Denuncian opacidad en el proceso de designación de los nuevos consejeros electorales estatales
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Denuncian opacidad en el proceso de designación de los nuevos consejeros electorales estatales

El Instituto Nacional Electoral no ha publicado cuáles son los criterios para descartar aspirantes por su evaluación curricular, y ya se cuentan cerca de 60 demandas de impugnación por ello. Expertos y partidos acusan falta de transparencia que podría ensombrecer la conformación de los nuevos Organismos Públicos Locales.
Por Majo Siscar
17 de septiembre, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

El Instituto Nacional Electoral (INE) apura la designación de los nuevos Consejeros Electorales de las 18 entidades federativas que celebran elecciones el año que viene.

Este proceso, tradicionalmente emanado de los gobiernos locales, es dirigido por primera vez por el INE, tal y como lo estipula la Reforma Política electoral, en un intento de evitar la injerencia de los gobiernos estatales en la composición de los nuevos Organismos Públicos Locales (OPLes), que sustituyen a los viejos Institutos Electorales de las Entidades Federativas y delegan algunas de sus atribuciones al INE. Sin embargo, para que la Reforma cumpla su objetivo el proceso de selección de los Consejeros Electorales debe ser transparente. A diez días de que termine, acumula decenas de denuncias de impugnación.

El INE debe elegir a 126 consejeros, 7 por cada OPLE. Inicialmente se presentaron 2 mil 951 aspirantes que tuvieron que cumplir un examen ante el CENEVAL. De estos, los 25 hombres y las 25 mujeres que sacaron mejores notas en el examen por cada entidad, pasaron a la siguiente prueba: redactar un ensayo sobre problemáticas diversas de los procesos electorales, el cual fue evaluado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En esa prueba cayeron otros tantos. Seis de ellos impugnaron la corrección de su ensayo ante el Tribunal Electoral y les fue concedida. Otros tres la impugnaron por incumplimiento de requisitos y tres más pidieron la revisión de examen. Todavía no se cierra el plazo para impugnar la Valoración Curricular pero ya se presentaron cerca de 60 denuncias contra ella. A diferencia de las etapas anteriores, en ésta no están claros los criterios de descarte.

“El proceso de selección ya está en un ámbito de litigios y eso ensombrece el proceso de selección de los consejeros electorales de estos estados. Si no se resuelve estas inconformidades e impugnaciones va a haber una sombra de duda ya no de los inconformes, sino de toda la sociedad”, advierte el ex Consejero del IEDF y analista electoral, Eduardo Huchim.

Por ejemplo, en el caso de los aspirantes a consejeros electorales para el Distrito Federal, 39 hombres y mujeres pasaron las dos primeras pruebas, entre ellos tres consejeras o exconsejeras del Instituto Electoral del Distrito Federal. Sin embargo, en la valoración curricular desestimaron a dos: a la exconsejera Yolanda León que había quedado en el lugar 21 de las mujeres con un ensayo idóneo y una calificación promedio de 86.67, y a la actual consejera presidente, Diana Talavera, quién con 85 de 90 aciertos y un ensayo apropiado, quedó en el puesto número 2.

También desestimaron a Patricia Avendaño, miembro del Servicio Profesional del IEDF desde 1999, quien quedó en tercer lugar después de la Consejera Presidente por su buen desempeño en el examen. Tampoco pasó la estimación del currículum el Director Ejecutivo de dicho Instituto, Francisco Zorrilla; o el Director de Capacitación Electoral en Azcapotzalco e integrante de la Lista de Expertos Electorales de las Naciones Unidas, Gustavo Uriel.

La única consejera que pasó la experiencia curricular fue Mariana Calderón, quién había quedado en el primer lugar al acertar 88 de los 90 puntos del examen y con un ensayo idóneo.

¿Cuáles son los criterios para descartar el currículum de un exconsejero y de otro no? Si no hay transparencia en los criterios que se utilizaron en la evaluación curricular, se genera la duda de si quedó a la discrecionalidad de los consejeros”, explica Huchim.

El Consejero Electoral del INE, Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión  de Vinculación con los OPLEs encargada de dirigir el proceso, asegura que “el instituto no está buscando a los máximos especialistas en derecho electoral sino una composición plural e interdisciplinaria. En la experiencia curricular ponderamos trayectoria profesional, formación académica, en algunos estados como Chiapas o Oaxaca que se tengan conocimientos en grupos étnicos, paridad de género y una composición de órganos interdisciplinarios”.

Sin embargo, no entra más a detalle y se niega a hablar de casos concretos. Pero vemos el caso de la exconsejera Carla Humphrey, quien junto a los exconsejeros Yolanda León y Néstor Vargas –quien también fue candidato y se excluyó por puntuación en el examen– eran parte del grupo de consejeros que se despidieron del cargo en 2012 con un bono de dos millones de pesos adicionales al haber de retiro. ¿Bajo qué criterio se deja en el proceso a Carla Humphrey y no a Yolanda León?, por ejemplo. Huchim insiste: “Cualquiera que haya sido el criterio debe transparentarse para salvar el proceso, si no, el escenario está puesto para que se impugne”.

Carla Humphrey es la exesposa del senador panista Roberto Gil Zuarth y Mariana Calderón fue propuesta como consejera del IEDF por el PRI.

Aspirantes con vinculación partidista

En una consulta de Animal Político con los representantes del PRD y el PAN ante el INE ambos partidos de oposición expresaron también su preocupación por la falta de criterios públicos para la evaluación curricular de los aspirantes y anunciaron que encontraron nexos partidistas en varios de los más de 300 aspirantes que pasaron la evaluación curricular del INE.

Camerino Eleazar Márquez, representante del PRD ante el INE, asegura que ya con la revisión en la mano, hay evidencias de vínculos partidistas fuertes “en un 15% de los aspirantes”. En este sentido aseveró que “preocupa que el final del proceso sea un reparto de cuotas de los consejeros y no la valoración del mérito académico, la trayectoria profesional y la autonomía e independencia que puedan tener como consejeros locales”.

Hay casos claros como el de Miriam Ivette Mijangos Orozco, aspirante a Consejera Electoral en Yucatán y que en una búsqueda de Google se descubre que fue candidata a regidora del ayuntamiento de Mérida por el PRI en 2010. O el de Alma Delia Alcaraz, una de las aspirantes a Consejera en Guerrero, quien en su currículum menciona que trabaja como Asesora de la Presidencia Municipal de Chilpancingo. El alcalde de esa ciudad, Mario Moreno Arco, es uno de los dos precandidatos a gobernador por el PRI en Guerrero.

¿Consejeros ciudadanos o de la maquinaria?

La nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) prohíbe que los integrantes del servicio profesional electoral del INE sean Consejeros Electorales ya que la idea es que los Organismos Públicos Locales sean consejos ciudadanos. Sin embargo, al discutir este punto los Consejeros Electorales del INE decidieron que en esta ocasión no aplicaba porque los profesionales de las elecciones lo eran con el IFE y el INE no tenía todavía su servicio propio.

Sin embargo, para Huchim esto implica que, aun cuando la mayoría de los consejeros estatales hayan sido descartados del proceso, los mismos que operaban las elecciones con los gobernadores anteriores van a ser ahora los nuevos Consejeros.

Hoy se publicará la lista definitiva de los aspirantes a Consejeros de los OPLes  que pasarán a la última prueba, la entrevista. Los 126 definitivos deben elegirse antes del 30 de septiembre ya que los nuevos OPLes deben estar conformados antes que empiece el proceso electoral del 2015, la primera semana de octubre. El INE se comprometió a designarlos entre el 24 y 25 de septiembre.

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Ruth Bader Ginsburg: por qué la muerte de la jueza de la Corte Suprema de EE.UU. supone un terremoto en una nación ya fracturada

Si el presidente Trump nomina un reemplazante de la magistrada podría alterar por años el equilibrio ideológico del mayor tribunal de justicia del país y aumentar la tensión política a pocas semanas de las elecciones.
19 de septiembre, 2020
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La muerte de un juez de la Corte Suprema de Justicia siempre es algo trascendente en Estados Unidos. Pero la de Ruth Bader Ginsburg supone un terremoto de consecuencias imprevisibles para este país.

Ginsburg, que murió el viernes a los 87 años debido a un cáncer de páncreas, era un ícono feminista y progresista del máximo tribunal judicial de EE.UU. para asuntos como la igualdad de género o la inmigración, el aborto o el matrimonio igualitario.

Su muerte abre ahora la posibilidad de que el presidente Donald Trump nomine a su sucesor en una corte de nueve miembros donde ya ha colocado a dos, y altere así por años el equilibrio ideológico del Supremo a favor de los conservadores.

Como esto ocurre además en un país políticamente polarizado y a pocas semanas de una elección presidencial cargada de tensión, el debate por el reemplazo de Ginsburg amenaza con aumentar la fractura entre republicanos y demócratas.

“Normalmente las nominaciones a la Corte Suprema son un deporte de sangre. Entonces esto va a ser verdaderamente apocalíptico. Hay mucho en juego en esta nominación”, dice Jonathan Turley, un destacado profesor de derecho constitucional en la Universidad George Washington, a BBC Mundo.

Una silla clave

El hecho de que los magistrados de la Corte Suprema ocupen su cargo de manera vitalicia significa que cualquier cambio en la integración tiene efectos duraderos.

Nominada por el presidente Bill Clinton en 1993, Ginsburg formaba parte de un bloque de cuatro jueces progresistas de la corte que solía necesitar de un quinto voto “péndulo” para lograr mayoría.

Ruth Bader Ginsburg

Reuters
Ginsbrurg era parte de un bloque de cuatro jueces progresistas.

En votaciones recientes ese quinto voto lo aportó el juez John Roberts para decisiones sobre inmigración, derechos de homosexuales y otros temas importantes de la “guerra cultural” en este país.

Los presidentes de EE.UU. tienen la potestad de elegir los miembros de la corte, que deben ser ratificados por el Senado, y Trump suele señalar como un logro el haberlo hecho dos veces en menos de cuatro años de mandato.

Si lograse colocar a un tercer magistrado netamente conservador, la Corte pasaría a tener seis jueces instalados por republicanos, mientras el bloque liberal quedaría en una minoría de tres.

Eso puede conducir con el paso del tiempo a alteraciones significativas en diversas ramas del derecho.

“Esta es posiblemente la nominación más importante en la historia de la corte moderna. Hay una serie de doctrinas que actualmente penden de mayorías de cinco a cuatro”, advierte Turley.

Por ejemplo, señala que con un nuevo juez conservador en la corte quizás se abriría el camino para a revertir parcial o totalmente Roe versus Wade, el emblemático caso por el que el tribunal despenalizó el aborto en 1973.

Trump y Kavanaugh

Reuters
Dos de los actuales jueces del Supremo fueron nominados por Donald Trump.

Probablemente consciente de todo esto, Ginsburg indicó en su testamento que su “deseo más ferviente” era que evitaran reemplazarla hasta que asumiera un nuevo presidente, según informó la radio pública estadounidense NPR.

La pregunta ahora es si Trump podrá provocar tal desequilibrio en un Supremo que recientemente ha fallado más de una vez en contra de los intereses del mandatario.

“Aumentará el nivel de furia”

La muerte de Ginsburg le ofrece a Trump la oportunidad de acicatear al electorado conservador y religioso a menos de 50 días de las elecciones, cuando las encuestas lo muestran atrás del candidato demócrata Joe Biden.

De hecho, desde hace semanas Trump señalaba la eventualidad de nominar a un tercer juez del Supremo como una razón para que lo reelijan, por lo que quedan pocas dudas de que intentará hacerlo en los meses que le quedan como presidente.

Mensaje para Ruth Baden Ginsburg

Reuters
Ginsburg pidió en su testamento que no se nombrara un sucesor antes de las elecciones.

Además, el debate que se abre con esto desviará algo la atención de la respuesta de Trump a la pandemia de coronavirus, cuando EE.UU. está a punto de llegar a 200.000 muertos por el covid-19, una cifra que ningún otro país ha registrado.

El Senado está controlado por el Partido Republicano de Trump y su líder allí, Mitch McConnell, anticipó en la misma noche del viernes que en la cámara habrá una votación sobre el juez que nomine el presidente.

Sin embargo, evitó decir cuándo ocurriría esto: si antes o después de las elecciones del 3 de noviembre.

Los republicanos tienen 53 senadores (contra 47 demócratas), pero al menos dos miembros de esa mayoría se manifestaron días atrás reticentes a votar un nuevo juez de la corte tan cerca de las elecciones.

Esto sugiere que el reemplazo de Ginsburg puede volverse una nueva prueba de fuego de la lealtad republicana hacia Trump cuando algunos senadores tienen dificultades para ser reelectos ellos mismos.

Joe Biden

Reuters
Biden también ha dicho que el remplazo de Ginsbrurg debe esperar a las elecciones.

Por otro lado, a la controversia se añade el antecedente de que McConnell bloqueó en 2016 la votación en el Senado de un juez nominado para la corte por el entonces presidente Barack Obama, argumentando que era un año electoral.

Su explicación ahora es que el voto puede proceder porque, a diferencia de cuatro años atrás, el presidente y la mayoría del Senado pertenecen al mismo partido.

Los demócratas se apresuraron a exigir que se espere hasta después de la elección.

“Los votantes deben elegir al presidente y el presidente debe elegir al juez para que lo considere el Senado”, declaró Biden el mismo viernes.

Esto también podría movilizar a favor de Biden a electores de izquierda que aún están inseguros de votar por él.

“No podía imaginar que fuera posible hacer esta elección más divisiva, pero ocurrió: esto agrega un elemento transformador a la elección”, reflexiona Turley. “Esto aumentará el nivel de furia en el país”.


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