Aprobada en lo general la Ley de Hidrocarburos; la izquierda insiste en una consulta popular
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Aprobada en lo general la Ley de Hidrocarburos; la izquierda insiste en una consulta popular

Con votos del PRI, PAN y PVEM, en el Senado avanzó uno de los cuatro dictámenes del paquete energético. En sus intervenciones, PRD y PT insistieron en que revertirán la reforma.
Por Tania L. Montalvo
18 de julio, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

En la primera sesión del periodo extraordinario del Senado, tras 13 horas de discusión, los legisladores sólo avanzaron en uno de los cuatro dictámenes que integran el paquete energético, pues con 90 votos a favor y 28 en contra se aprobó en lo general la iniciativa para crear la Ley de Hidrocarburos y reformar las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas; la discusión en lo particular iniciará este viernes 18 de julio.

Los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y del Verde Ecologista de México (PVEM) votaron a favor de este proyecto; mientras que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo hicieron en contra.

Destaca que Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y senador por el PRI, estuvo ausente durante la votación.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Energía, el priista David Penchyna, dijo que con la nueva Ley de Hidrocarburos mejorará la seguridad energética del país y además habrá mayor crecimiento económico y empleos.

“Estamos convencidos que el resultado de este debate y aprobación de las leyes en materia energética ocasionará en nuestro país aumentar la producción del petróleo y de gas natural; alcanzar mayores tasas de restitución de reservas de petróleo y de gas; fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos; disminuir los costos de producción de energía eléctrica en base al beneficio de todos los mexicanos”.

El senador panista, Salvador Vega Casillas, dijo que el voto a favor de los panistas es para que los mexicanos obtengan beneficios que les han sido negados por “mezquindad política”.

“En algunos casos, esgrimiendo razones históricas que sólo disfrazan dogmas políticos y un supuesto nacionalismo rancio, cerrado y retrógrada, alegando que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad deben seguir siendo monopolios de Estado para protegerlos, cuando el principal enemigo de estas empresas es justamente la falta de competencia que les impide ser eficientes en muchas áreas”.

En oposición a este primer dictamen, al menos en 43 ocasiones senadores del PRD y del PT tomaron la palabra —con 18 votos particulares y 25 intervenciones en contra durante el debate en lo general—para destacar lo que consideran “cambios adversos a los intereses de Petróleos Mexicanos”.

“Esta no es una reforma energética, este es un claro despojo petrolero. A pesar de la negativa explícita del artículo 27 constitucional para otorgar concesiones en materia petrolera, en las leyes de hidrocarburos y de ingresos de hidrocarburos se autorizan de facto a través de un complejo contratismo y licencias, las concesiones para explotar nuestros hidrocarburos sin mecanismos de protección a la población, al medio ambiente, a nuestra propia industria”, dijo la vicecoordinadora de los perredistas, Dolores Padierna.

Casinos, violencia y la Línea 12 del Metro

El discurso del panista Ernesto Cordero derivó en una serie de intervenciones en las que los legisladores encontraron oportunidad para olvidar el debate energético y cuestionar las decisiones políticas y escándalos del pasado tanto de los partidos políticos como de otros senadores.

El exsecretario de Hacienda destacó que con la reforma energética no se busca bajar el precio de combustibles si no generar empleos e hizo referencia a los discursos del PRD que emularon al expresidente Lázaro Cárdenas del Río, quien nacionalizó la industria petrolera en 1938.

Ni somos lacayos del imperio ni cobramos en ninguna empresa multinacional, queremos un futuro para nuestro país queremos que las próximas generaciones tengan mejores oportunidades que las que nosotros tuvimos. Tampoco venimos a engañar a nadie, a decir que de milagro van a bajar las gasolinas, el gas LP. El objetivo de esta reforma es generar empleo (…) Es muy romántico, muy emotivo y muy bonito venir a hacer referencias bolivarianas y de presidentes de hace más de 50 años de nuestro país. De eso no se trata. Esto no es del pasado, es del futuro y del presente de nuestro país”.

Cordero también acusó que quienes voten a favor del proyecto buscan que el país sea como Corea del Norte o Afganistán, pues además de México esos tres países son los únicos que conservan un modelo que no permite la participación de la iniciativa privada.

“No quiero que mi país sea como Afganistán y Corea del Norte, con todo respeto para mis queridos coreanos y afganistanos (sic)”, dijo Cordero.

Lo anterior derivó en varias respuestas de senadores del PRD que pidieron rectificar hechos, pues además de su oposición al dictamen, minutos antes de la intervención del panista, los perredistas usaron máscaras de cartón con la imagen de Cárdenas.

“Tampoco imagino un país como México que se parezca a Afganistán, pero déjeme decirle una cosa: en el sexenio que usted fue secretario de Hacienda, ha sido el sexenio en el cual más nos hemos parecido a Afganistán por una razón muy simple: México fue uno de los tres países, junto con Siria y Afganistán, donde hubo más muertos por violencia. Ya nos hemos parecido a Afganistán. Fue muy desafortunada su comparación con aquel país. Le paso el dato: en el 2011, en Siria murieron 55 mil personas; en México murieron 9 mil; en Afganistán murieron 7 mil 500. Ya nos hemos parecido a Afganistán”, le dijo a Cordero el senador perredista Zoé Robledo.

El senador Cordero no respondió a la alusión sobre la violencia pero sí tuvo un intercambio con Mario Delgado, también del PRD.

El perredista acusó que el panista “no tiene calidad moral para defender la reforma”; por lo que éste respondió: “Le voy a decir porqué sí tengo autoridad moral: porque cuando fui secretario de Hacienda, este país creció cinco veces más de lo que está creciendo ahora. ¿Queremos hablar de autoridad moral, senador? Explíquenos qué pasó con la Línea 12 del Metro. Creo que todos estaríamos muy interesados en saber lo que está pasando”.

Delgado es exsecretario de Finanzas del Distrito Federal, estuvo en el cargo durante la gestión de Marcelo Ebrard, cuando se inauguró la Línea 12 del Metro, actualmente suspendida en al menos doce estaciones por diversas fallas.

Pero los señalamientos no pararon ahí. El perredista Armando Ríos Piter criticó al exprecandidato presidencial en 2012, cuando perdió la candidatura de su partido ante Josefina Vázquez Mota.

“No puedo permitir que pase alguien y diga que fue el mejor secretario de Hacienda de la historia. Si fue tan bueno usted como secretario, tal vez hubiera sido candidato de su partido y hubiera mantenido la presidencia de la República”.

Las diferencias entre panistas y perredistas también involucraron al senador Roberto Gil Zuarth, cercano a Cordero; quien durante su intervención dijo que si Lázaro Cárdenas viviera votaría a favor de la reforma energética.

Pero a cambio, recibió un mensaje del perredista Zoé Robledo, quien tras recordar al expresidentes mexicano que nacionalizó la industria petrolera dijo: ““Lázaro Cárdenas no hubiera votado a favor esta reforma. Le recuerdo que Lázaro Cárdenas fue el presidente mexicano que prohibió los casinos en 1938. Cárdenas no hubiera andado con ustedes”.

Gil Zuarth fue acusado de recibir dinero de dueños de casinos para financiar su campaña a la dirigencia del PAN en 2010.

Entre esos dimes y diretes, el senador del PRD, Isidro Pedraza, solicitó al presidente de la Mesa Directiva, el priista Raúl Cervantes, revisar el quórum en la sala y agregó que también era necesario “pasar el alcoholímetro porque algunos ya andan fumigados”.

Consulta popular, la salida

Al saberse superados por la mayoría que suman los senadores del PRI, PAN y PVEM que aprobarán los cuatro dictámenes de este paquete energético, los senadores de izquierda insistieron en que la reforma energética será revertida en el 2015 con la consulta popular.

“En 2015 tenemos la enorme responsabilidad de rectificar el camino, de rescatar los principios que son parte de nuestra esencia, del pasado glorioso, pero ante todo, de garantizar un futuro de progreso, de avance democrático y bienestar para todos. No tengo la menor duda que la consulta de 2015 dejará sin efecto ésta, la reforma de la ignominia, de la vergüenza, que será recordada sólo como un pequeño pasaje oscuro que lograremos superar con la participación decidida del pueblo, que es el verdadero soberano”, dijo el senador del PRD, Raúl Morón.

En ese mismo sentido, en todos los votos particulares que presentó la izquierda se recordó que el perredismo impulsa una consulta popular para revertir la reforma energética.

Según Mario Delgado y Alejandro Encinas, del PRD; la consulta popular será la “mayor prueba” del debate energético, cuando participe la ciudadanía.

La Ley de Consulta Popular fue aprobada por el Congreso el pasado 6 de marzo e indica que los temas de “trascendencia nacional” podrán ser sometidos a una consulta cuando impacte a “una parte significativa” de la población y a la mayor parte del territorio.

Para que proceda la consulta se requiere que la petición sea hecha por el 2% del electorado, que equivale a un millón 600 mil firmas, aproximadamente; que deberán ser verificadas por el Instituto Nacional Electoral.

En diciembre pasado, tres senadores del PRD acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con un paquete con un millón 762 mil 242 firmas. Sin embargo, la mayoría de los ministros determinó que no podía pronunciarse sobre la constitucionalidad de la consulta popular vinculada a la reforma energética hasta que ésta no siguiera trámite en el Congreso, lo cual inició en marzo pasado.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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