En manos de La Haya, casos de tortura y desaparición forzada en Baja California
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En manos de La Haya, casos de tortura y desaparición forzada en Baja California

La Corte Penal Internacional recibió un informe que incluye los casos de 95 víctimas. Organizaciones civiles denuncian que son una muestra de que entre 2006 y 2012 en ese estado se cometieron crímenes de lesa humanidad
Cuartoscuro.
Por Tania L. Montalvo
15 de septiembre, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

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Militares o policías detienen a una persona sin orden judicial, la trasladan a una instalación militar y la torturan, se niega su paradero a familiares y amigos, no se le presenta ante una autoridad judicial ni se le permite ver a un abogado.

Luego, es obligada a firmar confesiones, se les planta droga y armas y, en muchos casos, se presenta ante la prensa como responsable de un delito.

Organizaciones civiles documentan en una denuncia presentada este viernes 12 de septiembre ante la Corte Penal Internacional que ese es el modo de operar de cuerpos policiales y militares en el estado mexicano de Baja California y que entre 2006 y 2012, gracias a esas “técnicas de investigación”, se cometieron crímenes de lesa humanidad.

“Las instituciones de seguridad del Estado (militares y cuerpos federales, estatales y municipales de policía) han cometido crímenes graves, en particular torturas y desapariciones forzadas, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por su carácter sistemático y por realizarse como parte de una política criminal que se evidencia por el uso de patrones definidos y el carácter organizado de las actuaciones”, cita el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH).

El documento, que las organizaciones llevaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional —con sede en La Haya, Países Bajos—, incluye 30 casos con 95 víctimas de crímenes de asesinato, tortura, privación grave de la libertad y desaparición forzada.

Todas las víctimas son civiles que, según los registros de los defensores de derechos humanos, son detenidos sin orden judicial y torturados para ser acusados falsamente de tener algún vínculo con organizaciones del narcotráfico.

“Estos civiles son presa de operativos en los que se les detiene (…) en esas cacerías, los civiles susceptibles de ser presentados como miembros o colaboradores de los cárteles son objetivo claro y no víctimas azarosas ni colaterales de las acciones del Estado”.

En la versión pública del informe se reserva el nombre de las víctimas y sus testimonios para su protección.

Los 30 casos —ocurridos entre 2006 y 2012— muestran que las técnicas de tortura consisten en golpes mientras la víctima tiene una bolsa en la cabeza, ahogamientos con agua, choques eléctricos, tortura sexual, amenazas de muerte y otro tipo de violencia psicológica como escenificación de fusilamiento o amenaza de tortura a hijos o familiares.

Pero además de los testimonios, las organizaciones presentaron como pruebas las cifras de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California sobre las denuncias de tortura y desaparición forzada que en 2008 eran 26 y cuatro años después esa cifra aumentó a 110.

Asimismo, se hace hincapié en que otros organismos como Human Rights Watch y el relator de las Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, han alertado sobre el uso de la tortura en México como práctica sistemática para obtener confesiones.

Según las organizaciones que entregaron el informe, la solicitud es una consecuencia “a la falta de respuesta de las autoridades mexicanas” pues no hay información sobre las investigaciones penales abiertas para llevar ante la justicia a los presuntos responsables de estos crímenes, además de que conforme aumentaban las denuncias de que militares y policías cometían actos de tortura, las autoridades tanto estatales como federales hicieron caso omiso y se limitaron a llamarlos “hechos aislados”.

“En la estrategia de la “guerra contra la delincuencia organizada” no se tomaron las debidas precauciones normativas y prácticas para evitar que la población civil fuera objeto de asesinatos y otros graves crímenes. Más grave aún es el hecho de que estas conductas no fueron ni han sido cabalmente investigadas y sancionadas. Por el contrario, existió una práctica sistemática por parte de los más altos funcionarios del Ejecutivo Federal, incluido el Presidente y los altos mandos del Ejército, la Armada y la Secretaría de Seguridad Pública de negar estos hechos, restarles importancia, ponerlos en duda o de considerarlos ‘incidentes aislados’”.

El periodo que abarca el informe es de 2006 a 2012, es decir, el sexenio del presidente Felipe Calderón, quien implementó en el país la Estrategia Nacional de Seguridad que consistió en un combate frontal a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Calderón ordenó que militares se hicieran cargo de la seguridad pública en entidades —entre ellas Baja California— con actividad de grupos del narcotráfico.

“Como resultado, actualmente se calculan en más de 50 mil los efectivos entre militares y miembros de la Armada que participan en estas actividades. El uso del Ejército no estuvo precedido de una declaratoria de Estado de emergencia, única forma constitucional por medio del cual pueden ser limitados ciertos derechos y libertades fundamentales y tampoco fue acompañado de la creación de un marco legal adecuado que delimitara las funciones de las fuerzas federales en esta estrategia”, denuncian las organizaciones civiles.

En 2011, Felipe Calderón y su gabinete de seguridad fueron demandados ante la Corte Penal Internacional por ser responsables de una “crisis humanitaria” en México.

En ese entonces, mexicanos presentaron una demanda con 470 casos de presuntos abusos y violaciones a derechos humanos en manos de fuerzas armadas cometidos desde diciembre de 2006 y responsabilizaron tanto a Calderón como a los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; y de la Marina Armada de México, Francisco Saynez.

El proceso para emitir un fallo por esa demanda continúa y ahora se suma la petición de organizaciones civiles para analizar los crímenes cometidos en Baja California entre 2006 y 2012.

México ratificó en 2005 el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional; está vigente desde enero de 2006, por lo que, desde entonces, el tribunal internacional puede investigar crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio cometidos en el país o por mexicanos en cualquier lugar del mundo.

Aquí puedes ver el informe presentado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH):

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Tragedia en San Antonio: "Los traficantes saben que la probabilidad de que los camiones sean inspeccionados es muy baja"

Los migrantes están arriesgándose cada vez más para acceder a Estados Unidos por vías que pueden resultar en tragedias, como la de las más de 50 personas asfixiadas en un camión.
29 de junio, 2022
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En la frontera de Estados Unidos y México, cada migrante tiene un precio para los traficantes.

Aquellos con menos recursos son los que se ven obligados a realizar un viaje más arriesgado, como el subir a camiones de carga para viajar cientos de kilómetros en condiciones inhumanas.

Trágicamente, en algunas ocasiones ese tipo de viaje -de varias horas, sin espacio, ventilación o agua– los lleva a la muerte, como ocurrió este lunes cerca de San Antonio, Texas, donde murieron más de 50 migrantes en la caja de un tráiler.

“Hay toda una cadena en la dinámica y la economía del tráfico de migrantes. La gente que viaja de esta manera es la que está pagando la menor cantidad demandada por los traficantes”, le explica a BBC Mundo Gabriella Sánchez, una investigadora del fenómeno del contrabando de personas en la frontera y académica de la Universidad de Massachussets en Lowell.

En el otro extremo, hay migrantes que pagan grandes sumas por obtener un tránsito más seguro hacia EE.UU., como el uso de una identificación legal de cruce fronterizo de alguien más.

Pero en estos últimos meses, la desesperación de muchos en la frontera,varados en México sin dinero por las políticas restrictivas impulsadas por el gobierno de EE.UU. a raíz de la pandemia, les ha llevado a tomar riesgos como nunca antes.

“Es consecuencia directa de las políticas que hacen que el viaje sea más largo, sea más difícil o sea más costoso. Y la desesperación de las personas que se encuentran en albergues fronterizos ahorita es tanta que están dispuestos a morir, porque para ellos la muerte de cualquier manera los está persiguiendo“, le dice a BBC Mundo Dulce García, directora de la organización de defensa de migrantes Ángeles de la Frontera.

Policías resguardan un camión con migrantes fallecidos.

Getty Images
Las autoridades de Texas encontraron a decenas de muertos en un camión abandonado cerca de San Antonio.

La vía del camión y otras más

Sánchez dice que “pasaría todo el día” explicando los múltiples métodos que tienen los migrantes y traficantes para cruzar la frontera.

Pero el método de los camiones atestados de hombres, mujeres y hasta niños es uno al que recurren los “coyotes” o “polleros”, debido a la probabilidad de no ser detectados.

Y es que la frontera entre México y Estados Unidos es una zona de muy alto tránsito de mercancías. Por los distintos cruces oficiales y por las carreteras de California, Arizona, Nuevo México y Texas, circulan masivamente vehículos de carga.

“Todos los días son miles. El CBP (autoridad migratoria de EE.UU.) no está equipado, ni tampoco es su labor inspeccionar todos los vehículos”, explica Sánchez.

“Por eso los traficantes dependen mucho de este tipo de vehículos, porque saben que la probabilidad de que sean inspeccionados es muy baja“, añade.

Tráileres circulan en la frontera de EE.UU. y México

Getty Images

Y al llevar más cantidad de gente en un solo viaje, los traficantes obtienen un mayor beneficio.

“Hay una correlación muy clara entre la gente que viaja de manera más segura y el dinero que tienen para cubrir el costo”, señala Sánchez.

Entre otras formas de pasar sin documentos propios está el uso de una tarjeta de cruce fronterizo válida, de una persona que la obtuvo legalmente, para pasar por la frontera: el riesgo solo es ser descubiertos por las autoridades.

Otros pagan para ser llevados de manera oculta en vehículos pequeños, sin tanto peligro como en los camiones, o para ser guiados por tierra o por mar.

“Los traficantes no cobran lo mismo a todos. No importa si vienes con alguien del mismo pueblo, varía por muchos factores: si eres hombre, si eres mujer, la edad…”, señala Sánchez.

Migrantes en un camión

Getty Images
Los migrantes viajan en camiones incluso por Centroamérica y México.

Para los “coyotes”, las ganancias son lo primordial y no la garantía de llevar a los migrantes sanos y salvos.

La activista por los derechos de los inmigrantes Jenn Budd, exjefa de unidad de la Patrulla Fronteriza, le dice a la BBC que los contrabandistas a menudo meten en los vehículos a tantos inmigrantes como sea posible.

En un caso que recuerda, interceptó una vieja camioneta Ford que circulaba por una carretera montañosa cerca de la frontera. En la caja del vehículo había unas 30 personas, acostadas y apiladas una encima de la otra.

“Estaban tirados allí como sardinas”, dice. “Es peligroso. Esas camionetas se pueden volcar. La gente en el fondo de los vehículos a menudo se asfixia. Es muy común”.

El último tramo

El viajar en vehículos grandes o pequeños no siempre es la manera de cruzar la frontera, sino de alejarse de ella hacia ciudades grandes, en donde es más probable para un migrante dispersarse sin riesgo.

Al ser Texas el estado de EE.UU. más cercano desde el centro y sur de México -de donde proceden la mayoría de los migrantes mexicanos, así como los centroamericanos- es la vía más recurrida. Desde los cruces de las ciudades de Laredo y McAllen suelen avanzar hacia San Antonio.

Un mapa

BBC

De ahí que en esa región se hayan dado tragedias como la del lunes o la de 2017, cuando fallecieron por asfixia 8 de un grupo de 39 migrantes en un camión.

En el caso del incidente de San Antonio, dice Sánchez, “lo más probable es que las personas ya hayan estado del lado estadounidense cuando se subieron en un camión así”.

“En cruces como el de Laredo, por ejemplo, casi todos los camiones pasan por un detector. Así que yo especulo -tendrá que confirmarse después- que mucha de la gente ya estaba del lado estadounidense y ahí se asignan a ese vehículo”.

En muchos casos, señala Jenn Budd, los migrantes ya están debilitados luego de cruzar la frontera a pie por terreno accidentado.

“Los contrabandistas les dirán que es una caminata de 15 o 30 minutos. Pero la realidad es que podrían ser días”, explica. “Y ya van deshidratados”.

Un agente fronterizo con migrantes

Getty Images

“Un cruce en este momento podría estar alrededor de US$5.000. Pero, y esto es muy importante saberlo, los costos varían mucho y esa cantidad muchas veces no se ha pagado“, señala Sánchez.

Las personas comúnmente hacen un acuerdo con los “coyotes” para pagarles una vez que llegan al lugar que tienen como destino.

“Pasarán unos días hasta la siguiente tragedia”

A pesar de los peligros, la cantidad de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México está en su punto más alto.

En mayo de este año se registraron 239.416 detenciones de migrantes en una de las más grandes oleadas de los últimos años.

Gráfico de estadísticas de detenciones en la frontera

BBC

Dulce García explica que hay gente en albergues en la frontera mexicana que lleva casi dos años esperando por una solicitud de refugio en EE.UU.

“No puedo hablar por toda la frontera, pero en 17 puntos que nosotros apoyamos, los migrantes están tan desesperados que han intentado el suicidio. Hemos hablado con mamás que por la desesperación han enviado a sus hijos solos para que por lo menos ellos tengan una oportunidad de sobrevivir”, dice García.

Pagar a un traficante antes costaba unos cientos de dólares, pero ahora llega a un promedio de entre US$8.000 y US$10.000, explica la directora de Ángeles de la Frontera desde San Diego. Y arriesgarse al viaje más barato les resulta la opción más asequible.

Gráfico de estadísticas de detenciones en la frontera

BBC

Por su parte, Sánchez sabe que hay un patrón que sigue a incidentes como el de San Antonio.

“En los próximos días quizás se calmen un poco las cosas, porque va a haber muchas inspecciones, redadas, más gente en las noches vigilando. Pero pasarán unos días hasta que llegue la siguiente tragedia“.

Para la especialista, la “única solución” es que los gobiernos ofrezcan “mecanismos para viajar de manera legal, sin importar la nacionalidad, raza o situación social”.

“Solo así no habrá demanda de traficantes. Suena muy simple, lo sé, pero si no hay esa libertad de acceso va a haber otro ‘San Antonio’ en unas semanas”.


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