[contextly_sidebar id=”TNRjiuCzlyxfVWNkIEYDum1QBPvEboUL”]La mayoría de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) rechazaron este miércoles 3 de septiembre presentar una controversia constitucional contra la Ley de Telecomunicaciones (Ley Telecom) porque, según el comisionado Luis Fernando Borjón, el órgano regulador está en posición de “pasar al terreno de la acción” y no sumergirse en un litigio sobre su autonomía que podría durar más de un año.
“La autonomía ya nos la dio la Constitución (…) nuestro tema es ejercer la autonomía, actuar en esa autonomía en el marco de la ley. Sí hay temas que son discutibles y alguien argumentará que aquí hay una violación a la autonomía pero si lo ves de ese lado está muy oscuro. Nosotros preferimos verlo del lado en donde hay luz y esa luz nos la da la Constitución, entonces nuestra interpretación va orientada hacia allá. La autonomía se construye con las acciones”, dijo el comisionado Borjón un día después de que 5 de los 7 comisionados votaron en contra de presentar la controversia.
Que el Instituto Federal de Telecomunicaciones presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional antes del 10 de septiembre en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Metrología y Normalización, era uno de los últimos recursos legales para frenar los cambios aprobados por el Congreso a esa legislación.
Según especialistas como Irene Levy de Observatel, el IFT tenía elementos para presentar el recurso porque la legislación atenta contra la autonomía del órgano regulador, es decir, existe una invasión de facultades.
En el artículo noveno transitorio, por ejemplo, —uno de los más polémicos de la ley que se añadió en la última revisión del dictamen— se establece que “en tanto exista un agente económico preponderante en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, con el fin de promover la competencia y desarrollar competidores viables en el largo plazo, no requerirán de autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones las concentraciones que se realicen entre agentes económicos titulares de concesiones, ni las cesiones de concesión y los cambios de control que deriven de éstas (…)”.
Levy explica que eso da pie a que las empresas que no hayan sido declaradas preponderantes —que concentran más del 50% de la audiencia por sector de telecomunicaciones o radiodifusión— puedan seguir creciendo por servicio —tv abierta, radio, televisión restringida, telefonía celular, telefonía móvil e Internet— sin que sea necesario consultar al IFT, el órgano regulador encargado de vigilar la competencia.
“Hay temas que por supuesto son dignos de análisis, pero en mi opinión, ya estamos en un terreno de pasar a la acción (…) Una discusión a nivel controversia constitucional no es una decisión que un juez o una corte resuelva en un mes, es una decisión que toma tiempo, que se discute, que puede tomar más de un año, preferimos el terreno de la acción”, explicó Luis Fernando Borjón tras su participación en el Foro Internacional de la Reforma de Telecomunicaciones.
El IFT rechazó el miércoles con cinco votos de siete posibles la propuesta presentada por las comisionadas Maria Elena Estavillo y Adriana Labardini para presentar la controversia.
“Hay un claro respeto a las atribuciones”
La decisión que tomó la mayoría del pleno del IFT fue respaldada por el gobierno federal. José Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que, sobre el tema, la ley es clara sobre qué atribuciones tiene el órgano regulador.
“Yo veo a un órgano regulador que está actuando con seriedad, firmeza. Están tomando decisiones. Han tenido avances muy importantes y está, en ese sentido, pues apegado a lo que establece el marco legal tanto la reforma constitucional como de las leyes secundarias (…) El marco jurídico es muy claro y desde mi opinión hay un claro respeto a las atribuciones constitucionales del órgano y nuestro mayor interés es que se fortalezca la autonomía constitucional y que la actuación del órgano regulador nos permita llegar a los objetivos de política pública”.
El funcionario federal también participó en el Foro Internacional de la Reforma de Telecomunicaciones que se celebró este jueves, 5 de septiembre en la Ciudad de México.
El subsecretario insistió en que la reforma constitucional y sus leyes secundarias están enfocadas en mejorar la productividad del país, abrir la competencia en el sector y regirse con reglas claras y un órgano regulador fuerte.
“En lo que debemos trabajar es en la confianza de la gente”
Por su parte, Alejandra Lagunes, coordinadora de la Estrategia Digital de Presidencia, dijo que para concretar el trabajo legislativo sobre esta reforma es necesario que el gobierno federal busque ganar la confianza de la gente.
Según Lagunes, la ley es “suficientemente clara” en cómo se protegerán los datos personales de los usuarios y sólo es cuestión de que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones.
“Por un lado, tenemos una de las leyes de datos personal más poderosas del mundo (…) Lo que debemos trabajar es en la falta de confianza de la gente, que buscan certeza sobre ‘qué se hará con mis datos’. En las leyes se respeta la privacidad, es clarísimo”.
Lagunes respondió así a una pregunta sobre qué garantías tienen los ciudadanos para evitar un mal manejo de datos.
La ley obliga a los operadores a retener hasta por 24 meses los datos que genere cada usuario en llamadas, mensajes, ubicación o navegación en dispositivos móviles.
Organizaciones civiles y defensores de derechos digital acusan que no hay control sobre esos datos que revelan patrones de comportamiento ni se específica qué autoridades y bajo qué circunstancias podrá tener acceso a ellos.
