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En qué consiste el nuevo protocolo judicial para garantizar los derechos de la comunidad LGTB (documento)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece parámetros para que los jueces contemplen el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación en la impartición de justicia. Lo consideran “un comienzo importante” aunque "no vinculante en sí mismo".
Por Majo Siscar
19 de agosto, 2014
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Marcha_gayNegar una adopción por la orientación sexual de los solicitantes, despedir a alguien por la misma razón o apelar a la inmoralidad para detener arbitrariamente a una personas trans o una pareja homosexual que se besa en la calle, son algunas de las vulneraciones más repetidas a los derechos de la comunidad lésbica, gay, transexual o bisexual (LGTB) y, que ahora, se propone erradicar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, el máximo Tribunal presenta un nuevo protocolo de actuación para jueces ante casos que involucren una orientación sexual o identidad de género diferenciada.

La última Encuesta Nacional sobre Diversidad, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en 2010, registraba que cuatro de cada 10 mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran gays o lesbianas. Tres de cada 10 se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo y un 80% de los mayores de 50 años discrepan en que puedan adoptar. Aunque estas cifras pueden haber mejorado a partir de los cambios legislativos que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, de enero de 2011 al 30 de abril de 2012 el Conapred documentó 273 quejas por violaciones a los derechos de las personas LGTB, 36 de ellas contra servidores públicos. La mayoría de las quejas provenían de la negación a la atención médica y el maltrato médico, la negativa a afiliar a las parejas del mismo sexo al Seguro Social del derechohabiente –un beneficio recomendado pero no hecho ley y que por tanto queda a discreción de los funcionarios–, el maltrato en instituciones educativas y el despido laboral.

Estas agresiones se repiten. En julio pasado saltó a los medios el caso de la maestra morelense Ada Lilia Gaxiola Peraza, agredida por padres de familia entre ellos el excandidato a diputado local por el PAN y presidente de la Unión de Padres de Familia de Morelos, Jorge Óscar Medina Rodríguez, presuntamente por sus preferencias sexuales.

En 2010 se detuvo a una madre en Querétaro por el presunto delito de corrupción de menores contra su hija al “no vestirla con “ropa de niña” y vestirla con playeras con mensajes alusivos a negar que fuera niña o indicando que era una niña pirata, darle juguetes “para niños” y no ponerle aretes. No respetaron los derechos básicos de la niña ni su expresión de género.

Ahora la SCJN quiere evitar estas situaciones al integrar a la jurisdicción la perspectiva de género y de diversidad sexual. Para ello se propone detectar y eliminar todas las barreras que discriminan a las personas por estas razones en cualquier controversia judicial. La máxima es la “igualación positiva”, es decir, dar un trato diferenciado en función de la orientación o la identidad si la distinción remedia falta de acceso a derechos y la prohibición de no distinguir si restringe acceso a derechos.

El método, elaborado con el apoyo del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE, parte de cinco principios:

• Identificar situaciones de poder que creen un desequilibro por cuestiones de género u orientación sexual.
• Desechar estereotipos y prejuicios y visualizar si hay desventajas provocadas por estas condiciones.
• Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones.
• Cuestionar la neutralidad del derecho aplicable para evitar la discriminación. Por ejemplo una medida que puede ser neutral en cuanto a los criterios que incorpora pero no cuanto al impacto en función de la orientación sexual o identidad de género.

Para ello, recomienda practicar antes de aplicar el derecho, el Test de Escrutinio Estricto frente a una Restricción Basada en una Categoría Sospechosa. Es decir vigilar si una medida jucidial distingue “sobre ellas pese a la sospecha de ser inconstitucionales”.

Parte de dos derechos transversales: el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y desarrolla también el derecho a la identidad, a la familia, a la libertad, al trabajo, a la salud, a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la integridad personal, a la vida, y al acceso a la justicia; a través de varias consideraciones fundamentales, las siguientes son las principales en cada uno de los derechos:

1- El sexo registral y la identidad de género. Cuando nacemos se nos asigna el sexo femenino o masculino en el Registro Civil según nuestros genitales. Frente a ello, el protocolo antepone el derecho a la identidad personal protegido por la Constitución a partir de la libre decisión de la sexualidad. La SCJN estipula que las personas tienen el derecho a cambiar de nombre y sexo en sus documentos oficiales cuando los asignados al nacer no reflejan lo que consideran es su identidad. Además, dado el derecho a la intimidad, este cambio no debe ser público y no tiene que quedar registro en el acta de nacimiento. Los límites del derecho a la intimidad están en los derechos de terceros, por lo que el acta de nacimiento primigenia “quedará reservada y no se publicará, ni expedirá, constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial”. Este mecanismo, adoptado ya en la legislación del Distrito Federal para las personas trans, salvaguarda que el cambio de género no exima de responsabilidades adquiridas con terceros en su identidad anterior. También reconoce que no se puede exigir una intervención en el cuerpo para cambiar la identidad, condenando así las legislaciones que exigen intervenciones quirúrgicas a las personas trans para cambiar su acta de nacimiento. Tampoco que el cambio de acta altere su estado civil o relación con sus hijos.

2- El respeto a la vida familiar. Que no se permitan injerencias arbitrarias en sus familias por orientación o identidad, que se garantice el acceso al matrimonio y otras formas de protección a las parejas y los beneficios que estas conllevan, como el seguro médico o las sucesiones, y que se acceda a la adopción y a la reproducción asistida en igualdad de condiciones.

3- Evitar la discriminación laboral. La primera Encuesta Nacional sobre Homofobia y Mundo Laboral estipula que el 35% de las personas LGBT sufren discriminación en su empleo. La SCJN reitera que “las personas sólo pueden ser juzgadas por el trabajo que, en efecto, desempeñan. Su orientación sexual, expresión o identidad de género no puede ser una de las razones detrás de la decisión laboral de no ser contratadas, promovidas o de ser despedidas”. Igualmente prevé la protección ante malos tratos y abusos que pueden expresarse desde insultos hasta violencia física.

4- Detenciones arbitrarias. La SCJN reconoce que personas LGTB han sido detenidas por policías que apelan a la “alteración del orden público, la moral y buenas costumbres” al, por ejemplo, besarse en público, o entrar a un baño público asignado a un sexo determinado. Y califica de “inaceptables” las detenciones con base en este tipo de consideraciones. Ante estos casos exigen que los jueces aplique un control de constitucionalidad/convencionalidad, que en otros términos significa que no se limiten a determinar que la privación de la libertad sea “legal” sino también que la detención responda a que provocaron un daño a algún fin constitucional y que no violente el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

5- La violencia y el acceso a la justicia. 464 asesinatos por homofobia entre 1995 y 2008 en México o violaciones “correctivas” a mujeres lesbianas son sólo el extremo de una violencia cotidiana que empieza en las burlas y pasa por amenazas o agresiones en casa, en la escuela o en la calle o se transmite en discursos de odio contra la población LGTB. La violencia se conecta con la discriminación cuando es perpetrada en contra de un grupo y la SCJN determina que “el problema se agrava cuando el Estado, encargado de prevenir, investigar, sancionar y remediar esta violencia, sistemáticamente falla en hacerlo”. En este sentido, el máximo Tribunal ordena, ante cualquier denuncia de agresión, investigar el agravante de “odio en razón de la orientación sexual y la identidad de género de la persona”, así como imponer las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación. De tal manera que “se envía una señal sobre cómo el Estado lidiará con casos similares”.

6- La Salud. Por un lado se reconoce la violación de por vida al derecho a la salud que se comete contra las personas intersex –aquellas que nacieron con órganos reproductores de ambos sexos– al buscar que sus cuerpos se ajusten “al sexo considerado normal”. Por otro, se condena la persistencia de creer que una orientación no heterosexual es una enfermedad que resulta incluso en el “confinamiento de las personas LGBT en instituciones psiquiátiricas”. Y prohíbe el negar cualquier atención médica o dar un trato diferenciado tanto a hospitales públicos como privados, empleadores y administradores de pensiones y jubilaciones. Los jueces podrán conceder amparos en contra de omisiones por parte de las autoridades en el cumplimiento del derecho a la salud de las personas. También estarán facultados para conceder medidas cautelares positivas para la atención médica de una persona.

7- Libertad de expresión y asociación. Los juzgadores deberán discernir que las sanciones administrativas basadas en la expresión de la identidad de género o la orientación sexual como una falta a la moral “violenta desproporcionadamente la libertad de expresión”. Para ello, podrán anteponer el derecho a la libertad de expresión al artículo 1916 del Código Civil Federal que define el daño moral.

8- Educación. Los tribunales deberán investigar que una expulsión o una negativa al acceso a la escuela no esté fundamentada en prejuicios contra la comunidad LGTB y no la podrán aceptar aun cuando se trate de una institución privada o religiosa.

Todos estos derechos tienen su origen en instrumentos internacionales pero el protocolo es “una vía para cumplir con ellos”, tal y como concluye la SCJN. Sin embargo, tiene una falla de origen: En la página 9 –de las 131 que lo conforman– afirma que aunque los estándares son “obligatorios”, el protocolo no es “vinculante en sí mismo”. No obstante, en su presentación, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Tracy Robinson, aseguró que el protocolo marca “un comienzo importante”.

Aquí puedes ver el protocolo íntegro:

Protocolo de Actuacion Para Quienes Imparten Justicia en Casos Que Involucren La Orientacion Sexual o La Id… by http://www.animalpolitico.com

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Reuters

5 claves que explican por qué Evo Morales fue forzado a dejar la presidencia de Bolivia

Pese a haberse proclamado vencedor de los comicios del pasado 20 de octubre, Evo Morales tuvo que renunciar a su cargo de presidente tras casi 14 años en el poder. El mandatario estuvo bajo fuerte presión de líderes de la oposición y sus seguidores que denunciaron que hubo fraude electoral.
Reuters
11 de noviembre, 2019
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Evo Morales pasó en menos de tres semanas de declararse ganador de las elecciones a denunciar un golpe de Estado y renunciar a la presidencia de Bolivia.

“Ha habido un golpe cívico, político y policial”, denunció el presidente en el mensaje televisivo en el que anunció su dimisión.

La decisión se produjo unas horas después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman, sugiriera al mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política.

Para los militares no parecía suficiente que el presidente llamara a nuevas elecciones tras las irregularidades detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su auditoría.

Y es que la profunda crisis política que vive Bolivia tuvo su detonante en el escrutinio de las elecciones, el 20 de octubre.

Esa noche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió por sorpresa el conteo rápido con el 83% escrutado y con una tendencia que apuntaba a que iba a haber segunda vuelta entre el mandatario boliviano y el candidato opositor, Carlos Mesa.

Al día siguiente, ese conteo rápido, denominado Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), se reactivó con un 95% de avance y con Morales ganando en primera vuelta por un estrecho margen.

Morales

AFP
Morales anunció su renuncia en una declaración televisada junto a su vicepresidente.

Las sospechas que habían suscitado los extraños movimientos del TSE llevaron a la oposición a clamar un “fraude descarado”.

Incluso las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea pidieron que hubiera segunda vuelta.

Pero Morales insistió en que él había ganado las elecciones y, en respuesta a las manifestaciones de la oposición, llamó a sus seguidores a “defender la democracia” en las calles y frenar un “golpe de Estado”.

Eso sí, también aceptó que la OEA hiciera una auditoría del escrutinio.

1. La auditoría

En pleno escrutinio el mismo día de la votación y con la oposición ya hablando de fraude, la propia misión de observadores de la OEA apuntó a la interrupción del conteo como una de las “sustanciales deficiencias” que minaban la “necesaria credibilidad y transparencia”.

El gobierno le pidió a la OEA una auditoría para despejar cualquier duda. Y hay que recordar que el candidato opositor, Carlos Mesa, quien denunciaba “fraude descarado”, rechazó en todo momento las condiciones en las que el organismo iba a revisar el escrutinio.

Mesa quedó en segundo en los comicios del 20 de octubre y desde el primer momento aseguró que Morales no alcanzó la diferencia necesaria para derrotarlo en primera vuelta.

Una casilla de votación en Bolivia.

AFP
La OEA dijo que hubo “irregularidades” en el recuento de votos iniciado la noche de la elección, el 20 de octubre.

La auditoría resultó devastadora para el gobierno. La OEA determinó que era estadísticamente improbable que Morales hubiese ganado por el margen de 10% que necesitaba para evitar una segunda ronda electoral.

La OEA asegura también que encontró actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas. En el informe de 13 páginas se señala que en muchos casos no se respetó la cadena de custodia de las actas y que hubo manipulación de datos.

Morales respondió este domingo con una declaración ante la prensa en la que, sin mencionar a la OEA y sin señalar la fecha, llamó a nuevas elecciones.

Pero unas horas después, y con la presión de las Fuerzas Armadas en su contra, decidió dimitir.

2. El ejército y la policía en contra

En esa renuncia también parece clave el pronunciamiento del general Williams Kaliman, en nombre del alto mando de las Fuerzas Armadas bolivianas.

Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, decía Kaliman en un comunicado.

La solicitud a Morales, decía la nota, fue formulada tomando en cuenta “la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la condición política del Estado”.

William Kaliman

Reuters
El general William Kaliman (centro) es el jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

Al posicionamiento de los militares a favor de la renuncia del presidente hay que sumar que desde el viernes pasado, cuando estaban a punto de cumplirse tres semanas de violencia en las calles, comenzó a extenderse por el país un “motín policial”.

Los agentes de diversas unidades, primero en Cochabamba (centro) y luego en todas las capitales departamentales, comenzaron a declararse en rebeldía uniéndose así a las protestas contra el gobierno.

Y aunque a diferencia de otros gobiernos “en problemas” en la región, Morales sigue disfrutando de un enorme poder de movilización entre sus bases, sin policía en las calles y sin apoyo de los militares, el presidente quedó en una situación de evidente debilidad.

En distintos departamentos de Bolivia, los policías decidieron amotinarse en contra del gobierno.

Getty Images
En distintos departamentos de Bolivia, los policías decidieron amotinarse en contra del gobierno.
Policías amotinados en La Paz

Reuters
En la capital de Bolivia, La Paz, también hubo amotinamiento de policías durante el fin de semana.

3. Presión en la calle

La oposición a Morales apostó desde el primer momento a la movilización callejera para forzar la mano del presidente.

Con huelgas y paros por todo el país, Bolivia se convirtió en una gran batalla campal entre partidarios del presidente y sus detractores.

La paralización del conteo rápido de resultados la noche de las elecciones disparó las manifestaciones de calle.

Getty Images
La paralización del conteo rápido de resultados la noche de las elecciones disparó las manifestaciones de calle.

Pero a diferencia de las crisis políticas que vivió el país durante el mandato de Morales, las protestas se hicieron fuertes esta vez en la ciudad de La Paz, otrora uno de los bastiones de Evo.

Universitarios y clases medias salieron noche tras noche a enfrentarse a la policía y a los poderosos sindicatos y “movimientos sociales” (entre ellos mineros y cocaleros) llegados a la sede de gobierno para defender al presidente.

Los heridos han sido centenares. Aunque solo se han reportado tres muertos, algo que parece poco dada la intensidad de la violencia de los enfrentamientos y teniendo en cuenta que los mineros usan dinamita en la protesta.

Así, un presidente que llegó al poder hace casi 14 años tras una larga trayectoria de protestas como líder de los sindicatos de productores de hoja de coca, se vio cercado por quienes pasaron de reclamarle una segunda vuelta ante Carlos Mesa a exigir su renuncia.

4. Radicalización de la oposición

Y es que la oposición hacía tiempo que había dejado atrás la exigencia de una segunda vuelta entre Morales y Mesa y venía pidiendo la renuncia del mandatario.

El endurecimiento de las posturas de la oposición vino de la mano del creciente protagonismo del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Reuters
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, exige la renuncia del gobierno y del Congreso.

Con Camacho llevando la voz cantante, los opositores ya no se conformaban ni siquiera con la renuncia de Morales.

Y más tras conocerse la auditoría. Camacho pasó a exigir entonces exigen que dimitieran el presidente y todo su gobierno, también los senadores y diputados, además de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Todo, para dejar el país en manos de una junta de notables que designe un nuevo TSE que celebre nuevas elecciones en un plazo de 60 días.

“La OEA nos ha demostrado que el fraude era tan obvio que por la resistencia del pueblo boliviano, no podía ocultarlo. El presidente Evo Morales ha cometido delitos”, dijo Camacho este domingo.

5. La re-re-reelección

Y si se puede decir que las denuncias de fraude y las protestas se dispararon con el escrutinio electoral, la crisis política que vive Bolivia tiene un trasfondo mucho mayor y que pasa por el mero hecho de que el presidente fuera candidato a la reelección, otra vez.

Morales gobierna Bolivia desde el 22 de enero de 2006. La Constitución boliviana dispone que solo dos mandatos presidenciales continuos son permitidos, pero Morales ya iba por el tercero.

El 20 de octubre, el presidente buscaba asegurarse un cuarto mandato que le habría permitido gobernar hasta 2025.

Evo Morales.

Getty Images
Pese a perder el referéndum para buscar un cuarto mandato, Morales logró luz verde del Tribunal Constitucional para postularse de nuevo.

Para lograr estos fines, el presidente tuvo que cobijarse en fallos del Tribunal Constitucional para habilitarse como candidato.

Y es que el 21 de febrero de 2016, más de la mitad del país votó en contra de una posible nueva reelección del dirigente cocalero.

Gracias al Tribunal Constitucional y al reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral, ambas entidades acusadas en Bolivia de ser funcionales al gobierno, Morales logró ser candidato una vez más.

Las protestas empezaron hace tres semanas, pero ya se veía venir que este nuevo intento de reelección iba a ser el más difícil que afrontaría desde su primera victoria presidencial hace 14 años.

Lo que no muchos vaticinaban era un desenlace como el que ahora Bolivia entera presencia con la caída de Morales.


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