Indocumentados, sin información y sin derechos. Así les va a los migrantes encarcelados en México
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Indocumentados, sin información y sin derechos. Así les va a los migrantes encarcelados en México

El estado mexicano falla en sus obligaciones de información y salvaguarda de los derechos de los centroamericanos detenidos. Así lo señala el informe "Migrantes en Prisión" que presentan la Universidad Iberoamericana y el Centro PRODH para el que no pudieron conseguir una cifra certera de los extranjeros presos en el país.
Por Majo Siscar @majosiscar
11 de septiembre, 2014
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Migrantes descansan en el albergue de Arriaga, estado de Chiapas, en una imagen de archivo. //Foto: Manu Ureste

Migrantes descansan en el albergue de Arriaga, estado de Chiapas, en una imagen de archivo. //Foto: Manu Ureste

El hondureño Ángel Amílcar Colóntardó casi un año para poder comunicarse con su esposa. Lo detuvieron en marzo de 2009 –cuando intentaba cruzar de Tijuana a Estados Unidos– y lo arraigaron 77 días. Luego le dictaron auto de formal prisión. Nunca le informaron que podía hablar a su consulado para solicitar asesoría o que se comunicaran con su familia, no sólo para avisar que estaba preso sino hasta para conseguir documentos que justificaran quién era y qué hacía. No lo hizo la policía ni el ministerio público, tampoco su abogado de oficio. La asistencia consular es un derecho de los migrantes ante cualquier proceso de detención reconocido por la legislación nacional e internacional. Para que se haga efectivo es obligación de las autoridades policíacas, ministeriales o judiciales notificar al detenido el derecho a contar con esta protección consular antes de que rinda su primera declaración, pero no suele cumplirse según el informe sobre los centroamericanos encarcelados en el país “Migrantes en Prisión”, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (UIA) del campus de la Ciudad de México.

Éste es sólo uno de los incumplimientos del Estado mexicano en su obligación de proteger los derechos de las personas migrantes detenidas, pero el informe también señala que otros tres se incumplen sistemáticamente:

A la no discriminación. El informe relata que la población centroamericana es más criminalizada por la policía, el Ministerio Público y por las autoridades judiciales.
A la presunción de inocencia. No se debería aplicar sistemáticamente la prisión preventiva sino sólo como medida cautelar. El informe asevera que “muchos migrantes están renunciando voluntariamente a pelear su inocencia y están renunciando a su periodo de ofrecimiento de pruebas, aceptando la responsabilidad del delito por el que son acusados, ellos deciden hacerlo de esta manera, para agilizar su salida, pues, en caso que decidan defender su inocencia, implica que se prolongue su estancia en el penal y con posibilidades de ser condenados de cualquier forma.

Al debido proceso. Los migrantes desconocen el sistema de procuración y administración de justicia lo que da más margen a los funcionarios a cometer irregularidades.

En el caso de Ángel Amílcar se vulneró también el derecho a la libertad personal ya que pasó 15 horas detenido antes de presentarlo a un ministerio público durante las cuales se le infringió tortura, lo que atenta también a su derecho a la integridad personal. Aquí puedes leer su historia. 

La Casa del Migrante de Saltillo mantiene comunicación con los siete migrantes presos en el penal de la ciudad y asegura que, a excepción de un caso que ellos defienden, el resto no han tenido acceso a una defensa adecuada, que debería ser garantizada por el Estado, además de que a “ningún migrante se le ha respetado su derecho a la asistencia consular al momento de su detención y etapa de averiguación previa”, relatan en el informe.

Las reos son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad por su intrínseca condición de aislamiento, pero si además se trata de presos migrantes que estaban en tránsito por México la vulnerabilidad se multiplica, ya que como viajeros no cuentan con documentación que acredite su estancia regular en el país por lo que tienen miedo a ser descubiertos; vienen de una situación de marginación y desconocen la cultura, las leyes nacionales y a veces hasta el idioma. Pero además, una vez detenidos no sólo desconocen el sistema de justicia mexicano, sino que se encuentran en un país ajeno y sin redes sociales o familiares. Los migrantes presos tienen tres vías para mantener el contacto con su familia: las visitas familiares, las llamadas telefónicas y el correo postal. Pero su condición aumenta los obstáculos para mantener la comunicación por lo que frecuentemente pierden prácticamente todo contacto directo con su familia.

El simple hecho de mandar una carta a su familia se vuelve una dificultad al requerir timbres, sobres, hojas y plumas que no son proporcionadas por el centro penitenciario. Las visitas son todavía más complicadas. La esposa de Ángel, también hondureña y residente en aquel país, debería pedir una visa para entrar a México con los gastos que conlleva el trámite y los viajes al consulado mexicano en Honduras. Después debería juntar para el pasaje hasta el penal de Tepic, en Nayarit, donde está preso Ángel. Si quiere viajar con su hijo de 8 años, necesita una carta potestad de Ángel como padre del menor, que éste debería tramitar a través de un notario en Tepic y hacérsela llegar a Honduras. Luego la esposa debería pedir la autorización para entrar al penal federal y que le adjudicaran una fecha, un trámite que se demora semanas y costoso de hacer desde el extranjero. July Baltazar, esposa de Ángel Amílcar sólo lo ha podido visitar en una ocasión después de cinco años preso y lo ha hecho porque Amnistía Internacional le facilitó todos los trámites.

Amnistía Internacional y el PRODH apadrinaron el caso de Ángel Amílcar, quien lleva más de cinco años preso acusado de delincuencia organizada, y a la espera de juicio. En su caso, el PRODH arguye que no hay pruebas que lo relacionen directamente y asegura que no cometió ningún delito. Amnistía Internacional lo ha declarado preso de conciencia. Ante ello, las organizaciones que elaboran el informe alertan que es posible que haya otros centroamericanos presos con delitos falsos, “máxime si las prácticas violatorias de derechos humanos y las fallas estructurales del sistema de procuración y administración de justicia que permitieron su detención y vinculación a proceso no han desaparecido”. Ante ello instan a la Procuraduría General de la República y al poder judicial a tomen medidas coordinadas para evitar que esta población siga siendo criminalizada y que elaboren conjuntamente un diagnóstico serio sobre las personas centroamericanas en reclusión con el fin de detectar casos como el de Ángel Amílcar.

Se desconocen las cifras

De entrada, el estado ni siquiera sabe cuántos centroamericanos tiene en sus cárceles. Ante la falta de un registro que contabilice los migrantes presos o sentenciados en el país, el PRODH y el Programa de Asuntos Migratorios de la UIA se dieron a la tarea de preguntarlo estado por estado.

Después de múltiples solicitudes de información hechas entre el 27 de mayo y el 17 de octubre del año pasado, que, finalmente, contestaron 27 de las 32 entidades federativas, el PRODH y la UIA contabilizaron mil 219 centroamericanos en prisión. Aguascalientes, Campeche, Oaxaca, Tabasco y Veracruz no quisieron dar la información pese a que, al menos los últimos tres, son estados con gran flujo de migrantes en su tránsito hacia los Estados Unidos. La ausencia es doblemente preocupante porque de los 27 estados que dieron información, Chiapas –puerta de entrada a México de los centroamericanos junto a Tabasco– es también la entidad con más centroamericanos presos, 525 de los mil 219.

Por otro lado, el PRODH y la UIA preguntaron también a la Dirección General de Coordinación de Delegaciones del Instituto Nacional de Migración y también a la Dirección General Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia de esta misma institución. Mientras que la primera reportó un total de 354 personas centroamericanas en reclusión durante el 2013, la segunda reportó apenas 174 en el mismo período.

Las organizaciones convocantes ven con mucha preocupación esta imprecisión en las cifras e instan a que sea el Poder Judicial quien haga “un adecuado control de constitucionalidad y convencionalidad; aplique estándares internacionales y ejerza un control riguroso del acervo probatorio ofrecido por el Ministerio Público”. Los impartidores de justicia mexicanos ya cuentan con el Protocolo de Actuación en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, sin embargo este no es vinculante.

El perfil de los centroamericanos presos

Si nos quedamos con los datos de las 27 procuradurías observamos que de los mil 219 centroamericanos presos, 972 se encuentran en penales estatales y 247 en penales federales. El 45% son guatemaltecos y el 34% hondureños. De la información disponible, sólo tres presos en penales del Estado de Michoacán tenían documento migratorio regular, el resto son indocumentados presumiblemente en tránsito por el país. La mayoría no tienen sentencia y están a la espera de juicio.

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A casi la tercera parte de los presos en penales estatales se les imputa el delito de robo. El resto de delitos más frecuentes son, en este orden: homicidio, delitos sexuales y delitos contra la salud, en diversos grados. También, en menor grado, hay acusados por portación, acopio o posesión de armas; delitos contra la libertad personal; el delito de lesiones; delincuencia organizada; delitos de carácter migratorio; trata y lenocinio.

La gran mayoría de los centroamericanos detenidos son hombres; en el caso de las mujeres son más frecuentes las acusaciones relacionadas con delitos sexuales, trata y lenocinio.

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¿Por qué América Latina es la región con más muertes en el mundo por COVID?

La efectividad de las medidas implementadas por los 5 países (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) con más muertos por COVID-19 en la región se ha visto condicionada por su falta de infraestructura sanitaria y la precariedad laboral.
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19 de octubre, 2020
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Latinoamérica tuvo tiempo para prepararse y enfrentar bien la pandemia. Pero sus condiciones estructurales en economía, vivienda y salubridad terminaron haciendo que el continente se transformara en un lugar propicio para la propagación del COVID-19.

Así lo sugiere la investigación “Respuestas al COVID-19 en cinco países de Latinoamérica”, que revisó los primeros meses de combate a la pandemia en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú: los países con más muertes del continente según las estadísticas de la Universidad John Hopkins.

Los autores -un equipo multidisciplinario- analizaron las condiciones precovid y las respuestas de los gobiernos a la pandemia.

Entre los factores prepandémicos que identificaron están la alta informalidad laboral, hacinamiento y densidad poblacional, baja infraestructura hospitalaria e incapacidad de los sistemas sanitarios para desplegar mecanismos de testeo y trazabilidad tempranamente.

Todas esas limitantes hacen que “Latinoamérica sea una región más riesgosa” pues merman tanto la capacidad de reacción de los países como la posibilidad de que la población cumpla medidas como la cuarentena, según explica Alejandra Benítez, una de las autoras del estudio.

La investigación también plantea que, aunque algunos países reaccionaron rápido, no lograron revertir estas condiciones de base, porque la ayuda económica a los hogares fue insuficiente o llegó tarde para los grupos que más lo necesitaban.

“Chile, por ejemplo, fue rápido en cerrar aeropuertos y fronteras. También, comparativamente, fue efectivo en el aumento de camas hospitalarias y ventiladores. Pero lo que no se hizo rápido fue la trazabilidad, es decir lo relativo a encontrar a las personas enfermas, aislarlas, hacerles seguimiento. En lo económico hubo respuestas rápidas, pero solo para el sector formal de los trabajadores”, explica Carolina Velasco, también autora de la publicación.

Aeropuerto en Santiago en mayo de 2020.

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Chile reaccionó rápido el cierre de aeropuertos y fronteras cuando se desató la primera ola de la pandemia.

Los factores estructurales que impidieron reaccionar bien al COVID-19 podrían implicar otro problema mayor: que la enfermedad se vuelva endémica. El fenómeno ya ha empezado a detectarse en Reino Unido.

Un estudio realizado por Public Health England, una agencia dependiente del Departamento de Salud y Cuidado Social de ese país, mostró que las restricciones aplicadas durante la pandemia han sido poco efectivas en reducir el número de infectados en algunas áreas del norte de Inglaterra, donde el covid-19 está “firmemente instalado”.

Alta vulnerabilidad, pobreza y hacinamiento

Estos lugares son zonas habitadas por minorías étnicas que se caracterizan por alta vulnerabilidad, pobreza y hacinamiento.

Aunque esto no fue un tema del estudio, las investigadoras coinciden en que los determinantes que agravaron el impacto del COVID-19 en América Latina -en particular las condiciones de pobreza e informalidad laboral y la debilidad de los sistemas sanitarios- podrían hacer que “se convierta en un virus endémico”.

En el estudio, de hecho, se identificaron zonas y comunas donde, pese a las medidas implementadas, los casos y muertes por COVID-19 no disminuyeron a la velocidad esperada.

Zona en Tijuana, estado de Baja California en México.

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Varias zonas con problemas de hacinamiento y pobreza en América Latina podrían hacer que el coronavirus se convierta en un patógeno endémico.

Por ejemplo, las comunas de más bajos ingresos en la Región Metropolitana de Chile; la zona del Amazonas colombiano y las principales ciudades del sureste de Brasil.

La investigación examinó las políticas aplicadas por los cinco países entre febrero y agosto de 2020. Para analizar el nivel de reacción de los gobiernos en comparación con la evolución de la enfermedad, se usó un índice creado por la Universidad de Oxford.

Los gobiernos reaccionan pero el contagio no cesa

Una primera área de estudio es la de mitigación y contención, que se refiere a medidas como cierre de escuelas, cuarentenas, cierre de fronteras o restricción a eventos masivos.

En este tema, dicen los investigadores, casi todos los países (excepto Brasil) reaccionaron tempranamente: muy cerca de cuando se confirmó el primer caso de COVID-19.

Sin embargo, los datos muestran que “no hay una relación evidente entre la capacidad de reacción y los resultados sanitarios”. Ello pues, pese a las medidas adoptadas, los nuevos infectados y la tasa de positividad de COVID-19, “continuaron aumentando”.

Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

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De acuerdo a investigadores, Brasil reaccionó tarde en la aplicación de medidas como cierre de escuelas, fronteras y restricciones de eventos públicos.

En el área económica, todos los países, salvo Ecuador, redujeron sus tasas de interés, crearon condiciones para otorgar créditos y establecieron medidas para proteger el empleo.

“Sin embargo, el apoyo para los trabajadores informales y los más vulnerables fue más lento”, dicen los investigadores. Tomando en cuenta las distintas medidas implementadas, Colombia fue el país más rápido en reaccionar desde que comenzó el COVID-19: tardó 16 días.

Los investigadores también compararon la rapidez en la entrega de apoyos económicos en contextos de cuarentena: es decir, con restricciones de movilidad en algunas zonas (aunque éstas no siempre se cumplen, ya que una proporción importante de trabajadores necesita salir a la calle pues vive del ingreso diario).

En el caso de Chile, por ejemplo, desde que se aplicó la cuarentena obligatoria, la primera canasta de alimentos llegó a los 50 días (a un hogar de una comuna de bajos ingresos). En el caso de Colombia, la canasta demoró 9 días y en Brasil tardó 64 días.

Los autores midieron el monto de estímulo económico entregado por cada país en contextos de COVID-19: es decir, el aporte que sale del “bolsillo” del Estado.

Personas haciendo fila en Colombia para hacer tests de coronavirus.

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De acuerdo a expertos, Colombia fue uno de los países que más rápido reaccionó en el apoyo a trabajadores informales y vulnerables.

De los cinco casos analizados, Brasil es el que realiza un esfuerzo mayor, gastando alrededor de 880 dólares por habitante (alrededor de 10% del PIB nacional), seguido de Chile, con casi 800 dólares (5.2% del PIB). Colombia y Perú gastaron casi 500 dólares (7.6%) y 380 dólares (5.6%) por habitante.

Ecuador es el país que menos apoyo entrega: 24,8 dólare per cápita y 0.4% del PIB.

Índice de apoyo económico

Ahora, al analizar la magnitud del apoyo económico que se entregó a los hogares tomando en cuenta la evolución de la enfermedad, los datos son menos optimistas.

Por ejemplo, Chile comenzó el período con bajos niveles de apoyo a las familias (menos de 40% según el índice de Oxford, que llega hasta un máximo de 100%), pero éste fue aumentando (75% a mediados de junio). En el caso de Brasil, su índice de apoyo económico fue de 50%.

Según los investigadores, aún cuando los niveles de apoyo económico aumentan, no hay una correlación entre este dato y el número de casos o la tasa de positividad.

Al revés, los casos aumentan o se mantienen. “Esto sugiere que el apoyo en temas de ingreso no tuvo la efectividad esperada, no solo porque la implementación fue lenta, sino porque la magnitud del apoyo fue limitada. El único país que muestra una disminución en la tasa de positividad que coincide con un aumento del indicador es Chile“, explican los autores.

Países con más muertes por coronavirus. Muertes por cada 100.000 personas. .

Esto ocurre en un período en que las cuarentenas fueron más fuertes y comenzó a aplicarse una mejor estrategia de testeo y trazabilidad. Lo anterior lleva a concluir a los investigadores que, en contextos de pandemia, es central una respuesta temprana e integral.

Zonas vulnerables

Los autores identificaron algunas zonas geográficas en las que las medidas implementadas fueron menos efectivas.

En Chile, por ejemplo, el virus evolucionó de manera distinta en diferentes áreas de la Región Metropolitana. En las comunas de mayores ingresos, después de una semana de cuarentena, los casos diarios bajaron; en cambio, en aquellas comunas de menores ingresos (Independencia, San Ramón, La Granja y Recoleta), los casos diarios subieron.

“Estos datos son consistentes con la demora en la entrega de medidas de apoyo económico para los grupos vulnerables. La falta de respuesta económica temprana impidió a las personas quedarse en la casa y, por lo tanto, disminuyó el efecto de las restricciones“, plantean los autores.

En Colombia, la región más afectada en número de casos y muertes es la de Amazonas (32,9 casos y 1.3 muertes por cada 1,000 habitantes), localizada en una provincia donde la informalidad laboral alcanza un 90% y el hacinamiento y la pobreza llegan a 16% y 35%, respectivamente.

Niño navegando en bote en la Amazonía colombiana.

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La Amazonía colombiana es la zona más afectada por el coronavirus en todo el país.

En cambio, las zonas de Antioquía y Valle del Cauca, que poseen menores niveles de hacinamiento y pobreza, registran también un menor número de muertes.

En Ecuador, la provincia de Guayas presenta el mayor número de casos y muertos (alrededor de 18,000 y 1,700) y Santa Helena tiene una tasa de muerte de 82.5 por cada 100,000 habitantes. Ambas provincias tienen niveles de desempleo superiores a 20%.

Además, en Guayas los niveles de acceso de la población a servicios básicos y agua potable son bajos (66.6 y 85.7%, respectivamente).

Finalmente en Brasil, la región más impactada en número de casos y muertes es el Sudeste, con un 35% y 45% respectivamente. Esta región alberga al 42% de la población nacional y concentra las ciudades más densamente pobladas y turísticas, como Sao Paulo y Río de Janeiro.

Conclusiones del estudio

El trabajo concluye que las pandemias deben ser abordadas con una mirada integral, tomando en cuenta cuatro ámbitos: estrategias sanitarias y de contención; comunicación de los datos sobre la pandemia y medidas económicas de apoyo, particularmente a los grupos más vulnerables (para que puedan, por ejemplo, quedarse en sus casas aquellos que necesitan salir a trabajar).

Vista aérea de Santa Clara de San Millán en Ecuador.

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Las pandemias deben ser abordadas con una mirada integral, tomando en cuenta cuatro ámbitos: estrategias sanitarias y de contención; comunicación de los datos sobre la pandemia y medidas económicas de apoyo, particularmente a los grupos más vulnerables

Es clave contar con una estrategia sistemática de testeo, trazabilidad y seguimiento de casos en etapas tempranas de la pandemia, para contener brotes y evitar detener por largo tiempo la actividad del país, sugieren los autores.

Asimismo, es determinante contar con un buena comunicación y coordinación ya que optimiza la toma de decisiones y da más legitimidad a la autoridad y las estrategias implementadas, mejorando el cumplimiento de las medidas.

Finalmente, los hallazgos también ofrecen algunas luces sobre cómo convivir con una pandemia que estará presente por un buen tiempo. En ello las estrategias de testeo y trazabilidad son fundamentales para la vigilancia activa de casos y brotes.

*Marcela Ramos es investigadora asistente en la Universidad de Glasgow, Escocia, Reino Unido.

*Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer la nota original en este enlace.

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