Segundo informe de Eruviel Ávila, gobernador el Estado de México. Foto: Edomex

El Poder Judicial admitió un recurso de amparo contra el artículo 242 de la nueva ley electoral, interpuesto por la organización Fundar, argumentando que viola el derecho a la información, pues dicho artículo permite prácticas propagandísticas en el marco de la publicidad de los informes de gobierno a pesar de la prohibición constitucional.

Al respecto, Fundar planteó este martes en un comunicado que “en México, la publicidad oficial se ejerce con opacidad, sin criterios claros para su asignación ni mecanismos de control. En todos los niveles de gobierno se reportan gastos millonarios en este rubro con importantes sobre ejercicios.”

De acuerdo con la organización, dichas prácticas “tienen un impacto negativo sobre el derecho a la información en el país y sobre la calidad de la democracia” y, pese a que han pasado dos años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y “pese a las promesas presidenciales y las obligaciones legislativas de regular y reformar las prácticas de abuso de la publicidad oficial, no existe ninguna señal de cambio.”

Frente a este panorama, “el Poder Judicial tiene la oportunidad de pronunciarse sobre esta materia”, luego que el pasado 21 de julio el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal admitiera un amparo indirecto promovido por Fundar, Centro de Análisis e Investigación contra el párrafo 5 del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) publicada el 23 de mayo pasado.

Este artículo deja intacta una excepción que existía en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electoral (COFIPE) por el que gobiernos y representantes populares pueden ejercer gastos de propaganda.

En el marco de la presentación de los informes de gobierno, la LEGIPE establece que los anuncios y spots no se considerarán propaganda cuando la difusión se limite a una vez al año y se transmitan siete días antes de la entrega y hasta cinco días después de la fecha en que se rinda tal informe.

“Esto es contrario a lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución que prohíbe que la propaganda gubernamental haga uso de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, afirmó la organización Fundar mediante un comunicado.

El amparo interpuesto por Fundar considera que la entrada en vigor de la norma secundaria “viola el derecho de la ciudadanía a recibir información imparcial y oportuna, fomenta la tergiversación del debate público y transforma la publicidad de los informes en momentos de promoción de la imagen de los funcionarios a cargo del erario público”.

Otro motivo del amparo es evitar “este uso desviado de la publicidad oficial” y que nuestros gobernantes usen esta herramienta para comunicar información valiosa como lo recomendó en 2011 la Relatoría especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Principios para regular la Publicidad Oficial.

El punto 2 de dichos principios enfatiza la importancia de los “objetivos legítimos de la publicidad oficial. Deben basarse en la inclusión de información de interés público y no deben utilizarse con fines electorales o partidarios.

La organización presentó un amparo indirecto por el cual el Poder Judicial podrá avanzar en la interpretación del derecho a la libertad de expresión e información y los alcances del “interés legitimo” para acudir al amparo.

“Uno de nuestros principales argumentos para vencer la improcedencia del amparo contra normas electorales, consiste en que el artículo 242 párrafo 5 de la LEGIPE no es de naturaleza electoral toda vez que la difusión de los informes de labores puede llevarse a cabo sin impactar en los procesos electorales”, planteó Fundar.

El comunicado afirma que “la disposición legal que se ha impugnado ha dado lugar a muchos abusos por parte de nuestros gobernantes”, por ejemplo:

• En febrero de 2012, el gobernador de Puebla, gastó en un mes la mitad de su presupuesto en comunicación social, 56 millones de pesos, para dar a conocer su primer informe anual.
• En diciembre de 2013, el gobernador de Chiapas (uno de los estados más pobres de México) figuró en una publicidad que apareció en todo el país y despertó una crítica generalizada en los medios.
• En el Distrito Federal, a inicio de año, varios ciudadanos solicitaron a la Asamblea Legislativa del D.F. realizar una auditoría para conocer los montos destinados a la promoción de imagen de los 16 jefes delegacionales y los 66 diputados locales.