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Se enfrentan policías y civiles en Puebla; 20 heridos (imágenes)

La confrontación que llegó a gases lacrimógenos del lado de granaderos de la Policía Estatal Preventiva y palos, piedras y cohetes de parte de los pobladores se produjo pasadas las 15 horas de este 9 de julio, cuando los uniformados intentaron desalojar el plantón que habían instalado en el kilómetro 14 de la autopista Puebla – Atlixco.
Por Ernesto Aroche Aguilar
10 de julio, 2014
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Una veintena de heridos, entre policías estatales y pobladores, incluido un menor de 13 años y un fotorreportero, cuatro personas detenidas y agentes retenidos es el saldo que se reporta tras el enfrentamiento que se suscitó entre vecinos de la junta auxiliares de los municipios de Santa Clara Ocoyucan, Atzompa y Santa Isabel Cholula, Puebla, y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en la vía Atlixcáyotl a la altura del puente que comunica con la población de San Bernardino Chalchihuapan.

La confrontación que llegó a gases lacrimógenos del lado de granaderos de la Policía Estatal Preventiva y palos, piedras y cohetes de parte de los pobladores se produjo pasadas las 15 horas de este 9 de julio, cuando los uniformados intentaron desalojar el plantón que habían instalado en el kilómetro 14 de la autopista Puebla – Atlixco en protesta por el retiro de la facultad del Registro Civil a las autoridades auxiliares.

Pero no fue la única manifestación, otro grupo de manifestantes de las juntas auxiliares de San Pedro Cholula y de San Nicolás de los Ranchos cerraron por espacio de una hora el paso de vehículos en la avenida Forjadores, esto cerca del medio día.

Y a decir de Vladimir Luna Porquillo, integrante de la organización Los de Abajo, también se realizaron protestas en la región de Tehuacán, estas a cargo de pobladores y autoridades de juntas auxiliares de Ajalpan y del propio Tehuacán.

La medida, tomada por el Congreso del estado al reformar la Ley Orgánica Municipal, ha generado un enorme descontento y manifestaciones de rechazo en varios de los municipios más grandes del estado, lo mismo en la sierra norte que en la zona aledaña a la capital poblana y Tehuacán, en donde la semana pasada también se disolvió con gas lacrimógeno una manifestación y se detuvo a seis de los participantes.

A la par, un grupo de 50 presidentes auxiliares de las más de 600 autoridades de ese orden de gobierno, se pronunció la semana pasada exigiendo al Congreso y al gobierno del estado se les regrese la facultad, con el argumento de que representa parte de su identidad comunitaria.

Y acusaron a los legisladores de no consultar ni con ellos ni con sus comunidades la decisión de reformar la ley.

Al respecto, el Secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, acusó a los presidentes auxiliares de estar provocando las revueltas y sostuvo que con las modificaciones legales ahora serán las autoridades de las cabeceras municipales quienes deben ofrecer el servicio.

En ese clima de crispación social de un lado, y el rechazo de las autoridades a negociar el tema es que reventó la confrontación entre pobladores en las inmediaciones de San Bernardino Chalchihuapan, en donde resultó herido un menor de 13 años de nombre José Luis Alberto Tehuacatle, estudiante de secundaria, quien, de acuerdo con los inconformes con la reforma impuesta por el Congreso, fue golpeado por una bala de goma, aunque la versión de la Secretaría de Seguridad Pública, que se dio a conocer mediante un boletín informativo, es que fue víctima de los petardos de los manifestantes. Por la noche, la dependencia boletinó una nota confirmando, con declaraciones del neurocirujano Juan Carlos Benito Torres, que la herida había sido producida por un cohetón, pero horas más tarde la versión desapareció de la página electrónica del gobierno del estado. Por lo pronto, el joven convalece en un hospital de la capital poblana.

En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó vía un boletín que “se inició una investigación oficiosa con número de folio 2475 a fin de investigar presuntas violaciones a derechos humanos”.

Se aplicó la ley: gobernador; estaba enlatada: diputado

Entrevistado el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, informó que durante el operativo se aplicaron los protocolos de actuación de la recién aprobada Ley Bala, lo que contradice lo que hace unos días informara el diputado del PAN, Franco Rodríguez Álvarez, presidente de la comisión de Seguridad Pública, quien sostuvo que en tanto no se publique el reglamento respectivo, la ley no puede aplicarse.

Entrevistado, el gobernador lanzó un exhorto a los presidente municipales a que atiendan a la población de las juntas auxiliares directamente en sus comunidades e insistió en que el retiro del servicio a las autoridades auxiliares fue “una medida de control y que además está dentro de la ley”.

Aquí algunas imágenes del enfrentamiento captadas por la agencia Cuartoscuro:

Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

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AFP

Paro nacional en Colombia: decretan toque de queda en Bogotá tras nuevas protestas y saqueos

El alcalde informó, además, que unos 20.000 policías y 4.000 miembros del Ejército serán desplegados para reforzar la seguridad en la capital.
AFP
22 de noviembre, 2019
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Las autoridades de Bogotá decretaron este viernes toque de queda en tres zonas de la capital de Colombia por los “saqueos” y “actos vandálicos” registrados en una nueva jornada de protestas este viernes tras el paro nacional del jueves.

“Esta no es una marcha democrática. Aquí lo que tenemos es una minoría de delincuentes que destruye los bienes”, afirmó en conferencia de prensa el alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa.

El funcionario indicó que la medida abarcará las zonas de Bosa, Kennedía y Ciudad Bolívar, desde las 20:00 de este viernes (01:00 UTC del sábado) hasta las 5:00 del sábado.

El alcalde informó, demás, que unos 20.000 policías y 4.000 miembros del Ejército serán desplegados para reforzarán la seguridad en la capital.

De acuerdo con las autoridades de Bogotá, este viernes se reportaron algunos actos vandálicos en algunos sectores de la capital, como resultados de los cuales se vieron afectadas 76 estaciones y 79 autobuses del servicio de transporte conocido como Transmilenio, así como varios supermercados.

Las autoridades locales habían decretado en la mañana una ley seca en toda la ciudad que se extenderá hasta el mediodía del sábado 23 de noviembre.

El gran paro del jueves

Las protestas de este viernes en Colombia estuvieron precedidas por una jornada de manifestaciones el jueves, considerada entre las mayores en los últimos tiempos, que se saldó con al menos tres muertos y más de 250 heridos, según cifras del Departamento de Defensa.

Las marchas fueron convocadas como una iniciativa de los sindicatos para prevenir que el gobierno del presidente Iván Duque ejecute una reforma laboral y de las pensiones que consideran lesiva a los intereses de los trabajadores.

También reclaman más inversión en educación y medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se ha cobrado la vida de decenas de ellos desde que Duque llegó al poder, hace 15 meses.

Las organizaciones sociales también exigen al gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC alcanzado en 2016.

Bogotá

AFP
Bogotá volvió a sentir el sonido de los cacerolazos.

A la convocatoria se sumaron numerosos sectores sociales -estudiantes, docentes, indígenas, campesinos, mujeres, grupos opositores, así como defensores de los acuerdos de paz suscritos con la exguerrilla de la FARC.

En la capital, donde la jornada terminó el jueves con un inédito cacerolazo, durante el día se registraron al igual que este viernes, algunos disturbios tanto en zonas del centro como en el noroeste.

Otros se produjeron en Cali, donde el alcalde, Maurice Armitage, decretó el toque de queda en la noche del jueves tras los actos vandálicos registrados en varios puntos de la ciudad.

Antes del paro del jueves, el gobierno implementó de forma previa una serie de medidas que incluyeron el cierre de los pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú y el acuartelamiento en primer grado (máxima alerta) de las fuerzas militares.

Las protestas tienen lugar poco después una encuesta de la empresa Gallup correspondiente a octubre de 2019 ubicó el nivel de desaprobación de Duque en 69%, mientras que su aprobación era de apenas 26%.


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