Reforma energética obliga a campesinos a 'aceptar' la explotación de hidrocarburos en su propiedad
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Reforma energética obliga a campesinos a 'aceptar' la explotación de hidrocarburos en su propiedad

Aunque se eliminó la palabra “expropiación”, los dueños de la tierra no podrán evitar que su terreno sea para la industria. Sus casos irán a tribunales agrarios en donde actualmente, el rezago de atención es del 85%.
Por Tania L. Montalvo
12 de agosto, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

Con la entrada en vigor de la reforma energética, campesinos, ejidatarios y comunidades indígenas no tienen la opción de elegir si en sus terrenos se llevarán a cabo las actividades del sector pues no podrán rechazar las ofertas de las empresas productivas del Estado o las de privados.

Según lo establecido en la Ley de Hidrocarburos y la de Industria Eléctrica que este lunes promulgó el presidente, Enrique Peña Nieto; los dueños de la tierra deberán negociar un acuerdo con aquellos que deseen explotar los recursos energéticos de su terreno y en caso de que éste no se concrete, el Estado ordenará —a través de una servidumbre legal— los pagos que le corresponden a cada propietario.

Entre las opciones que tienen los campesinos, ejidatarios y comunidades indígenas cuando en sus tierras se busque la explotación de petróleo, gas o la instalación de infraestructura eléctrica no está negarse a ceder su tierra.

“Un núcleo agrario no tiene la oportunidad de rechazar la explotación, queda obligado a entrar en un proceso de negociación y si no avanza en una interlocución directa se activa un mecanismo en el que pueden hacerse los pagos y acuerdos correspondientes ante órganos jurisdiccionales. Estamos hablando de una negociación forzada, pues una vez que se establece que un núcleo agrario tiene yacimientos de petróleo o tiene yacimiento de gas entra en un esquema en el que forzosamente va a tener que aceptar la ocupación temporal y va a tener que aceptar una contraprestación por su tierra. La posibilidad de que rechace esa explotación o exploración no está contemplado en la ley”, dijo en entrevista, Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En las dos leyes se incluyó el capítulo “del Uso y Ocupación Superficial” en el que tras el debate legislativo se eliminó la palabra expropiación pero se aprobó el término “ocupación temporal”, que implica la entrega de los terrenos por tiempo limitado cuando no se llegue a un acuerdo de compra-venta.

Sin embargo, el tiempo de ocupación dependería del recurso a explotar, lo que según organizaciones campesinas es “una expropiación con otro nombre”.

“No tenemos alcance real de lo que ocurrirá. Nos dicen que ya no habrá expropiación, pero que sí nos pueden obligar a dar nuestras tierras cuando una empresa vaya y avise a Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) que hay algo que pueden explotar aquí. No sabemos cómo va funcionar todo, cuáles serán nuestras alternativas para seguir con nuestra actividad”, explicó Daniel García Toledo, Presidente de la Unidad de Manejo Forestal Istmo-Pacífico.

Tanto la Ley de Hidrocarburos como la de Industria Eléctrica indican que las actividades del sector son de utilidad pública y una prioridad del Estado, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra.

En el artículo 100 de la primera ley dice que: la contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos serán negociados y acordados entre los propietarios o titulares de dichos terrenos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales y los asignatarios (Pemex) y contratistas (la iniciativa privada).

En términos similares se encuentra la ley de Industria Eléctrica que define las actividades del sector aplicable a estas negociaciones cuando se quiera prestar el servicio de transmisión y distribución de energía o construir una planta de generación de energía.

En ambos casos, la empresa interesada deberá informar por escrito al dueño del terreno y notificar a la Sedatu que inició una negociación con el propietario.

Entre las contraprestaciones —o pagos— que las empresas están obligados a cubrir y cuyos montos se deben negociar está uno por la previsión de daños o afectaciones y una renta por concepto de ocupación.

Sólo cuando se trate de explotar petróleo o gas también se incluirá un pago de entre 0.5 y 3% de los ingresos por la comercialización del hidrocarburos.

Pero si el dueño de la tierra no acepta estas condiciones, tras 180 días naturales desde la notificación de la empresa el caso pasará a un Tribunal Unitario Agrario o a un Juez de Distrito en materia civil.

Con el caso en los tribunales, la Sedatu actuará de mediador entre el propietario y la empresas y según establecen las leyes siempre buscará “que las partes alcancen una solución aceptable y voluntaria”.

Si el caso no se resuelve en los tribunales agrarios, esa Secretaría “sugerirá” los pagos que recibirán los propietarios de los terrenos y si después de 30 días de negociación no hay un acuerdo, la Sedatu pedirá al Ejecutivo que ordene una “servidumbre legal” para que la empresa comience con sus actividades y entregue las contraprestaciones sugeridas.

Según el abogado Santiago Aguirre, este procedimiento no es una negociación justa pues se establece un método para que los dueños de la tierra acepten la entrega de sus terrenos.

“Se genera una condición jurídica en donde sí o sí es la única opción. Ellos deberán aceptar los trabajos de exploración y explotación en sus tierras aunque eso conlleve la pérdida material de éstas o que deban dejar de usarlas para fines agrarios. Simplemente no tienen la posibilidad de decir ‘no’”.

Tribunales Agrarios, con rezago anual de 85%

La participación de los Tribunales Agrarios en este proceso garantiza que los derechos de los ejidatarios se respeten, según Gerardo Sánchez García, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) —promotor de la reforma— y dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

El legislador dijo que a través de los tribunales se darán alternativas a los dueños de la tierra si las negociaciones con las empresas no les satisfacen.

“Implica garantizar sus derechos, implica que tengan mayores alternativas, implica además que puedan participar en la restitución de los daños que se puedan ocasionar, lo que hoy desgraciadamente no sucede”.

Sin embargo, los resultados que actualmente tienen los tribunales agrarios dejan mucho que desear, pues cada año dejan pendientes prácticamente el mismo número de casos que resuelven.

Según cifras oficiales, este año inició con 43,556 casos pendientes, pues en 2013 a los 52,026 asuntos nuevos registrados se sumó el rezagó de 41,652 del año anterior y en total, se concluyeron 50,122 expedientes.

En 2012 la historia es similar: se recibieron ese año 48,306 nuevos expedientes, que se sumaron a los 41,459 asuntos que quedaron en trámite en 2011. Al finalizar el año, los tribunales sólo resolvieron 48,112.

“Mi impresión es que con estas reformas la intervención de los tribunales es para formalizar el acuerdo entre el núcleo agrario y las empresas. Será un nuevo trámite, algo especial. Se deberá capacitar a los mismos tribunales y hacerlos más eficientes”, dijo Santiago Aguirre del Centro Prodh.

La promulgación de estas leyes ocurrió este lunes 11 de agosto y según el presidente Peña Nieto, esta misma semana se darán a conocer las áreas de la llamada Ronda Uno que se licitarán para que empresas privadas nacionales e internacionales comiencen con la exploración y explotación de hidrocarburos a partir del próximo año.

Según la ley, cuando el Estado decrete una servidumbre legal en un territorio determinado se regirán por disposiciones del derecho común federal y sus controversias se resolverán por tribunales federales.

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Colombia: por qué está en un escenario sin precedentes (y qué puede significar para su futuro)

A pesar de la violencia, Colombia fue un país reconocido por su estabilidad económica y política. Pero todo esto parece haber cambiado.
6 de mayo, 2021
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Estaciones de policía y transporte quemadas. Carreteras cortadas durante días. Desabastecimiento de productos. Un número desconocido de muertos y desaparecidos. Un estado de incertidumbre y nerviosismo agudo.

Colombia ha vivido muchos momentos delicados al largo de su traumática historia, pero ahora parece estar recorriendo un camino desconocido en al menos tres ámbitos distintos: la protesta social, la economía y la representación política.

Hubo momentos en el pasado que rompieron la historia en dos como la ola de violencia que antecedió a la firma de la Constitución de 1991 o las revueltas de 1948 tras el asesinato del candidato Jorge Eliécer Gaitán que dieron origen a las guerrillas.

El desenlace de la crisis actual es desconocido y por eso es difícil entrar en comparaciones sobre su relevancia histórica.

Lo que parece evidente, según los expertos consultados por BBC Mundo, es que la actual es una situación sin precedentes. Y que mucho se explica porque el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 abrió una caja de pandora de demandas y problemáticas antes prohibitivas por cuenta de la guerra.

“Yo tengo 74 años y le digo que nunca vi una élite política tan incapaz de llegar a resoluciones“, dice el historiador Carlos Caballero Argáez.

El gobierno de Iván Duque ha lanzado una nueva mesa de negociación para rebajar la tensión y buscar salidas consensuadas. Es lo que hizo en noviembre de 2019, cuando las protestas eran más pacíficas y puntuales y la situación del país menos grave.

Hoy el mandatario tiene desafíos por donde se mire: en su partido, en las calles, dentro de las fuerzas armadas, en materia fiscal y en lo político.

Dentro de exactamente un año Colombia estará celebrando elecciones generales y presidenciales: todo desarrollo en este momento tiene una clave electoral.

Mientras la violencia sigue siendo la principal preocupación de los colombianos, BBC Mundo habló con varios expertos para hacer un ejercicio de distancia que permita entender lo que está ocurriendo.

Un paro sostenido y amplio

Un primer elemento nuevo de esta crisis es la dimensión de la protesta social.

“La cobertura y la sostenibilidad han sido inéditos”, dice Mauricio Archila, experto en movimientos sociales.

Una manifestación en Colombia

Getty Images
Las protestas en Colombia han sido masivas y se han extendido a muchas ciudades y poblados del país.

Las protestas esta vez llegaron a pequeños y medianos municipios. Fueron convocados por jóvenes, pero cuentan con el apoyo de adultos mayores y poblaciones minoritarias. Han paralizado la producción, el abastecimiento y el transporte en rincones inesperados.

Este paro ha llegado a lugares donde antes no se solía protestar y se ha mantenido por varios días sin dar tregua”, añade Archila.

Y concluye: “Soy muy escéptico de las comparaciones, y no quiero entrar a hablar del Bogotazo (1948) ni el paro cívico de 1977, pero es cierto que este paro ha producido una alianza obrero-campesina-indígena que tal vez nunca había estado tan equilibrada”.

En efecto, al Paro Nacional es un movimiento heterogéneo plagado de contradicciones y conflictos internos. Su líder no es claro y en su interior hay representaciones de casi todos los sectores. Su futuro depende de cómo logra sortear esa diversidad.

“Pero lo que sí es evidente es que la fuerza del Paro sorprendió a toda la clase política”, opina Daniel Hawkins, investigador de la Escuela Nacional Sindical.

“En la mitad de la tercera y más fuerte ola de contagio y luego de la orden del tribunal de Cundinamarca que prohibió aglomeraciones, los políticos nunca creyeron que la gente iba para la calle de forma masiva”, apunta Hawkins.

Una protesta en Colombia

Getty Images
Las protestas se han recrudecido tras las confrontaciones con las fuerzas de seguridad pública.

Las protestas ya lograron dos efectos inesperados en un país donde la movilización social, que era esporádica y tachada de “subversiva”, rara vez tuvo consecuencias políticas: las retirada de la reforma tributaria y la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Lo que es difícil de pronosticar es si este movimiento, que en origen se mostró fresco y novedoso, terminará en una situación que sí tiene precedentes en Colombia: la de una violencia desbordada.

Una economía desestabilizada

La economía colombiana ha sido durante décadas la más estable de América Latina: la que menos recesiones tuvo en el siglo XX, la que no presentó hiperinflación y la que no incumplió sus compromisos de deuda en 80 años.

Pero ahora la situación es distinta.

“Pocas veces —por no decir nunca— había visto al país en una situación tan difícil como la que estamos viviendo hoy“, escribió en su columna el prestigioso economista y exministro Mauricio Cárdenas.

Iván Duque

EPA
Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma fiscal.

Y Caballero Argáez añade: “La última vez que se cuestionó la responsabilidad fiscal del país fue durante la crisis de la deuda latinoamericana (principios de los 80), pero ahí Colombia consiguió refinanciar la deuda y un acuerdo de monitoreo con el FMI que nos permitió ser el único país latinoamericano que no entró en recesión ni tuvo que reestructurar deuda”.

Hoy los bonos colombianos son calificados como “basura” en los mercados internacionales, el peso está alcanzando récords de devaluación y por primera vez en años la capacidad de pago y emisión de deuda del país están cuestionados.

“Colombia tienen un problema de recaudo (fiscal) cada vez que hay una crisis, porque su recaudo en tiempos normales siempre ha sido bajo”, dice la politóloga Mónica Pachón.

“Pero eso siempre lo habían podido solucionar con reformas tributarias de crisis con impuestos transitorios que lograban sacarnos del problema”.

“La diferencia ahora es que nunca una reforma nunca había generado semejante nivel de oposición, mucho menos sin entrar al Congreso, y su caída nos puso en un lugar incómodo”, explica la decana de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

Un enfrentamiento entre policías y manifestantes en Colombia

Getty Images
El número de fallecidos y heridos por los enfrentamientos en las protestas ha ido en aumento.

Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma cuanto antes que se pueda aprobar en el Congreso. Los economistas dudan que no se logre una resolución que probablemente recaude menos impuestos, pero al menos saque al país de la crisis.

Sin embargo, el famoso modelo de la estabilidad neoliberal y ortodoxo de Colombia mostró grietas por primera vez en su historia.

Una política radicalizada

Así como estable en lo económico, Colombia ha sido un país sin muchos altibajos en lo político: salvo durante un pequeño periodo en los años 50, la democracia en su sentido más formal —elecciones cada cuatro años y transiciones de poder sin problemas— se ha mantenido intacta.

Aunque la violencia no ha dejado de ser un problema desde los años 50, el bipartidismo entre liberales y conservadores (que llegaron a alternarse en el poder por convenio) permitió que se generara la idea de que las instituciones democráticas no estaban en peligro.

Colombia siempre fue considerada, al menos en el exterior, como una democracia estable.

Pero en esta crisis la clase política se ha visto incapaz de llegar a resoluciones, apuntan los analistas. Duque llamó a los militares a controlar la situación (aunque varios alcaldes se opusieron); algunos incluso barajan escenarios de golpes de Estado y el líder en las encuestas para las elecciones de 2022 es un candidato de izquierda que militó en las guerrillas, Gustavo Petro.

Una vigilia en Colombia

Getty Images
Muchos colombianos denuncian que el Estado ha sido represor.

“La violencia de las protestas, que además es seguida por la gente desde sus redes sin entrar a entender ni profundizar, hace que la política sea más polarizada y más ideológica, con la consecuencia de que llegar a soluciones es muchos más difícil”, explica Pachón.

Uno de los efectos del proceso de paz de 2016 fue el estatuto de oposición, un mecanismo que da garantías a los críticos del Ejecutivo, pero también aumenta su capacidad de entorpecerle sus iniciativas.

“Le sumas a eso que Duque es un presidente débil incluso dentro de su partido y tienes el caldo de cultivo de la desgracia“, dice Pachón.

En Colombia, como en toda América Latina, siempre ha habido una crisis de representación política, pero quizás nunca antes se había hecho tan evidente la desconfianza de la población sobre la clase política.

“Lo que estamos viendo es un descontento generalizado y quizá irremediable, es casi una situación pre revolucionaria”, dice Caballero.

Una vigilia en Colombia

Getty Images
Los escuadrones antidisturbios han sido culpados de varios fallecimientos durante las protestas.

Las consecuencias pueden ser muchas: desde la renuncia del presidente, inédita en Colombia desde los años 50, hasta la elección de un candidato, de izquierda o derecha, que rompa con las hasta ahora estables instituciones democráticas del país.

“Esto se soluciona con un candidato que pueda generar confianza entre las diferentes poblaciones al mismo tiempo que pueda incluir al establishmentpolítico”, dice Pachón.

“Pero me temo que eso, ahora, está más lejos que nunca”.


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