El banco genético para identificar a desaparecidos sólo ha tenido 2% de éxito
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El banco genético para identificar a desaparecidos sólo ha tenido 2% de éxito

Hace 12 años, comenzó la integración de un banco nacional de datos genéticos, que a la fecha integra 25 mil 884 muestras de ADN, sin embargo, sólo han concretado 542 identificaciones. Con este texto, Animal Político continúa la serie dedicada a las desapariciones de personas ocurridas en el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que se acumulan 2 mil 618 casos.
Por Daniela Rea (danielarea) y Paris Martínez
5 de junio, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

Hace 12 años, en México comenzó la integración de un banco nacional de datos genéticos, que a la fecha integra 25 mil 884 muestras de ADN, provenientes de cadáveres de personas no identificadas así como de familiares de desaparecidos, e incluso de delincuentes, que sirven para la identificación humana en casos de tráfico de personas, desaparición, así como, eventualmente, en casos violaciones y hasta paternidades en disputa.

Ese banco genético, sin embargo, sólo ha permitido concretar 542 identificaciones, o hits genéticos; esto quiere decir, que sólo 2% de los cruces genéticos realizados, en estos 12 años, ha tenido éxito.

La información corresponde a la Procuraduría General de la República y se obtuvo del Libro Blanco elaborado el sexenio pasado, así como peticiones de información a la actual administración.

En esas memorias, la PGR define el hit como el “acierto de las evidencias de los perfiles genéticos analizados”.

Los datos están almacenados en la Base de Datos Genéticos Forense (BDGF) que está bajo el resguardo de la Coordinación General de Servicios Periciales, de la PGR.

En esa BDGF, refiere el Libro Blanco, se clasifican los perfiles genéticos de cuerpos no identificados, datos de familiares de desaparecidos o datos de criminales, que sirven para la identificación humana en casos de delitos de tráfico de personas, desaparecidos, paternidades y violaciones.

Animal Político solicitó el desglose de los hits genéticos a la PGR, como concentradora de los datos de las procuradurías estatales, para saber cuántos corresponden a personas desaparecidas, pero la institución respondió que “no se cuenta con la información al grado de desagregación que se requiere”.

Los datos genéticos incluyen no sólo perfiles de mexicanos, sino también de familiares de víctimas de Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Perú e India.

Con este texto, Animal Político continúa la serie dedicada a las desapariciones de personas ocurridas en el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que se acumulan 2 mil 618 casos. 

Incumplimiento regional

En la conferencia de procuradores de 2008 se definió que la Coordinación General de Servicios Periciales administraría una Red Nacional de la Base de Datos Genéticos Forenses, que reuniría datos genéticos de la PGR y las procuradurías estatales.

De entonces a la fecha, el camino para conformar esa red va a paso lento. A finales del 2011, tres años después del acuerdo, se adquirió apenas el equipo CODIS, que permitiría la conexión entre las distintas estaciones de trabajo genético del país, el cual aún no opera a su totalidad.

A eso, hay que sumar el retraso que llevan los estados, pues aún hay 14 entidades que no han ingresado los datos genéticos a la base y que carecen de su propio laboratorio genético.

Estos estados son: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala. De ellos Hidalgo, San Luis Potosí ya cuentan con sus laboratorios de genética, pero aún no funcionan ni se incorporan al sistema.

Cabe señalar que de estos estados Coahuila, Durango y Guerrero han tenido hallazgos de fosas clandestinas con un alto número de cuerpos o restos humanos; en febrero de este año en Coahuila las autoridades informaron sobre el hallazgo de 500 restos; en Durango en febrero del 2012 las autoridades encontraron 331 cuerpos en fosas en medio de una colonia de la capital; en Guerrero los hallazgos han sido múltiples, tan solo este año en febrero se encontraron 32 cuerpos en fosas de Taxco y en mayo 19 cuerpos se encontraron en Iguala.

Derecho a la verdad

Tres crímenes en México han puesto en entredicho la efectividad del trabajo genético del país: la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas en 2010, las 47 fosas clandestinas encontradas en la misma entidad en el año 2011 –con 183 cuerpos– y los 49 cuerpos encontrados en Cadereyta, sin extremidades ni cabeza, en 2012.

Información, obtenida a través del Instituto de Información, por la Fundación por la Justicia y el Estado de Derecho, refiere que de la masacre de migrantes de 2010 aún faltan por ser identificados 12 cuerpos, lo mismo que 66 cadáveres de las fosas de San Fernando y 46 de Cadereyta. 

Además de tener un bajísimo índice de éxitos, han derivado en la entrega equivocada de cuerpos a familiares, como ocurrió en el caso de la masacre de 72 migrantes –el cuerpo del brasileño Juliard Aires Fernández fue enviado a Honduras, después de notar el error fue devuelto en México y enterrado  en la fosa común, antes de llegar a su familia-.

La raíz de estas deficiencias, considera Delgadillo, es que desde el servicio público hace falta una consciencia de la relación entre un servicio forense efectivo y el derecho a la verdad.

 “Para las familias, es la posibilidad de confirmar o descartar hipótesis sobre el paradero de su familiar. Significa que en la medida de que vayan teniendo una respuesta positiva o negativa, ellos pueden tener elementos para saber por dónde seguir, qué pasos tienen que dar y contar con herramientas para  trabajar la tortura que implica no saber del ser querido”.

Ese fue el caso de la familia Peña Esparza.

 Su hijo Gerardo había ido a una fiesta el 28 de enero del 2011 en Monterrey, Nuevo León. El papá, Gerardo Peña, recibió una llamada a las tres de la madrugada “si no juntas 100 mil pesos te devuelvo a tu hijo en pedacitos”, le dijo la voz de un hombre desconocido; después, la voz de su hijo “papá, me tienen los zetas, créeles”.

 Gerardo había sido secuestrado con otros dos amigos.  Después de varios intentos por juntar una parte del dinero, la familia siguió las instrucciones que le dieron los secuestradores y entregó el dinero. Pero no le devolvieron a su hijo.

Fue hasta seis meses después que tuvieron noticias de él. Según las autoridades, habían encontrado su cuerpo en la fosa común de la entidad con otros 51 cadáveres.

“Nosotros nos hicimos los análisis de ADN en abril, tres meses después de su desaparición. Y fue hasta julio que las autoridades nos dijeron que lo habían encontrado muerto”, recuerda el señor Gerardo.

¿Qué pasó en esos seis meses de desaparición de su hijo?  Era la duda que rondaba los corazones de la familia.

 Lo que pasó fue que Gerardo, un joven estudiante, había sido asesinado casi inmediatamente después de su secuestro, con sus amigos y otros secuestrados. Los cuerpos fueron encontrados el 30 de enero, dos días después del secuestro, en un lote baldío en Escobedo, en el cruce de dos carreteras, a las 10:30 de la mañana.

“En las noticias dijeron que habían encontrado seis cuerpos calcinados por un ajuste de cuentas, nosotros no hicimos caso a esas noticias porque nuestro hijo no era ningún criminal, y no seguimos esas pistas. Después, seis meses después cuando recuperamos su cuerpo, supimos que habían sido los de esa noticia”, relata Gerardo.

En julio la Procuraduría de Nuevo León les informó del hallazgo. La familia tuvo dudas porque por la experiencia de otros familiares de desaparecidos en la entidad sabían de errores de cuerpos entregados y pidió a la autoridad una prueba independiente de ADN. Les negaron esa posibilidad.

Fue hasta que la familia se unió a Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos que pudieron lograr una prueba independiente, y el resultado se comprobó. Se trataba de su hijo Gerardo.

Las fallas

En el proceso de identificación, los errores han sido múltiples, de acuerdo con Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación, mismos que han sido denunciados anteriormente ante organismos como el Comité contra la Tortura o el relator de Ejecuciones Extrajudiciales.

De acuerdo a sus dichos y denuncias, las fallas son:

-Omisión en la implementación de acciones orientadas a proteger la evidencia, como ya lo comprobó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Campo Algodonero, sobre mujeres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, y en el cual, sin embargo, sigue ocurriendo.

-Transgresiones a los lineamientos de protocolos forenses establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.

-Precipitación en el levantamiento de evidencias y de los cadáveres, procesos que se realizan de forma deficiente y sin metodología, como lo señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la recomendación relativa a la masacre de 72 migrantes.

-Falta de seguimiento en el tratamiento y el flujo de información que se les da a las familias sobre el proceso de identificación. “Se les toman muestras, pero no se da un seguimiento para informarles puntualmente cuál es el resultado del cruce de información que se hace con los restos, ni con cuántos o cuáles restos se cruza esta información genética”. La organización ha documentado casos donde se les toman muestras a los familiares y nunca vuelven a recibir información sobre el resultado.

No hay cadena de custodia. “En algunos casos, las muestras se tomaban en algún estado de la república y no había cadena de custodia, por lo que algunas de las muestras no llegaron al laboratorio donde debía hacerse la confrontación”.

-En ocasiones, las procuradurías estatales levantan evidencia en el lugar de los hechos, pero no necesariamente se estudia o aporta como indicios para investigaciones. “Hay una desvinculación entre servicios periciales, los Ministerios Públicos y la Policía Investigadora. No trabajan como un equipo, cada uno hace su tarea por su lado y eso repercute en la no investigación efectiva de los hechos y por lo tanto en la impunidad”.

Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos había hecho un escrutinio al trabajo de la PGR y la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas sobre el trabajo forense para identificar los 72 cadáveres de migrantes masacrados.

En la recomendación 80/2013 señaló que:

 -La Procuraduría de Tamaulipas no resguardó el rancho donde fueron encontrados los cadáveres por lo que se pudo perder evidencia.

 -Las tomas periciales se tomaron de manera precipitada, sin metodología.

 -No se dio trato digno a los cadáveres, pues los cuerpos fueron trasladados en camionetas pick up a la base naval de San Fernando; posteriormente en un tráiler sin congelador al DF.

 -En la base naval estuvieron dos días expuestos a la intemperie y apilados, no se evitó la descomposición.

 -No hay registro confiable de dos autopsias, pues la información oficial se contradice en quién fue el responsable de realizarlas.

 -Las necropsias que se realizaron por médicos legistas se hicieron con errores gramaticales y cada uno de ellos utilizó un formato distinto para reportarlo, todos de manera ambigua y sin lineamientos.

 -En las necropsias se llegó a confundir el sexo de los cadáveres.

 Un ejercicio de colaboración entre la sociedad civil y las autoridades se dio entre el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Fundación para la Justicia con la PGR para identificar los restos de 72 migrantes, las fosas de San Fernando y los restos mutilados de Cadereyta. La Comisión fue resultado de la exigencia de familias para tener certeza en que los restos que han recibido.

 “Lo que las familias nos han pedido es la intervención de peritos independientes que representen confianza y legitimidad para ellos. Creemos que la Comisión Forense es un espacio que puede ayudar a que los familiares tengan confianza en los resultados entregados. Esperamos que esta experiencia pueda fortalecer los servicios periciales y que lo que se logre identificar como retos, pueda ser superado, detectando entonces cuáles deben ser las buenas prácticas a seguir”, concluyó Delgadillo.

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La desesperación de los venezolanos varados en la frontera de México por no poder entrar a EU

El cierre de la frontera de EU para los venezolanos dejó a miles de ellos varados en México. Sin dinero para avanzar ni regresar, guardan la esperanza de que el gobierno de Joe Biden rectifique.
4 de noviembre, 2022
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Cuando creía estar acostumbrada a las despedidas, Estefanía dejó atrás a Toby, el pitbull que la acompañó durante su estancia en Colombia, donde vivió por cinco años tras emigrar de Venezuela.

Su madre falleció cuando tenía 12 años. Vio por última vez a su padre el día que abandonó Caracas, y el hermano se quedó en Bogotá hace dos meses, cuando Estefanía emprendió el camino por tierra hacia Estados Unidos con un grupo de 21 personas, y una fantasía que prefería guardarse para no pecar de infantil: conocer Disney.

Ahora vive en un campamento improvisado de migrantes en Ciudad Juárez, a donde llegó dos semanas después de que el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, anunciara el cierre de la frontera con México para los venezolanos, con el objetivo de “abordar la migración irregular más aguda y ayudar a aliviar la presión sobre las ciudades y estados que reciben a estas personas”.

La venezolana de 26 años superó la primera noche a la intemperie, a 4 grados centígrados, vestida con un jean y un delgado suéter de algodón rosado que recolectó de las donaciones que hacen organizaciones y habitantes de Ciudad Juárez desde que los venezolanos se instalaron en las márgenes del Río Bravo, frente al muro que construyó el gobierno de Donald Trump en El Paso, al sur de Texas.

Ciudad Juárez es uno de los cinco puntos de la frontera mexicana que recibe a los venezolanos expulsados por las autoridades estadounidenses desde el miércoles 12 de octubre de 2022, cuando se anunció la nueva medida migratoria.

Mapa de las ciudades mexicanas que reciben a los venezolanos expulsados desde EE.UU.

BBC

Más de 150.000 venezolanos ingresaron a territorio estadounidense a través de la frontera con México durante el último año fiscal, un aumento de 293% con respecto al año anterior.

Hasta septiembre de este año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha reconocido el 94% de las 8.665 solicitudes de estatus de refugiados que ha recibido de ciudadanos venezolanos.

Un campamento improvisado de migrantes venezolanos se instaló en Ciudad Juárez

Itzel Aguilera
Un campamento improvisado de migrantes venezolanos se instaló en Ciudad Juárez.

“Tu guerrera está bien”

A Estafanía le regalaron una carpa, confeccionada con una delgada tela de poliéster que la resguardaba del viento y el polvo. Desplegó sobre la carpa una pesada lona azul que encontró en la calle para hacerla más cálida, tomó un par de cobijas gruesas del puesto de donativos y logró dormir.

A medida que se acumulaban las donaciones, carpas de diferentes colores y tamaños se armaron como refugios para otros migrantes. Familias de seis personas se acomodaban en carpas para dos, aprovechando el calor corporal para conciliar el sueño.

Al día siguiente, Estefanía evitó comer los tacos y burritos picantes que repartían los voluntarios. Debía pagar 5 pesos cada vez que usara el baño en la tienda de neumáticos ubicada al otro lado del camino. Decidió tomar sopa una vez al día. Si disminuía las visitas al lavabo, podría ahorrar algunos pesos y pagar su turno para cargar la batería del celular en el mismo comercio.

“Quédate tranquilo, tu guerrera está bien”, le dice a su padre cuando puede llamarlo. Le ha contado que disfruta de una amplia vista de Estados Unidos desde el lugar donde se encuentra, sin aclarar que duerme en una carpa.

Estefanía caminó desde Colombia hasta México para llegar a EE.UU.

Itzel Aguilera
Estefanía caminó desde Colombia hasta México para llegar a EE.UU.

No le ha dicho que las autoridades migratorias mexicanas la detuvieron dos veces antes de llegar a la frontera norte. “¿Quién te mandó a salir de tu país?”, respondió un agente cuando protestó porque la comida tenía gusanos.

Tampoco le ha contado que solo 4 de los 21 compañeros que salieron con ella desde Bogotá para cruzar la selva del Darién y Centroamérica lograron llegar a Ciudad Juárez.

Al conocer la noticia de que no podrían entrar a Estados Unidos, los otros 17 se dispersaron. Unos decidieron quedarse en Costa Rica. Otros fueron detenidos por las autoridades migratorias de México o tomaron el camino de vuelta a Venezuela.

La duda

Desde la loma que habitan unos 600 migrantes, censados informalmente aquella mañana del viernes 28 de octubre por un venezolano, Estefanía observa a otros compañeros del campamento que atraviesan el Río Bravo y se entregan a las autoridades migratorias de Estados Unidos.

No se ha decidido a cruzar. Si la salud la acompaña, calcula que puede resistir 15 o 20 días más en su carpa de Ciudad Juárez, para dar tiempo a que ocurran las elecciones de medio término en Estados Unidos, previstas para el martes 8 de noviembre, que definirán cuánto apoyo tendrá Biden en el Congreso para la segunda mitad de su mandato.

Los venezolanos cruzan hacia EE.UU. por el Río Bravo.

Itzel Aguilera
Los venezolanos cruzan hacia EE.UU. por el Río Bravo.

“Tenemos la esperanza de que el presidente Joe Biden recapacite la decisión que tomó y nos dé una oportunidad a los que estamos aquí. Tengo el temor de que si cruzo, tenga esa mancha y eso me impida cumplir mi sueño”.

Volver a Venezuela le resulta impensable. “Uno no puede extrañar algo que no existe. Y el país que yo dejé ya no existe”.

Confiando en Dios

Los migrantes del campamento de Ciudad Juárez izaron una bandera de Venezuela y otra de México, delinearon con piedras un SOS gigante en el suelo y desplegaron pancartas para pedir la ayuda de Biden, visible para cualquiera que se asome desde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en El Paso.

Un aviso de SOS en el campamento de migrantes de Ciudad Juárez.

Itzel Aguilera
Los migrantes venezolanos intentan llamar la atención de las autoridades estadounindenses.

Poco después del mediodía, Julieta baja la cuesta que conduce al río tomada de la mano de sus dos hijos, junto con su madre y su hermana menor, para entregarse y pedir asilo.

“Estoy confiando en Dios. Me levanté decidida, con la fe grandísima. Dios me ha puesto en el camino tantas cosas maravillosas que esto es de él y de nadie más”, dice mientras se quita los zapatos y las medias para evitar resbalarse con las piedras lavadas por el agua.

Le pregunto si es consciente de que pueden ser expulsados. “Sí, claro. Nos dijeron que están dándoles prioridad a los niños“, responde la venezolana de 32 años. “Tenemos familiares de aquel lado que nos están esperando”.

Al igual que otros migrantes, Julieta dejó las pocas pertenencias que le quedaron luego de atravesar el Darién. Una vez que se entregue, sólo podrá conservar el pasaporte, el teléfono, el dinero, y las prendas. Tendrá que tirar todo lo demás.

“Mi mayor temor es que me regresen más lejos, a otro lugar de la frontera. Si me regresan hasta aquí, perfecto. Sigo intentando y sigo luchando porque para eso salí, para luchar por el futuro de ellos”, afirma rodeada por sus familiares.

Los migrantes instalaron banderas de México y Venezuela en el campamento de Ciudad Juárez.

Itzel Aguilera
Muchos migrantes se debaten entre quedarse en México o volver a Venezuela.

Expulsados versus admitidos

Mileyde presencia el intento de Julieta de cruzar la frontera vestida con un suéter y un pantalón deportivo gris y unas crocs azules, la ropa que le dieron en el puesto migratorio en Estados Unidos en el que durmió una noche, y desde donde fue expulsada el día anterior.

“Nos llevaron a un refugio, no sé cómo llamarlo, una cárcel. Uno se siente como privado de libertad completamente. No tuvimos acceso a llamada, siempre con la puerta cerrada, siempre con las órdenes de los oficiales. Tuvimos una ducha y nos entregaron este uniforme”.

Mileyde, su esposo y su nuera no han decidido cuál será su próximo destino. “Estamos a la expectativa porque está la opción de ir a Venezuela, aunque no es muy claro para nosotros”. Su hijo ya está en Estados Unidos. “Quedarnos en México sería una opción, porque nos están ofreciendo 180 días para optar a un permiso de trabajo. Estamos pensándolo”.

Mileyde fue expulsada de EE.UU. por Ciudad Juárez.

Itzel Aguilera
Mileyde fue expulsada de EE.UU. por Ciudad Juárez.

Un migrante que pidió el anonimato pronosticó que el campamento se mantendrá hasta que los carteles del narco mexicano que operan en Ciudad Juárez lo permitan. “Sabemos que el día que ellos quieran, nos sacan de aquí a plomo“.

Milena es uno de los pocos ejemplos de migrantes que han sido admitidos en Estados Unidos después del cierre de la frontera para los venezolanos. Cruzó a través de Matamoros, en el extremo oriental de México, junto con su hija, su hermana y su sobrina. La venezolana de 32 años pidió mantener su identidad anónima por temor a que su testimonio interfiera en el trámite del asilo.

“En todos los países nos robaban y se aprovechaban de nosotras. Todo el esfuerzo que hicimos para pasar el infierno de la selva y México no puede quedar en vano”.

Migrantes venezolanos protestan en un campamento en Ciudad Juárez.

Itzel Aguilera
El cierre de la frontera de EE.UU. para los venezolanos dejó a miles de ellos varados en México.

Los albergues de Tijuana

Tijuana dispone de más de 30 refugios para migrantes en el extremo occidental de México. Al otro lado se encuentra la ciudad de San Diego, en el estado de California. La mayoría de los albergues ya estaban llenos cuando comenzaron a llegar los venezolanos, a mediados de octubre.

“En la casa donde nos encontramos hay venezolanos, haitianos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos“, explica Claudia Portela, directora del albergue Desayunador Salesiano Padre Chava en Tijuana. “Vienen por diferentes situaciones, y cuando llegan los venezolanos estamos a tope”.

Claudia Portela, directora del albergue Desayunador Salesiano Pedro Chava en Tijuana

Marcos González
Claudia Portela dirige el albergue Desayunador Salesiano Pedro Chava en Tijuana.

De los 96 migrantes que durmieron en el Desayunador Salesiano el jueves 27 de octubre, 36 eran venezolanos. Preguntan a Claudia qué opciones tienen, qué ocurrirá con ellos ahora. Prefiere ser honesta y responder que nada está claro.

“Si les tomaron huellas y entraron de forma irregular, eso puede pesar si solicitan asilo. Realmente no lo sabemos. La persona tiene que saber que es una posibilidad. Si no, tristemente los van a deportar a su país”.

En la negociación que el gobierno de Biden sostuvo con el del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para aplicar la nueva medida no participaron las autoridades de ciudades fronterizas como Tijuana, principales receptoras de los migrantes.

Los términos que firmó el gobierno federal con Estados Unidos se nos hacen injustos, porque no ven las consecuencias que puedan causar en las ciudades fronterizas. No están obligados a consultarlo, pero sí están obligados a ayudarnos a resolver este tema”, considera Enrique Lucero, director de Atención al Migrante de la Alcaldía de Tijuana.

Para afrontar la contigencia, el gobierno de la ciudad acondiciona una instalación deportiva como refugio para 300 venezolanos.

“Es una migración que está en el peor de los mundos, porque llegan sin condición migratoria, retornados de Estados Unidos. No es una migración que nos llegó del sur, sino que los están retornando desde el norte. Atravesaron diez países para llegar a la frontera y el Darién, gastaron US$6.000 y a su representación diplomática no se le ve mucha iniciativa”.

Enrique Lucero, director de la oficina de Atención al Migrante de la Alcaldía de Tijuana.

Marcos González
Enrique Lucero dirige la oficina de Atención al Migrante de la Alcaldía de Tijuana.

El dilema de escoger un nuevo destino

José llegó hace pocos días al Desayunador Salesiano. Cruzó la frontera junto con su pareja y su hijo por Ciudad Juárez. Ella y el niño fueron admitidos y trasladados a Chicago. Él fue expulsado por Tijuana. “Si hubiera un vuelo humanitario, me devolvería a Venezuela. Me quedé sin plata, sin nada. La decisión de venir aquí me costó mi familia“.

Junior es padre de unas mellizas que cumplieron un año de edad tres días después de que él emprendiera el viaje por tierra desde Venezuela hacia Estados Unidos. Tras haber visto cadáveres en el Darién, asegura no estar dispuesto a volver a la selva, aunque sí a Venezuela en avión para Navidad, si el gobierno de Biden no rectifica su decisión sobre los migrantes venezolanos luego de las elecciones de mitad de período.

Mis hijas están creciendo sin mi amor. Mi ilusión era comprarles una casa en Estados Unidos, pero si no puedo lograrlo, prefiero volver a Venezuela”, asegura el técnico en administración contable de 31 años mientras ayuda a servir la cena en el comedor del albergue.

Comedor del Desayunador Salesiano Padre Chava

Marcos González
El Desayunador Salesiano Padre Chava aloja a casi un centenar de migrantes a finales de octubre de 2022.

Emmanuel es la excepción. Tras haber sido expulsado en Tijuana, el universitario de 22 años está decidido a volver a Venezuela. Conserva los zapatos que usó para atravesar Colombia, el Darién, Centroamérica y México como un símbolo del coraje que desarrolló a lo largo de la travesía.

Estos zapatos son para mí como un trofeo, valen mucho. Siento que soy un hombre más hecho. Después de esta experiencia, para mí todo es posible”.

Tres días después de entrevistar a Estefanía en el campamento de Ciudad Juárez, un grupo de migrantes atravesó el Río Bravo agitando una bandera de Venezuela gigante. Fue repelido por las autoridades estadounidenses con disparos de balas de goma.

Estefanía cruzó ese día. Desde entonces su chat de Whatsapp aparece desconectado. Los amigos que cruzaron con ella la selva del Darién y se quedaron en el campamento en Ciudad Juárez no han vuelto a hablar con ella, para saber si fue admitida o expulsada de Estados Unidos.


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