Foto: Cuartoscuro.

La iniciativa preferente que el presidente Enrique Peña Nieto envío el pasado 1 de septiembre al Congreso establece reglas para que los medios de comunicación publiquen información sobre niños y adolescentes sin violar el derecho a la intimidad, lo que, según organizaciones civiles, deberá revisarse en las Cámaras para evitar que “esa disposición discrecional” implique censura.

“Es importante proteger a los niños y niñas víctimas pero hay que ser cuidadosos en la redacción. La intencionalidad del artículo que establece las medidas es buena, pero está pésimamente redactado porque se presta a la discrecionalidad y esa falta de claridad puede provocar la censura en medios o la autocensura por miedo a las posibles responsabilidades”, dijo en entrevista Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

El artículo 87 de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes establece que “se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión, así como medios impresos, sin que obre autorización por escrito de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, o que aun existiendo dicho consentimiento, pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, que sea contraria a sus derechos o que los ponga en riesgo conforme al principio de interés superior de la niñez”.

En caso de violación, la ley impone multas de hasta 140 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir, hasta 9 millones 420 mil pesos; más 20 mil días de salario —un millón 345 mil pesos— por cada día que la información continúe disponible en medios electrónicos.

“No hay claridad sobre la disposición y ahí está la importancia de tener un debate amplio en el Congreso sobre esta iniciativa. De quedar así puede ser un tema contrario al derecho de niños y adolescentes a la libertad de expresión, pues si ellos actualmente no están en los medios de comunicación, sin claridad en esta disposición menos. Niños y niñas víctimas pueden y deben ser escuchados en los medios de comunicación cuidando su identidad. Un niño víctima que no tiene espacio en medios de comunicación es revictimizado porque no puede expresarse como cualquier otro ciudadano”, explicó Pérez García.

Para Areli Rojas, directora de la organización ¿Y quién habla por mi?, es muy importante que en el país haya reglas para que los medios tengan responsabilidad sobre el manejo de datos de niños y adolescentes y no sólo cuando sean víctimas de un delito, si no en cualquier otro tema.

“Cuando un niño, niña o adolescente es víctima de un delito es muy delicado difundir sus datos. El medio debe difundir el caso protegiendo el nombre del niño, de sus familiares, su domicilio, hablar de forma muy general. Sólo hace falta ser claros en la forma en que los medios pueden y, mas bien, deberían difundir lo que ocurre con la niñez y ser aliados de primera mano de sociedad civil para visibilizar las violaciones.”

Peña Nieto usó su facultad para presentar iniciativas preferentes para que el Congreso apruebe en un periodo máximo de 30 días esta ley y la envío al Senado, en donde, a su vez, se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

La presidenta de esa Comisión, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Martha Elena García Gómez, dijo en entrevista que “lo más importante” es que los derechos de los niños estén protegidos en medios de comunicación y en todo el país, por lo que el Congreso analizará el tema para determinar qué cambios o mejoras podrán hacerse.

“Ahora sólo podemos hablar de que es una ley que estamos analizando para saber cómo la vamos a atender y si son necesarios cambios en ese u otros temas. Yo creo que toda ley es perfectible y nosotros trataremos de que se mejore.”

La propuesta de Peña Nieto también indica que cuando se quiera hacer una entrevista, además del permiso por escrito, se requiere la opinión del niño o adolescente, que el tutor informe al menor sobre el uso que tendrá el material y que —en caso de que éste no se transmita en vivo— el medio de comunicación les consulte si hace falta alguna edición para evitar violaciones a la intimidad.

El artículo 137 indica que al editor o empleado de medio de comunicación que cometa violaciones a estas disposiciones se le impondrá una pena de dos a cuatro años de prisión y de 15 mil a 40 mil días de salario mínimo de multa. El doble de pena será para el directivo del medio o para quien autorice la publicación.

La iniciativa “carece de enfoque en derechos humanos”

El proyecto que entregó Peña Nieto al Congreso prevé la creación de una Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y un Sistema Nacional de Protección.

Según la justificación de la iniciativa, con ambas instancia,  autoridades podrán verificar y garantizar que los derechos de niños y adolescentes se respeten en “todo momento”, pues se consolida “la protección activa del Estado en favor de su niñez”.

Sin embargo, las organizaciones civiles consideran que pese a lo positivo de tener mecanismos de coordinación y protección, el enfoque de la ley no es de derechos humanos y se mantiene el asistencialismo.

“El proyecto de ley carece de un enfoque de derechos humanos de infancia, sigue atrapado en un enfoque tutelar, asistencial que ha caracterizado al estado mexicano. El hecho de que queden enunciados, sin establecer claramente las competencias y responsabilidades tanto de la federación, de los estados y municipios, pues implica que termine siendo un hecho más simbólico que real”, dijo Juan Martín Pérez García.

La Red por los Derechos de la Infancia en México considera que en la legislación se debe dejar claro qué responsabilidad tendrá cada instancia de gobierno involucrada en el Sistema Nacional de Protección cuando ocurran violaciones a derechos humanos de la infancia.

Ese Sistema estará integrado por Gobernación, la secretaría de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, el DIF, el Fiscal General de la República, la Comisión de Justicia de la Confederación Nacional de Gobernadores y la misma Procuraduría de Protección.

“La ley no toma en cuenta todos los convenios internacionales suscritos en México sobre infancia. Lo que estamos pidiendo es que para proteger el interés superior de la infancia exista un organismo de alto nivel descentralizado. Es un buen primer paso, sin embargo, aún queda corta porque necesitamos garantizar de manera amplia los derechos de niños, niñas y adolescentes”, dijo Areli Rojas.

Las organizaciones civiles piden que se legisle para que en el Sistema Nacional de Protección se abra un espacio para sociedad civil y que, en general, haya apertura en el Congreso para escuchar sus propuestas.

Por ser iniciativa preferente, el legislativo tendrá 30 días para procesarla. Según la senadora Martha Elena García Gómez, en ese tiempo se buscará que la sociedad civil organizada participe en el debate para modificar y mejorar el proyecto del presidente.

Aquí puedes ver la iniciativa de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes:

Ley General Proteccion Ninas by http://www.animalpolitico.com

*Nota publicada el 4 de septiembre de 2014.