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Sólo 3 de 27 asesinatos de defensores de Derechos Humanos han sido resueltos
171 defensores de derechos humanos y 37 organizaciones han sido agredidos en 409 ocasiones en los últimos tres años. 27 de ellos perdieron la vida. En 110 los casos las víctimas no pudieron identificar al perpetrador, pero cuando si lo hicieron, el principal agresor conocido fueron policías estatales, en 51 actos. La gran mayoría, están en la impunidad.
Por Majo Siscar @majosiscar
4 de julio, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

Defender los derechos humanos les costó la vida al menos a 27 mexicanos entre 2011 y 2013. En sólo tres casos se identificó a los responsables. Pero por ahora, sólo un menor de edad fue sentenciado a tres años de reclusión por el homicidio de Agnes Torres, psicóloga y activista transgénero en Puebla. Los dos presuntos asesinos del ambientalista veracruzano Noé Vázquez están en proceso judicial y el homicida del activista gay Quetzalcóatl Leijia está prófugo. Los responsables de las otras 24 muertes ni siquiera se han identificado.

La impunidad es la constante en las 409 agresiones, que van desde amenazas hasta las detenciones arbitrarias pasando por hostigamientos e intimidaciones diversas o el asesinato. Las más frecuente son las amenazas de muerte, se han denunciado 55. En 110 agresiones, los denunciantes no han podido reconocer a sus perpetradores por tratarse de amenazas anónimas o ataques por parte de grupos armados no identificados. Pero en 51 ocasiones han venido de las propias policías estatales, en 31 de municipales y en 21 por parte del Ejército Mexicano, la mitad de éstas bajo pretexto de realizar operativos en contra de la delincuencia organizada, según reporta la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas y todos (RedTDT).

“¿Cómo confiar en quién te agrede?” se pregunta Vidulfo Rosales, coordinador del Área Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Rosales tuvo que salir del país después de recibir varias amenazas de muerte y un ataque armado cuando defendía a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes durante un bloqueo carretero fueron desalojados por la policía que mató a dos jóvenes y detuvo y torturó a otros en diciembre de 2011. Rosales interpuso una querella por el asunto, los casos de tortura involucraban a policías ministeriales de Chilpancingo. En febrero de 2012, un funcionario de la Policía Estatal de Guerrero le citó en un restaurante para advertirle que ya le seguían y que si no se desistía del caso su vida y la del Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría estatal corrían peligro. Rosales y Tlachinollan decidieron continuar con la demanda pero a las pocas semanas, el responsable de la averiguación previa sufrió un atentado, donde murieron dos de sus escoltas. Ese mismo día, al salir del Ministerio Público, hombres armados balacearon el taxi en el que Rosales que se regresaba a la oficina. Cuando quiso volver a salir del trabajo, la misma camioneta estaba fuera. Tuvo que pedir a los estudiantes que acudieran al Centro de Derechos Humanos y poder salir cobijado por la multitud. El 4 de mayo le mandaron una amenaza mecanografiada:

“¿Crees que eres la gran cosa? Licenciadito de mierda, deja de difamar a las autoridades, ya nos debes varias, en todo te metes la parota, las disque mujeres violadas, y ahora con los vándalos ayotzinapos cállate o vete juntando tus flores porque lla t stamos siguiendo, sabemos lo que aces y donde andas. Te va s a morir, te vas a morir j aja ja. Atte. La Ley” (sic) Es un fragmento del mensaje que le dejaron en la oficina.

Con el respaldo del Centro de Derechos Humanos, decidió salir del país y mudar a su familia de ciudad. Después de seis meses exigió garantías a las autoridades guerrerenses para volver a su trabajo que suponían el compromiso de avanzar en el caso de los estudiantes. Un año y medio después las investigaciones están detenidas.

El pasado diciembre, cuando llevaba el caso de 13 policías comunitarios detenidos, volvió a recibir amenazas telefónicas. Interpuso una denuncia penal por ello pero tampoco ha obtenido respuesta. Sigue haciendo su trabajo, pero no vive con su familia por seguridad. “Hay impunidad total, las denuncias de derechos humanos no se investigan, las agresiones a defensores están invisibilizadas pero paradójicamente el sistema sí se activa para detener a líderes sociales. Por ejemplo, hay 13 policías comunitarios detenidos y tres de ellos están en penales de altas seguridad aunque no se prueba su acusación”, asevera Rosales.

El perfil de los agredidos

Las 409 agresiones responden a la defensa de 104 causas que ya atentan contra los derechos humanos en 24 estados. Los siete que más agresiones registran son Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Distrito Federal, Coahuila y Puebla. Las 409 agresiones cayeron contra 171 personas y 37 colectivos.

Más de la mitad de estas 171 personas agredidas pertenecen a un centro de derechos humanos o son activistas sociales, algo que les dota de cierta protección frente a defensores indígenas o comunitarios que están más vulnerables. Por ejemplo, se identifican 42 tipos de agresiones, aunque las más frecuente, en 55 ocasiones son las amenazas de muerte. Ante ellas, la gente que tiene más redes tiene más recursos para moverse como fue el caso de Rosales y evitar así engrosar la lista de los 27 defensores asesinados.

Casi la mitad de los 37 colectivos agredidos son centros de derechos humanos multidisciplinares, pero llama la atención la gran cantidad de albergues de migrantes que denuncian hostigamiento. Alberto Xicoténcatl, de la Casa del Migrante de Saltillo, denuncia que desde que ellos empezaron a reportar agresiones ante las autoridades en 2009 la situación ha empeorado y no reciben respuesta del estado. “Somos un foco de agresión por parte de la delincuencia organizada porque la asistencia humanitaria está haciendo mella en los carteles que controlan las extorsiones a migrantes y la trata de personas”, resume.

Para la directora de la Red TDT, Agnieszka Raczynska, hay una “escasa o nula preocupación del Estado por investigar y sancionar a los perpetradores y aunque en algunos casos se denuncia al perpetrador, no se investiga la agresión y por ende no se le sanciona, contribuyendo así, a la reproducción del ciclo de la impunidad e injusticia”.

Responsabilidad del Estado

Desde la Red TDT recalcan que “el Estado tiene la obligación de proteger a la ciudadanía y tratándose de defensores tiene una obligación mayor por el papel que juegan en el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos”. Pero a la luz de las cifras, sus palabras suenan huecas. La Reforma de Derechos Humanos en 2011 elevó a rango constitucional todos los tratados internacionales ratificados en esta materia y reconoce el derecho a defenderlos que tiene que estar velado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales, quienes pueden otorgar medidas cautelares. Sin embargo, ante la ineficacia de este recurso, se impulsó en 2012 un Mecanismo de Protección de los Defensores que depende de la Secretaría de Gobernación.

A 20 meses de su implementación “no se observa voluntad política real y los compromisos no pasan del discurso”, reclamó Raczynska. A finales de marzo el mecanismo, que había atraído 130 casos, tenía 88 rezagados, algunos con un año o más de espera, aseguró Edgar Cortez, Consejero ciudadano del Mecanismo. “Vemos un equipo de trabajo con poca profesionalización y maltrato de los responsables, una falta de recursos, porque de los 330 millones otorgados se subejercieron porque no se podían disponer por toda una serie de problemas. Tiene una falta de efectividad tremenda y no contribuye en realidad en nada a la protección de los defensores”, explicó Cortez.

La Red TDT señaló además que no se ha realizado ninguna medida que pueda ser considerada como “medidas de prevención”, que ni siquiera contestan al teléfono y que aún cuando un caso ingresa al Mecanismo, existe falta de información, seguimiento y comunicación con los beneficiarios. También señalan “la incapacidad o falta de poder político” del mecanismo para relacionarse con otras dependencias gubernamentales o el propio Instituto Nacional de Migración.

Xicotencatl, calificó de “teatro” la política nacional para proteger a los defensores. Pese a la Reforma y el Mecanismo, la directora de la Red TDT no ve “ningún cambio de tendencia” y las cifras anuales se mantuvieron y repitieron entre 2011 y 2013, donde cada año se reportaron nueve asesinatos. Para los defensores que presentaron los datos la administración de Enrique Peña no favorece las cosas. “Se asumió un discurso que habla de respeto pero que no concuerda, continúan restringiendo derechos en un entorno cada vez más adverso, de hecho hay un contexto más limitado para la defensa de los derechos humanos, porque las reformas estructurales explicitan el despojo de tierras y se crearon leyes que reprimen más la libertad de expresión de defensores y periodistas”, critica Raczynska. Y concluye que “faltan políticas públicas adecuadas, pertinentes y efectivas para garantizar derechos humanos para toda la población, y persiste la impunidad sistemática”.

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Reuters
Google rompe con Huawei: ¿qué ocurrirá a corto y a largo plazo con sus celulares?
Google excluyó al segundo mayor fabricante de celulares del mundo de algunas actualizaciones de su sistema operativo Android. ¿Qué significa para la marca china y cómo puede afectar a sus usuarios?
Reuters
21 de mayo, 2019
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Millones de propietarios de celulares Huawei se enfrentan a un futuro incierto tras el anuncio de Google de que no seguirá proporcionando su software a la compañía china.

Huawei es hoy día el segundo fabricante de teléfonos del mundo y es muy popular entre el público y los especialistas, que elogian especialmente sus cámaras y la durabilidad de las baterías.

Al igual que la mayoría de los smartphones, utilizan el sistema operativo Android de Google, que además de proporcionar la interfaz de usuario les brinda a los clientes acceso a una amplia gama de aplicaciones, entre ellas algunas muy populares como Google Play, Google Mail y Google Maps.

Ahora todo eso está en peligro después del anuncio de Google, que es una respuesta a la orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace unos días.

Estas son las consecuencias que puede tener esa decisión:

Ken Hu

PHILIPPE LOPEZ/getty Images
Ken Hu, vicepresidente de Huawei, dijo que la decisión de Google es “el movimiento final en una campaña emprendida por el gobierno de EE.UU. por razones políticas”.

1. A corto plazo: sin cambio real

Lo que más preocupa sobre la noticia es la seguridad.

Android publica regularmente actualizaciones que hacen a los teléfonos más seguros frente a los hackers y solucionan problemas técnicos. Y se teme que se agoten.

Pero no hay que entrar en pánico de inmediato porque Android dijo lo siguiente en un comunicado: “Les aseguramos que mientras cumplimos con todos los requisitos del gobierno estadounidense, servicios como Google Play y la seguridad de Google Play Protect seguirán funcionando en sus dispositivos Huawei actuales”.

Google está trabajando en los detalles, pero le informó a la BBC de que los dispositivos seguirán ofreciendo la experiencia Android al completo, incluido el acceso a la tienda de aplicaciones de Google.

Por eso la compañía está buscando llevar a cabo el soporte de las aplicaciones y los sistemas operativos de usuarios existentes al menos a corto plazo.

Eso significa que las cosas no deberían cambiar en absoluto (al menos, no por ahora).

2. A medio plazo: la incertidumbre

Logo de Google

Reuters
¿Qué ocurrirá cuando se lancen nuevas versiones del sistema operativo de Google?

Hay menos certeza a medio plazo, y es probable que sea ese precisamente el momento más preocupante para la empresa y los usuarios, ya que tienen que esperar para ver qué servicios de Google serán bloqueados y cuándo.

Google todavía no emitió un comunicado con más datos, pero dijo que está “cumpliendo con la orden y revisando las implicaciones”.

De acuerdo con Reuters, el primer medio que publicó la noticia, las aplicaciones que se actualizan a través de Google Play seguirán actualizándose para los usuarios existentes. En cambio, el sistema operativo, que se actualiza a través del propio dispositivo, puede que no esté disponible cuando se lance el nuevo Android OSa finales de este año.

Si la última actualización de Android es bloqueada desde los dispositivos de Huawei, es probable que puedas continuar como hasta ahora y solo te pierdas esa última mejora.

Huawei dijo que seguirá proporcionando actualizaciones de seguridad y servicios postventa a todos sus smartphones y tabletas Huawei y Honor (una marca subsidiaria), cubriendo los que hayan sido vendidos o estén todavía en stock a nivel mundial. Pero no está claro cómo llevará a cabo ese plan.

Sin embargo, la cuestión se complica en lo que respecta a las actualizaciones de seguridad. La manera en la que suele funcionar eso es que Google les da a los fabricantes Android el código para sus mejoras de software aproximadamente un mes antes de que revele los detalles al público sobre las vulnerabilidades que arreglan.

Eso les da a los fabricantes tiempo para comprobar que los parches no causen problemas para su propio software, y después pedir una versión personalizada en forma de descarga.

Ahora Huawei solo podrá saber sobre esos parches el mismo día en que sean lanzados en el Android Open Source Project (AOSP), el portal de desarrolladores, lo cual significa que habrá un retraso antes de que pueda distribuirlos.

3. A largo plazo: los problemas

Logo de Huawei

AFP
Todavía no están claras las restricciones a Huawei por parte de Google.

Las cosas serán mucho más predecibles a largo plazo, una vez esté claro qué servicios de Google podrá usar Huawei.

Al igual que cualquier otra compañía, Huawei tendría acceso al código abierto de Android y podría usar el sistema operativo que se ofrece a través de ese programa.

Pero parece poco probable que lo haga al no tener acceso a las aplicaciones a medida de Google Play, lo cual significa que los usuarios no podrán utilizar la amplia biblioteca de apps disponibles en el ecosistema Android.

Huawei dijo previamente que está trabajando en su propio sistema operativo, basado en una versión pública de Android y que ya lo usa en el mercado chino.

Puede que la próxima generación de teléfonos de la compañía se ejecute en ese sistema operativo, lo cual implica que los clientes tendrán que tomar una decisión difícil: quedarse con sus celulares Huawei y acostumrbarse al nuevo ecosistema, o cambiar de marca y seguir usando Android.

Parece que eso podría tener un fuerte impacto en Huawei como empresa porque los usuarios modernos de smartphones suelen ser más leales a su sistema operativo que a la marca de su teléfono. Hará falta un dispositivo increíble para alejar a los usuarios de Google Maps, Google Mail, Google Chrome y la gran cantidad de apps de Google Play.

4. A muy largo plazo: ¿bueno para los consumidores?

Mujer y logo de Huawei

AFP
El reto para Huawei podría suponer un avance para el mercado de los celulares en el mundo.

El anuncio de Google sin duda causará problemas en las relaciones internacionales y podría tener efectos negativos en la colaboración tecnológica entre los gigantes de la industria.

Pero también podría aportar algo bueno a los consumidores. Android es de lejos el sistema operativo dominante, y obligar a otra importante empresa tecnológica a desarrollar y construir su propio sistema operativo para desafiarlo podría ser positivo.

En China, el mayor mercado de Huawei, los celulares funcionan usando un sistema Android muy modificado y no disponen de aplicaciones de Google.

No es difícil imaginar a la compañía invirtiendo sus considerables fondos y experiencia en crear un sistema operativo capaz de superar a Android.

Competir con la enorme biblioteca de aplicaciones en Google Play, en cambio, será un reto mayor.


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