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En el Senado, sin votos para acción de inconstitucionalidad contra Ley Telecom
En el Senado, sin votos para acción de inconstitucionalidad contra Ley Telecom
3 minutos de lectura
En el Senado, sin votos para acción de inconstitucionalidad contra Ley Telecom
07 de julio, 2014
Por: Tania L. Montalvo (@tanlmont)
@WikiRamos 
La legislación secundaria en telecomunicaciones se debatió el pasado viernes en el pleno del Senado. //Foto: Cuartoscuro.
La legislación secundaria en telecomunicaciones se debatió el pasado viernes en el pleno del Senado. //Foto: Cuartoscuro.

Además de que no tuvieron votos suficientes para frenar la aprobación de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones en el Senado, a sus opositores tampoco les alcanza para interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El artículo 105 de la Constitución indica que los legisladores podrán impulsar una acción de inconstitucionalidad cuando se cuente con el apoyo del 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión.

En el caso del Senado, se necesita la firma de al menos 44 legisladores, pero durante la votación en lo general que se llevó a cabo la noche del viernes, sólo 37 votaron en contra.

A ello se suma que, si bien toda la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) votó en contra del dictamen, algunos senadores de ese partido defienden las disposiciones del mismo.

Legisladores perredistas como Zoé Robledo, Armando Ríos Piter o Fidel Demédicis hablaron en el pleno del Senado para defender la legislación secundaria de telecomunicaciones pero tras una “recomendación” del Consejo Político Nacional de su partido, en el último minuto decidieron votar en contra.

Los senadores que durante toda la discusión se pronunciaron en contra del proyecto apenas suman 30, entre los que se encuentran doce legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).

En ese grupo está Javier Corral (@javier_corral), quien fue el primero en plantear la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad. La semana pasada, el panista dijo a medios de comunicación que juntaría las 44 firmas necesarias para presentar el recurso, pero tras la votación del viernes se confirmó que la oposición no alcanza el número mínimo requerido.

En manos de diputados

Tras la aprobación en el Senado, el proyecto de dictamen que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público del Radiodifusión del Estado Mexicano pasó a la Cámara de Diputados, en donde se recibió este sábado.

La discusión en la Cámara Baja iniciará este lunes 7 de julio en Comisiones Unidas de Comunicaciones, Radio y Televisión, para pasar al Pleno el próximo martes.

En la Cámara de Diputados, con los votos que suman el Partido Revolucionario Institucional (con 213), el Verde Ecologista de México (con 28) y Nueva Alianza (con 10) es suficiente para la aprobación del proyecto de dictamen.

Pero aunque no necesiten votos de la oposición, como ocurrió en el Senado, se espera que sumen el apoyo de algunos legisladores de Acción Nacional (PAN), que votaría dividido por el proyecto.

Sin embargo, entre los diputados es más viable que se junten las firmas necesarias para promover una acción de inconstitucionalidad ante la Corte.

Para cumplir con el mandato del artículo 105 de la Constitución, basta con la firma de 167 diputados que argumenten violaciones a la Carta Magna de parte de la legislación secundaria de telecomunicaciones.

En caso de que voten en bloque, como han solicitado sus dirigentes nacionales, a la oposición en diputados se suma la bancada del PRD con 101 votos, 20 de Movimiento Ciudadano y 14 del Partido del Trabajo.

Para la acción de inconstitucionalidad los opositores deberán buscar a mínimo 32 panistas de los 114 que integran la bancada.

Los argumentos principales para acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que la legislación secundaria reduce las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones en comparación con lo mencionado en la reforma constitucional de junio de 2013, tanto para la vigilancia de contenidos —que queda en manos de Gobernación—, como en la regulación de monopolios.

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