En manos de La Haya, casos de tortura y desaparición forzada en Baja California
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En manos de La Haya, casos de tortura y desaparición forzada en Baja California

La Corte Penal Internacional recibió un informe que incluye los casos de 95 víctimas. Organizaciones civiles denuncian que son una muestra de que entre 2006 y 2012 en ese estado se cometieron crímenes de lesa humanidad
Cuartoscuro.
Por Tania L. Montalvo
15 de septiembre, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

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Militares o policías detienen a una persona sin orden judicial, la trasladan a una instalación militar y la torturan, se niega su paradero a familiares y amigos, no se le presenta ante una autoridad judicial ni se le permite ver a un abogado.

Luego, es obligada a firmar confesiones, se les planta droga y armas y, en muchos casos, se presenta ante la prensa como responsable de un delito.

Organizaciones civiles documentan en una denuncia presentada este viernes 12 de septiembre ante la Corte Penal Internacional que ese es el modo de operar de cuerpos policiales y militares en el estado mexicano de Baja California y que entre 2006 y 2012, gracias a esas “técnicas de investigación”, se cometieron crímenes de lesa humanidad.

“Las instituciones de seguridad del Estado (militares y cuerpos federales, estatales y municipales de policía) han cometido crímenes graves, en particular torturas y desapariciones forzadas, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por su carácter sistemático y por realizarse como parte de una política criminal que se evidencia por el uso de patrones definidos y el carácter organizado de las actuaciones”, cita el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH).

El documento, que las organizaciones llevaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional —con sede en La Haya, Países Bajos—, incluye 30 casos con 95 víctimas de crímenes de asesinato, tortura, privación grave de la libertad y desaparición forzada.

Todas las víctimas son civiles que, según los registros de los defensores de derechos humanos, son detenidos sin orden judicial y torturados para ser acusados falsamente de tener algún vínculo con organizaciones del narcotráfico.

“Estos civiles son presa de operativos en los que se les detiene (…) en esas cacerías, los civiles susceptibles de ser presentados como miembros o colaboradores de los cárteles son objetivo claro y no víctimas azarosas ni colaterales de las acciones del Estado”.

En la versión pública del informe se reserva el nombre de las víctimas y sus testimonios para su protección.

Los 30 casos —ocurridos entre 2006 y 2012— muestran que las técnicas de tortura consisten en golpes mientras la víctima tiene una bolsa en la cabeza, ahogamientos con agua, choques eléctricos, tortura sexual, amenazas de muerte y otro tipo de violencia psicológica como escenificación de fusilamiento o amenaza de tortura a hijos o familiares.

Pero además de los testimonios, las organizaciones presentaron como pruebas las cifras de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California sobre las denuncias de tortura y desaparición forzada que en 2008 eran 26 y cuatro años después esa cifra aumentó a 110.

Asimismo, se hace hincapié en que otros organismos como Human Rights Watch y el relator de las Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, han alertado sobre el uso de la tortura en México como práctica sistemática para obtener confesiones.

Según las organizaciones que entregaron el informe, la solicitud es una consecuencia “a la falta de respuesta de las autoridades mexicanas” pues no hay información sobre las investigaciones penales abiertas para llevar ante la justicia a los presuntos responsables de estos crímenes, además de que conforme aumentaban las denuncias de que militares y policías cometían actos de tortura, las autoridades tanto estatales como federales hicieron caso omiso y se limitaron a llamarlos “hechos aislados”.

“En la estrategia de la “guerra contra la delincuencia organizada” no se tomaron las debidas precauciones normativas y prácticas para evitar que la población civil fuera objeto de asesinatos y otros graves crímenes. Más grave aún es el hecho de que estas conductas no fueron ni han sido cabalmente investigadas y sancionadas. Por el contrario, existió una práctica sistemática por parte de los más altos funcionarios del Ejecutivo Federal, incluido el Presidente y los altos mandos del Ejército, la Armada y la Secretaría de Seguridad Pública de negar estos hechos, restarles importancia, ponerlos en duda o de considerarlos ‘incidentes aislados’”.

El periodo que abarca el informe es de 2006 a 2012, es decir, el sexenio del presidente Felipe Calderón, quien implementó en el país la Estrategia Nacional de Seguridad que consistió en un combate frontal a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Calderón ordenó que militares se hicieran cargo de la seguridad pública en entidades —entre ellas Baja California— con actividad de grupos del narcotráfico.

“Como resultado, actualmente se calculan en más de 50 mil los efectivos entre militares y miembros de la Armada que participan en estas actividades. El uso del Ejército no estuvo precedido de una declaratoria de Estado de emergencia, única forma constitucional por medio del cual pueden ser limitados ciertos derechos y libertades fundamentales y tampoco fue acompañado de la creación de un marco legal adecuado que delimitara las funciones de las fuerzas federales en esta estrategia”, denuncian las organizaciones civiles.

En 2011, Felipe Calderón y su gabinete de seguridad fueron demandados ante la Corte Penal Internacional por ser responsables de una “crisis humanitaria” en México.

En ese entonces, mexicanos presentaron una demanda con 470 casos de presuntos abusos y violaciones a derechos humanos en manos de fuerzas armadas cometidos desde diciembre de 2006 y responsabilizaron tanto a Calderón como a los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; y de la Marina Armada de México, Francisco Saynez.

El proceso para emitir un fallo por esa demanda continúa y ahora se suma la petición de organizaciones civiles para analizar los crímenes cometidos en Baja California entre 2006 y 2012.

México ratificó en 2005 el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional; está vigente desde enero de 2006, por lo que, desde entonces, el tribunal internacional puede investigar crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio cometidos en el país o por mexicanos en cualquier lugar del mundo.

Aquí puedes ver el informe presentado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH):

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La familia que no tiene huellas dactilares

Una familia en Bangladesh tiene una rara mutación genética que les ha representado dificultades en un mundo cada vez más dependiente de datos biométricos.
26 de diciembre, 2020
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Apu Sarker me mostró la palma abierta de su mano durante una videoconferencia desde su casa en Bangladesh. Al comienzo nada me pareció raro, pero cuando miré más de cerca me percaté de lo lisas que eran las superficies de sus dedos.

Apu, de 22 años, vive con su familia en una aldea en el distrito norteño de Rajshahi. Hasta hace poco, trabajaba como asistente médico. Su padre y abuelo eran agricultores.

Los hombres en la familia de Apu parecen compartir una rara mutación genética que se cree que solo afecta a un puñado de personas en el mundo: no tienen huellas dactilares.

Antes, en las épocas del abuelo de Apu, no tener huellas digitales no era gran lío. “Nunca lo pensé como un problema”, dijo Apu.

Pero después de décadas, esos pequeños surcos que se arremolinan en las puntas de nuestros dedos -llamados dermatoglifos– se han convertido en el dato biométrico más recopilado del mundo.

Se usan para todo, desde el paso por un aeropuerto hasta para abrir nuestros teléfonos inteligentes.

Un teléfono inteligente que se abre con la huella digital

AFP
Hoy en día, las huellas digitales se utilizan para operar un sinnúmero de dispositivos, como el teléfono inteligente.

En 2008, cuando Apu era niño, Bangladesh introdujo una Tarjeta de Identidad Nacional para todos los adultos y la base de datos requería una huella del pulgar.

Los funcionarios confundidos no sabían si emitirle una tarjeta al padre de Apu, Amal Sarker. Finalmente, recibió una tarjeta con el sello “SIN HUELLA DIGITAL”.

En 2010, las huellas dactilares se volvieron obligatorias para pasaportes y licencias de conducción.

Después de varios intentos, Amal logró conseguir un pasaporte mostrando un certificado de una junta médica. Nunca lo ha usado, en parte porque teme que haya problemas en el aeropuerto. Y, aunque conducir una motocicleta es esencial para su trabajo de agricultor, nunca ha obtenido una licencia.

“Pagué la tarifa, pasé el examen, pero no me dieron la licencia porque no podía dar una huella digital”, explicó.

Registro de datos biométricos en Bangladesh

Getty Images
Bangladesh ha realizado una extensa recopilación de datos biométricos de sus habitantes, sin los cuales no se puede aquirir un pasaporte, o una licencia de conducir, ni siquiera una tarjeta SIM para el teléfono.

Amal carga consigo el recibo de pago de la licencia, pero no siempre le ayuda cuando lo detienen. Le han multado dos veces. En ambas ocasiones explicó sobre su dolencia a los policías, dijo, y les mostró las puntas de sus dedos para que vieran. Ninguno le perdonó la multa.

“Siempre es un experiencia vergonzosa para mí”, contó Amal.

En 2016, el gobierno hizo obligatorio comparar la huella digital con la base nacional de datos para poder comprar una tarjeta SIM para un celular.

“Parecieron confundidos cuando fui a comprar una SIM, el software de su sistema se congelaba cada vez que ponía mi dedo en el sensor”, dijo Apu, con una sonrisa irónica.

Le rechazaron la compra. Todos los hombres de su familia tienen que usar tarjetas SIM bajo el nombre de su madre.

Amal

BBC
Los dedos de Amal Sarker no tienen los patrones distintivos que se encuentran en la mayoría de las personas.

La dolencia rara que afecta a la familia Sarker se llama adermatoglifia.

Se dio a conocer ampliamente en 2007 cuando Peter Itin, un dermatólogo suizo, fue contactado por una mujer de su país que tenía problemas entrando a EE.UU.

Su cara correspondía a la foto de su pasaporte, pero los agentes de inmigración no podían registrar sus huellas dactilares. No tenía.

Tras examinarle, el profesor Itin encontró que la mujer y ocho miembros de su familia sufrían una rara condición, con las yemas de los dedos planas y un número reducido de glándulas sudoríparas en las manos.

Trabajando con otro dermatólogo, Eli Sprecher, y la estudiante de posgrado Jann Nousbeck, el profesor Itin examinó el ADN de 16 miembros de la familia -siete con huellas digitales y nueve sin éstas.

“Los casos aislados son muy raros y no se han documentado más que unas pocas familias”, contó el profesor Itin a la BBC.

Agente de inmigración en EE.UU. verifica las huellas digitales de una pasajera

Getty Images
En muchos países, como en EE.UU., los agentes fronterizos verifican las huellas digitales de los viajeros antes de permitir su entrada.

En 2011, el equipo se enfocó en un gen, SMARCAD1, que mutó en los nueve miembros sin huellas de la familia y pudieron identificarlo como la causa de la rara dolencia. Prácticamente no se conocía nada de este gen. La mutación no parecía causar otros efectos negativos aparte de los cambios en las manos.

La mutación que se buscó durante todos esos años afectaba un gen “del que nadie sabía nada”, expresó el profesor Sprecher. Por eso tardaron años en encontrarlo.

Una vez descubierto, la enfermedad fue nombrada adermatoglifia, pero el profesor Itin la apodó “enfermedad de demora migratoria”- por su primera paciente que tuvo problemas entrando a EE.UU.- y el nombre resultó.

Amal y Apu

BBC
Amal y Apu Sarker. “No está en mis manos, es algo que heredé”, dijo Amal.

La enfermedad de demora migratoria puede afectar a varias generaciones de una familia. El tío de Apu Saker, Gopesh, que vive en Dinajpur, a unos 350km de Daca, tuvo que esperar dos años antes de que le autorizaran un pasaporte.

“Tuve que viajar a Daca cuatro o cinco veces en los últimos dos años para convencerles de que sufría la mutación”, declaró Gopesh.

Cuando su oficina empezó a utilizar un sistema de control de asistencia con huellas digitales, Gopesh tuvo que convencer a sus jefes que le permitieran utilizar el sistema antiguo: firmando una planilla de asistencia todos los días.

Un dermatólogo en Bangladesh ha diagnosticado la condición de la familia como queratodermia palmoplantar congénita, que el profesor Itin cree que evolucionó en adermatoglifia secundaria, una versión de la enfermedad que también puede producir resequedad cutánea y reducción de la transpiración en las palmas de las manos y plantas de los pies.

Los Sarker na reportado todos estos síntomas.

Se necesitarían hacer más exámenes para confirmar si la familia tiene alguna forma de adermatoglifia.

El profesor Sprecher expresó que su equipo estaría “muy contento” de ayudar a la familia con pruebas genéticas.

Los resultados de esas pruebas podrían darles a los Sarker alguna certidumbre, pero no les aliviaría la carga de navegar diariamente por un mundo sin huellas digitales.

El hermano menor de Apu Sarker, Anu

BBC
El hermano menor de Apu Sarker, Anu, también heredó la rara mutación genética.

Los Sarker que padecen de esta mutación están viviendo en una sociedad que no solo les resulta más difícil de manejar, sino que no ha evolucionado para acomodar su problema.

Amal Sarker pasó la mayoría de su vida sin mucho traspié, pero ahora dice que siente tristeza por sus hijos.

“No está en mis manos, es algo que heredé”, declaró.

“Pero la manera en que mis hijos y yo nos estamos metiendo en todo tipo de problemas, es realmente doloroso para mí”.

Amal y Apu acaban de recibir un nuevo tipo de tarjeta de identidad nacional emitida por el gobierno bangladesí, tras presentar un certificado médico. La tarjeta utiliza otros datos biométricos –un escaneo de la retina y reconocimiento facial.

Pero todavía no pueden comprar una tarjeta SIM ni obtener una licencia de conducción. Expedir un pasaporte es un largo y arduo proceso.

“Estoy cansado de explicar mi situación una y otra vez. He pedido consejo a mucha gente, pero nadie puede darme una respuesta definitiva”, se quejó Apu. “Alguien me sugirió ir a un tribunal. Si todas las otras opciones fallan, eso es lo que tendré que hacer”.

Apu espera poder conseguir un pasaporte, dijo. Le encantaría viajar fuera de Bangladesh. Sólo tiene que empezar a llenar la solicitud.

Las fotos son cortesía de la familia Sarker.


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