especie de novio de las mexiquenses y luego novio de las mexicanas”, comentó Humberto Padgett.

Por ejemplo, entre 2005 y 2011 cuando Enrique Peña Nieto se desempeñaba como gobernador del Estado de México en todo el país se certificaron 12 mil 23 asesinatos intencionales de mujeres, de los cuales mil 997 se registraron en el Estado de México, es decir, el 16% de estos asesinatos se produjeron en esa entidad.

“Las Muertas del Estado” también detalla que sólo en 9 de los 125 municipios del Estado de México en el periodo de 2005 a 2011 la tasa de asesinatos cerró en cero. Lo que significa que en la mayoría de los municipios hubo feminicidios.

En ese mismo sentido, el municipio de Ecatepec, donde habitan más de 849 mil mujeres y 806 mil hombres, se convirtió en el municipio más mortífero para una mujer.

“Ecatepec entre 1990 y 2012 ha tenido altas tasas de feminicidios en todos los años excepto en 2005. Se considera como un alta tasa feminicida la que supera los tres eventos por cada 100 mil mujeres residentes en el lugar. En Ecatepec en todos los años que he dicho, menos uno, se tuvieron altas tasas, especialmente en los periodos en el que fue alcalde Eruviel Ávila y se han disparado en el primer año de gobierno de Eruviel Ávila en el municipio de Ecatepec”, precisa.

Para, Eduardo Loza, responsable de la parte gráfica de “Las Muertas del Estado” el machismo es quien se encarga de que la aguja de los feminicidios se incremente en el Estado de México.

“Los asesinatos del Estado de México realmente los comete el machismo, esa es la parte muy clavada en la cultura nacional, el machismo es quién comete esos asesinatos en el Estado de México y muy buena parte del país, pero particularmente en el Estado de México vemos que es precisamente un fenómeno cultural amparado en la impunidad, la corrupción y la insensibilidad política”, aseguró en entrevista con Animal Político.

Estranguladas, asfixiadas y sofocadas es como asesinan a las mujeres del Estado de México, sin embargo, no hay autoridad que resuelva estos casos por la corrupción.

“Tenemos el caso de un hombre que asesina a su esposa y después de eso, después de que la asesina, secuestra a la hermana de la mujer que ha asesinado y la tiene plagiada, violándola, durante un año entero; una niña de 13 años. Y a ese hombre cuando nosotros conocimos el caso, estaban por dejarlo ir porque la mujer no estaba dando dinero para que el ministerio público hiciera su trabajo”, narra Padgett.

“Las Muertas del Estado” también cuenta como los policías mexiquenses piden dinero a familiares de mujeres desaparecidas hasta para curarse la cruda y poder continuar con las investigaciones.

Los feminicidios que se registran en el estado gobernado por Eruviel Ávila se dan en todos los estratos sociales y de cualquier edad.

“Nosotros creemos que el Estado de México es el estado más peligroso para las mujeres, porque en Ciudad Juárez había como una línea en la forma en cómo se asesinaba a las mujeres. En el Estado de México es heterogéneo complementamente, puedes encontrar feminicidios en lugares urbanos pobres o en lugares urbanos de cierto poder adquisitivo elevado (…) Te puedes encontrar en mujeres de cinco años de edad, como en ancianas de 80″, detalló.

La investigación enciende la alerta sobre lo difícil que es para las mujeres vivir en el Estado de México en la actualidad y más cuando la delincuencia organizada también se dedica a delitos que afectan directamente a los ciudadanos.

“La previsión en el Estado de México es que las cosas empeoraran porque el crimen organizado se ha desorganizado y está dirimiendo sus diferencias con asesinatos (…) Se está extendiendo al secuestro, extorsión, trata y está interviniendo en el procesos de migrantes. El Estado de México en un sitio de migrantes, está interviniendo en el proceso de trata de mujeres jóvenes y el indicador es claro por la edad de las mujeres que están desapareciendo en el Estado de México, así que la situación tiende a empeorar”, advierte.

“Las Muertas del Estado”, pone la lupa en el Estado de México como un lugar donde se incrementan los feminicidios sin que las autoridades tengan la intención de aclarar estos asesinatos.

Sus autores son Humberto Padgett y Eduardo Loza. Humberto Padgett estudió periodismo en la UNAM y actualmente escribe en el portal Sin Embargo. Ha ganado los premios: Internacional de Periodismo Rey de España, Ortega y Gasset, Kurt Schork, cuatro veces el Nacional de Periodismo en México, el Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, entre otros.

Por su parte, Eduardo Loza también estudió periodismo en la UNAM. Ha sido coordinador gráfico de la revista Emeequis y reportero gráfico en El Universal y la agencia Cuartoscuro. Su trabajo ha sido expuesto en la Muestra Colectiva de Fotoperiodismo “Tepito” y en el Club Fotográfico de México.

“Las Muertas del Estado”  se encuentra a la venta por un precio de aproximadamente 269 pesos en casi todo el país, excepto en el Estado de México, donde la obra no ha podido ser adquirida según reportes de los autores.

Lee aquí un capítulo de regalo:

Las Muertas Del Estado 26-65 by http://www.animalpolitico.com

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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