Ley de infancia de Peña Nieto, reprobada por organizaciones civiles
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Ley de infancia de Peña Nieto, reprobada por organizaciones civiles

Organizaciones civiles la evaluaron con un índice basado en la Convención de la ONU sobre los Derechos de los Niños; mientras que en el Senado, la Unicef advirtió que la ley contiene puntos contrarios a derecho y se mencionaron fallas en temas de discapacidad y migración.
Por Tania L. Montalvo
11 de septiembre, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

La iniciativa preferente sobre infancia que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso el pasado 1 de septiembre carece de herramientas para garantizar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, pues en una escala del 1 al 10 sobre su cumplimiento con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño apenas alcanza una calificación de tres.

La Ley General para la Protección de niñas, niños y adolescentes le falla a los menores mexicanos porque “olvida el enfoque de derechos humanos y tiene una visión asistencialista, en la que se deja de lado que ellos son titulares de sus derechos”, dijo Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México que este miércoles presentó un “Índice de medición de calidad” sobre la Convención y la iniciativa de Peña.

De 50 rectores tomados de esa Convención –que México ratificó en junio de 1990–, la iniciativa de Peña Nieto cumplió con 15.

Según el índice, la propuesta presidencial falla porque no incluye la garantía de que los menores tendrán derecho a todos los principios de la Convención: no discriminación, supervivencia y desarrollo, participación infantil e interés superior de la infancia.

La iniciativa de Peña sólo hace énfasis en proteger “el interés superior del niño”, pero el documento de la ONU indica que ningún principio se garantiza al 100% sin la presencia de los otros.

Asimismo, la Convención señala que el Estado debe realizar una inversión para la infancia y en el proyecto de Ley General no hay recursos asignados pese a que se propone la creación de una Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y un Sistema Nacional de Protección, ambos dependerían del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que funcionaría con el mismo propuesto.

“En la ley no quedan claros los criterios de inversión para la infancia (…). En 2011, la Unicef alertó que del 100% del PIB sólo el 6% se destina a la infancia y de ese porcentaje, el 1% se destina a la protección, es decir, a la infancia trabajadora, trata de personas, migrantes menores. Y estamos hablando del 37.5% de la población”, dijo Juan Martín Pérez.

Unicef: la iniciativa responde a una lógica asistencialista

En la audiencia pública que organizó este miércoles el Senado para discutir la iniciativa preferente de Peña Nieto, Isabel Crowley, representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), dijo que pese al avance que implica una legislación para niños, niñas y adolescentes, la propuesta presidencial tiene una visión asistencialista.

“La iniciativa aún mantiene elementos y disposiciones que responde a una lógica asistencialista. El cambio de paradigma más grande que introdujo la Convención sobre los Derechos de los Niños es romper totalmente con la visión de los niños como objetos de protección o de asistencia, para considerarlos como titulares de derechos. Los niños son titulares de derechos”, dijo Crowley ante senadores a nombre de la Unicef y de otras agencias de la ONU.

La representante de la Unicef puso de ejemplo el capítulo sobre centros de asistencia social y niños migrantes no acompañados que “son contrarios al sentido de la Convención sobre los Derechos del Niño” por privilegiar la detención y el asistencialismo.

Discapacidad y migración

Organizaciones civiles y activistas que participaron en la audiencia pública del Senado también señalaron las fallas de la iniciativa presidencial para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y de los menores migrantes.

“La ley sólo habla de niñez migrante no acompañada, pero no reconoce otro tipo de niñez migrante, los que pueden llegar al país en compañía de un adulto o los migrantes mexicanos que están en un proceso de migración interna. Falta un texto que garantice inclusión total”, dijo Karina Arias, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria.

La activista Katia D’Artigues dijo a los senadores que la propuesta de Peña Nieto no contempla los derechos de niños y niñas con discapacidad al no incluir lo establecido en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“¿Se considera un sistema de apoyo para lograr que salgan de su condición de discriminación, de invisibilidad? ¡No! ¿Se tienen contempladas acciones afirmativas o de equiparación de oportunidades para lograr una igualdad real y material? ¡No! Bueno, no se contemplan ni accesibilidad en los centros de asistencia”.

La activista también señaló como una falla de la ley que el Sistema Nacional de Protección de la infancia —que se propone esté integrado por Gobernación, la secretaría de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, el DIF, el Fiscal General de la República, la Comisión de Justicia de la Confederación Nacional de Gobernadores y la nueva Procuraduría de Protección— no incluya al Consejo Nacional para la Inclusión de las personas con discapacidad.

Senadores presentarán otra iniciativa

Las senadoras del Partido Acción Nacional (PAN), Mariana Gómez del Campo  y Pilar Ortega; además de Layda Sansores del PT y Mario Delgado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentarán este jueves otra propuesta para crear la Ley General para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En este documento, senadores proponen crear la Defensoría para la Protección y Restitución de Derechos con autonomía y presupuesto propio; y el Consejo Nacional de Monitoreo y Evaluación de la Política sobre niñas, niños y adolescentes, encargado de realizar evaluaciones sobre la política infantil del país.

 

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