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Indocumentados, sin información y sin derechos. Así les va a los migrantes encarcelados en México

El estado mexicano falla en sus obligaciones de información y salvaguarda de los derechos de los centroamericanos detenidos. Así lo señala el informe "Migrantes en Prisión" que presentan la Universidad Iberoamericana y el Centro PRODH para el que no pudieron conseguir una cifra certera de los extranjeros presos en el país.
Por Majo Siscar @majosiscar
11 de septiembre, 2014
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Migrantes descansan en el albergue de Arriaga, estado de Chiapas, en una imagen de archivo. //Foto: Manu Ureste

Migrantes descansan en el albergue de Arriaga, estado de Chiapas, en una imagen de archivo. //Foto: Manu Ureste

El hondureño Ángel Amílcar Colóntardó casi un año para poder comunicarse con su esposa. Lo detuvieron en marzo de 2009 –cuando intentaba cruzar de Tijuana a Estados Unidos– y lo arraigaron 77 días. Luego le dictaron auto de formal prisión. Nunca le informaron que podía hablar a su consulado para solicitar asesoría o que se comunicaran con su familia, no sólo para avisar que estaba preso sino hasta para conseguir documentos que justificaran quién era y qué hacía. No lo hizo la policía ni el ministerio público, tampoco su abogado de oficio. La asistencia consular es un derecho de los migrantes ante cualquier proceso de detención reconocido por la legislación nacional e internacional. Para que se haga efectivo es obligación de las autoridades policíacas, ministeriales o judiciales notificar al detenido el derecho a contar con esta protección consular antes de que rinda su primera declaración, pero no suele cumplirse según el informe sobre los centroamericanos encarcelados en el país “Migrantes en Prisión”, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (UIA) del campus de la Ciudad de México.

Éste es sólo uno de los incumplimientos del Estado mexicano en su obligación de proteger los derechos de las personas migrantes detenidas, pero el informe también señala que otros tres se incumplen sistemáticamente:

A la no discriminación. El informe relata que la población centroamericana es más criminalizada por la policía, el Ministerio Público y por las autoridades judiciales.
A la presunción de inocencia. No se debería aplicar sistemáticamente la prisión preventiva sino sólo como medida cautelar. El informe asevera que “muchos migrantes están renunciando voluntariamente a pelear su inocencia y están renunciando a su periodo de ofrecimiento de pruebas, aceptando la responsabilidad del delito por el que son acusados, ellos deciden hacerlo de esta manera, para agilizar su salida, pues, en caso que decidan defender su inocencia, implica que se prolongue su estancia en el penal y con posibilidades de ser condenados de cualquier forma.

Al debido proceso. Los migrantes desconocen el sistema de procuración y administración de justicia lo que da más margen a los funcionarios a cometer irregularidades.

En el caso de Ángel Amílcar se vulneró también el derecho a la libertad personal ya que pasó 15 horas detenido antes de presentarlo a un ministerio público durante las cuales se le infringió tortura, lo que atenta también a su derecho a la integridad personal. Aquí puedes leer su historia. 

La Casa del Migrante de Saltillo mantiene comunicación con los siete migrantes presos en el penal de la ciudad y asegura que, a excepción de un caso que ellos defienden, el resto no han tenido acceso a una defensa adecuada, que debería ser garantizada por el Estado, además de que a “ningún migrante se le ha respetado su derecho a la asistencia consular al momento de su detención y etapa de averiguación previa”, relatan en el informe.

Las reos son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad por su intrínseca condición de aislamiento, pero si además se trata de presos migrantes que estaban en tránsito por México la vulnerabilidad se multiplica, ya que como viajeros no cuentan con documentación que acredite su estancia regular en el país por lo que tienen miedo a ser descubiertos; vienen de una situación de marginación y desconocen la cultura, las leyes nacionales y a veces hasta el idioma. Pero además, una vez detenidos no sólo desconocen el sistema de justicia mexicano, sino que se encuentran en un país ajeno y sin redes sociales o familiares. Los migrantes presos tienen tres vías para mantener el contacto con su familia: las visitas familiares, las llamadas telefónicas y el correo postal. Pero su condición aumenta los obstáculos para mantener la comunicación por lo que frecuentemente pierden prácticamente todo contacto directo con su familia.

El simple hecho de mandar una carta a su familia se vuelve una dificultad al requerir timbres, sobres, hojas y plumas que no son proporcionadas por el centro penitenciario. Las visitas son todavía más complicadas. La esposa de Ángel, también hondureña y residente en aquel país, debería pedir una visa para entrar a México con los gastos que conlleva el trámite y los viajes al consulado mexicano en Honduras. Después debería juntar para el pasaje hasta el penal de Tepic, en Nayarit, donde está preso Ángel. Si quiere viajar con su hijo de 8 años, necesita una carta potestad de Ángel como padre del menor, que éste debería tramitar a través de un notario en Tepic y hacérsela llegar a Honduras. Luego la esposa debería pedir la autorización para entrar al penal federal y que le adjudicaran una fecha, un trámite que se demora semanas y costoso de hacer desde el extranjero. July Baltazar, esposa de Ángel Amílcar sólo lo ha podido visitar en una ocasión después de cinco años preso y lo ha hecho porque Amnistía Internacional le facilitó todos los trámites.

Amnistía Internacional y el PRODH apadrinaron el caso de Ángel Amílcar, quien lleva más de cinco años preso acusado de delincuencia organizada, y a la espera de juicio. En su caso, el PRODH arguye que no hay pruebas que lo relacionen directamente y asegura que no cometió ningún delito. Amnistía Internacional lo ha declarado preso de conciencia. Ante ello, las organizaciones que elaboran el informe alertan que es posible que haya otros centroamericanos presos con delitos falsos, “máxime si las prácticas violatorias de derechos humanos y las fallas estructurales del sistema de procuración y administración de justicia que permitieron su detención y vinculación a proceso no han desaparecido”. Ante ello instan a la Procuraduría General de la República y al poder judicial a tomen medidas coordinadas para evitar que esta población siga siendo criminalizada y que elaboren conjuntamente un diagnóstico serio sobre las personas centroamericanas en reclusión con el fin de detectar casos como el de Ángel Amílcar.

Se desconocen las cifras

De entrada, el estado ni siquiera sabe cuántos centroamericanos tiene en sus cárceles. Ante la falta de un registro que contabilice los migrantes presos o sentenciados en el país, el PRODH y el Programa de Asuntos Migratorios de la UIA se dieron a la tarea de preguntarlo estado por estado.

Después de múltiples solicitudes de información hechas entre el 27 de mayo y el 17 de octubre del año pasado, que, finalmente, contestaron 27 de las 32 entidades federativas, el PRODH y la UIA contabilizaron mil 219 centroamericanos en prisión. Aguascalientes, Campeche, Oaxaca, Tabasco y Veracruz no quisieron dar la información pese a que, al menos los últimos tres, son estados con gran flujo de migrantes en su tránsito hacia los Estados Unidos. La ausencia es doblemente preocupante porque de los 27 estados que dieron información, Chiapas –puerta de entrada a México de los centroamericanos junto a Tabasco– es también la entidad con más centroamericanos presos, 525 de los mil 219.

Por otro lado, el PRODH y la UIA preguntaron también a la Dirección General de Coordinación de Delegaciones del Instituto Nacional de Migración y también a la Dirección General Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia de esta misma institución. Mientras que la primera reportó un total de 354 personas centroamericanas en reclusión durante el 2013, la segunda reportó apenas 174 en el mismo período.

Las organizaciones convocantes ven con mucha preocupación esta imprecisión en las cifras e instan a que sea el Poder Judicial quien haga “un adecuado control de constitucionalidad y convencionalidad; aplique estándares internacionales y ejerza un control riguroso del acervo probatorio ofrecido por el Ministerio Público”. Los impartidores de justicia mexicanos ya cuentan con el Protocolo de Actuación en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, sin embargo este no es vinculante.

El perfil de los centroamericanos presos

Si nos quedamos con los datos de las 27 procuradurías observamos que de los mil 219 centroamericanos presos, 972 se encuentran en penales estatales y 247 en penales federales. El 45% son guatemaltecos y el 34% hondureños. De la información disponible, sólo tres presos en penales del Estado de Michoacán tenían documento migratorio regular, el resto son indocumentados presumiblemente en tránsito por el país. La mayoría no tienen sentencia y están a la espera de juicio.

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A casi la tercera parte de los presos en penales estatales se les imputa el delito de robo. El resto de delitos más frecuentes son, en este orden: homicidio, delitos sexuales y delitos contra la salud, en diversos grados. También, en menor grado, hay acusados por portación, acopio o posesión de armas; delitos contra la libertad personal; el delito de lesiones; delincuencia organizada; delitos de carácter migratorio; trata y lenocinio.

La gran mayoría de los centroamericanos detenidos son hombres; en el caso de las mujeres son más frecuentes las acusaciones relacionadas con delitos sexuales, trata y lenocinio.

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Tifón Hagibis: la peor tormenta que azota a Japón en 60 años

El tifón Hagibis podría ser la peor tormenta en Japón desde 1958, cuando más de mil 200 personas murieron.
12 de octubre, 2019
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Lluvias torrenciales y tornados están sacudiendo largos territorios en Japón, en lo que se estima la peor tormenta en 60 años.

El ojo del tifón Hagibis tocó tierra alrededor de las siete de la tarde hora local en la península Izu, al sureste de Tokio, con vientos de hasta 225 kilómetros por hora.

De forma urgente, se ha pedido a más de siete millones de personas que dejen sus casas por riesgo de inundaciones severas y las advertencias de desprendimientos de tierra.

Los servicios de trenes han sido reducidos a la mitad, y más de mil vuelos fueron cancelados.

Un hombre murió en Chiba, al este de Tokio, después de que fuertes vientos volcaran su coche.

Daño causado por el tornado de 2016.

Reuters
Los vientos en forma de tornado impactaron el este de Tokio en 2016.

Miles de casas se han quedado sin electricidad dentro y alrededor de la capital, aunque algunos hogares la recuperaron rápidamente.

Como consecuencia de la amenaza, dos partidos de la Copa Mundial de Rugby fueron cancelados, al igual que la jornada del sábado del Gran Premio de Fórmula Uno.

¿Qué se sabe de este tifón?

Se estima que Hagibis, que significa “velocidad” en la lengua filipina tagalo, impacte la principal isla japonesa de Honshu.

Podría tratarse de la peor tormenta a que el país se ha enfrentado desde el tifón Kanogawa en 1958, que dejó más de 1.200 fallecidos y desaparecidos.

Habitantes de Tokio se protegen de la lluvia y el viento.

Getty Images
Se ha advertido a los residentes de Tokio que se mantengan fuer de las calles.

“Se han visto fuertes lluvias sin precedentes en ciudades, pueblos y aldeas para las cuales se emitió la señal de emergencia”, dijo el meteorólogo Yasushi Kajiwara en una conferencia de prensa.

“La posibilidad de que ya hayan ocurrido desastres como deslizamientos de tierra e inundaciones es extremadamente alta. Es importante tomar medidas que puedan ayudar a salvar sus vidas”, continuó Kajiwara

¿Cómo afectará?

El tifón se ha ganado titulares por obligar a cancelar el Premio de Fórmula Uno y dos partidos de la Copa Mundial de Rugby.

Pero los impactos en la población local podrían ser más graves.

Una mujer camina junto a estanterías vacías en un supermercado.

AFP
Los mostradores de los supermercados se quedaron vacíos después de que los locales acudieran a por provisiones.

Los japoneses acudieron a comprar provisiones antes de la llegada del tifón, lo que originó imágenes donde se podían ver las estanterías de los supermercados vacías.

El mes pasado, el tifón Faxai causó estragos en algunas partes de Japón, dañando 30.000 hogares, la mayoría de los cuales aún no han sido reparados.

“Evacué porque el otro tifón arrancó mi techo y entró lluvia. Estoy muy preocupado por mi casa”, dijo un hombre de 93 años a la emisora ​​nacional NHK de Japón, desde un refugio en Tateyama, prefectura de Chiba.

Algo más de 50.000 personas tomaron el consejo oficial de evacuarse a refugios, según la agencia de noticias AFP.


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