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En manos de La Haya, casos de tortura y desaparición forzada en Baja California
La Corte Penal Internacional recibió un informe que incluye los casos de 95 víctimas. Organizaciones civiles denuncian que son una muestra de que entre 2006 y 2012 en ese estado se cometieron crímenes de lesa humanidad
Cuartoscuro.
Por Tania L. Montalvo
15 de septiembre, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

Militares o policías detienen a una persona sin orden judicial, la trasladan a una instalación militar y la torturan, se niega su paradero a familiares y amigos, no se le presenta ante una autoridad judicial ni se le permite ver a un abogado.

Luego, es obligada a firmar confesiones, se les planta droga y armas y, en muchos casos, se presenta ante la prensa como responsable de un delito.

Organizaciones civiles documentan en una denuncia presentada este viernes 12 de septiembre ante la Corte Penal Internacional que ese es el modo de operar de cuerpos policiales y militares en el estado mexicano de Baja California y que entre 2006 y 2012, gracias a esas “técnicas de investigación”, se cometieron crímenes de lesa humanidad.

“Las instituciones de seguridad del Estado (militares y cuerpos federales, estatales y municipales de policía) han cometido crímenes graves, en particular torturas y desapariciones forzadas, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por su carácter sistemático y por realizarse como parte de una política criminal que se evidencia por el uso de patrones definidos y el carácter organizado de las actuaciones”, cita el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH).

El documento, que las organizaciones llevaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional —con sede en La Haya, Países Bajos—, incluye 30 casos con 95 víctimas de crímenes de asesinato, tortura, privación grave de la libertad y desaparición forzada.

Todas las víctimas son civiles que, según los registros de los defensores de derechos humanos, son detenidos sin orden judicial y torturados para ser acusados falsamente de tener algún vínculo con organizaciones del narcotráfico.

“Estos civiles son presa de operativos en los que se les detiene (…) en esas cacerías, los civiles susceptibles de ser presentados como miembros o colaboradores de los cárteles son objetivo claro y no víctimas azarosas ni colaterales de las acciones del Estado”.

En la versión pública del informe se reserva el nombre de las víctimas y sus testimonios para su protección.

Los 30 casos —ocurridos entre 2006 y 2012— muestran que las técnicas de tortura consisten en golpes mientras la víctima tiene una bolsa en la cabeza, ahogamientos con agua, choques eléctricos, tortura sexual, amenazas de muerte y otro tipo de violencia psicológica como escenificación de fusilamiento o amenaza de tortura a hijos o familiares.

Pero además de los testimonios, las organizaciones presentaron como pruebas las cifras de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California sobre las denuncias de tortura y desaparición forzada que en 2008 eran 26 y cuatro años después esa cifra aumentó a 110.

Asimismo, se hace hincapié en que otros organismos como Human Rights Watch y el relator de las Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, han alertado sobre el uso de la tortura en México como práctica sistemática para obtener confesiones.

Según las organizaciones que entregaron el informe, la solicitud es una consecuencia “a la falta de respuesta de las autoridades mexicanas” pues no hay información sobre las investigaciones penales abiertas para llevar ante la justicia a los presuntos responsables de estos crímenes, además de que conforme aumentaban las denuncias de que militares y policías cometían actos de tortura, las autoridades tanto estatales como federales hicieron caso omiso y se limitaron a llamarlos “hechos aislados”.

“En la estrategia de la “guerra contra la delincuencia organizada” no se tomaron las debidas precauciones normativas y prácticas para evitar que la población civil fuera objeto de asesinatos y otros graves crímenes. Más grave aún es el hecho de que estas conductas no fueron ni han sido cabalmente investigadas y sancionadas. Por el contrario, existió una práctica sistemática por parte de los más altos funcionarios del Ejecutivo Federal, incluido el Presidente y los altos mandos del Ejército, la Armada y la Secretaría de Seguridad Pública de negar estos hechos, restarles importancia, ponerlos en duda o de considerarlos ‘incidentes aislados’”.

El periodo que abarca el informe es de 2006 a 2012, es decir, el sexenio del presidente Felipe Calderón, quien implementó en el país la Estrategia Nacional de Seguridad que consistió en un combate frontal a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Calderón ordenó que militares se hicieran cargo de la seguridad pública en entidades —entre ellas Baja California— con actividad de grupos del narcotráfico.

“Como resultado, actualmente se calculan en más de 50 mil los efectivos entre militares y miembros de la Armada que participan en estas actividades. El uso del Ejército no estuvo precedido de una declaratoria de Estado de emergencia, única forma constitucional por medio del cual pueden ser limitados ciertos derechos y libertades fundamentales y tampoco fue acompañado de la creación de un marco legal adecuado que delimitara las funciones de las fuerzas federales en esta estrategia”, denuncian las organizaciones civiles.

En 2011, Felipe Calderón y su gabinete de seguridad fueron demandados ante la Corte Penal Internacional por ser responsables de una “crisis humanitaria” en México.

En ese entonces, mexicanos presentaron una demanda con 470 casos de presuntos abusos y violaciones a derechos humanos en manos de fuerzas armadas cometidos desde diciembre de 2006 y responsabilizaron tanto a Calderón como a los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; y de la Marina Armada de México, Francisco Saynez.

El proceso para emitir un fallo por esa demanda continúa y ahora se suma la petición de organizaciones civiles para analizar los crímenes cometidos en Baja California entre 2006 y 2012.

México ratificó en 2005 el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional; está vigente desde enero de 2006, por lo que, desde entonces, el tribunal internacional puede investigar crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio cometidos en el país o por mexicanos en cualquier lugar del mundo.

Aquí puedes ver el informe presentado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH):

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Blue Moon: así es la nave espacial con la que Jeff Bezos quiere llegar a la Luna
Jeff Bezos, el fundador de Amazon, tiene una visión del futuro en el que las personas puedan vivir y trabajar en el espacio.
11 de mayo, 2019
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El hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, quiere que los humanos vuelvan a ir a la Luna… y esta vez “para quedarse”.

Bezos, fundador de Amazon, presentó el jueves la maqueta de una nueva nave espacial de aterrizaje lunar cuyo objetivo es llevar humanos a la Luna antes del 2024.

Se trata de una especie de caja con una esfera dentro y cuatro patas delgadas y largas.

El vehículo, bautizado como Blue Moon, también transportará instrumentos científicos, satélites y rovers (vehículos de exploración espacial).

La nave contará con un nuevo motor, llamado BE-7, que tiene una potencia de 40 kilonewtons y cuyos propulsores son una combinación de oxígeno e hidrógeno líquidos.

La empresa de exploración espacial que desarrolló la nave se llama Blue Origin. Bezos la fundó hace 20 años, y ya en 2005 empezó a desarrollar cohetes.

La puesta en escena para la presentación de la nave tuvo lugar en Washington (EE.UU.) ante una audiencia formada por clientes potenciales y funcionarios de la NASA.

El polo sur de la Luna

Blue Moon puede descargar equipamiento en la superficie lunar, desplegar hasta cuatro rovers automáticos y lanzar satélites para orbitar la Luna.

También entra en los planes de la compañía mandar un vehículo presurizado para humanos.

Motor Blue Moon.

Reuters
En el evento de presentación de la nave también se desveló el motor que la propulsará.

Una vez cargada con el combustible para despegar de la Tierra, la nave Blue Moon pesará más de 13.000 kilos, un peso que descenderá hasta los 3.000 kilos cuando esté a punto de aterrizar en la Luna.

El objetivo es que Blue Moon aterrice en el polo sur de la Luna, donde se encontraron depósitos de hielo en los cráteres.

El agua derivada de ese hielo se puede descomponer para producir hidrógeno, que luego podría alimentar la nave espacial para futuras misiones en el sistema solar.

El gobierno de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, anunció en marzo que tenía la intención de volver a mandar astronautas estadounidenses a la Luna a finales de 2024.

Jeff Bezos.

Getty Images
El estadounidense Jeff Bezos es el fundador de Amazon y el hombre más rico del mundo.

Vivir y trabajar en el espacio

En su discurso, Bezos dijo que su compañía espacial, Blue Origin, podría cumplir con la fecha que anunció Trump, pero “solo porque” la firma comenzó a diseñar el módulo de aterrizaje lunar en 2016.

El fundador de Amazon tiene una visión del futuro en el que las personas puedan vivir y trabajar en el espacio, algo que hoy no es posible.

Con ese propósito, en 2017 anunció que vendería cada año US$1.000 millones en acciones de Amazon para financiar su sueño espacial.

“El precio de hacer cosas interesantes en el espacio en este momento es demasiado alto porque no hay infraestructura”, afirmó.

Para ilustrarlo, describió a colonias espaciales autosuficientes que podían albergar a personas, animales y vegetación, algo similar a los conceptos desarrollados por el físico de Princeton Gerard O’Neill.

“Sería una civilización increíble”, aseguró Bezos.


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