Al no impugnar Telecom, IFT no peleó por su autonomía, acusan especialistas
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Al no impugnar Telecom, IFT no peleó por su autonomía, acusan especialistas

Por su parte, el comisionado Luis Fernando Borjón señaló que sumergirse en un litigio sobre la autonomía del IFT podría durar más de un año.
Por Tania L. Montalvo
5 de septiembre, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

La mayoría de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) rechazaron este miércoles 3 de septiembre presentar una controversia constitucional contra la Ley de Telecomunicaciones (Ley Telecom) porque, según el comisionado Luis Fernando Borjón, el órgano regulador está en posición de “pasar al terreno de la acción” y no sumergirse en un litigio sobre su autonomía que podría durar más de un año.

“La autonomía ya nos la dio la Constitución (…) nuestro tema es ejercer la autonomía, actuar en esa autonomía en el marco de la ley. Sí hay temas que son discutibles y alguien argumentará que aquí hay una violación a la autonomía pero si lo ves de ese lado está muy oscuro. Nosotros preferimos verlo del lado en donde hay luz y esa luz nos la da la Constitución, entonces nuestra interpretación va orientada hacia allá. La autonomía se construye con las acciones”, dijo el comisionado Borjón un día después de que 5 de los 7 comisionados votaron en contra de presentar la controversia.

Que el Instituto Federal de Telecomunicaciones presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional  antes del 10 de septiembre en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Metrología y Normalización, era uno de los últimos recursos legales para frenar los cambios aprobados por el Congreso a esa legislación.

Según especialistas como Irene Levy de Observatel, el IFT tenía elementos para presentar el recurso porque la legislación atenta contra la autonomía del órgano regulador, es decir, existe una invasión de facultades. 

En el artículo noveno transitorio, por ejemplo, —uno de los más polémicos de la ley que se añadió en la última revisión del dictamen— se establece que “en tanto exista un agente económico preponderante en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, con el fin de promover la competencia y desarrollar competidores viables en el largo plazo, no requerirán de autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones las concentraciones que se realicen entre agentes económicos titulares de concesiones, ni las cesiones de concesión y los cambios de control que deriven de éstas (…)”.

Levy explica que eso da pie a que las empresas que no hayan sido declaradas preponderantes —que concentran más del 50% de la audiencia por sector de telecomunicaciones o radiodifusión— puedan seguir creciendo por servicio —tv abierta, radio, televisión restringida, telefonía celular, telefonía móvil e Internet— sin que sea necesario consultar al IFT, el órgano regulador encargado de vigilar la competencia.

Hay temas que por supuesto son dignos de análisis, pero en mi opinión, ya estamos en un terreno de pasar a la acción (…) Una discusión a nivel controversia constitucional no es una decisión que un juez o una corte resuelva en un mes, es una decisión que toma tiempo, que se discute, que puede tomar más de un año, preferimos el terreno de la acción”, explicó Luis Fernando Borjón tras su participación en el Foro Internacional de la Reforma de Telecomunicaciones.

El IFT rechazó el miércoles con cinco votos de siete posibles la propuesta presentada por las comisionadas Maria Elena Estavillo y Adriana Labardini para presentar la controversia.

“Hay un claro respeto a las atribuciones”

La decisión que tomó la mayoría del pleno del IFT fue respaldada por el gobierno federal. José Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que, sobre el tema, la ley es clara sobre qué atribuciones tiene el órgano regulador.

“Yo veo a un órgano regulador que está actuando con seriedad, firmeza. Están tomando decisiones. Han tenido avances muy importantes y está, en ese sentido, pues apegado a lo que establece el marco legal tanto la reforma constitucional como de las leyes secundarias (…) El marco jurídico es muy claro y desde mi opinión hay un claro respeto a las atribuciones constitucionales del órgano y nuestro mayor interés es que se fortalezca la autonomía constitucional y que la actuación del órgano regulador nos permita llegar a los objetivos de política pública”.

El funcionario federal también participó en el Foro Internacional de la Reforma de Telecomunicaciones que se celebró este jueves, 5 de septiembre en la Ciudad de México.

El subsecretario insistió en que la reforma constitucional y sus leyes secundarias están enfocadas en mejorar la productividad del país, abrir la competencia en el sector y regirse con reglas claras y un órgano regulador fuerte.

“En lo que debemos trabajar es en la confianza de la gente”

Por su parte, Alejandra Lagunes, coordinadora de la Estrategia Digital de Presidencia, dijo que para concretar el trabajo legislativo sobre esta reforma es necesario que el gobierno federal busque ganar la confianza de la gente.

Según Lagunes, la ley es “suficientemente clara” en cómo se protegerán los datos personales de los usuarios y sólo es cuestión de que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones.

“Por un lado, tenemos una de las leyes de datos personal más poderosas del mundo (…) Lo que debemos trabajar es en la falta de confianza de la gente, que buscan certeza sobre ‘qué se hará con mis datos’. En las leyes se respeta la privacidad, es clarísimo”.

Lagunes respondió así a una pregunta sobre qué garantías tienen los ciudadanos para evitar un mal manejo de datos.

La ley obliga a los operadores a retener hasta por 24 meses los datos que genere cada usuario en llamadas, mensajes, ubicación o navegación en dispositivos móviles.

Organizaciones civiles y defensores de derechos digital acusan que no hay control sobre esos datos que revelan patrones de comportamiento ni se específica qué autoridades y bajo qué circunstancias podrá tener acceso a ellos.

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Roe vs. Wade: el mapa que muestra dónde estará prohibido o restringido abortar en Estados Unidos

Te explicamos qué estados serán los primeros en limitar la interrupción del embarazo ahora que se anuló Roe vs. Wade, en cuáles existe ya legislación que la restringe y cuáles han actuado para fortalecer o ampliar el acceso al aborto.
24 de junio, 2022
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Era la crónica de una muerte anunciada: lo adelantó un borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos filtrado el 2 de mayo.

Ahora, revocada Roe vs. Wade, la decisión histórica de 1973 que garantizaba el derecho constitucional al aborto en EE.UU., queda en manos de los estados legislar si la interrupción del embarazo es legal o no y bajo qué circunstancias.

Y muchos ya han puesto en marcha la maquinaria legal para limitar la práctica.

Los primeros que se prevé que prohíban o restrinjan el aborto son los 17 estados señalados en este mapa:

Mapa estados Estados Unidos con leyes gatillo, de activación o desencadenantes para restringir el aborto.

BBC

De estos territorios, 13 tienen listos las llamadas leyes desencadenante ogatillo:

  • Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.

Conocidas también como leyes de activación, fueron diseñadas para entrar en vigencia automáticamente o mediante una acción estatal rápida una vez eliminada la protección constitucional.

Y en al menos otros cuatro estados podrían revivir las prohibiciones del aborto anteriores a Roe vs. Wade o tendrían nuevas leyes que no han sido bloqueadas por tribunales:

  • Alabama, Arizona, Florida y Wisconsin.

A eso se suman las legislaciones relacionadas con el fin de la gestación que los estados han ido discutiendo en los últimos años. En total, el Instituto Guttmacher, una organización privada sin ánimo de lucro que apoya el derecho al aborto, prevé que podrían ser 26 los estados en los que se terminaría eventualmente restringiendo el procedimiento.

Y en aquellos en los que exista más de una ley sobre el tema, serán los funcionarios locales los que decidirán qué prohibición aplicar.

Si todas estas normas estatales terminaran por entrar en vigor, limitarían el aborto a partir de:

  • La concepción: Alabama, Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Idaho, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin y Wyoming.
  • La sexta semana: Carolina del Sur, Georgia e Iowa.
  • La semana 13: Arizona, Carolina del Norte y Virginia Occidental.

Estados en los que ya se prohibía

Sin embargo, la existencia de Roe vs. Wade tampoco garantizó que se respetara el acceso al aborto en todo el país.

El precedente legal, que imposibilitaba a los estados prohibir el procedimiento mientras el feto no fuera viable fuera del útero (lo que hoy se considera ocurre alrededor de la semana 23 de embarazo), ya fue desafiado por Texas y Oklahoma con sendas leyes antes de ser invalidado.

Mapa estados Estados Unidos con leyes en vigor para restringir o prohibir el aborto.

BBC

La primera en entrar en vigor fue la de Texas, en septiembre del año pasado.

Desde entonces, la llamada “ley del latido” prohíbe interrumpir la gestación si el doctor puede detectar actividad cardíaca embrionaria o fetal, lo que ocurre usualmente a partir de la sexta semana, un punto en el que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

No contempla excepciones para los casos de incesto o violación, aunque sí para cuando la vida de la mujer está en peligro, y persigue a quienes practican el aborto, no a quien se somete a él.

Inspirada en esa legislación, Oklahoma aprobó en mayo una aún más restrictiva, la más limitante del país hasta el momento: prohíbe el aborto desde el momento de la fecundación, salvo en casos en los que la vida de la madre esté amenazada o el embarazo sea consecuencia de una violación o del incesto.

Y ahora, con las “leyes gatillo” que ambos estados tienen ya listas, el acceso al aborto quedaría aún más limitado.

Tres excepciones

En las leyes estatales la prohibición no es absoluta y en la mayoría se contemplan excepciones, aunque se limitan a cuando la salud o la vida de la mujer corre riesgo, o a los casos de violación o incesto.

Son salvedades que están actualmente codificadas en la Enmienda Hyde —una disposición legislativa aprobada en 1976 y en vigor desde 1980— como las únicas razones por las que el gobierno federal pagará los abortos a través de Medicaid, el programa a través del cual las personas de menos ingresos reciben servicios de salud.

Manifestantes marchan frente a la Corte Suprema de Estados Unidos para pedir protección al derecho al aborto el 28 de mayo de 2022 en Washington DC.

Getty Images

Ya las contempló en 1959 el American Law Institute, un grupo independiente de juristas, cuando comenzó a redactar una legislación modelo sobre el delito del aborto.

Y han sido apoyadas durante décadas incluso por aquellos que trabajaron para conseguir la revocación de Roe vs. Wade, así como por la mayoría de los estadounidenses (incluidos los de los estados mayoritariamente republicanos), tal como han mostrado año tras año las encuestas.

Sin embargo, estas leyes estatales no hacen excepciones para las víctimas de violación o incesto:

  • Alabama, Arkansas, Dakota del Sur, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misuri, Oklahoma, Ohio, Tennessee y Texas.

El senador estatal que patrocinó la legislación de Arkansas, Jason Rapert, republicano y presidente de la Asociación Nacional de Legisladores Cristianos, dijo que fue su fe lo que lo impulsó a ello.

Mujer con un cartel durante una marcha antiabortista en Dallas, Texas, el 15 de enero de 2022.

Getty Images

Explicó que había escuchado testimonios de víctimas de violación e incesto que expresaron “la angustia mental por la que pasaron cuando lidiaron con el hecho de que terminaron con la vida de su propio bebé” y que ahora se oponen al aborto. “Lo que ha hecho Texas es absolutamente increíble”, dijo Rapert en septiembre refiriéndose a la “ley del latido”.

Por su parte, la legislación de Misisipi —que prohíbe abortar más allá de la semana 15 y a cuyo favor votó la Corte Suprema, invalidando así de facto Roe vs. Wadepermite poner fin a la gestación en casos de violación pero no especifica el incesto.

Y si bien todas las prohibiciones permiten una excepción para salvar la vida de la mujer, solo la de estos estados citan la protección de su salud (“evitar un daño físico severo a la madre”):

  • Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Kentucky, Michigan, Misuri, Virginia Occidental y Wyoming.

Para hacer la salvedad, los estados requerirían que tanto los médicos como los pacientes proporcionen documentación para justificar el procedimiento, en la que se incluya información como la edad gestacional del feto, la indicación de la actividad cardíaca y los registros médicos que atestiguan, como apunta la ley de Oklahoma, “el estado médico” o la condición de la mujer embarazada que impide su cumplimiento.

Protección al aborto

Paralelamente, hay estados que se han movido para fortalecer las protecciones existentes o ampliar el acceso al aborto este año.

Una activista proaborto y una antiabortista fuera de una clínica de Planned Parenthood en la ciudad de Nueva York el 4 de junio de 2022.

Getty Images

De acuerdo al Instituto Guttmacher, estos cuatro estados han codificado el derecho al aborto a lo largo del embarazo sin la interferencia del Estado:

  • Colorado, el Distrito de Columbia, Nueva Jersey y Vermont.

Y 12 explícitamente lo permiten mientras el feto no sea viable fuera del útero o la intervención sea necesaria para proteger la vida o la salud de la embarazada:

  • California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington y la capital federal del país.

Estos continuarían brindando el procedimiento no solo a las mujeres de su jurisdicción, sino a aquellas provenientes de territorios en donde esté prohibido.

Ya entre 2012 y 2017 al menos 276.000 mujeres terminaron sus embarazos fuera de su estado de origen, según un análisis realizado en 2019 por Associated Press en base a datos de informes estatales y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.

Asimismo, representantes de organizaciones con clínicas en Texas le confirmaron a BBC Mundo que desde que la “ley del latido” entró en vigor han tenido que rechazar “cientos, miles de pacientes porque no son elegibles”, mientras los centros de salud que ofrecen servicios de interrupción del embarazo en Nuevo México, Kansas, Colorado, Misuri y Oklahoma han visto un incremento considerable de pacientes texanas.

Según datos recolectados por Planned Parenthood, una organización estadounidense sin ánimo de lucro que ofrece servicios de salud reproductiva, de educación sexual, de planificación familiar y de aborto en EE.UU. y en el mundo, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, el incremento era ya de un 800% en comparación con ese mismo periodo en 2020.

El Instituto Guttmacher calcula que unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva vivirían en estados sin acceso al aborto.

Perfil promedio de quien aborta

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en 2019 se llevaron a cabo 630.000 abortos en EE.UU., aunque en base a sus propios cálculos el Instituto Guttmacher asegura que la cifra real se acerca más a los 860.000.

En cuanto al perfil promedio de la mujer que buscó terminar el embarazo, los CDC indican que el 92,8% lo hizo durante el primer trimestre.

Perfil promedio de quien aborta en Estados Unidos

BBC

Según esa misma fuente, mayoría de quienes abortaron no estaban casadas, aunque podían estar viviendo en pareja en el momento en el que se sometieron al procedimiento.

Aproximadamente una de cada 10 mujeres que pusieron fin a la gestación eran adolescentes, aunque la mayoría tenía entre 20 y 30 años.

En torno al 60% había dado a luz antes, y casi el 60 % nunca antes había tenido un aborto.

Gráfico perfil promedio de quien aborta en Estados Unidos

BBC

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