"Ley Telecom avala violaciones al derecho de privacidad", acusan
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Cuartoscuro

"Ley Telecom avala violaciones al derecho de privacidad", acusan

El proyecto plantea que el Estado pueda acceder en cualquier momento a una base de datos con la información de todas las comunicaciones y mensajes de los usuarios.
Cuartoscuro
Por Tania L. Montalvo
3 de julio, 2014
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Las empresas de telefonía celular estarán obligadas a conservar los datos generados por sus usuarios hasta por 24 meses. //Foto: Cuartoscuro.

Las empresas de telefonía celular estarán obligadas a conservar los datos generados por sus usuarios hasta por 24 meses. //Foto: Cuartoscuro.

Las empresas que presten el servicio de telefonía celular estarán obligados a crear un sistema que conserve los datos generados por sus usuarios hasta por 24 meses para que el Estado pueda consultarlos en cualquier momento con el fin de conocer patrones de conducta de los ciudadanos, señalaron activistas y defensores de derechos digitales al exigir modificaciones al artículo 190 del proyecto de dictamen sobre la ley de Telecomunicaciones.

Ese artículo señala que los concesionarios de telecomunicaciones están obligados a “colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil” y agrega en una segunda fracción que también deberán “conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea”.

Lo anterior autoriza la retención de datos de las telecomunicaciones de los ciudadanos para generar patrones de movimiento y de conducta que revelan información personal a la que el Estado pretende tener acceso sin restricciones, lo que implica violaciones al derecho a la privacidad, dijo Luis Fernando García, abogado de derechos humanos de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

El proyecto de dictamen indica que se deberán retener los siguientes datos: nombre, denominación o razón social y domicilio del usuario; tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón, conferencia, otros datos), servicios suplementarios (incluido el reenvío o transferencia de llamada) servicios de mensajería o multimedia empleados; datos para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones; datos para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación y de los servicios de mensajería o multimedia; identificación y características técnicas de los dispositivos; y la ubicación digital de las líneas telefónicas.

Además de la retención de metadatos, los concesionarios deberán crear un servicio de acceso y búsqueda que permita que “las autoridades competentes a través de medios electrónicos” lo utilicen en tiempo real.

“El sistema podría no ser un problema, pero la iniciativa dice que el acceso (a los datos) pueden venir de la autoridad competente, pero no especifica quién es la autoridad competente. No se establecen una metodología o términos para garantizar que haya un debido proceso en cada solicitud y dado la sensibilidad de los datos que van a manejar las operadoras, es vital que cada solicitud de acceso a datos sea validado por un juez para que así se garantice que esta invasión a la privacidad de los usuarios sea proporcional, esté debidamente fundamentada y no represente un exceso del aparato estatal en contra de los usuarios en un intento por combatir el crimen”, dijo en entrevista Israel Rosas, consultor independiente en telecomunicaciones.

Los legisladores justifican la medida en el proyecto de dictamen señalando que en éste se establece “con claridad” que la colaboración de los concesionarios sólo será con autoridades con facultades “para requerir información, localización o intervención de comunicaciones”, es decir, aquellas instancias encargadas de la seguridad nacional como son el Ejército, la Marina, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) reconoce que es necesario que los concesionarios colaboren con las autoridades en investigaciones vinculadas a la comisión de delitos aunque ello implique acceder a los datos de los usuarios, pero hace énfasis en que “la intromisión en la privacidad de las personas debe ajustarse a parámetros de legalidad”.

“La entrega de datos sobre las comunicaciones por parte de los concesionarios de telecomunicaciones debe llevarse a cabo previa autorización judicial”, lo que actualmente no se contempla en el proyecto de dictamen de la Ley Telecom.

24 horas del día y 365 días del año

Los concesionarios deberán contar con un área responsable que esté disponible a toda hora y cualquier día del año para responder a los requerimientos de información, localización geográfica e intervención de comunicaciones privadas que la autoridad competente solicite.

“No sabemos cuándo se pueden usar, no hay temporalidad ni controles judiciales. En esta iniciativa ya no se necesita un mandamiento escrito para tener acceso a los datos y que los concesionarios respondan, ahora están obligados a estar atentos a las peticiones en todo momento”, denunció la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

En el mismo artículo 190 se establece que aunque las llamadas privadas son inviolables, hay autoridades con facultades para intervenirlas.

“Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”.

El Frente por la Comunicación Democrática —entre cuyos integrantes está el senador del PAN, Javier Corral, el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, y la politóloga Denise Dresser— exige que el tema de colaboración con la justicia se base en el “respeto a los derechos humanos relacionados con el honor y la intimidad, asegurando la privacidad yconfidencialidad en las comunicaciones, así como la protección de los datospersonales”.

Para Israel Rosas, el debate no debe centrarse en si van o no a intervenir la comunicación, si no en que durante una investigación por comisión de un delito no se puede considerar este tipo de herramientas tecnológicas sin la participación de un juez.

“A eso se llama Principios de la Aplicación de los derechos Humanos en la vigilancia de las comunicaciones, es decir, que las facultades investigadoras y acceso a datos de las comunicaciones respete el derecho internacional, el derecho a la intimidad”.

Coincide el abogado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. “Lo más importante es que cuando una autoridad use sus facultades de vigilancia actúe bajo la tutela de un juez, de un órgano de supervisión independiente. Y sobre todo que sepa que el usuario será informado en algún momento que fue afectado su derecho a la privacidad por que se llevó a cabo alguna investigación y que si hubo abusos puede actuar en consecuencia. Como están ahora las cosas se dan facultades de vigilancia que son altamente invasivas, que se llevan a cabo en secrecia y se mantienen así de manera perpetua”. 

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5 países de América Latina más peligrosos para defender los derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha registrado el asesinato de 147 activistas en 2021 y de otros 89 en los primeros 4 meses de 2022.
9 de junio, 2022
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Dedicarse a defender los Derechos Humanos es una labor de alto riesgo, sobre todo si se ejerce en América Latina, región que se ha convertido en la más peligrosa del mundo para denunciar la violación de alguna garantía fundamental o para reclamar su cumplimiento.

La denuncia la hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que contabilizó el asesinato de 147 activistas en 2021, según la información que figura en el informe anual publicado la semana pasada.

Pero si 2021 no fue un buen año para los defensores de Derechos Humanos en la región, 2022 no luce mucho mejor.

La CIDH, en otro reporte preliminar, informó que solo en los primeros 4 meses del año en curso ha contabilizado la muerte de 89 activistas.

Los 5 países más peligrosos

Activistas en riesgo. . Ranking con los países más peligrosos para los activistas de Derechos Humanos Datos de enero a diciembre de 2021.

Con 145 defensores muertos, Colombia es el país más peligroso del continente para promover los derechos y las libertades fundamentales.

Las autoridades colombianas han reconocido la gravedad de la situación y este año le aseguraron a la Comisión que vienen tomado medidas para revertirla, entre ellas destacaron que actualmente tienen a 3.749 líderes sociales bajo resguardo.

“La situación es preocupante”, admitió también el comisionado Joel Hernández, relator para las Personas Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH.

México, con 10 asesinados, ocupa el segundo lugar, de acuerdo con los datos de la CIDH. Líderes de comunidades indígenas y ambientalistas fueron las principales víctimas.

Por su parte, Perú con 5 fallecidos, Honduras con 4 y Guatemala con 2 se encuentran en el tercer, cuarto y quinto lugar; respectivamente.

Quiénes son las víctimas

La mayoría de los activistas asesinados ejercían la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente o eran integrantes de comunidades indígenas, denunció la CIDH, organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Eso indica que no solamente están en riesgo aquellas personas que han decidido exponer públicamente los abusos y excesos cometidos por los cuerpos policiales y las fuerzas militares.

Por el contrario, cualquiera que haya decidido promover y proteger, de manera pacífica, la universalidad e indivisibilidad de los derechos de pueblos e individuos puede verse comprometido. Esto incluye a sindicalistas y a los periodistas también.

Los datos que maneja la Comisión también revelan además que las amenazas no se limitan a los activistas únicamente, sino que en algunos casos se extienden hasta su círculo familiar.

El caso del brasileño José Gomes es prueba de ello. El pasado 9 de enero Gomes fue asesinado, a tiros, junto a su esposa y su hija en la región de São Félix do Xingu, estado de Pará. La víctima se dedicaba a liberar crías de tortugas en la Amazonía, en un intento por repoblar esta especie.

Hasta ahora las autoridades policiales no han aportado mucha información sobre el asunto y solamente han dicho que están investigando el crimen.

Aunque el grueso de los fallecidos contabilizados por la CIDH son hombres, casos como el de la activista mexicana Gladys Aranza Ramos, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien fue asesinada el 15 de julio de 2021, indican que las mujeres defensoras no están exentas de riesgos.

En la mira. [ 147 activistas de Derechos Humanos fueron asesinados en 2021 en América Latina ],[ 89 activistas han sido asesinados en los primeros cuatro meses del 2022 ], Source: Fuente: CIDH, Image: Fotos de activistas asesinados en un campo

Las cifras de la Comisión son corroboradas por las que manejan otras organizaciones como la irlandesa Front Line Defenders, la cual se especializa en monitorear las condiciones en las que los defensores ejercen su labor alrededor del mundo.

En su informe correspondiente a 2021 Front Line Defenders denunció que de los 358 defensores de Derechos Humanos que fueron asesinados en el mundo, 252 eran latinoamericanos; es decir el 70%.

Las causas del problema

Las debilidades institucionales, especial la falta de independencia judicial, y la violencia criminal son, a juicio del comisionado Hernández, los motivos por los cuales América Latina se ha vuelto tan peligrosa para quienes deciden defender los derechos de otras personas, pero no son los únicos.

El comisionado Joel Hernández preside una audiencia pública de la CIDH en Quito (Ecuador)

CIDH
El diplomático mexicano Joel Hernández, es el relator para las Personas Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH.

En distintas partes de la región se están dando situaciones de conflictividad que hacen que los defensores se activen”, le explicó Hernández a BBC Mundo por videoconferencia.

“Por ejemplo, en aquellas zonas donde se están poniendo en marcha proyectos extractivistas, sin el debido consentimiento de las comunidades afectadas, los líderes se están movilizando o están surgiendo y eso los coloca en la mira de grupos de determinados grupos”.

“Esto explica por qué los defensores de los pueblos indígenas, de los campesinos y del medio ambiente están siendo las principales víctimas de atentados y ataques”, agregó el diplomático mexicano.

Un indígena Yanomami en el Amazonas brasileño ve como sus tierras son explotadas por mineros ilegales

Reuters
Los indígenas que se oponen a la minería en sus tierras y quienes los defienden tienen grandes probabilidades de ser asesinados o atacados, de acuerdo a los

Algunos pasos positivos

Pese a calificar de “difícil” la situación que enfrentan los defensores en la región, Hernández aseguró que en algunos países se están produciendo pasos en la dirección correcta.

Así mencionó el caso de Brasil, cuyas autoridades han puesto en marcha el Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos (PPDDH), en los estados de Bahía, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará y Río de Janeiro, el cual ampara actualmente a 600 activistas.

Honduras, entretanto, ha anunciado ha tomado medidas a favor de 116 defensores y 25 periodistas.

Sin embargo, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y de Periodistas de México es el de mayor envergadura en el continente y tiene bajo su resguardo a 1.011 activistas y 495 comunicadores.

Por último, Perú anunció a mediados del año pasado la creación de un programa similar.

El comisionado demandó de las autoridades de los países de la región que creen las condiciones para que los activistas puedan realizar su labor de manera segura, que se abstengan de atacarlos y que castiguen cualquier ataque contra ellos.

“La impunidad es muy peligrosa, porque cuando no se castigan los crímenes se invita a su repetición”, dijo Hernández, quien destacó la importancia de contar con un Poder Judicial independiente.


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