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Piden "examen de personalidad" para mujer policía de Campeche, por abusos sexuales a detenidas
Durante 2013 y lo que va de 2014, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche ha emitido 35 recomendaciones por casos de brutalidad policíaca en el estado.
Por Paris Martínez
14 de mayo, 2014
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Entre el 30 de abril y el 6 de mayo pasados, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) emitió cinco recomendaciones por casos de tortura en contra de seis ciudadanos cometidos por 10 policías de esta entidad durante el año pasado; entre los casos destaca el de dos mujeres que al salir de un bar fueron detenidas por “escandalizar en la vía pública”, no sólo fueron golpeadas en una patrulla y luego en instalaciones de la Policía Estatal Preventiva, además reportaron distintas vejaciones sexuales a manos de la mujer policía que se encargó de su arresto.

Por este caso, ocurrido el 1 de diciembre del año pasado, la Comisión de Derechos Humanos de Campeche emitió hace una semana la recomendación 280/2013, a través de la cual confirmó que la agente Yanelly Abigail López Álvarez –adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad del estado– incurrió en el delito de “lesiones” y se pidió que se le proporcione capacitación en torno al legal proceder al que están obligados los policías estatales, el ombudsman estatal solicitó que a esta mujer policía “se le efectúen exámenes de personalidad y, de ser necesario, se le brinde tratamiento psicológico correspondiente”.

Según el reporte de las víctimas –quienes además de interponer una queja ante Derechos Humanos, también iniciaron una denuncia penal por abuso de autoridad y abuso sexual–, al salir de un bar fueron abordadas por un grupo de policías estatales, quienes primero intentaron detener a un varón que las acompañaba y, al buscar impedirlo, una mujer policía fue comisionada para que realizara el arresto de ambas ciudadanas.

Luego de esposarlas, esta mujer policía le propinó a una de las detenidas puñetazos en ojos, quijada, axila, nuca, costillas, brazos y piernas, además de que la besó “cerca de la boca, haciéndole a un lado el brassier y tocándole los senos”, agresión sexual que se repitió cuando la detenida fue trasladada a instalaciones policíacas.

Por su parte, la segunda detenida denunció que la agente Yanelly Abigail López Álvarez la golpeó en el estómago, la abofeteó y, ya estando en la góndola de la camioneta policial 224, le bajó el short, “permaneciendo así durante todo el trayecto a la corporación policiaca estatal”. Además, ya estando en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, esta segunda detenida reportó que la misma mujer policía se introdujo a su celda, para romperle el brassier, darle dos bofetadas y un golpe más en el estómago.

A pesar de ello, la Codhecam sólo certificó las “lesiones” causadas a una de las víctimas, puesto que la otra no quedó con moretones o marcas de los golpes recibidos. Además, este organismo también descartó que se haya incurrido en “tratos indignos”, puesto que no recabó información suficiente para verificar que los abusos sexuales tuvieran lugar; sin embargo, el ombudsman estatal no contó con esta información, debido a que no realizó exámenes específicos para buscar secuelas de abuso sexual (físicas o psicológicas) en las víctimas, tal como consta en la lista de pruebas empleadas por Derechos Humanos al evaluar este caso.

Ambas víctimas, cabe destacar, permanecieron cuatro horas encerradas y luego fueron puestas en libertad.

Descargas eléctricas

Entre estos cinco casos de tortura documentados por la Codhecam, ocurridos a finales del año pasado, se encuentra también un expediente contra dos agentes de la Procuraduría General de Justicia de Campeche destacamentados en el municipio de Tenabo –el policía Ministerial Enrique Xiu García, el agente del Ministerio Público Tirzo David León Zubieta–, quienes el 20 de septiembre de 2013 detuvieron a un ciudadano contra el que existía una orden de presentación para que rindiera testimonio en torno al asalto en una tienda de telefonía celular. Cabe destacar que este ciudadano era requerido sólo como testigo, no como acusado.

Según los testigos del arresto, los agentes nunca mostraron la orden de presentación al agraviado, sino que únicamente lo abordaron cuando iba a dejar a sus hijos a la escuela, lo esposaron y lo subieron a una patrulla. Este detenido, sin embargo, no fue llevado inmediatamente a la Agencia del Ministerio Público de Tenabo, sino que antes hicieron una escala en un lote baldío, donde por 20 minutos la víctima fue golpeada por los elementos de la Procuraduría, tironeada de las orejas y pateada en los costados de las rodillas, además, los agentes “engancharon un cable pasa-corriente a las esposas (que tenía alrededor de las muñecas) y le dieron toques eléctricos (empleando la corriente generada por la patrulla), mientras le gritaban que ‘cantara'”.

Luego, el detenido fue llevado a la agencia del MP, donde fue interrogado en torno al robo a la tienda de celulares, mientras nuevamente era golpeado con patadas en el pecho, además de que los agentes ministeriales lo asfixiaron colocándole una bolsa plástica en la cabeza para que “dijera la verdad”. Doce horas después, este campechano fue puesto en libertad sin cargo alguno.

En este caso, la Codhecam concluyó que “las lesiones (presentes en el cuerpo de la víctima) denotan correspondencia con la dinámica de producción por él señalada”, sin embargo, tal como en el caso anterior, el ombudsman estatal no solicitó ninguna acción penal en contra de los policías agresores, sino únicamente aplicar un “procedimiento administrativo disciplinario” contra los elementos Tirzo David León Zubieta, y Ángel Enrique Xiu García, mientras que contra el médico legista Alberto Xequeb Chuc (quien omitió inscribir las lesiones en su reporte médico) sólo se pide que sea instruido “a fin de que cumpla sus funciones con legalidad”.

Otros elementos de la Procuraduría General de Justicia que torturaron a un ciudadano inocente con golpes, asfixia con bolsa plástica y derramando agua mineral en la nariz, así como con descargas eléctricas, fueron los agentes de la Policía Ministerial Mario Antonio May Chi y Miguel Ángel Sulub Caamal, quienes el 3 de octubre de 2013 inventaron cargos de robo a un campechano y, finalmente, lo acusaron de intentar sobornarlos.

Este ciudadano permaneció una semana encarcelado y luego un juez lo puso en libertad, al considerar que no había elementos para acusarlo de ningún delito: el supuesto robo del que lo acusaron nunca ocurrió y menos el supuesto soborno (esto, según la conclusión del juez).

A pesar de que en este se comprobaron los abusos cometidos por estos agentes (entre los que están lesiones, falsa acusación, detención arbitraria y uso arbitrario de arma de fuego, ya que la víctima fue encañonada durante su arresto), la Codhecam tampoco pidió iniciar ninguna acción legal en su contra, sino únicamente aplicarles un “procedimiento administrativo disciplinario”, así como capacitarlos “para que se abstengan de realizar detenciones fuera de los supuestos legales”.

Preventivos y municipales

Otros policías involucrados en los abusos documentados en sus últimas recomendaciones por la Codhecam fueron Enrique Cerón Santos y Jorge Abraham Chi Carballo, quienes detuvieron a un inocente con pretexto de que las placas de su moto estaban vencidas, e intencionalmente le colocaron las esposas demasiado apretadas, con el fin de lesionarle las muñecas, además de que incurrieron en expresiones discriminatorias en contra del agraviado, perteneciente a la comunidad afrodescendiente.

Además, la Comisión de Derechos Humanos también certificó los abusos cometidos por Jesús del Carmen Leiva Jiménez y Jesús Alberto Córdova Córdova, ambos policías del municipio de Carmen, quienes detuvieron a la medianoche del 23 de octubre de 2013 a un ciudadano que estaba golpeando con fuerza el portón de su vivienda, intentando que sus familiares despertaran y le abrieran.

Antes de que esto ocurriera, no obstante, ambos elementos de la policía municipal detuvieron a este ciudadano, acusándolo de “escandalizar en la vía pública”, por lo cual fue arrestado y conducido a instalaciones policíacas, donde el detenido reclamó que le fuera devuelta una unidad USB y 200 pesos que los agentes le habían quitado. Sin embargo, ante este reclamo, el detenido fue pateado en la ingle y luego encerrado por diez horas en una celda, para luego ponerlo en libertad.

Siguiendo el patrón de las anteriores recomendaciones, en estos casos la Codhecam confirmó que estos abusos físicos sí fueron cometidos por los agentes de policía, pero no pidió que se emprendiera acción legal en su contra, sino únicamente medidas administrativas.

Epílogo: ignorancia del marco legal

En estos casos de abuso policial, la Comisión de Derechos Humanos de Campeche consideró que se cometió el delito de “lesiones”, tomando como base la definición que de este tipo legal hace el artículo 136 del Código Penal del Estado. Para el ombudsman estatal, el tipo penal de lesiones es el ideal en estos casos puesto que “tiene como elementos cualquier acción que tenga como resultado una alteración de la salud o que deje huella material en el cuerpo, realizada directamente por una autoridad o servidor público”, tal como se desprende de la recomendación 225/2013.

Esta definición de lesiones cometidas por funcionarios públicos, sin embargo, no viene estipulada en el artículo 136 del Código Penal del estado, relativo al delito de “lesiones” –que sólo son entre particulares, o de un particular contra una autoridad–, sino en el artículo 176, referente al delito de “tortura”, el cual establece que “comete el delito de tortura el servidor público, del Estado o de los municipios, que en el ejercicio de sus funciones inflija a una persona dolores o sufrimientos, o la coaccione física o moralmente, con el fin de obtener de ella, o de un tercero, información o una confesión; inducirla a un comportamiento determinado; o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido”.

Cabe destacar que, desde principios de mes, Animal Político solicitó una entrevista a la titular de la Comisión de Derechos Humanos de Campeche, la exprocuradora de justicia estatal Ana Patricia Lara Guerrero, para preguntarle por qué emplea la definición penal de tortura para describir casos de “lesiones”, así como la razón de que la Codhecam no realice pruebas para detectar secuelas de tortura y abuso sexual, en los casos en que éstos han sido denunciados. Sin embargo, hasta el momento, la presidenta de dicho organismo público ha optado por guardar silencio.

Durante 2013 y lo que va de 2014, la Codhecam ha emitido 35 recomendaciones por casos de brutalidad policíaca en Campeche, perpetrados lo mismo por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, que de la Procuraduría de Justicia del estado, y de cuerpos municipales de policía. Estas 35 recomendaciones dan cuenta de al menos 56 víctimas de tortura y tratos crueles, a manos de 104 funcionarios públicos del estado.

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Getty Images
Whatsapp descubre un software espía instalado de forma remota: ¿qué recomienda hacer como precaución?
El software, según Whatsapp, era capaz de infectar los teléfonos de los usuarios sin que hicieran nada.
Getty Images
14 de mayo, 2019
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Whatsapp denunció que unos piratas informáticos consiguieron instalar un software con un sistema de vigilancia remota en teléfonos celulares y otros dispositivos valiéndose de una vulnerabilidad en el programa de mensajería instantánea.

La empresa, que es propiedad de Facebook, reveló el lunes que el ataque, descubierto este mes, tenía como objetivo “un selecto número” de sus usuarios y fue orquestado por un actor cibernético avanzado.

El viernes pasado se lanzó un parche para corregir la falla de seguridad.

El diario británico Financial Times reportó que el software empleado en el ataque fue desarrollado por la empresa israelí de seguridad Grupo NSO. Esta empresa ha negado estar detrás del programa.

El lunes, Whatsapp pidió a sus 1.500 millones de usuarios que actualicen la aplicación como precaución adicional.


¿Cómo puedo actualizar WhatsApp?

  • Para Android

1. Abre Google Play Store.

2. Despliega el menú que encontrarás en la parte superior izquierda de la pantalla.

3. Entra en “Mis aplicaciones y juegos”.

4. Si WhatsApp se actualizó recientemente, te aparecerá en la lista de aplicaciones con un botón que dice “Abrir”.

5. Si, en cambio, la aplicación no se actualizó automáticamente, en el botón pondrá “Actualizar”. Pulsa ahí para instalar la nueva versión.

6. La última versión de WhatsApp en Android es 2.19.134.

  • Para iOS

1. Abre la App Store.

2. En la parte inferior de la pantalla, pulsa “Actualizaciones”.

3. Si WhatsApp se actualizó recientemente, te aparecerá en la lista de aplicaciones con un botón que dice “Abrir”.

4. Si, en cambio, la aplicación no se actualizó automáticamente, en el botón pondrá “Actualizar”. Pulsa ahí para instalar la nueva versión.

5. La última versión de WhatsApp en iOS es 2.19.51.


¿Cómo usaron la falla de seguridad?

Los hackers usaron la función de llamada de voz de Whatsapp para llamar a los sujetos objetivo del ataque.

Y aunque el receptor no descolgara, el software se instalaba y, según el FT, la llamada solía desaparecer del historial del teléfono.

Whatsapp le dijo a la BBC que su equipo de seguridad fue el primero en identificar el problema y compartió la información con grupos de defensa de los derechos humanos, determinados proveedores de ciberseguridad y el Departamento de Justicia de EE.UU.

Whatsapp

EPA
El programa era capaz de infectar un teléfono sin necesidad de que el usuario hiciera nada.

“El ataque tiene toda la pinta de ser de una empresa privada que proveía a algún gobierno un programa espía que toma las funciones del sistema operativo del teléfono”, dijo Whatsapp en una breve nota a periodistas publicada este lunes.

La empresa también publicó un aviso para especialistas en seguridad en el que describe la falla como “una vulnerabilidad por el desbordamiento del búfer en la función de llamada que permitió la ejecución de un código a través del envío de una serie de paquetes SRTCP al teléfono del objetivo”.

¿Quién está detrás del programa?

El Grupo NSO es una empresa israelí que ha sido señalada en el pasado de ser un traficante de armas cibernéticas.

Su programa estrella, Pegasus, puede recopilar datos privados de un dispositivo, incluido lo que captan el micrófono y la cámara del aparato, así como la localización.

En un comunicado, NSO señaló que es “una empresa tecnológica registrada y autorizada por agencias gubernamentales para el solo propósito de luchar contra el crimen y el terrorismo”.

“La empresa no opera los sistemas que provee y, tras tras un riguroso proceso de selección, son las agencias de inteligencia y de policía las que determinan cómo usan la tecnología para apoyar sus misiones de seguridad pública.

“Investigamos los señalamientos creíbles de mal uso y, de ser necesario, actuamos, incluida la posibilidad de cancelar el sistema”, agregó.

“Bajo ninguna circunstancia NSO estaría implicada en operar o identificar objetivos de su tecnología, que es operada exclusivamente por agencias de inteligencia y seguridad. NSO no usaría ni podría usar su tecnología de manera unilateral contra ninguna persona u organización”.

¿Quién fue el objetivo?

Según Whatsapp, es demasiado pronto para saber cuántos usuarios han sido afectados por esta vulnerabilidad, aunque señaló que se trata de un grupo muy selecto.

Logo de WhatsApp en un celular.

Getty Images
Según las últimas cifras de Facebook, Whatsapp tiene unos 1.500 millones de usuarios.

Según las últimas cifras de Facebook, Whatsapp tiene unos 1.500 millones de usuarios.

La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), que ha denunciado haber sido objetivo de programas creados por el Grupo NSO en el pasado, dijo que este ataque es uno de los que llevaban tiempo temiéndose como posible.

“Son capaces de infectar tu teléfono sin necesidad de que hagas nada”, dijo Danna Ingleton, vicedirectora del programa de tecnología de AI.

Ingleton cree que hay evidencias de que estas tecnologías están siendo usadas por varios regímenes para mantener a prominentes activistas y periodistas bajo vigilancia.

“Es necesario que se exijan responsabilidades por esto, no puede seguir siendo el salvaje oeste”, dijo.

Este martes, se celebra una audiencia en Tel Aviv sobre la demanda de AI para que el gobierno de Israel le retire a NSO su licencia para exportar productos.


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