Foto: Majo Siscar.

Dulce Marahy Castillo no quería ir ese lunes a su clase de danza que tomaba como parte de la oferta de cursos de verano del DIF municipal de Sanctórum, en Tlaxcala. Tenía cinco años y medio. Su mamá, Rosario Castillo la animó. Debía dejarla allí porque tenía que acompañar a la abuela, ciega, al doctor. Era el 23 de julio de 2012 y el curso debía transcurrir de 11 a 12 horas. Rosario dejó a Dulce a las 11.15 en las instalaciones del DIF, a la entrada del municipio. La clase no había empezado pero allí estaban los niños y la oficina estaba abierta. Rosario regresó a su casa y llevó a su madre a la clínica, confiada que su hija estaba en buenas manos.

A las 11.45 su cuñada. Silvia Savala. interrumpió la consulta médica. Dulce había sufrido un accidente y se la habían llevado al Hospital General de Calpulalpan, a 20 kilómetros. Fue la prima de Dulce, quien también se encontraba en el DIF, la que avisó a su madre y ésta a Rosario. Ni el profesor que debía impartir la clase, ni la directora del DIF le hablaron a Castillo para avisarle. Tampoco acompañaron a la niña al hospital. Según le informaron los médicos llegó ya sin vida al nosocomio.

El profesor no había impartido la clase ni había vigilado a los pequeños. Los niños, una treintena entre 4 y 12 años, se pusieron a jugar en las instalaciones. La presidencia municipal usaba el baldío donde estaban los juegos infantiles como una suerte de estacionamiento y bodega donde arrumbaba maquinaria vieja. A Dulce se le cayó una máquina de hacer tortillas en la cabeza. El forense determinó que murió inmediatamente por “traumatismo craneoencefálico severo”. En el DIF aseguraron que todavía estaba viva cuando la subieron a la patrulla que se la llevó al siguiente pueblo para subirla una ambulancia.

El DIF estatal pagó el ataúd donde enterraron a Dulce. Esa fue su única compensación. Pero Rosario no se conformó, de entre su tristeza y impotencia sacó fuerzas para poner una denuncia por homicidio culposo ante el Ministerio Público de Tlaxcala. El 10 de agosto, tres semanas después del fallecimiento de Dulce amplió la denuncia por abuso de autoridad, abandono de menores, falsedad de declaraciones e informes rendidos por una autoridad a otra, y violación de sellos puestos por orden de la autoridad pública –antes que se concluyeran todas las tomas de pruebas, el mismo DIF municipal retiró las máquinas que arrumbaban en la zona de juego–.

Foto: Majo Siscar.

Sanctórum es un municipio agrícola, cuya cabecera sólo tiene 3 mil 600  habitantes. La entonces directora del DIF, Verenice García, es prima hermana de Rosario. Los pobladores empezaron a hablar, le decían que dejara la denuncia, que para qué, que fue un accidente, que nadie le iba a hacer caso. Rosario Castillo es trabajadora doméstica. Después de la muerte de su hija entró a trabajar como interna en una casa de la zona más rica del Distrito Federal. No soporta ya los chismes de sus vecinos.

En mayo de 2013, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tlaxcala integró la causa penal por homicidio culposo y dictó órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad a Verenice García, directora del DIF municipal de Sanctórum y a Frank David Martínez, secretario e instructor del curso de danza. En junio, Castillo interpuso un amparo contra esa misma orden al considerar que se había integrado mal la averiguación previa y que se estaba juzgando a las personas y no a la institución. La queja se desechó y el 4 de julio dictan auto de formal prisión contra Verenice García como responsable del homicidio culposo de Dulce Marahy Castillo. El instructor y secretario quedó absuelto por falta de elementos.

Verenice García interpuso un amparo contra su acusación que fue admitido. Mientras se resuelve el amparo, Rosario ha conseguido que se le incorpore como parte coadyuvante en la investigación y que se amplíen los delitos a la averiguación previa. La muerte de su hija fue en horario de clases cuando el DIF tenía la responsabilidad sobre los niños.

Pero no ha sido un camino fácil, las habladurías fueron escalando de tono y de nivel. Desde la procuraduría estatal la empezaron a amedrentar. “Si le sigues moviendo acabarás tu imputada por dejar a tu hija allí”, recuerda que le llegaron a decir. Pero ella, apoyada por el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, siguió adelante. Al ver su empeño, asegura que alguien de la Procuraduría le dijo de parte de la misma Procuradora que su caso “se solucionaba con 60 ó 70 mil pesos, que eran lo que le tocaba, y ya”. Un representante del Gobernador, el priista Mariano González Zarur, le ofreció una casa de bienestar social en propiedad, para que “ya con eso, y los 60 mil pesos, dejara estar molestando”, recuerda Rosario Castillo. Ella se negó. Nada le va a devolver la vida de su hija pero lo que quiere es que se aseguren que no se vuelva a repetir un caso como el suyo. “Es indignante que a pesar que pasó eso en el DIF siguen habiendo máquinas y siguen ofreciendo cursos de verano, vivir un dolor así como madre es algo muy fuerte y no puede repetirse por un descuido”, dice ahora con los ojos entornados.

La directora del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, María Guadalupe García Vargas pierde su semblante tranquilo y se enoja. “Es indignante, no hay ningún seguimiento por el estado, hay ineficacia de los ayuntamientos, y por parte de las instituciones de procuración de justicia, sólo hay insensibilidad, desconocimiento y nulo respeto a los DDHH”, asevera. “El deber del Estado es proteger, las comunidades deberían tener la seguridad y las condiciones mínimas para mandar a sus niños. Porque además el DIF atiende a la población más vulnerable, que sigue sin ninguna protección”, agrega.

Tanto Rosario como desde el Fray Julián, el único centro civil de defensa de los Derechos Humanos de Tlaxcala, coinciden en que hay una “responsabilidad institucional del DIF en sus diferentes niveles de gobierno”.

“El proceso se fue contra la directora del DIF como persona y no como responsable de la institución. Así el DIF quedó eximido. Su responsabilidad es tanto poner condiciones como que los instructores estén suficientemente capacitados, que normalmente no lo están, para atender a los niños”, explica Alejandra Méndez, subdirectora del Centro Fray Julián.

Después de la denuncia penal Rosario Castillo interpuso también una queja ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Tlaxcala por la vulneración al derecho a la vida de su hija, a la integridad personal, a la salud, a la atención médica oportuna y los derechos de la infancia. En la queja especificó las medidas que ayudarían a la reparación del daño:

*Disculpa pública por parte de las autoridades municipales y estatales.

*Sentencia Judicial a favor de las víctimas que reconozca la suma de delitos.

*Que en todas las actividades convocadas por las autoridades y que involucren menores de edad, se vele y cumpla con el principio de interés superior de la niñez.

*Instalación de una placa en el DIF municipal de Sactórum que refiera a la responsabilidad del Estado sobre los niños.

La CDH de Tlaxcala está a punto de publicar la recomendación, sin embargo esta no es vinculante. “La recomendación sienta el precedente que hay una responsabilidad de estado y no de las personas en lo individual en la violación a derechos y que además tienen que cambiar la política pública de participación infantil, que debe haber condiciones, seguimiento, evaluación en los 60 municipios de Tlaxcala. Es irresponsable hacer actividades sin condiciones para que ocurran de manera segura”, subraya Méndez.

Animal Político visitó las instalaciones del DIF de Sanctórum, que el mes pasado retomaron los cursos de verano después de haberlos cancelado el año pasado. La maquinaria ya no está y pusieron un enrejado para separar la cancha, que también usan de bodega del resto de las instalaciones. Los juegos infantiles, aunque descuidados, están en el patio de entrada, separados de las obras de albañilería. Sin embargo, siguen estacionando los coches a la par de los juegos y el enrejado está abierto de tal manera que se puede acceder a la zona de obras.

Este año no ha habido ningún accidente entre los cerca de 40 niños que acudieron a los cursos, igualmente revueltos entre 4 y 12 años. La nueva administración, de un partido político distinto al de hace dos años, asegura que ellos no tuvieron nada que ver pero tampoco han hecho grandes cambios. “Yo la verdad desconozco que pasó exactamente. Nosotros apenas entramos en enero e intentamos atender a los niños lo mejor que podemos” cuenta Miriam Cova, psicóloga social que se presenta como la directora en la ausencia de ésta. “Nosotros mismos damos los cursos a niños y mayores” dice y señala a otros dos jóvenes que trabajan en el lugar. Los cursos de verano terminaron la semana pasada.

En el DIF de Tlaxcala no quisieron dar ninguna entrevista a Animal Político.