Mamá Rosa, entre dos historias
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync

Mamá Rosa, entre dos historias

El rescate de 438 niños del albergue La Gran Familia en Zamora, Michoacán, y la detención de su fundadora Rosa Verduzco y sus colaboradores por presuntos abusos sexuales, malos tratos y condiciones insalubres; no sólo ha desatado la polémica entre sus partidarios y detractores, también pone de manifiesto la falta de supervisión gubernamental a las estancias infantiles.
Por Majo Siscar @majosiscar
17 de julio, 2014
Comparte

En Zamora, cuando los niños se portan mal los amenazan con llevarlos “a dónde Mamá Rosa”. Se refieren al orfanato La Gran Familia que tiene 70 años en el municipio. Su directora y fundadora es Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, una anciana de 82 años que desde los 13, recoge a niños abandonados. La Casa Hogar se fundó en 1954 y en estos 60 años han pasado miles de infantes por ella. En 1973 se convirtió en Asociación Civil y Mamá Rosa, como le llama la chaviza, la levantó con su empeño y la aportación de donantes que van desde los propios zamoranos, a los diferentes niveles de gobierno e incluso fundaciones internacionales renombradas.

Mamá Rosa es una mujer polémica. Mientras alcaldes, gobernadores y hasta los dos expresidentes panistas se tomaban la foto con ella, los zamoranos conocían de su mano dura. “Nos asustaban con llevarnos allí, porque ella era un sinónimo de disciplina, sí parecía un reformatorio, ella tan estricta pero tenía que lidiar con tantos niños, seguro cometió muchos errores, como que les pusiera el apellido de ella, no ha sido todo miel sobre hojuelas, pero yo no veo ese demonio que quieren presentar”, explica José, un zamorano de 30 años cuyos padres cada año daban parte de la cosecha de ciruelas al albergue.

En el refugio se recogían niños sin hogar, algunos incluso direccionados por el propio DIF, u otros que algunos padres entregaban por no poderse hacer cargo o bajo la idea que los disciplinase. Un reportaje disponible en internet, publicado en enero de 1975 en la revista Selecciones del Reader’s Digest ya cuenta cómo Rosa aplicaba tanto afecto como golpes, según lo considerara conveniente. En uno de los pasajes se relata cómo lidió ante un joven que fue a parar al refugio recién salido de un reformatorio que le habló de manera soez:

“-¿Le has hablado así a algún carcelero? ¿Qué sucedió entonces?

-Me dio un puñetazo- repuso el muchacho.

Y ¡zaz! Rosa le asestó un derechazo que le hizo tambalearse”.

Sus conocidos aseguran que era burda y mal hablada, pero jovial y enérgica. “Es un sargento, a ella nada se le atora”, explica con cariño Javier, un zamorano de 58 años que la trata desde que era niño, ya que su familia siempre ha cooperado con el albergue. La banda de música y el coro de la institución iban cada cumpleaños a cantarles “Las Mañanitas” a sus abuelos, en agradecimiento por sus aportaciones. Todavía el sábado pasado, 12 de julio, comió con ella. La mujer llegó vestida como de costumbre, con camiseta de algodón, huaraches y falda de cuadros de donde cuelga la radio con la que se comunica con sus colaboradores. “Ella es una mujer muy humilde, sí tiene una camioneta que le regalaron empresarios pero no tiene ni celular, todo lo que recolectaba era para los niños”, cuenta.

Tres días después de ese almuerzo, un operativo de soldados y policías con armas de alto calibre catearon el albergue y la detuvieron. En un estado como Michoacán, acuciado por el crimen, Rosa y nueve de sus colaboradores están bajo la custodia de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO) acusados de secuestro, maltrato infantil y abusos sexuales. “Rosa no es ninguna criminal, puede haber cometido faltas, ¡si uno las comete con sus propios hijos! pero que se resuelvan en los tribunales, no que la traten como una narcotraficante”, alega Javier.

Víctimas denuncian violaciones y maltrato

La PGR ordenó la detención después de integrar una averiguación previa a partir de cinco denuncias de padres que querían recuperar a sus hijos, allí alojados, y no se lo permitían. La misma Verduzco había explicado en ocasiones anteriores que si algún padre le llevaba un niño, les hacía firmar un contrato notarial en qué le otorgaban la custodia y le aseguraban pagos mensuales entre 20 y 40 pesos. Ella alegaba que criar un niño no era un juego y que una vez estaba integrado y recibiendo educación no podían llevárselo de regreso a una familia, en muchos casos, disfuncional. Cuando llegaban bebés o nacían allí dentro, la mujer los reconocía legalmente como suyos y les daba su apellido.

“Hay un descuido tremendo de los padres, ¿cómo dejas a tu hijo en una cárcel? pero hay muchas realidades, gente pobre sin recursos, migrantes,… Y ya que cometieron la falta lo peor estaba por venir. No podían verlos y si lo hacían era vigilados por una cuidadora que no dejaba que hablaran de los abusos”, cuenta María Ampudia, presidenta de la Fundación ¿Y quién habla por mi? que ha coadyuvado en la investigación con la PGR.

Otra de las acusaciones difundidas en los medios es que “La Jefa”, como también era conocida, obligaba a los menores a pedir limosna. Efectivamente los zamoranos recuerdan que cada enero, sacaba a algunos niños e iba casa por casa, empresa por empresa y hasta a los salones de clase a pedir cooperación para su albergue. Bocina en mano iba recitando lo que cada uno le daba como “en una suerte de competencia para captar más fondos”, alega José. El evento estaba tan establecido en el municipio que tenía nombre, “El kilómetro de Plata”. Los niños desfilaban del albergue, la banda de música tocaba, y la mujer anunciaba por el altavoz cuanto cooperaba cada quién. “Hacía relajo, pues. Hace falta mucho dinero para criar a tantos niños”, espeta Javier.

Se estima que por La Gran Familia han pasado unos cinco mil niños. El martes 15 de julio, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) cateó el refugio había 600 personas, de los cuales 438 eran menores y otros 10 no han sabido identificar su edad. Cerca de 140 tenían más de 18 años pero algunos alcanzaban los 40 años. Muchas de las personas presentaban síntomas de desnutrición y malos tratos, y el lugar estaba en condiciones de insalubridad. Según Ampudia, no les dejaban marcharse aún y con su mayoría de edad.

“Mira yo sé de 15 adultos que eran discapacitados pero allí tenían cobijo y se sentían útiles ayudando. Otros, pues como en muchas familias, no querían salirse de su casa, pero es mentira que no les dejara salir, yo conozco muchos que allí se criaron y que ahora son profesionistas o se fueron a los Estados Unidos”, cuenta María Luisa Marín, sobrina de Verduzco y odontóloga que trabajó varios años en el refugio.

La PGR tomó declaración hasta ahora de 12 personas del albergue, y cinco de ellas denunciaron haber sido forzadas a practicar sexo oral con alguno de los vigilantes e incluso una dijo haber sido violada y haberse embarazado fruto de las violaciones. También reportan malos tratos y castigos extremos como haber sido encerrados en una celda de castigo durante días sin agua ni alimento. Otra niña asegura que llegó engañada porque Rosa ofreció liberar a su prima a cambio de que ella se quedara, pero cuando ingresó, no dejó salir a ninguna de las dos.

El Procurador, Jesús Murillo Karam, reconoció en conferencia de prensa que “los primeros sorprendidos del tamaño del problema fuimos nosotros” ya que tanto el gobierno local como el Federal ha dado apoyos al albergue. “Considerábamos este centro como uno de los centros en que el que podíamos confiar el cuidado de los menores”, se defendió.

El estado, ¿omiso, cómplice o verdugo?

El mismo expresidente Vicente Fox, cuya esposa, Marta Sahagún es originaria de Zamora y según ella misma reconoce mantiene relación con Verduzco, salió a apoyarla en las redes sociales: “Mamá Rosa solidario contigo, sé que eres fuerte y sé todo el bien que has hecho a miles de niños y jóvenes, ánimo, te mando un fuerte abrazo”, escribió en Twitter.

En la red han circulado fotos de Verduzco con el matrimonio Fox-Sahagún así como con Felipe Calderón y Margarita Zavala. También aparece con los exgobernadores Leonel Godoy y Fausto Vallejo, y los diferentes alcaldes de Zamora y Jacona.

El intelectual Enrique Krauze abogó desde el martes por su presunción de inocencia ya que dijo visitar periódicamente el refugio desde hace más de una década. El historiador Jean Meyer aseguró en el programa Atando Cabos que conduce Denise Merker en Radio Fórmula que estuvo en mayo en el albergue y no vio ninguna situación de insalubridad. Además dijo que la Presidencia donó dinero en este sexenio para mejorar sus instalaciones. La Comisión de Fomento a OSC reporta que entre 2009 y 2013 recibió 820.286 pesos por parte de la Secretaría de Educación Pública y de la de Desarrollo Social. Según el portal Fondos a la vista  que ofrece información institucional y financiera sobre las organizaciones de la sociedad civil el albergue recibió en 2010, donaciones anónimas por 2 millones 54 mil pesos y gastó poco menos de 1.8. Las cifras disponibles de 2009 y 2008 reportan montos similares.

Ante todos estos apoyos, la activista contra la trata de niños, María Ampudia, se pregunta “¿Hasta dónde llegaron a ver? Ella se vendía como generosa, pero por cada niño que atendía había miles de dólares atrás y con ello apoyaba candidaturas”. Al entrar con el operativo la activista se horrorizó por las condiciones en que se encontraba el lugar. “Cuando yo llegué la comida descompuesta pegada en el suelo con cucarachas, la cocina un asco, una bodega con comida podrida, otra con cobijas y zapatos nuevos cuando los niños usaban cobijas orinadas y con piojos, 21 niños en una habitación, un agujero por donde se escapan los niños… Como el peor de los reclusorios, cero dignidad”, explicó ayer 16 de julio desde el mismo albergue vía telefónica.

El orfanato cuenta con dos edificios en un terreno en la salida de Zamora hacia Jacona. Además de la zona habitacional contaba con aulas escolares, una granja de animales y un taller de oficios. Pero al entrar, las autoridades descubrieron que el hogar estaba infestado de plagas, insalubre y con comida en mal estado. María Ampudia asegura que tiene 400 testimonios de niños que denuncian vejaciones.

Ampudia niega que Verduzco pudiera tener en algún momento buena voluntad. “Ella quería causar lástima para obtener más beneficios, su gran ganancia fue el dinero y el poder”, critica. En cambio, desde Zamora, Javier recalca que Rosa es una activista social. “No sólo se hizo cargo de los niños que la sociedad no quería, sino de los que tampoco quería el gobierno. Y creció a miles, claro que no los podía controlar a todos”, aduce. Para José, es inexplicable que el DIF reenviara niños si había estos reportes. “Yo estuve y obviamente no era el paraíso, porque no había los recursos, pero si el mismo gobierno la apoyaba, ¿porqué ahora la quieren lapidar? ¿Se volvió perversa a los 80 años? ¿O es que ahora ya está débil y enferma y tienen que intervenir su legado?”

En el foro que acompaña una nota del diario Cambio de Michoacán sobre la entrega de ropa por valor de 240 mil pesos por parte del alcalde de Zamora en 2011, varios testimonios de muchachos que habían estado internos también denuncian malos tratos, abusos sexuales y mala alimentación. Y a la vez familiares reclaman que no les hacen caso en las instituciones de procuración de justicia.

En entrevista con Milenio Televisión, Rosi Orozco de la organización Unidos contra la trata, apuntó que el problema de fondo es que “no hay interacción entre la sociedad civil y las autoridades”. Orozco señaló que, a excepción del DF, no existe una supervisión planeada de estos orfanatos en el país que asegure las condiciones de una vida digna para los niños. “Muchos de estos refugios empiezan a deteriorarse por la gran cantidad de niños que reciben y la falta de recursos pero no debe tratarse como delincuencia organizada. Hay que supervisar estos refugios y ver como ayudamos como sociedad”, relató. Según sus datos, en la supervisión de los albergues infantiles del Distrito Federal del año pasado, solo el 2% cumplían todos los requisitos que marca la ley.

Las estancias deberían contar con trabajadores capacitados para atender las necesidades de los niños, sin embargo, en este caso, la mayoría de los colaboradores de Rosa eran niños que habían crecido allí y se quedaban, incluso formando su propia familia.

Después de este operativo, la PGR se comprometió a revisar el resto de albergues michoacanos. Murillo Karam reconoció que es una de las averiguaciones que más le ha impactado al “encontrar actitudes verdaderamente inhumanas” y afirmó que más allá de la polémica entre partidarios y detractores actuará “estrictamente con fundamento en evidencias y con el cuidado de quienes son víctimas”.

Mientras tanto, las más de 600 personas rescatas han regresado al albergue, donde son atendidos por el Estado y se les están practicando pruebas de ADN para certificar su identidad. A las afueras del recinto, la televisión muestra padres que buscan a sus hijos hacen guardia junto a jóvenes que aseguran que también crecieron ahí y que “no les fue mal”.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Qué resultados tuvo la nacionalización del litio en Bolivia (y por qué AMLO pidió su asesoría)

Ha pasado más de una década desde que Evo Morales anunció que el Estado se haría cargo de potenciar una industria del litio. ¿Qué ha ocurrido en estos años y qué está haciendo el país para aprovechar la alta demanda del mineral?
30 de abril, 2022
Comparte

Han pasado 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado “oro blanco” que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.

Es tan codiciado que las proyecciones de expertos estiman que su precio podría subir exponencialmente en los próximos 20 años en medio de la transición energética que está experimentando el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

Y ahora que la guerra en Ucrania le ha dejado en claro a Occidente que es peligroso depender del gas y el petróleo que exporta Rusia, hay una acelerada carrera por conseguir aquellos metales necesarios para electrificar las economías.

Siendo parte de los metales considerados como “el nuevo petróleo” del siglo XXI, la producción de litio pasó a ser en 2008 un producto manejado por el Estado de Bolivia con el objetivo de que la riqueza de su venta beneficiara a todos los bolivianos.

A más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno mexicano puso sobre la mesa hace unos días el plan de nacionalizar el codiciado recurso reformando la Ley de Minería para que el litio sea explotado “únicamente por el Estado”.

El blindaje al litio mexicano

“No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.

La reforma estipula que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado”, que será patrimonio de la nación y “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México” por lo que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”.

AMLO

Gobierno de México
El presidente de México ha dicho que busca asesorarse con el gobierno de Bolivia.

En 2008 Bolivia inició un viaje parecido. El gobierno de Morales apostó porque el Estado manejara toda la cadena productiva sin intervención de empresas extranjeras, un modelo de negocios muy diferente al del gas natural, donde se han hecho alianzas con firmas que tienen un 49% de participación en el negocio, mientras que el 51% restante queda en manos del Estado.

Pero con el litio intentaron controlar toda la cadena, con la promesa de que Bolivia crearía fábricas de baterías y hasta autos eléctricos.

La imagen podría haber sido un Tesla versión boliviana al lado del salar de Uyuni.

Pero no fue así.

Ahora, el presidente Luis Arce, ha trazado un nuevo rumbo para, después de muchos años de intentos fallidos, concretar las alianzas estratégicas con empresas privadas extranjeras que ofrecen la tecnología necesaria para que despegue el negocio.

Luis Arce.

Getty Images
Luis Arce, presidente de Bolivia, recibirá propuestas de ocho empresas extranjeras para el desarrollo del litio.

Según dijo AMLO, su gobierno le ha pedido asesoría a Bolivia para desarrollar su propio negocio estatal del litio sin participación de empresas extranjeras.

Pero… Bolivia está -en este preciso momento- trabajando con empresas extranjeras en el desarrollo de negocios compartidos.

Las ocho empresas interesadas en participar están analizando las muestras del mineral con el fin de presentar sus propuestas en las próximas semanas y el gobierno tiene previsto el anuncio de los ganadores de los contratos hacia fines de mayo.

¿Cuál será el tipo de asesoría que le entregará el gobierno boliviano al mexicano? Por ahora no está claro.

Un “botín de guerra”

Morales tenía un plan ambicioso: contar para 2015 con toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.

Ese objetivo no se consiguió, como tampoco se logró que Bolivia exportara grandes cantidades de cloruro de potasio y carbonato de litio, los dos principales productos de litio que el país vende en el mercado internacional.

Salar de Uyuni, Bolivia.

Getty Images

“La estrategia falló”, le dice a BBC Mundo Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y consultor internacional.

“No funcionó porque faltaban los recursos humanos calificados, la tecnología, la estrategia y la voluntad política”, agrega.

Bolivia solo produce 500 toneladas al año de litio, una cantidad que Zuleta considera muy baja para que pueda poner un pie firme en el mercado.

Uno de los problemas, apunta, es que los gobiernos han tomado al litio como un “botín de guerra” con una perspectiva más política que técnica y con un gasto cercano a los US$800 millones que no ha dado los frutos que se esperaban

Una prueba contundente del fracaso, argumenta el experto, es que el actual gobierno boliviano cambió drásticamente el rumbo de lo que venía haciéndose en el país, convocando a ocho empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del metal.

Si bien es cierto que durante los gobiernos de Evo Morales hubo acercamientos con firmas privadas, los acuerdos comerciales no llegaron a buen puerto.

“Tecnologías mucho más ecológicas”

“La nacionalización del litio en Bolivia ha sido una buena idea pero el proceso ha tardado demasiado“, señala Diego Von Vacano, catedrático de Ciencia Política en la universidad Texas A&M University, Estados Unidos, y colaborador externo del actual gobierno.

“Con el gobierno de Luis Arce el tema se ha comenzado a tomar en serio. Lo que no se logró en más de una década se avanzó en un año”, le dice a BBC Mundo.

Salar de Atacama, Chile

Getty Images

Von Vacano explica que los gobiernos anteriores hicieron esfuerzos por sacar adelante el desarrollo del litio en beneficio de los bolivianos, pero que no contaban con la tecnología necesaria para lograrlo.

De hecho, sostiene, ni siquiera existía la tecnología necesaria para extraer el litio de la salmuera boliviana, la cual es muy diferente a la que existe en otros países.

Recién en los últimos tres o cuatro años, explica, “han surgido nuevas tecnologías mucho más ecológicas”.

Desde otra perspectiva, Von Vacano sostiene que los gobiernos anteriores centraron sus esfuerzos en otras prioridades como, por ejemplo, el desarrollo de la industria del gas natural.

“Creo que ahora realmente va a despegar la industria del litio en Bolivia para aprovechar las ventanas de oportunidades”.

¿Por qué AMLO le pidió asesoría a Bolivia?

La reforma a la Ley de Minería propuesta por el gobierno mexicano dice que “la minería en México ha representado en los últimos 30 años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.

Para la nacionalización del litio, la reforma contempla que “un organismo público descentralizado” se encargue de su exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.

Batería eléctrica de auto

Getty Images
El litio es uno de los elementos clave para fabricar baterías eléctricas.

Beatriz Olivera, directora de la organización social Engenera, plantea que AMLO le ha pedido asesoría a Bolivia por su larga experiencia en la extracción y procesamiento de litio y también por una cuestión de afinidad política.

“La apuesta es que el gobierno mexicano tenga un control total del mineral en la exploración, extracción y procesamiento. Esto se debe en parte, a las fuertes críticas que ha hecho el presidente a las empresas mineras privadas que están plenamente justificadas”, dice Olivera.

El problema, apunta, es que las empresas privadas en México tienen una regulación minera que les favorece, “incluso por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

“El presidente ha dicho que son empresas que contaminan y no le dejan nada al país. Incluso no pagan impuestos”, explica.

Salar de Jujuy, Argentina.

Getty Images
Argentina desarrolla su industria para hacer más eficiente la producción de los químicos del litio.

Respecto al ejemplo de Bolivia, Olivera dice que si bien el proyecto del gobierno no contempla alianzas con empresas privadas, quizás éstas puedan desarrollarse en el futuro.

Mirando el caso boliviano, Carlos Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana especialista en tratados y comercio internacional, señala que el gobierno del país sudamericano “finalmente recapacitó” y entendió que el desarrollo de experiencia y de tecnología requiere de recursos de los que no necesariamente dispone el Estado.

Argentina y Chile, por ejemplo, que también se han reservado la titularidad del Estado sobre la explotación del litio, sí han concretado asociación con particulares para poder llevar a cabo la producción.

El resultado es que esos países, especialmente Chile, “se encuentran entre los principales productores de litio del mundo. Bolivia, con una extensión mayor de reservas, no se encuentra en ese listado”, señala Aguirre.

Auto eléctrico

Getty Images
El mercado de autos eléctricos ha aumentado rápidamente. Sus baterías requieren litio.

En eso coincide Francisco Ortiz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.

A su juicio, AMLO anunció la búsqueda de asesoría en Bolivia porque “es un mensaje propagandístico, un mensaje más ideológico que con fundamentos técnicos”.

Desde un punto de vista publicitario, apunta, “es un discurso muy bueno para sus seguidores” por el acercamiento a otros gobiernos de su misma línea.

Ortiz espera que la nacionalización del litio en México no termine como la experiencia de la petrolera estatal Pemex.

“Pemex tiene una deuda gigantesca. La riqueza ha generado pobreza, ha generado deudas por una mala administración. El riesgo es que con el litio tengamos otro Pemex“.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=nniRPDLfaJ0

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.