"Ley Telecom avala violaciones al derecho de privacidad", acusan
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Cuartoscuro

"Ley Telecom avala violaciones al derecho de privacidad", acusan

El proyecto plantea que el Estado pueda acceder en cualquier momento a una base de datos con la información de todas las comunicaciones y mensajes de los usuarios.
Cuartoscuro
Por Tania L. Montalvo
3 de julio, 2014
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Las empresas de telefonía celular estarán obligadas a conservar los datos generados por sus usuarios hasta por 24 meses. //Foto: Cuartoscuro.

Las empresas de telefonía celular estarán obligadas a conservar los datos generados por sus usuarios hasta por 24 meses. //Foto: Cuartoscuro.

Las empresas que presten el servicio de telefonía celular estarán obligados a crear un sistema que conserve los datos generados por sus usuarios hasta por 24 meses para que el Estado pueda consultarlos en cualquier momento con el fin de conocer patrones de conducta de los ciudadanos, señalaron activistas y defensores de derechos digitales al exigir modificaciones al artículo 190 del proyecto de dictamen sobre la ley de Telecomunicaciones.

Ese artículo señala que los concesionarios de telecomunicaciones están obligados a “colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil” y agrega en una segunda fracción que también deberán “conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea”.

Lo anterior autoriza la retención de datos de las telecomunicaciones de los ciudadanos para generar patrones de movimiento y de conducta que revelan información personal a la que el Estado pretende tener acceso sin restricciones, lo que implica violaciones al derecho a la privacidad, dijo Luis Fernando García, abogado de derechos humanos de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

El proyecto de dictamen indica que se deberán retener los siguientes datos: nombre, denominación o razón social y domicilio del usuario; tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón, conferencia, otros datos), servicios suplementarios (incluido el reenvío o transferencia de llamada) servicios de mensajería o multimedia empleados; datos para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones; datos para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación y de los servicios de mensajería o multimedia; identificación y características técnicas de los dispositivos; y la ubicación digital de las líneas telefónicas.

Además de la retención de metadatos, los concesionarios deberán crear un servicio de acceso y búsqueda que permita que “las autoridades competentes a través de medios electrónicos” lo utilicen en tiempo real.

“El sistema podría no ser un problema, pero la iniciativa dice que el acceso (a los datos) pueden venir de la autoridad competente, pero no especifica quién es la autoridad competente. No se establecen una metodología o términos para garantizar que haya un debido proceso en cada solicitud y dado la sensibilidad de los datos que van a manejar las operadoras, es vital que cada solicitud de acceso a datos sea validado por un juez para que así se garantice que esta invasión a la privacidad de los usuarios sea proporcional, esté debidamente fundamentada y no represente un exceso del aparato estatal en contra de los usuarios en un intento por combatir el crimen”, dijo en entrevista Israel Rosas, consultor independiente en telecomunicaciones.

Los legisladores justifican la medida en el proyecto de dictamen señalando que en éste se establece “con claridad” que la colaboración de los concesionarios sólo será con autoridades con facultades “para requerir información, localización o intervención de comunicaciones”, es decir, aquellas instancias encargadas de la seguridad nacional como son el Ejército, la Marina, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) reconoce que es necesario que los concesionarios colaboren con las autoridades en investigaciones vinculadas a la comisión de delitos aunque ello implique acceder a los datos de los usuarios, pero hace énfasis en que “la intromisión en la privacidad de las personas debe ajustarse a parámetros de legalidad”.

“La entrega de datos sobre las comunicaciones por parte de los concesionarios de telecomunicaciones debe llevarse a cabo previa autorización judicial”, lo que actualmente no se contempla en el proyecto de dictamen de la Ley Telecom.

24 horas del día y 365 días del año

Los concesionarios deberán contar con un área responsable que esté disponible a toda hora y cualquier día del año para responder a los requerimientos de información, localización geográfica e intervención de comunicaciones privadas que la autoridad competente solicite.

“No sabemos cuándo se pueden usar, no hay temporalidad ni controles judiciales. En esta iniciativa ya no se necesita un mandamiento escrito para tener acceso a los datos y que los concesionarios respondan, ahora están obligados a estar atentos a las peticiones en todo momento”, denunció la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

En el mismo artículo 190 se establece que aunque las llamadas privadas son inviolables, hay autoridades con facultades para intervenirlas.

“Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”.

El Frente por la Comunicación Democrática —entre cuyos integrantes está el senador del PAN, Javier Corral, el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, y la politóloga Denise Dresser— exige que el tema de colaboración con la justicia se base en el “respeto a los derechos humanos relacionados con el honor y la intimidad, asegurando la privacidad yconfidencialidad en las comunicaciones, así como la protección de los datospersonales”.

Para Israel Rosas, el debate no debe centrarse en si van o no a intervenir la comunicación, si no en que durante una investigación por comisión de un delito no se puede considerar este tipo de herramientas tecnológicas sin la participación de un juez.

“A eso se llama Principios de la Aplicación de los derechos Humanos en la vigilancia de las comunicaciones, es decir, que las facultades investigadoras y acceso a datos de las comunicaciones respete el derecho internacional, el derecho a la intimidad”.

Coincide el abogado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. “Lo más importante es que cuando una autoridad use sus facultades de vigilancia actúe bajo la tutela de un juez, de un órgano de supervisión independiente. Y sobre todo que sepa que el usuario será informado en algún momento que fue afectado su derecho a la privacidad por que se llevó a cabo alguna investigación y que si hubo abusos puede actuar en consecuencia. Como están ahora las cosas se dan facultades de vigilancia que son altamente invasivas, que se llevan a cabo en secrecia y se mantienen así de manera perpetua”. 

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Getty Images

Etnoporno, la explotación sexual de mujeres indígenas en videos pornográficos en México

En Chiapas es cada vez más común el "etnoporno" o pornografía de niñas y mujeres indígenas, producido muchas veces sin su consentimiento. Las activistas apuntan a que es un delito agravado por la desigualdad económica, cultural y de acceso a las tecnologías que padecen estas mujeres.
Getty Images
16 de enero, 2020
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Un maestro de una zona indígena en un lugar recóndito le regaló un teléfono celular a María, una de sus alumnas de 13 años. Le enseñó a usarlo. Y después le pidió que le mandara fotos desnuda.Esto sucedió en Chiapas, en el sureste de México, donde las activistas denuncian que es cada vez más común el “etnoporno”, un tipo de pornografía que usa como fetiche a mujeres y niñas indígenas, y que son por ello víctimas de abusos.

En el caso de María (nombre supuesto), una mujer de otro estado de México entró en contacto con ella a través de redes sociales y la siguió extorsionando para que mandara más imágenes y videos, cada vez en situaciones más comprometedoras, por ejemplo masturbándose.

La familia de María cuenta que lo descubrió porque la adolescente había sido obligada a convencer a otra menor, de 10 años, para que empezara también a enviar este tipo de fotos y videos.

La niña se asustó tanto que se lo confesó a su madre. Así fue como se enteraron en el pueblo.

Manifestación en contra del acoso virtual.

Cortesía: Frente Nacional para la Sororidad
En 17 de las 32 entidades federativas de México se han aprobado reformas que castigan los delitos digitales contra las mujeres.

Algunos intentaron linchar al maestro, pero el padre prefirió tomar la ruta legal “porque matar al maestro habría sido aceptar que éste había violado a su hija”.

Martha Figueroa, la abogada feminista que está llevando el caso de manera voluntaria, cuenta que, como otros del mismo tipo, puede estar relacionado con redes de trata de personas. Y que es un gran reto castigar a los culpables.

“La familia no recibió ayuda en el Ministerio Público en un principio. Después quisieron registrarlo solo como abuso sexual no grave. Además, como era electrónico y es algo muy nuevo, no sabían cómo hacerlo“, le explica a BBC Mundo.

El “etnoporno” es un tipo de pornografìa, cada vez más de moda, que usa a mujeres y niñas indígenas como fetiche. Foto: BBC

Reconoce que hay quien argumentaba que fue un acto voluntario, ya que era la adolescente misma la que hacía llegar las fotos.

“Pero no, esto es un crimen del maestro. Y es agravado porque está corrompiendo a menores y abusó de su poder como maestro“, asegura.

Después de varios meses, el hombre fue arrestado. “No se sabe si cumplirá sentencia porque ha interpuesto un recurso. Pero es un logro que al menos por ahora esté tras las rejas y no todavía enseñando en la escuela”, explica la abogada.

Distintos daños que causa la violencia virtual.

Cortesía: FNS
La violencia virtual tiene una serie de consecuencias, recogidas en el informe de la Asociación para el Progeso de las Comunicaciones (APC).

Según el Código Penal de México “al que fije, grabe, imprima actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales en que participen uno o más menores de dieciocho años, se le impondrá la pena 10 a 14 años de prisión y de 500 a 3.000 días multa”.

Y establece el mismo castigo para quien reproduzca, venda, arriende, exponga, publicite o transmita este material.

“Sin redes de apoyo”

Adela Bonilla, directora de Equidad de Género y Desarrollo de las Mujeres en el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dice que estos videos pornográficos con mujeres indígenas “se pusieron de moda”.

Explica que muchas indígenas jóvenes llegan de sus comunidades al municipio chiapaneco en busca de una mejor vida, pero que ahí son muy vulnerables, que no tienen redes de apoyo y que algunas tienden al trabajo sexual.

“Las mujeres que se dedican al comercio sexual están en total indefensión y de ahí a ser víctimas hay solo un pequeño paso”, dice.

Dice que muchas de las que aparecen en los videos pueden estar siendo víctimas de estas redes. Y que en el ayuntamiento se plantea establecer un albergue para mujeres y menores.

También que, junto con la Secretaría de Turismo, se trabaja en concienciar al sector hotelero sobre el delito del comercio sexual infantil.

Se está haciendo que los hoteles firmen un código de ética para que, cuando un adulto llegue al establecimiento con un menor de edad, tenga que acreditar su relación.

“Chamulitas porno”

Por ahora es muy fácil encontrar, en pleno mercado central de San Cristóbal, material pornográfico de indígenas chamulas.

Se vende al lado de puestos de ropa interior, de comida o de gallinas vivas.

En los puestos de películas piratas, en la parte más recóndita, hay videos entre los que sobresalen los títulos de “Porno chamulitas”, en ediciones de varios años que prometen “puro video nuevo”.

Y además advierten: “En este material pueden aparecer personas que quizá conozca. Se recomienda discreción”.

Pero el etnoporno también se distribuye por internet.

El Frente Nacional para la Sororidad, una organización feminista que lucha contra la violencia sexual en la red, encontró durante un rastreo llevado a cabo entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 en Chiapas más de 800 videos de niñas y mujeres que no habían dado su consentimiento para hacerlos públicos.

También identificaron 122 “mercados de explotación de imágenes”, o plataformas que compilan sin consentimiento información de contenido sobre todo sexual principalmente de mujeres y niñas, para ser expuestas en páginas, blogs, redes sociales o nubes de almacenamiento.

Chiapas es uno de los 17 estados de México que aprobó la “Ley Olimpia” por la que los delitos digitales de índole sexual, como la distribución de contenido íntimo sin consentimiento, podrán ser perseguidos y castigados con penas de entre 3 y 6 años de prisión.

Activistas celebran la aprobación de una reforma que pena el acoso por internet.

Cortesía: FNS
El Frente Nacional para la Sororidad es una asociación de activistas que lucha contra la violencia sexual en la red.

Indígenas, “las más afectadas”

Que las víctimas sean mujeres indígenas es una agravante del delito, le explica a BBC Mundo la activista Olimpia Coral Melo, quien promueve la ley, que lleva su nombre, desde que se difundiera un video sexual.

“El etnoporno es muy lamentable. Las mujeres indígenas son las más afectadas por estos delitos y es una cuestión de desigualdad en lo económico, en la cultura, en el acceso a la tecnología”.

Apunta a que muchas indígenas no saben que tienen derecho al placer, a la intimidad, al sexo. “Muchas ni siquiera piensan en poner una denuncia, pues desafortunadamente, en su forma de pensar está el creer que deben ser utilizadas, que son fábricas de bebés y de amamantar”, opina.

Además, muchas ni siquiera tienen acceso a internet y no saben que circulan videos de ellas.

“Incluso aunque fuera una trabajadora sexual que aceptó ser grabada por uno de sus clientes, eso no quiere decir que haya dado su permiso para que se comercie con su cuerpo infinitamente“, apunta la activista.

Valeria Sastré, abogada especializada en derechos de la mujer, dice que en Chiapas hay unos 30 registros y carpetas de investigación de delitos contra la intimidad sexual, pero que hasta ahora ninguno se ha judicializado.

Al hablar de las razones, menciona el hecho de que se trata de un tema muy nuevo y que es difícil que se acepten las pruebas contra estos delitos.

“Es necesario hacer campañas multidisciplinarias para concienciar, porque también nos topamos con una visión patriarcal en las zonas indígenas, donde las mujeres no conocen sus derechos”, añade.

Por ahora, desde el Frente Nacional para la Sororidad, reportan los contenidos y hacen llamados para que se quiten de internet.

“No es una solución permanente ni muy efectiva, pero es necesaria para que sepan que estamos vigilando”.


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https://www.youtube.com/watch?v=GpyJ8GP7PWg

https://www.youtube.com/watch?v=o-FUmeEXFOI

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