Tomada de @CentroProdh

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) falló a favor de la demanda de resarcimiento moral y material interpuesta por la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial en contra de la Procuraduría General de la República (PGR), luego que, por una falsa acusación de secuestro formulada por dicha dependencia, esta vendedora de nieves y otras dos mujeres, Alberta Alcántara y Teresa González, pasaron más de tres años en prisión.

Con esta resolución se sienta un precedente histórico, señala el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en su cuenta en Twitter @CentroProdh, pues a partir de la resolución emitida este 28 de mayo  “todas las personas injustamente privadas de su libertad podrán acceder a reparación del daño.”

El fallo del TFJFA establece que la PGR hizo mal su trabajo por lo que a Jacinta se le debe reparar el daño: “Jacinta, tienes razón. La PGR hizo mal su trabajo por lo que se te va a indemnizar”.

Con esta resolución se deberá indemnizar a Jacinta por los daños materiales y morales que la falsa acusación generó, y por los cuales pasó 37 meses en prisión.

“El logro no es solamente para Jacinta, sino para la sociedad mexicana en tanto que existan personas que sean acusadas injustamente de delitos que no cometieron, dijo Andrés Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez , uno de los defensores de la indígena, en entrevista con Denisse Maerker en Radio Fórmula.

“No sólo es cuestión monetaria. De hecho creo que ese sería el aspecto que menos le importaría a la PGR”, apuntó. “El que más le importa es el hacer una disculpa pública a través de los mismos medios por los que las acusó injustamente, esa imagen que ha tenido la PGR de andar cumpliendo a la sociedad mexicana”.

Díaz recordó que en el caso de Alberta y Teresa la PGR interpuso revisión, es decir, aún se niega a cumplir.

Aún cuando Jacinta recuperó la libertad desde 2009, hasta la fecha su inocencia no había sido oficialmente reconocida y los responsables de los abusos cometidos en su contra no habían sido sancionados.

En agosto de 2006, Jacinta, junto con otras dos indígenas que vendían aguas frescas en un tianguis de Querétaro, fueron detenidas por supuestamente privar de la libertad a seis agentes de la PGR durante un zafarrancho que los funcionarios de la Procuraduría sostuvieron con comerciantes informales tres meses antes, luego de que los policías intentaron despojarlos de mercancía, en un operativo para el cual carecían de autorización.

Por esta acusación de secuestro, Jacinta fue sentenciada a pasar 21 años en prisión, con un juicio en el que nunca se presentaron pruebas en su contra y en el que la indígena otomí careció de la asistencia de un intérprete, violándose así distintos ordenamientos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, ya que en el momento del proceso penal Jacinta apenas entendía el español.

Al apelar esta sentencia, la defensa de la vendedora de nieves, madre de seis hijos, demostró que a Jacinta se le atribuyó una declaración fabricada, escrita en español, que ella no pudo haber realizado por su incomprensión de dicha lengua.

También se demostró que materialmente es imposible que ella, junto con las otras dos mujeres, pudieran privar de la libertad a seis agentes que no sólo cuentan con entrenamiento y facultades legales para repeler agresiones, sino que al momento de los hechos portaban sus armas de cargo.

La defensa de la indígena otomí, además, pudo comprobar que en su declaración inicial estos agentes supuestamente secuestrados nunca mencionaron a Jacinta ni a las otras dos mujeres, y que éstas fueron implicadas sólo hasta que sus rostros aparecieron en una fotografía de la gresca entre comerciantes y policías, publicada por un diario queretano.

Al rendir su testimonio ante un juez, el autor de dicha foto aclaró que el supuesto secuestro alegado por los agentes nunca ocurrió, y que la foto registra una protesta de tianguistas por un intento de robo de mercancía perpetrado por los funcionarios de la PGR.

Además, al ser vendedora de nieves, y no de enseres, Jacinta no estaba en el grupo de comerciantes afectados por el decomiso perpetrado por los agentes de la Procuraduría General de la República, y si estaba en la zona era para intentar vender su dulce artesanal.

Por todas estas razones, un Tribunal Unitario revocó la sentencia de 21 años de cárcel y ordenó reponer el proceso en contra de la indígena otomí, ante lo cual la PGR decidió no ejercer nuevas acciones en su contra y Jacinta pudo recuperar la libertad.

Con información de Radio Fórmula.

**Nota publicada el 28 de mayo de 2014.