CJF denuncia ante el Ministerio Público a magistrados ligados a "zar" de los casinos
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CJF denuncia ante el Ministerio Público a magistrados ligados a "zar" de los casinos

Son investigados por presuntos nexos con Juan José Rojas Cardona, conocido como el Zar de los Casinos.
14 de mayo, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó ante el Ministerio Público de la Federación una denuncia de hechos contra dos magistrados, un juez de distrito y un exsecretario que son investigados por presuntos nexos con Juan José Rojas Cardona, conocido como el Zar de los Casinos.

El CJF informó que la denuncia es contra los magistrados Eduardo Ochoa Torres, expresidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey, y José Manuel Rodríguez Puerto, exintegrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas, así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez, extitular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León, quienes se encuentran suspendidos, así como contra Mario Alberto Prado Rodríguez, exsecretario técnico.

El 1 de abril, la Secretaria de Gobernación revocó el permiso federal a la empresa Entretenimiento de México (Emex) propiedad de Rojas Cardona, que permitía operar hasta 50 centros de apuestas en el país. Emex opera 11 casinos en Nuevo León, de los cuales tres fueron clausurados por autoridades Municipales.

A finales de abril autoridades federales emprendieron un operativo para clausurar varios casinos en Nuevo León, Puebla, Morelos y Quintana Roo.

Apenas este martes 6 de mayo el CJF aceptó la separación de Mario Alberto Prado Rodríguez al cargo de Secretario Técnico del consejero Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, por presuntos actos ilícitos relacionados con casinos.

Lee aquí el comunicado íntegro del CJF:

México, D.F., a 14 de mayo de 2014
Comunicado No. 26

PRESENTA CJF DENUNCIA DE HECHOS POR POSIBLES CONDUCTAS IRREGULARES

*Dicha acción se deriva del compromiso del CJF de garantizar una justicia imparcial para los ciudadanos

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó ante el Ministerio Público de la Federación una denuncia de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, debido a que en diversas notas periodísticas se involucra a los magistrados Eduardo Ochoa Torres, ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey, y José Manuel Rodríguez Puerto, ex integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas, así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León –todos ellos suspendidos-, y a Mario Alberto Prado Rodríguez, ex secretario técnico.

Esta decisión se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 21, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 116, 117, 118 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, dado que según diversas notas periodísticas se involucra la participación de los mencionados funcionarios públicos en posibles actos ilícitos.

Paralelamente y de acuerdo con sus facultades constitucionales, el Consejo de la Judicatura Federal continúa con sus procedimientos administrativos para determinar las faltas en las que se pudieran haber incurrido.

Asimismo, expresa su determinación de aportar todos los elementos que permitan fortalecer las acciones de la autoridad ministerial federal, a fin de que si se comprueba alguna conducta constitutiva de delito, ésta sea sancionada en virtud de que se trata de servidores públicos que tienen una alta responsabilidad frente a la sociedad, que es la de impartir justicia.

Con esta acción, el CJF cumple con su compromiso constitucional de garantizar una justicia imparcial y de calidad, lo que constituye una demanda de la sociedad.

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Tiroteo de Uvalde: Nuevo Informe revela 'indiferencia generalizada' por parte de las autoridades durante el ataque

La policía esperó más de una hora fuera de las aulas antes de que entrara un equipo de respuesta, según el informe más exhaustivo hasta la fecha, publicado el domingo.
17 de julio, 2022
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Padres de la matanza de Uvalde Texas

Getty Images

El nuevo informe sobre el tiroteo de la escuela de Uvalde (Texas) en el que murieron 21 víctimas y el atacante, reveló fallos sistémicos, y malas decisiones por parte de las autoridades encargadas de dar respuesta al caso.

El informe preliminar de un comité de la Cámara de Representantes del estado se hizo público el domingo tras ser entregado primero a las familias de las víctimas.

Describe una actitud “de indiferencia generalizada” por parte de las autoridades en el lugar de los hechos.

La policía esperó más de una hora fuera de las aulas antes de que entrara un equipo.

El atacante, de 18 años, perpetró una masacre en la escuela primaria Robb en la ciudad de Uvalde, Texas, donde mató a 19 niños y dos maestras.

El comité indicó que el nuevo informe, de casi 80 páginas, aporta el relato más completo hasta el momento de lo que sucedió durante y después del ataque.

Concluye que la escuela no estaba adecuadamente preparada para el riesgo de un asaltante armado y solía dejar las puertas abiertas o sin llave, lo que contraviene las políticas de seguridad en el distrito escolar.

Stephanie y Michael Chavez de San Antonio presentan sus respetos en un memorial improvisado afuera de la escuela primaria Robb.

El ataque de Uvalde el 24 de mayo fue el peor tiroteo en una escuela de Estados Unidos en una década. Reuters.

Debido a fallos en el mantenimiento y a la preparación previa del ataque, el tirador probablemente mató a la mayoría de sus víctimas antes de que los servicios de respuesta entraran en el edificio, explica el informe.

“De las aproximadamente 142 rondas que disparó el atacante dentro del edificio, es casi seguro que gastó más de 100 antes de que entrara cualquier agente”.

El día de la masacre acudieron a la escuela 376 efectivos, la mayoría policías federales y estatales.

El jefe de policía de centros escolares de Uvalde, Pete Arredondo, redactó en el momento el plan de respuesta al tirador, asignándose a sí mismo el mando del incidente, pero testificó que no consideraba que hubiera asumido tal papel ese día.

Arredondo renunció a su puesto después de que se le diera de baja administrativa el mes pasado.

“El vacío de liderazgo podría haber contribuido a la pérdida de vidas, ya que las víctimas heridas esperaron más de una hora para recibir ayuda y el atacante continuó disparando esporádicamente su arma”, especifica el informe.

Ningún efectivo de respuesta tomó la iniciativa, agrega.

Si bien el informe critica duramente a las fuerzas del orden, también expone que no hay nadie “a quien podamos atribuir mala fe o malas intenciones” al margen del atacante.

A principios de esta semana, un periódico local publicó imágenes filtradas de cámaras de vigilancia de Uvalde, que muestran la llegada del joven armado y la policía esperando 77 minutos para confrontarlo.

Captura de pantalla de las imágenes de una cámara de vigilancia dentro de la escuela primaria Robb

Austin American-Statesman
Un panel del Senado del estado de Texas había planeado mostrar primero las imágenes a las familias en duelo.

Ese vídeo se publicó días antes de que los funcionarios anunciaran que habían planeado mostrárselo a las familias o hacerlo público.


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