Para las académicas que participaron en el Grupo de Trabajo que revisó la solicitud de Alerta de Violencia de Género en Guanajuato, las 13 recomendaciones que recibió el gobierno estatal para proteger a las mujeres de la entidad no contemplan todas las medidas necesarias para frenar la violencia que encontraron, pues acusan que los representantes del gobierno estatal y federal frenaron muchas de las propuestas.
“Hay recomendaciones importantes que quedaron fuera. Quienes somos parte de este grupo de académicas que estudió e investigó estuvimos sometidas a que las recomendaciones salieran con lo mínimo. El Instituto de la Mujer Guanajuatense se convirtió en el principal opositor a toda recomendación real, no representó los intereses de las mujeres, se convirtió en un opositor de los que buscábamos medidas para acabar con la violencia”, explicó Cynthia Galicia, académica del Colegio de México.
El gobierno de Guanajuato recibió el pasado 10 de julio las conclusiones del Grupo de Trabajo encargado de atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género que presentó la organización civil Las Libres tras denunciar que en el 2013 se triplicaron los feminicidios en la entidad, pasando de 24 a 73, además de que hasta marzo de 2014 ocurrieron otros 12.
[contextly_sidebar id=”VFbgn4DOIEaIC5bnnVNGj643aKv0Irw5″]Ese Grupo estuvo integrado por representantes del Instituto Nacional de las Mujeres, por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres —dependiente de la Secretaría de Gobernación—, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dos integrantes de alguna institución académica estatal con especialidad en violencia contra las mujeres, dos personas de alguna institucional nacional y personal del Instituto de la Mujer Guanajuatense.
Según lo establecido en la legislación, en caso de que el gobierno de Guanajuato —en manos del panista Miguel Márquez Márquez—, no cumpla en un plazo de seis meses con las 13 recomendaciones emitidas, se declarará la Alerta de Violencia de Género, lo que nunca ha ocurrido en alguna entidad del país.
Además de esas 13 recomendaciones, las integrantes independientes del Grupo de Trabajo, es decir, sin vínculo con el gobierno estatal o federal, consideran que se dejaron fuera las siguientes propuestas, también indispensables para acabar con la violencia, y que fueron rechazadas por los representantes de instituciones públicas:
-En los casos en los que exista evidencia clara o mera sospecha fundada de que existe feminicidio, las investigaciones deben iniciarse de oficio y llevarse a cabo inmediatamente y de modo profesional y exhaustivo por personal especializado.
-Los actos presuntamente constitutivos de violencia contra las mujeres deberán investigarse de manera exhaustiva, seria e imparcial. Las investigaciones deben estar orientadas a explorar todas las líneas de investigación posibles para conocer la causa de los hechos y permitir la efectiva identificación de los autores del delito, pues actualmente en la mayoría de los casos se desconoce qué ocurrió.
-Se debe recopilar información sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres, que pueda ser utilizada en las investigaciones y posteriormente en la evaluación de los cuerpos de investigación.
-La obligación de las instituciones de salud de dar aviso al ministerio público sobre hechos constitutivos de violencia contra las mujeres, no se cumple actualmente. Se propone reforzar el cumplimiento de estas instituciones siempre tomando en cuenta el derecho a la privacidad.
-Se requiere observar y sugerir acciones de mejora a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato sobre sus funciones para la investigación y persecución de delitos y de delincuentes vinculados a violencia contra las mujeres. Estas acciones incluyen al Ministerio Público, a la Policía Ministerial y a Servicios Periciales.
-Proteger la seguridad, la privacidad y la intimidad de las víctimas, proporcionándoles en todas las fases de la investigación información sobre sus derechos y la forma de ejercerlos.
-Se debe tener acceso a la información correspondiente al homicidio de una mujer independientemente de que se tipifique como feminicidio.
El gobierno del estado de Guanajuato ya aceptó las 13 recomendaciones que sí fueron aprobadas. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos dijeron este martes que a lo largo de los seis meses que dura el plazo para completar esos puntos, vigilarán que se cumplan a cabalidad y no haya interpretaciones.
También planean insistir en que las recomendaciones que quedaron fuera del documento sean tomadas en cuenta para garantizar que en la entidad las mujeres ejerzan su derecho a vivir libres de violencia.
