Conagua revisará si presa en rancho de Padrés cumple con la ley
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Conagua revisará si presa en rancho de Padrés cumple con la ley

El titular de Conagua afirmó que si después de la investigación en curso se descubre que la presa en el rancho del gobernador de Sonora no cuenta con permisos, ésta será clausurada y el agua será liberada en su curso natural.
11 de septiembre, 2014
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Limpieza del Río Sonora: Foto: Cuartoscuro.

Limpieza del Río Sonora: Foto: Cuartoscuro.

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, dio a conocer este miércoles los detalles de la investigación que sigue la dependencia respecto a la polémica que desató la existencia de una represa en un rancho de propiedad de la familia del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.

Korenfeld afirmó que la dependencia llevará a cabo “una visita de inspección conforme lo dispone la ley de aguas nacionales, su reglamento y de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo. Derivado de la inspección, se le pedirá a los propietarios que nos entreguen información. Quiero ser muy claro, la Conagua actúa en apego a la ley, sin importar quiénes sean los propietarios, sean personas físicas o morales”.

Korenfeld Federman refirió que la visita de inspección se realiza este miércoles por personal de la Conagua debidamente acreditado, con el objetivo de observar el cumplimiento de la ley respecto al uso de las aguas nacionales superficiales y subterráneas; la ocupación de zonas federales y los cauces de propiedad nacional; así como la existencia de algún tipo de afectación al derecho de terceros, usuarios de aguas superficiales de esta cuenca, como son la ciudad de Hermosillo y los usuarios de riego en ruta del río;

La investigación determinará si la presa cuenta con las concesiones o permisos correspondientes, primordialmente al tratarse de zona federal y bienes del Estado. Procedimiento que se replicará con los pozos incluidos en la investigación.

Korenfeld aseguró que “en el caso que las obras construidas no cuenten con los permisos, concesiones o afecten a terceros, y/o representen un posible riesgo a la población, se procederá a ordenar lo que establece la Ley de Aguas Nacionales; que va primero la clausura, segundo la liberación del recurso de agua hacia los usuarios que debidamente tienen el derecho y, en el caso que no se cuenten con los permisos, se ordenará la demolición de la presa”, a lo que se sumarán las sanciones y procedimientos previstos en la ley, de ser el caso.

El funcionario afirmó que estas acciones no corresponden a un asunto político, sino a preservar uno de los bienes más importantes tutelados que tiene el Estado mexicano, el titular de Conagua adelantó que ha girado instrucciones para dar seguimiento a las denuncias que han recibido en los últimos días, en los que se señala la existencia de obras similares en propiedades de otros actores y personalidades relevantes de la entidad.

En conferencia de prensa que tuvo lugar en el Club Naval, el funcionario precisó que inicialmente se instruyó al director del Organismo de Cuenta Noreste para que verificara la documentación referente a estas represas, para después continuar con el procedimiento de revisión de imágenes satelitales y supervisión física de la obra en cuestión.

“En primer término, se requirió obtener las imágenes aéreas que tiene el Sistema Nacional de Información ambiental que administra la Semarnat, para determinar si existía infraestructura sobre los ríos y arroyos para contener aguas, y desde qué año”, abundó y precisó que con base en estas imágenes, en enero del 2010 no existe ninguna obra de infraestructura sobre el río Bacanuchi.

Añadió que las imágenes satelitales de marzo del 2011 revelan el inicio de la construcción de una obra para la contención de aguas, misma que se ve terminada en las imágenes correspondientes a marzo del 2012, donde se puede apreciar también que cuenta con un vertedero de demasías y un acueducto. Asimismo, resaltó que las imágenes del pasado 9 de septiembre del año en curso, revelan que la represa en cuestión presenta un derrame a la altura de la citada obra.

Indicó que además, se instruyó a la Subdirección General Técnica a presentar los informes de los escurrimientos que ha tenido la cuenca en los últimos 10 años, con el objetivo de verificar su comportamiento, estimar sus avenidas y valorar el riesgo a la población, para después ordenar la visita de inspección en el sitio para determinar el campo, superficie, cantidad y características físicas de la obra, misma que se efectuará entre el día de hoy y mañana, 11 de septiembre, con total apego al procedimiento administrativo.

También en conferencia de prensa la tarde del miércoles, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, afirmó que la facultad de nombrar a los delegados de Conagua, Profepa y Semarnat en las entidades son facultad exclusiva del presidente, por lo que rechazó el desconocimiento que el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, hizo el martes contra dichos delegados en la entidad.

Pese a la “crítica situación”, no convocan a Comité de Emergencia en Sonora

Este miércoles 10 de septiembre se tenía contemplada una reunión del Comité Cooperativo de Emergencia para tratar el tema de las afectaciones por el derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, causado por la explotación y operación de la mina Buenavista del Cobre, en el municipio de Cananea, por parte de Grupo México.

En este sentido, la Secretaría de Gobierno del estado de Sonora señaló que no ha emitido alguna convocatoria para realizar este día la reunión del Comité Cooperativo de Emergencia.

Ayer, 9 de septiembre, el propio gobernador de la entidad, Guillermo Padrés, señaló que el ya no consideraba como interlocutores a los delegados de Profepa, Semarnat ni Conagua, dependencias con las que debería tratar el tema.

Después de solicitar la renuncia de los delegados federales de Conagua, Semarnat y Profepa del Comité de Operación de Emergencias, el gobernador Guillermo Padrés Elías pidió además, este miércoles 10 de septiembre, la ayuda directa del presidente Enrique Peña Nieto para atender la “crítica situación”.

Señor Presidente, el pueblo de Sonora necesita su apoyo. Es real la crítica situación en la que miles de familias del Río Sonora viven en estos momentos”, dijo el mandatario local en un desplegado titulado Sonora alza la voz, en el cual también critica que los habitantes de la región cercana a la mina propiedad del Grupo México “denunciaron meses antes el riesgo inminente de un derrame de tóxicos a los ríos Bacanuchi y Sonora, y no fueron escuchados, ni por Profepa, ni por Conagua, ni por Semarnat”.

En un comunicado divulgado este martes, el gobierno de Sonora declaró a los representantes federales como interlocutores no válidos, luego de que calificaron como ilegal una presa construida recientemente en el rancho El Pozo Nuevo de Padrés, propiedad del mandatario local.

“Los delegados de CONAGUA, PROFEPA y SEMARNAT han fallado y le siguen fallando a los habitantes del Río Sonora, por eso exijo que renuncien (…) Pido se sancione y despida a quienes no tomaron precauciones y no escucharon a los ciudadanos, que advirtieron podía suceder un desastre”, reiteró Padrés este miércoles a través de tuits publicados en su cuenta en la red social.

El gobernador reiteró en Twitter que “ha señalado fallas de dependencias federales y Grupo México asumiendo mi responsabilidad de luchar por las familias del río debido a que los funcionarios fallaron”.

A las 17 horas de este miércoles está programada una reunión para agilizar la ayuda a la región, pues “es insuficiente”, a la que se ha convocado a Grupo México sin que hasta el momento se haya recibido una respuesta de la empresa, dijo a Animal Político el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Raúl Ramírez Ramírez.

El funcionario detalló este martes 9 de septiembre que la comisión que preside estima en 2 mil millones de pesos las afectaciones por el derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora generado por la explotación y operación de la mina Buenavista del Cobre, en el municipio de Cananea, por parte de Grupo México. Lo anterior quiere decir que cada litro derramado dejó daños por 50 millones de pesos.

*Con información de Atando Cabos y Radio Fórmula.

**Nota publicada el 10 de septiembre de 2014.

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4 cambios en la ley migratoria de España que permitirán a miles de extranjeros trabajar y residir de forma legal en el país

La reforma facilitará el acceso al mercado de trabajo de los estudiantes, mejora las contrataciones en origen, flexibiliza los requisitos para la reagrupación familiar y crea la figura del arraigo por formación.
29 de julio, 2022
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Poder trabajar en España de forma regular va a ser, desde ahora, un poco más fácil.

Cerca de 5 millones y medio de extranjeros, más de un tercio de ellos procedentes de países de América Latina, viven en España, según los datos oficiales. La cifra real, sin embargo, es más difícil de calcular.

Perdidos en el laberinto burocrático, muchos entran en un círculo vicioso en el que no pueden trabajar legalmente porque no tienen permiso de residencia, pero tampoco pueden solicitarlo porque no pueden acreditar una vinculación laboral.

La reforma de la ley de Extranjería que acaba de aprobar el gobierno español y que se estrena a mediados de agosto resuelve algunas de estas disfunciones, por lo que no solo va a facilitar que los empresarios puedan contratar a más extranjeros directamente en sus lugares de origen, sino que busca nuevas fórmulas para que los que ya viven en España puedan regularizar su situación.

Estudiantes

Unos de los principales beneficiados de la reforma van a ser los estudiantes extranjeros matriculados en centros españoles. Hasta ahora, aquellos que tenían un visado de estudiante para cursar, por ejemplo, un grado en una universidad española, no podían trabajar para costearse sus estudios. La nueva normativa les permite trabajar de forma legal hasta 30 horas a la semana.

Estudiantes

Getty Images
Los alumnos extranjeros podrán trabajar mientras realizan sus estudios.

Además, una vez acabados los estudios, podrán quedarse un año más sin tener que pedir una ampliación de la estancia en España.

Casi uno de cada cuatro estudiantes extranjeros de grado en España proceden de países de América Latina y Caribe, proporción que se eleva a cerca del 64% de los de máster y casi al 53% de los de doctorado.

“Antes de la reforma, quien tenía un permiso por estudios, si trabajaba lo hacía de forma irregular y esto no tenía ningún sentido“, explica Gemma Pinyol-Jiménez, directora de políticas migratorias de Instrategies, una consultora especializada en asuntos de movilidad, migraciones y gestión de la diversidad.

Las modificaciones de la ley permiten que la autorización de estancia, con algunos criterios específicos, se pueda convertir en una autorización de trabajo. Y esto, opina, la experta, no solo es positivo para esas personas de manera individual, “sino también para el país, porque es una forma de garantizar que quien ha estudiado y ha hecho una formación de tercer grado -porque esto está pensado para los altamente cualificados-, puedan acceder al mercado de trabajo español”.

España quiere que ese talento que se ha formado en sus universidades pueda quedarse, además de hacer más atractivos sus centros de educación superior y facilitar su internacionalización.

Bandera de España

Getty Images

Arraigo por formación

A partir de ahora, las personas que han permanecido en España durante un periodo mínimo de dos años, podrán obtener un permiso de residencia de 12 meses si se comprometen a realizar una formación reglada para el empleo, una figura para la que el gobierno español se ha inspirado en un modelo existente en Alemania conocida como “duldung”.

“La idea es que las personas que están en situación irregular puedan acceder al mercado de trabajo pasando primero por una formación. Eso sí, en sectores en los que se determina que hay una necesidad de mano de obra”, aclara Pinyol-Jiménez.

Dos trabajadores en una fábrica.

Getty Images
El arraigo por formación permitirá obtener un permiso de trabajo.

El arraigo por formación se suma a las dos vías por las que, hasta ahora, los extranjeros que ya se encontraban en España podían regularizar su situación.

Una es el arraigo social, para el que hay que demostrar tres años de residencia y, además, que se dispone de una oferta de trabajo. Este contrato ya no deberá tener una duración mínima de un año, como se pedía hasta ahora, pero sí que cumpla con el salario mínimo interprofesional.

La otra es el arraigo laboral, en la que hay que demostrar que ha habido una relación laboral, aunque la persona hubiera trabajado sin contrato y cobrado, por lo tanto, en negro.

“Muchas personas llegan en situación regular y luego dejan caducar su visado por pánico a intentar entrar en el mercado de trabajo. Lo que se intenta con la reforma es reducir este espacio en el que las personas acaban trabajando de manera irregular, que al final es un desastre para ellos mismos, para la economía y para todos”, interpreta la consultora.

Contratación en origen

La contratación en los propios países de origen de los trabajadores también se va a flexibilizar.

Por un lado, se mejora la contratación para los temporeros. A partir de ahora, estos trabajadores que van a España a participar, por ejemplo, en campañas agrícolas, podrán acceder a una autorización de 4 años en la que podrán trabajar hasta 9 meses por ejercicio, con la obligación de volver a sus países después de cada periodo.

Si se cumple con estas condiciones, como “premio”, estos trabajadores podrán solicitar un permiso de residencia y trabajo por dos años prorrogable.

Trabajadores en un invernadero.

Getty Images
La reforma mejora las condiciones de los temporeros.

Pero además, la reforma quiere mejorar lo que se conoce como Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, es decir, la lista de profesiones para los que los empresarios tienen dificultades para encontrar personal y que le permiten contratar a profesionales en origen.

“Este es un sistema tan poco realista que, desde hace años, la lista te dice que lo que hace falta en España son entrenadores de fútbol”, bromea Gemma Pinyol-Jiménez. Además de entrenadores, según la lista en España solo se necesita personal de buques mercantes, entrenadores y deportistas profesionales.

La reforma va a hacer una fotografía más realista del mercado de trabajo, que se va a actualizar cada tres meses.

Reagrupación familiar

Una de las grandes novedades de la reforma, y que va a suponer una gran mejora para la vida de muchas familias extranjeras en España, es la que concierne a la reagrupación familiar.

Dos mujeres en una cocina.

Getty Images
La reforma mejora las condiciones para la reagrupación familiar.

Los familiares, al recibir el permiso de residencia, también recibirán la autorización de trabajo por cuenta propia y ajena. “Hasta ahora, estas personas recibían un permiso de residencia, pero tenían que esperar para tener el de trabajo, mientras que con los cambios, cuando se renueve la reagrupación familiar, se adquirirá la autorización de trabajo”, precisa la consultora.

“El sistema está tan loco que condenaba a la gente a malvivir cuando podía trabajar”, una disfunción, denuncia Pinyol-Jiménez, relacionada con el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. “Se intentaba mantener y respetar la realidad del mercado de trabajo español, pero se hacía con un instrumento que hacía una radiografía nada realista de la realidad”.

También se flexibilizan los requisitos de reagrupación familiar cuando afectan a menores, a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Además de estos cuatro puntos, las modificaciones de la ley de Extranjería también racionalizan los requisitos exigidos a los trabajadores autónomos procedentes de terceros países, y crea una Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, una suerte de “ventanilla única” para agilizar y facilitar los trámites.

“La obsesión fronteriza”, opina la experta, “se ha comido todo el debate público sobre las cuestiones migratorias. Esta es la primera vez en años que estamos hablando de reformas que no tiene que ver con fronteras”.


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