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La Agencia que impulsó el Partido Verde en la energética, un atraso en política ambiental

Expertos consideran que este nuevo órgano es una “superagencia” que, en manos del Ejecutivo, quita fuerza a Semarnat y no está obligada a alinearse a la política ambiental del país.
Por Tania L. Montalvo
24 de julio, 2014
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PartidoVerde8

Foto:Cuartoscuro.

Ahora que México discute las leyes para abrir el sector energético a la iniciativa privada, uno de los órganos que se crean es la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos que acumula facultades que preocupan a los expertos, pues dicen que la convierten en una “superagencia” que no se alinea con la política ambiental del país.

“La propuesta es que la Agencia sea una entidad única con capacidad de llevar a cabo todos los procesos ambientales en el sector de hidrocarburos. Es juez y parte porque regula, sanciona, ejecutar y modifica permisos sin estar supeditada a la Secretaría de Medio Ambiente. En el momento en que se implemente, se vuelve una entidad aparte de la política ambiental del país”, explicó en entrevista Carlos Tornel, analista de políticas públicas e investigador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

La Ley de la Agencia indica que ésta depende del Ejecutivo, sólo debe coordinarse con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y tiene facultades para regular todas las actividades del sector de hidrocarburos sin injerencia de la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Entre otras cosas, la Agencia realiza los estudios de impacto ambiental para las actividades del sector, entrega autorizaciones, otorga modificaciones o ampliaciones de esos permisos, evalúa el cumplimiento de las reglas, investiga si ocurrió una violación a éstas, diseña las multas, emite las sanciones, propone nuevas inversiones y hasta la creación de Normas Oficiales.

“El crear una institución independiente de quienes determinan la política ambiental del país, en este caso Semarnat, tiene el riesgo de que la nueva institución se vaya por su camino y no se sincronice con las políticas ambientales y de seguridad industrial del país. Y si esta nueva agencia no está obligada a tener una coordinación estrecha con las otras instituciones, pues ahí vamos a tener una especie de divorcio de la política nacional ambiental respecto a lo petrolero.

“Y eso también tiene riesgos, pues esta agencia se convierte en una superagencia con una gran autonomía y una falta de rendición de cuentas y de transparencia y de alineamiento con las políticas nacionales”, dijo el consultor ambiental Daniel Chacón.

La Agencia fue una iniciativa presentada por la senadora Ninfa Salinas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y retomada en la reforma energética promulgada en diciembre pasado. La Ley para regularla es parte del cuarto dictamen del paquete legislativo que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado el pasado 30 de abril y que fue aprobado por la Cámara Alta este lunes.

El Partido Verde defiende la creación de la iniciativa con el argumento de que la actividad de hidrocarburos requerirá de una instancia ambiental especializada en el tema que pueda coordinarse con Semarnat, pero no depender de ésta.

“A partir de la separación de funciones y la especialización de los organismos reguladores, se fortalecen las capacidades para dar respuesta expedita a los altos riesgos de seguridad industrial y ambiental asociados a la actividad industrial petrolera, tomando en cuenta, no sólo los aspectos correctivos, sino preventivos, y en su caso, los sancionadores, como de remediación”, dijo la senadora del PVEM, Maria Elena Barrera.

Para el CEMDA, la agencia simplemente no es una buena idea, sólo crea más burocracia y una instancia que el sector no necesita pese al aumento de actividad en hidrocarburos.

“El sector ambiental tardó mucho tiempo en consolidarse, si bien su actuar todavía es perfectible se ha logrado crear diferentes instancias para el cuidado y regulación. Lo que sucede con esta nueva Agencia es que estamos generando un nuevo órgano desconcentrado que va a tener todas las capacidades que ya tiene la Semarnat y sus órganos desconcentrados, pero esta será solo para el tema de hidrocarburos. Al hacer esto, estamos quitándole muchas competencias al sector ambiental, quitándole fuerza y pasándolas a la nueva Agencia sin obligarla a ser parte de la misma política ambiental”, dijo Carlos Tornel.

La propuesta del Centro Mexicano de Derecho Ambiental es crear una unidad de coordinación en Semarnat para el sector de hidrocarburos, lo que permitiría fortalecer la política ambiental y dotar de capacidades para hacer frente al crecimiento de la actividad petrolera.

Las atribuciones de esta Agencia son consideradas por el CEMDA y organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente como parte de los “focos rojos” de la reforma energética.

“El proceso de la Agencia, la burocracia que crea viene a dificultar la regulación ambiental y viene a facilitar la aprobación de proyectos de hidrocarburos”.

El presidente de la Comisión de Energía, el priista David Penchyna —partido que tiene como aliado al PVEM— considera que pese a las críticas, la Agencia es un factor clave para que la industria energética “resplandezca”.

“Estamos asegurando que la extracción y la explotación de hidrocarburos ocurra con pleno respeto y protección al medio ambiente y en las condiciones de máxima seguridad, es un paso básico para que la industria energética resplandezca en nuestro país”.

La suma de atribuciones es para los legisladores del PRI y del PVEM una de las principales fortalezas del nuevo órgano ambiental, pues a través del Ejecutivo —que nombrará al director— “se regula, supervisa e inspecciona la protección al medio ambiente y a la seguridad industrial”.

Sin embargo, los expertos en el tema no coinciden en esas ventajas.

“No existe una sana distancia entre lo que es la vigilancia y el órgano regulador. Dentro de sí misma tiene las facultades reguladoras y de vigilancia y lo único que pasará es que la vigilancia va a estar supeditada a los propios reguladores”, dijo el consultor ambiental, Daniel Chacón.

La creación de la Agencia depende todavía de que la Ley que la regula sea aprobada por la Cámara de Diputados —en donde el PRI y el PVEM suman mayoría— y sea promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.

La discusión en el Pleno de la Cámara Baja iniciará el próximo lunes 28 de julio y según el calendario que se han impuesto los mismos legisladores, todas las leyes energéticas, incluida la de esta Agencia, estarán aprobadas en la primera semana de agosto.

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AFP

El gobierno de EU pide cadena perpetua más 30 años de cárcel para 'El Chapo' Guzmán

La fiscalía estadounidense presentó un memorando de sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión para Joaquín "El Chapo" Guzmán como líder del cartel de Sinaloa. El juez decidirá la pena la semana próxima.
AFP
11 de julio, 2019
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El gobierno de Estados Unidos definió qué pena quiere para Joaquín “El Chapo” Guzmán por ser un líder “despiadado y sanguinario” del narco en México: cadena perpetua más 30 años de cárcel.

El memorando de sentencia fue presentado por la fiscalía de EE.UU. al juez Brian Cogan este miércoles, cuando resta una semana para la fecha definida por éste para dictar sentencia a Guzmán en Nueva York.

Todo indica que el dictamen que aguarda a “El Chapo” es pasar el resto de su vida en prisión, al menos antes de apelar el fallo, ya que el gobierno ha evitado pedir la pena de muerte como parte del acuerdo para extraditarlo desde su México natal.

Uno de los abogados de Guzmán, Jeffrey Lichtman, indicó en un comunicado que su cliente “enfrenta una sentencia de por vida obligatoria, por lo que incluso si el gobierno solicitaba un año de prisión, el juez Cogan debe sentenciarlo a cadena perpetua”.

El pedido de la fiscalía ocurre una semana después que el propio juez rechazara un pedido de “El Chapo” para ser sometido a un nuevo juicio en EE.UU., al advertir que hubo una “cadena montañosa de pruebas contra el acusado”.

La fiscalía anunció además que presentará pedidos de restitución a víctimas identificables de conspiración de asesinato por parte Guzmán, aunque por ahora solo una de ellas indicó que pretende seguir ese reclamo.

Los cálculos del gobierno

“El Chapo”, de 62 años, fue hallado en febrero culpable de los 10 cargos por narcotráfico que enfrentaba, en un juicio considerado el mayor en la historia de EE.UU. por drogas.

En su memorando de sentencia, la fiscalía sostiene que probó que Guzmán “fue responsable de la importación o intento de importación dentro de EE.UU. de al menos 1.213.100 kilogramos de cocaína”.

Agrega que además hizo lo mismo con “1.440 kilogramos de cocaína base, 222 kilogramos de heroína, 49.800 kilogramos de marihuana y cantidades de metanfetamina”.

Corte de Estados Unidos donde se enjuició a El Chapo.
Getty Images

El juicio de “El Chapo” es considerado el mayor en la historia de Estados Unidos por narcotráfico.

Todo esto, señala el gobierno, como líder de “una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas de México”, apelando al secuestro, tortura y asesinato.

“La abrumadora evidencia en el juicio mostró que el acusado era un líder despiadado y sanguinario del Cartel de Sinaloa”, sostienen los fiscales.

Y recuerdan que sólo por el primero de los cargos en los que “El Chapo” fue encontrado culpable, el de liderar en una empresa criminal continua entre 1989 y 2014, “la sentencia mínima obligatoria es la cadena perpetua”.

Agrega que el pedido de 30 años adicionales se debe a que el jurado condenó a “El Chapo” por el uso ilegal de un arma de fuego en relación con el narcotráfico, ofensa que involucró una ametralladora y tiene esa sentencia mínima obligatoria consecutiva a la cadena perpetua.

“Juicio espectáculo”

Por otro lado, el gobierno solicitó “la restitución de las víctimas de conspiración de asesinato por un monto que luego determinará la Corte”.

“Todas menos una de las víctimas con las que el gobierno pudo ponerse en contacto indicaron que no buscarían la restitución en este caso”, añade la fiscalía, que aguarda una declaración jurada de quien aceptó, cuya identidad se desconoce.

Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", fue capturado en México y enjuiciado en Estados Unidos.

Getty Images
Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, fue capturado en México y enjuiciado en Estados Unidos.

La semana pasada, el gobierno de EE.UU. ya había presentado una solicitud de decomiso de más de US$12.700 millones a “El Chapo”.

Esta suma surge de una estimación del valor de mercado de las drogas traficadas por Guzmán, sin considerar los costos operativos del negocio.

En su respuesta de este miércoles al memorando de la fiscalía, el abogado defensor de “El Chapo” sostuvo que el pedido de restitución a las víctimas “es una ficción muy parecida a la solicitud de decomiso de US$12.700 millones”.

“El gobierno no ha localizado ni un centavo de sus activos. Todo parte del juicio espectáculo”, indicó Lichtman.

Además, insistió con el argumento de que el jurado mintió y cometió “crímenes” en el proceso, pese a que el juez ya desestimó esto como base para aceptar el pedido de un nuevo juicio.

“Ni el juez ni el gobierno se preocupan”, protestó Lichtman. “Por esta razón, siempre habrá una mancha de injusticia en este veredicto”.


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