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Indocumentados, sin información y sin derechos. Así les va a los migrantes encarcelados en México

El estado mexicano falla en sus obligaciones de información y salvaguarda de los derechos de los centroamericanos detenidos. Así lo señala el informe "Migrantes en Prisión" que presentan la Universidad Iberoamericana y el Centro PRODH para el que no pudieron conseguir una cifra certera de los extranjeros presos en el país.
Por Majo Siscar @majosiscar
11 de septiembre, 2014
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Migrantes descansan en el albergue de Arriaga, estado de Chiapas, en una imagen de archivo. //Foto: Manu Ureste

Migrantes descansan en el albergue de Arriaga, estado de Chiapas, en una imagen de archivo. //Foto: Manu Ureste

El hondureño Ángel Amílcar Colóntardó casi un año para poder comunicarse con su esposa. Lo detuvieron en marzo de 2009 –cuando intentaba cruzar de Tijuana a Estados Unidos– y lo arraigaron 77 días. Luego le dictaron auto de formal prisión. Nunca le informaron que podía hablar a su consulado para solicitar asesoría o que se comunicaran con su familia, no sólo para avisar que estaba preso sino hasta para conseguir documentos que justificaran quién era y qué hacía. No lo hizo la policía ni el ministerio público, tampoco su abogado de oficio. La asistencia consular es un derecho de los migrantes ante cualquier proceso de detención reconocido por la legislación nacional e internacional. Para que se haga efectivo es obligación de las autoridades policíacas, ministeriales o judiciales notificar al detenido el derecho a contar con esta protección consular antes de que rinda su primera declaración, pero no suele cumplirse según el informe sobre los centroamericanos encarcelados en el país “Migrantes en Prisión”, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (UIA) del campus de la Ciudad de México.

Éste es sólo uno de los incumplimientos del Estado mexicano en su obligación de proteger los derechos de las personas migrantes detenidas, pero el informe también señala que otros tres se incumplen sistemáticamente:

A la no discriminación. El informe relata que la población centroamericana es más criminalizada por la policía, el Ministerio Público y por las autoridades judiciales.
A la presunción de inocencia. No se debería aplicar sistemáticamente la prisión preventiva sino sólo como medida cautelar. El informe asevera que “muchos migrantes están renunciando voluntariamente a pelear su inocencia y están renunciando a su periodo de ofrecimiento de pruebas, aceptando la responsabilidad del delito por el que son acusados, ellos deciden hacerlo de esta manera, para agilizar su salida, pues, en caso que decidan defender su inocencia, implica que se prolongue su estancia en el penal y con posibilidades de ser condenados de cualquier forma.

Al debido proceso. Los migrantes desconocen el sistema de procuración y administración de justicia lo que da más margen a los funcionarios a cometer irregularidades.

En el caso de Ángel Amílcar se vulneró también el derecho a la libertad personal ya que pasó 15 horas detenido antes de presentarlo a un ministerio público durante las cuales se le infringió tortura, lo que atenta también a su derecho a la integridad personal. Aquí puedes leer su historia. 

La Casa del Migrante de Saltillo mantiene comunicación con los siete migrantes presos en el penal de la ciudad y asegura que, a excepción de un caso que ellos defienden, el resto no han tenido acceso a una defensa adecuada, que debería ser garantizada por el Estado, además de que a “ningún migrante se le ha respetado su derecho a la asistencia consular al momento de su detención y etapa de averiguación previa”, relatan en el informe.

Las reos son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad por su intrínseca condición de aislamiento, pero si además se trata de presos migrantes que estaban en tránsito por México la vulnerabilidad se multiplica, ya que como viajeros no cuentan con documentación que acredite su estancia regular en el país por lo que tienen miedo a ser descubiertos; vienen de una situación de marginación y desconocen la cultura, las leyes nacionales y a veces hasta el idioma. Pero además, una vez detenidos no sólo desconocen el sistema de justicia mexicano, sino que se encuentran en un país ajeno y sin redes sociales o familiares. Los migrantes presos tienen tres vías para mantener el contacto con su familia: las visitas familiares, las llamadas telefónicas y el correo postal. Pero su condición aumenta los obstáculos para mantener la comunicación por lo que frecuentemente pierden prácticamente todo contacto directo con su familia.

El simple hecho de mandar una carta a su familia se vuelve una dificultad al requerir timbres, sobres, hojas y plumas que no son proporcionadas por el centro penitenciario. Las visitas son todavía más complicadas. La esposa de Ángel, también hondureña y residente en aquel país, debería pedir una visa para entrar a México con los gastos que conlleva el trámite y los viajes al consulado mexicano en Honduras. Después debería juntar para el pasaje hasta el penal de Tepic, en Nayarit, donde está preso Ángel. Si quiere viajar con su hijo de 8 años, necesita una carta potestad de Ángel como padre del menor, que éste debería tramitar a través de un notario en Tepic y hacérsela llegar a Honduras. Luego la esposa debería pedir la autorización para entrar al penal federal y que le adjudicaran una fecha, un trámite que se demora semanas y costoso de hacer desde el extranjero. July Baltazar, esposa de Ángel Amílcar sólo lo ha podido visitar en una ocasión después de cinco años preso y lo ha hecho porque Amnistía Internacional le facilitó todos los trámites.

Amnistía Internacional y el PRODH apadrinaron el caso de Ángel Amílcar, quien lleva más de cinco años preso acusado de delincuencia organizada, y a la espera de juicio. En su caso, el PRODH arguye que no hay pruebas que lo relacionen directamente y asegura que no cometió ningún delito. Amnistía Internacional lo ha declarado preso de conciencia. Ante ello, las organizaciones que elaboran el informe alertan que es posible que haya otros centroamericanos presos con delitos falsos, “máxime si las prácticas violatorias de derechos humanos y las fallas estructurales del sistema de procuración y administración de justicia que permitieron su detención y vinculación a proceso no han desaparecido”. Ante ello instan a la Procuraduría General de la República y al poder judicial a tomen medidas coordinadas para evitar que esta población siga siendo criminalizada y que elaboren conjuntamente un diagnóstico serio sobre las personas centroamericanas en reclusión con el fin de detectar casos como el de Ángel Amílcar.

Se desconocen las cifras

De entrada, el estado ni siquiera sabe cuántos centroamericanos tiene en sus cárceles. Ante la falta de un registro que contabilice los migrantes presos o sentenciados en el país, el PRODH y el Programa de Asuntos Migratorios de la UIA se dieron a la tarea de preguntarlo estado por estado.

Después de múltiples solicitudes de información hechas entre el 27 de mayo y el 17 de octubre del año pasado, que, finalmente, contestaron 27 de las 32 entidades federativas, el PRODH y la UIA contabilizaron mil 219 centroamericanos en prisión. Aguascalientes, Campeche, Oaxaca, Tabasco y Veracruz no quisieron dar la información pese a que, al menos los últimos tres, son estados con gran flujo de migrantes en su tránsito hacia los Estados Unidos. La ausencia es doblemente preocupante porque de los 27 estados que dieron información, Chiapas –puerta de entrada a México de los centroamericanos junto a Tabasco– es también la entidad con más centroamericanos presos, 525 de los mil 219.

Por otro lado, el PRODH y la UIA preguntaron también a la Dirección General de Coordinación de Delegaciones del Instituto Nacional de Migración y también a la Dirección General Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia de esta misma institución. Mientras que la primera reportó un total de 354 personas centroamericanas en reclusión durante el 2013, la segunda reportó apenas 174 en el mismo período.

Las organizaciones convocantes ven con mucha preocupación esta imprecisión en las cifras e instan a que sea el Poder Judicial quien haga “un adecuado control de constitucionalidad y convencionalidad; aplique estándares internacionales y ejerza un control riguroso del acervo probatorio ofrecido por el Ministerio Público”. Los impartidores de justicia mexicanos ya cuentan con el Protocolo de Actuación en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, sin embargo este no es vinculante.

El perfil de los centroamericanos presos

Si nos quedamos con los datos de las 27 procuradurías observamos que de los mil 219 centroamericanos presos, 972 se encuentran en penales estatales y 247 en penales federales. El 45% son guatemaltecos y el 34% hondureños. De la información disponible, sólo tres presos en penales del Estado de Michoacán tenían documento migratorio regular, el resto son indocumentados presumiblemente en tránsito por el país. La mayoría no tienen sentencia y están a la espera de juicio.

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A casi la tercera parte de los presos en penales estatales se les imputa el delito de robo. El resto de delitos más frecuentes son, en este orden: homicidio, delitos sexuales y delitos contra la salud, en diversos grados. También, en menor grado, hay acusados por portación, acopio o posesión de armas; delitos contra la libertad personal; el delito de lesiones; delincuencia organizada; delitos de carácter migratorio; trata y lenocinio.

La gran mayoría de los centroamericanos detenidos son hombres; en el caso de las mujeres son más frecuentes las acusaciones relacionadas con delitos sexuales, trata y lenocinio.

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Arabia Saudita: cómo afecta al precio del petróleo el ataque contra las instalaciones de Aramco

Los mercados de la energía reaccionaron violentamente en su apertura al ataque con drones contra dos instalaciones clave de refinamiento de crudo, pero el repunte de precios podría no trasladarse inmediatamente al precio de las gasolinas.
16 de septiembre, 2019
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Un ataque con drones perfectamente sincronizados ha conseguido poner en jaque al mercado mundial de la energía.

La empresa estatal de Arabia Saudita, Aramco, atacada el sábado, es el mayor productor de petróleo del mundo.

Aporta a los mercados internacionales el 10% de crudo y es un negocio extremadamente rentable.

El ataque, que el grupo de los hutíes en Yemen se atribuyó horas después, causó numerosos daños a dos instalaciones claves de Aramco, afectando a la mitad de su producción y al 5% de la producción a nivel mundial.

De acuerdo al gobierno saudí, los ataques en Abqaiq, la mayor planta de refinamiento de crudo del mundo, y en el campo petrolero de Khurais obligarán a reducir la producción de crudo en en 5.7 millones de barriles diarios, casi un 50%.

Para los expertos, aunque Arabia Saudita y Estados Unidos pueden utilizar sus reservas para reemplazar los barriles que los sauditas no podrán colocar en los mercados internacionales, el ataque dice mucho de la vulnerabilidad de sus plantas y, a su vez, de la vulnerabilidad de una parte vital de la infraestructura energética global, explica Katie Prescott, periodista de Negocios de la BBC.

Campos atacados

BBC

El campo petrolero Khurais produce alrededor del 1% del petróleo mundial, y Abqaiq es la instalación más grande de la compañía, con capacidad para procesar el 7% del suministro global.

Así que muchos se preguntan por qué una compañía con tantos recursos no pudo evitar este ataque y los enormes daños causados y si esto podría volver a ocurrir.

Reacción del mercado

El barril de Brent, de referencia en Europa, cotizaba el viernes al cierre de los mercados a US$60 y a media sesión de este lunes registra una subida cercana al 10%, lo que sitúa el precio en torno a los US$66.

Algunos analistas creen que la tensión creada en el mercado, por el menor suministro de Arabia Saudita, podría llevar el precio del barril hasta los US$80 o más como respuesta del mercado a los ataques y a las muchas incógnitas que aún rodean la pregunta clave: cuál es la magnitud real de los daños.

La subida del precio del petróleo podría beneficiar a varios países como Rusia o Venezuela.

En el caso de Venezuela, la venta de crudo en los mercados internacionales tiene un gran impacto en sus cuentas, pues en torno al 96% de los ingresos del país dependen de esto.

Edificio de PDVSA en Caracas

Getty Images
La dependencia del petróleo de Venezuela es total, pues supone en torno al 96% de los ingresos que tiene el país.

Sin embargo, pese a este repunte, no es seguro que la subida se vaya a trasladar a la misma velocidad a los precios en las gasolineras.

Eventos de naturaleza similar en los últimos tiempos no han tenido un efecto a largo plazo en el precio del petróleo.

Como explica el profesor de política energética internacional del King’s College de Londres, Nick Butler, “el impacto directo de los ataques podría ser de corta duración. El mercado se ha ajustado sin parpadear en los últimos dos años a la pérdida por razones políticas de más de dos millones de barriles al día de la producción Venezuela e Irán”.

Aramco

Getty Images
La planta de la estatal Aramco en Abqaiq fue una de las principales afectadas por los ataques.

Riesgo regional

Pero lo que preocupa de verdad es que si los ataques avivan las tensiones políticas en la región, el aumento de precios podría tener un efecto más duradero a largo plazo.

El profesor Butler cree que si Arabia Saudí, Estados Unidos o sus aliados emprenden medidas de represalia “cualquier aumento podría ser mantenerse en el tiempo alimentando el riesgo de una recesión económica“.

Para Helima Croft, directora global de estrategia de materias primas de Royal Bank of Canada, estos ataques con drones son “un cambio de juego en el creciente enfrentamiento regional con Irán”.

Imagen satelital

NASA
Esta imagen satelital de la NASA muestra el lugar de los ataques en Arabia Saudita.

Las instalaciones de producción, las rutas comerciales y las tuberías que atraviesan la región podrían ser vulnerables a futuros ataques.

Impacto en los consumidores

Es demasiado pronto para saber si los consumidores sufrirán algún impacto del aumento del precio del petróleo.

A corto plazo, depende mucho de cuánto dura el repunte de los precios internacionales porque el traslado al precio de las gasolinas suele llevar un tiempo.

Por ahora, los inversores están atentos a más declaraciones de Aramco y a cualquier reacción política ante los acontecimientos.


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