El banco genético para identificar a desaparecidos sólo ha tenido 2% de éxito
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El banco genético para identificar a desaparecidos sólo ha tenido 2% de éxito

Hace 12 años, comenzó la integración de un banco nacional de datos genéticos, que a la fecha integra 25 mil 884 muestras de ADN, sin embargo, sólo han concretado 542 identificaciones. Con este texto, Animal Político continúa la serie dedicada a las desapariciones de personas ocurridas en el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que se acumulan 2 mil 618 casos.
Por Daniela Rea (danielarea) y Paris Martínez
5 de junio, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

Hace 12 años, en México comenzó la integración de un banco nacional de datos genéticos, que a la fecha integra 25 mil 884 muestras de ADN, provenientes de cadáveres de personas no identificadas así como de familiares de desaparecidos, e incluso de delincuentes, que sirven para la identificación humana en casos de tráfico de personas, desaparición, así como, eventualmente, en casos violaciones y hasta paternidades en disputa.

Ese banco genético, sin embargo, sólo ha permitido concretar 542 identificaciones, o hits genéticos; esto quiere decir, que sólo 2% de los cruces genéticos realizados, en estos 12 años, ha tenido éxito.

La información corresponde a la Procuraduría General de la República y se obtuvo del Libro Blanco elaborado el sexenio pasado, así como peticiones de información a la actual administración.

En esas memorias, la PGR define el hit como el “acierto de las evidencias de los perfiles genéticos analizados”.

Los datos están almacenados en la Base de Datos Genéticos Forense (BDGF) que está bajo el resguardo de la Coordinación General de Servicios Periciales, de la PGR.

En esa BDGF, refiere el Libro Blanco, se clasifican los perfiles genéticos de cuerpos no identificados, datos de familiares de desaparecidos o datos de criminales, que sirven para la identificación humana en casos de delitos de tráfico de personas, desaparecidos, paternidades y violaciones.

Animal Político solicitó el desglose de los hits genéticos a la PGR, como concentradora de los datos de las procuradurías estatales, para saber cuántos corresponden a personas desaparecidas, pero la institución respondió que “no se cuenta con la información al grado de desagregación que se requiere”.

Los datos genéticos incluyen no sólo perfiles de mexicanos, sino también de familiares de víctimas de Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Perú e India.

Con este texto, Animal Político continúa la serie dedicada a las desapariciones de personas ocurridas en el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que se acumulan 2 mil 618 casos. 

Incumplimiento regional

En la conferencia de procuradores de 2008 se definió que la Coordinación General de Servicios Periciales administraría una Red Nacional de la Base de Datos Genéticos Forenses, que reuniría datos genéticos de la PGR y las procuradurías estatales.

De entonces a la fecha, el camino para conformar esa red va a paso lento. A finales del 2011, tres años después del acuerdo, se adquirió apenas el equipo CODIS, que permitiría la conexión entre las distintas estaciones de trabajo genético del país, el cual aún no opera a su totalidad.

A eso, hay que sumar el retraso que llevan los estados, pues aún hay 14 entidades que no han ingresado los datos genéticos a la base y que carecen de su propio laboratorio genético.

Estos estados son: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala. De ellos Hidalgo, San Luis Potosí ya cuentan con sus laboratorios de genética, pero aún no funcionan ni se incorporan al sistema.

Cabe señalar que de estos estados Coahuila, Durango y Guerrero han tenido hallazgos de fosas clandestinas con un alto número de cuerpos o restos humanos; en febrero de este año en Coahuila las autoridades informaron sobre el hallazgo de 500 restos; en Durango en febrero del 2012 las autoridades encontraron 331 cuerpos en fosas en medio de una colonia de la capital; en Guerrero los hallazgos han sido múltiples, tan solo este año en febrero se encontraron 32 cuerpos en fosas de Taxco y en mayo 19 cuerpos se encontraron en Iguala.

Derecho a la verdad

Tres crímenes en México han puesto en entredicho la efectividad del trabajo genético del país: la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas en 2010, las 47 fosas clandestinas encontradas en la misma entidad en el año 2011 –con 183 cuerpos– y los 49 cuerpos encontrados en Cadereyta, sin extremidades ni cabeza, en 2012.

Información, obtenida a través del Instituto de Información, por la Fundación por la Justicia y el Estado de Derecho, refiere que de la masacre de migrantes de 2010 aún faltan por ser identificados 12 cuerpos, lo mismo que 66 cadáveres de las fosas de San Fernando y 46 de Cadereyta. 

Además de tener un bajísimo índice de éxitos, han derivado en la entrega equivocada de cuerpos a familiares, como ocurrió en el caso de la masacre de 72 migrantes –el cuerpo del brasileño Juliard Aires Fernández fue enviado a Honduras, después de notar el error fue devuelto en México y enterrado  en la fosa común, antes de llegar a su familia-.

La raíz de estas deficiencias, considera Delgadillo, es que desde el servicio público hace falta una consciencia de la relación entre un servicio forense efectivo y el derecho a la verdad.

 “Para las familias, es la posibilidad de confirmar o descartar hipótesis sobre el paradero de su familiar. Significa que en la medida de que vayan teniendo una respuesta positiva o negativa, ellos pueden tener elementos para saber por dónde seguir, qué pasos tienen que dar y contar con herramientas para  trabajar la tortura que implica no saber del ser querido”.

Ese fue el caso de la familia Peña Esparza.

 Su hijo Gerardo había ido a una fiesta el 28 de enero del 2011 en Monterrey, Nuevo León. El papá, Gerardo Peña, recibió una llamada a las tres de la madrugada “si no juntas 100 mil pesos te devuelvo a tu hijo en pedacitos”, le dijo la voz de un hombre desconocido; después, la voz de su hijo “papá, me tienen los zetas, créeles”.

 Gerardo había sido secuestrado con otros dos amigos.  Después de varios intentos por juntar una parte del dinero, la familia siguió las instrucciones que le dieron los secuestradores y entregó el dinero. Pero no le devolvieron a su hijo.

Fue hasta seis meses después que tuvieron noticias de él. Según las autoridades, habían encontrado su cuerpo en la fosa común de la entidad con otros 51 cadáveres.

“Nosotros nos hicimos los análisis de ADN en abril, tres meses después de su desaparición. Y fue hasta julio que las autoridades nos dijeron que lo habían encontrado muerto”, recuerda el señor Gerardo.

¿Qué pasó en esos seis meses de desaparición de su hijo?  Era la duda que rondaba los corazones de la familia.

 Lo que pasó fue que Gerardo, un joven estudiante, había sido asesinado casi inmediatamente después de su secuestro, con sus amigos y otros secuestrados. Los cuerpos fueron encontrados el 30 de enero, dos días después del secuestro, en un lote baldío en Escobedo, en el cruce de dos carreteras, a las 10:30 de la mañana.

“En las noticias dijeron que habían encontrado seis cuerpos calcinados por un ajuste de cuentas, nosotros no hicimos caso a esas noticias porque nuestro hijo no era ningún criminal, y no seguimos esas pistas. Después, seis meses después cuando recuperamos su cuerpo, supimos que habían sido los de esa noticia”, relata Gerardo.

En julio la Procuraduría de Nuevo León les informó del hallazgo. La familia tuvo dudas porque por la experiencia de otros familiares de desaparecidos en la entidad sabían de errores de cuerpos entregados y pidió a la autoridad una prueba independiente de ADN. Les negaron esa posibilidad.

Fue hasta que la familia se unió a Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos que pudieron lograr una prueba independiente, y el resultado se comprobó. Se trataba de su hijo Gerardo.

Las fallas

En el proceso de identificación, los errores han sido múltiples, de acuerdo con Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación, mismos que han sido denunciados anteriormente ante organismos como el Comité contra la Tortura o el relator de Ejecuciones Extrajudiciales.

De acuerdo a sus dichos y denuncias, las fallas son:

-Omisión en la implementación de acciones orientadas a proteger la evidencia, como ya lo comprobó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Campo Algodonero, sobre mujeres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, y en el cual, sin embargo, sigue ocurriendo.

-Transgresiones a los lineamientos de protocolos forenses establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.

-Precipitación en el levantamiento de evidencias y de los cadáveres, procesos que se realizan de forma deficiente y sin metodología, como lo señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la recomendación relativa a la masacre de 72 migrantes.

-Falta de seguimiento en el tratamiento y el flujo de información que se les da a las familias sobre el proceso de identificación. “Se les toman muestras, pero no se da un seguimiento para informarles puntualmente cuál es el resultado del cruce de información que se hace con los restos, ni con cuántos o cuáles restos se cruza esta información genética”. La organización ha documentado casos donde se les toman muestras a los familiares y nunca vuelven a recibir información sobre el resultado.

No hay cadena de custodia. “En algunos casos, las muestras se tomaban en algún estado de la república y no había cadena de custodia, por lo que algunas de las muestras no llegaron al laboratorio donde debía hacerse la confrontación”.

-En ocasiones, las procuradurías estatales levantan evidencia en el lugar de los hechos, pero no necesariamente se estudia o aporta como indicios para investigaciones. “Hay una desvinculación entre servicios periciales, los Ministerios Públicos y la Policía Investigadora. No trabajan como un equipo, cada uno hace su tarea por su lado y eso repercute en la no investigación efectiva de los hechos y por lo tanto en la impunidad”.

Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos había hecho un escrutinio al trabajo de la PGR y la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas sobre el trabajo forense para identificar los 72 cadáveres de migrantes masacrados.

En la recomendación 80/2013 señaló que:

 -La Procuraduría de Tamaulipas no resguardó el rancho donde fueron encontrados los cadáveres por lo que se pudo perder evidencia.

 -Las tomas periciales se tomaron de manera precipitada, sin metodología.

 -No se dio trato digno a los cadáveres, pues los cuerpos fueron trasladados en camionetas pick up a la base naval de San Fernando; posteriormente en un tráiler sin congelador al DF.

 -En la base naval estuvieron dos días expuestos a la intemperie y apilados, no se evitó la descomposición.

 -No hay registro confiable de dos autopsias, pues la información oficial se contradice en quién fue el responsable de realizarlas.

 -Las necropsias que se realizaron por médicos legistas se hicieron con errores gramaticales y cada uno de ellos utilizó un formato distinto para reportarlo, todos de manera ambigua y sin lineamientos.

 -En las necropsias se llegó a confundir el sexo de los cadáveres.

 Un ejercicio de colaboración entre la sociedad civil y las autoridades se dio entre el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Fundación para la Justicia con la PGR para identificar los restos de 72 migrantes, las fosas de San Fernando y los restos mutilados de Cadereyta. La Comisión fue resultado de la exigencia de familias para tener certeza en que los restos que han recibido.

 “Lo que las familias nos han pedido es la intervención de peritos independientes que representen confianza y legitimidad para ellos. Creemos que la Comisión Forense es un espacio que puede ayudar a que los familiares tengan confianza en los resultados entregados. Esperamos que esta experiencia pueda fortalecer los servicios periciales y que lo que se logre identificar como retos, pueda ser superado, detectando entonces cuáles deben ser las buenas prácticas a seguir”, concluyó Delgadillo.

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Mascarillas contra el coronavirus: por qué en Austria es obligatorio el uso del tapabocas FFP2

A partir del 25 de enero, en Austria será obligatorio el uso de la efectiva mascarilla FFP2 en tiendas y transporte público. Una medida que otros países están considerando.
23 de enero, 2021
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A partir del lunes 25 de enero, en Austria será obligatorio el uso de las cubrebocas FFP2 en tiendas, supermercados y transporte público.

La medida forma parte de una estrategia más estricta en ese país europeo, que incluye la extensión del confinamiento hasta el 17 de febrero.

El canciller de Austria, Sebastián Kurz, declaró haber tomado la decisión en vista de la variante más contagiosa descubierta en Reino Unido a finales de 2020 y de la necesidad de frenar el aumento de casos de covid-19 en el país.

Hasta ahora Austria es el único país que aplica a nivel nacional el uso obligatorio de las FFP2 -en lugar de las mascarillas de tela o algodón- aunque en la región de Baviera, Alemania, también se exige a nivel local mientras que el gobierno en Berlín considera adoptarlo en todo el territorio.

Se informa además que en Francia las autoridades discuten si imponer el uso obligatorio de las FFP2 o las menos protectoras FFP1.

Las FFP2 se consideran más efectivas en la reducción de la propagación del coronavirus que los tapabocas de algodón o las mascarillas quirúrgicas desechables que son de uso común.

“Cualquier protección de boca y nariz es buena, pero la mascarilla FFP2 es tremendamente superior”, declaró el ministro de Salud de Austria, Rudolf Anschober, del Partido Verde.

¿Cuánto protegen las FFP2?

Los tapabocas comunes de algodón o tela actúan más como dispositivos para evitar la propagación de partículas de aerosol por exhalación, pero no protegen al usuario de inhalar aire contaminado.

Una boticaria en Austria sostiene una FFP2 en su mano derecha y otra mascarilla de algodón en su mano izquierda

Getty Images
La FFP2 (izq.) es mucho más efectiva que las mascarilla común y corriente que muchos usamos.

Por su parte, las FFP -o mascarillas filtrantes parciales- están hechas de varias capas de tejido y papel con filtros incorporados y se ajustan mejor, creando un sello alrededor de la cara que protegen al usuario del entorno.

Se dividen en categorías dependiendo del diámetro de partículas que dejan pasar. Las FFP2 filtran partículas hasta de 0,4 micrómetros de diámetro, o sea el 94% de las partículas en el aire.

No ofrecen una protección de 100%, de manera que los usuarios todavía deben observar el distanciamiento social y reglas de higiene.

Las FFP2 se pueden usar varias veces, pero no se deben lavar para no destruir la función del filtro.

Costo

Las mascarillas FFP2 son más costosas. Su precio unitario varía entre unos 2 euros (US$2,5) y 5 euros (US$6) dependiendo del distribuidor y de si se compran por unidad o decenas.

Una vitrina en Alemania que ofrece 10 mascarillas FFP2 a 10 euros

Getty Images
El precio depende de si se compran por unidad o por decenas.

El ministro de Salud, Rudolf Anschober, declaró en una rueda de prensa este jueves que grandes cantidades de las mascarillas obligatorias se estarían repartiendo gratis la próxima semana a personas de bajos ingresos.

No obstante, Anschober reconoció que el programa de distribución de mascarillas gratis a ciudadanos mayores de 65 iniciado en diciembre ha enfrentado graves retrasos.

Pero el ministro aseguró que la entrega de las FFP2 a esta población se resolverá la semana que viene.

El gobierno también instó a los vendedores a ofrecer la mascarilla a costo de producción.

El medio austríaco Vienna On Line informó que los supermercados tendrán las mascarillas en oferta a más tardar el próximo lunes a un precio de 0,59 euros (US$0,72).

Una noticia que el ministro Anschober recibió con beneplácito, diciendo que el precio está “bastante por debajo de lo que estimamos”.

Los distribuidores de ese dispositivo protector afirman que, a pesar de la alta demanda generada por la nueva ley, no habrá problemas con el suministro por lo que exhortan a los consumidores a no entrar en pánico.

Según medios locales, los supermercados tienen “millones” en inventario. El diario Kurier informó que la firma Hygiene Austria puede producir hasta diez millones de mascarillas FFP2 al mes.

Reacciones

Manifestantes con máscaras de corderos protestan la nueva ley del uso obligatorio de FFP2

Getty Images
Una protesta simbólica en Viena contra la orden del uso obligatorio de mascarillas FFP2.

En Viena, un grupo de manifestantes montó una protesta simbólica el miércoles contra lo que consideraron una imposición exagerada del gobierno.

El domingo anterior, unas 10.000 personas se movilizaron por la capital asutríaca protestando contra el confinamiento.

Aunque el cambio a una mascarilla más “profesional” es bienvenido, algunos virólogos en Alemania -donde la región de Baviera ya ordena el uso obligatorio de FFP2 y el gobierno considera hacer la medida efectiva en todo el país- advierten cautela.

Uno señalan que las mascarillas FFP2 no son efectivas si no se llevan ajustadas, siguiendo las guías de un profesional.

“La gente terminará respirando a través del espacio entre la cara y la mascarilla en lugar de a través del filtro”, declaró Jonas Schmidt-Chanasit, profesor de arbovirología de la Universidad de Hamburgo, al diario The Guardian.

Otros virólogos también indicaron que las barbas evitan que la mascarilla logre sellarse efectivamente alrededor de la cara.

Schmidt-Chanasit reconoció que la FFP2 podría ser útil en casos urgentes donde no hay suficiente garantía de ventilación pero manifestó su escepticismo para el uso en el transporte público donde hay otras maneras de evitar el riesgo de aerosoles y los pasajeros estarían obligados a usar la mascarilla más de los 75 minutos recomendados.


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