Reos del fuero federal al Complejo Penitenciario Islas Marías. Foto: Cuartoscuro.

A través de su más reciente recomendación, la 44/2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció la existencia de un área de segregación en la cárcel federal de Islas Marías, en la que los reos pueden pasar hasta 120 días incomunicados, sometidos a tormentos físicos, sin poder salir de sus celdas más que en lapsos de cinco minutos cada 24 horas, y sin condiciones mínimas de higiene y atención médica, instalaciones en las que las autoridades penitenciarias operan “un proceso de deshumanización”, con el que se logra “la destrucción como ser humano de sueños, esperanzas y aspiraciones de los internos”.

Luego de una investigación iniciada a mediados de 2012, que incluyó entrevistas con reos y autoridades, así como visitas de campo, la CNDH pudo constatar que en el complejo penal de Islas Marías existe un área de confinamiento denominada “Las Cruces”, en la que los reos son “sometidos por los elementos de Seguridad y Custodia con violencia física, los mantenían incomunicados, no se les suministraban los servicios de luz eléctrica, agua corriente para higiene, ni agua suficiente para consumo humano, no se les brindaba atención médica, no se les permitía tener actividades laborales, educativas, de recreación y físicas, los alimentos no reunían las características de calidad, cantidad e higiene”, además de que “los internos permanecían encerrados las 24 horas, con sólo cinco minutos fuera para bañarse, con acumulaciones de heces fecales y orines en inodoros (de las celdas), tomando sus alimentos en ese mismo lugar”.

Entre los distintos casos de abusos documentados por la CNDH están, por ejemplo, la práctica conocida en Las Cruces como “bienvenida”, que es una golpiza tumultuaria que propinan los custodios a todo reo que haya sido enviado a esta área de confinamiento.

Como parte de esta “bienvenida”, destaca la CNDH, los custodios de Islas Marías practicaron a un reo distintas torturas, tales como jalarlo y hacerlo pender de la nariz, golpes en brazos, pisotones en extremidades, azotes con una puerta, además de que le abrieron las piernas en compás, más allá de lo que su resistencia le permitía.

Además, se documentó el caso de otro reo aislado dentro de Las Cruces, y quien fue golpeado por dos custodios cuando descubrieron en su celda una oración cristiana que él mismo había inscrito en un espejo, misma que fue obligado a borrar con la lengua, mientras recibía patadas en las costillas.

Asimismo, se señala, los reos que están confinados en esta área son privados de agua para desechar el escusado, generando intencionalmente acumulación de heces dentro de las celdas, en las que deben dormir y comer, ya que sólo cuentan con cinco minutos fuera de ellas, para bañarse.

Estas condiciones de sometimiento inhumanas, sumadas a las deficientes acciones de prevención y vigilancia, destacó la CNDH, fueron el origen del motín suscitado en Islas Marías el pasado 2 de febrero de 2013, durante el cual los reos inconformes con la operación de Las Cruces se armaron con herramientas de construcción tomadas de una bodega, y con ellas abrieron huecos en 34% de las celdas de aislamiento, para liberar a sus compañeros incomunicados.

“La ineficacia de las autoridades penitenciarias –destacó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– genera situaciones como la ocurrida el 2 de febrero de 2013, en la cual los internos de ese lugar se manifestaron de forma violenta por las condiciones de maltrato, encierro y aislamiento de sus compañeros, amotinándose para liberar a los que se encontraban en el módulo C4 de Las Cruces”.

De hecho, subrayó la CNDH, el “uso excesivo de la fuerza” mostrado por las autoridades federales para controlar dicho motín –que dejó 32 reos heridos, siete de ellos de gravedad, así como tres reos que permanecen desaparecidos desde entonces– puso en evidencia la falta de preparación no sólo de los custodios y marinos que participaron en el operativo para rescatar las instalaciones, sino también puso en evidencia la falta de mecanismos para garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal penitenciario.

Un ejemplo de ello, se señala, es el hecho de que las mujeres encargadas de vigilar y custodiar el área de reclusión femenil no obtuvieron ayuda oficial durante el motín, y tuvieron que ser escondidas por las mismas mujeres presas, quienes les proporcionaron uniformes penales para que se disfrazaran y, así, lograran evitar agresiones por parte de los reos amotinados.

Por todas estas irregularidades, la CNDH exigió a la Comisión Nacional de Seguridad Pública indemnizar a 99 reos que vieron violados sus derechos a la integridad y seguridad personal, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la legalidad.

Además, demandó iniciar una denuncia penal ante la PGR en contra de los funcionarios implicados en los abusos cometidos, así como una investigación administrativa, que determine el grado de responsabilidad de los servidores públicos encargados de la operación de Islas Marías, y es que, al someter a estas condiciones inhumanas a los reos confinados en Las Cruces, señaló Derechos Humanos, las autoridades de este centro penitenciario violan siete artículos de la Constitución, así como la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social; el Código de Conducta del Órgano Admninistrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; el Reglamento del Complejo Penitenciario Islas Marías; el Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos; los Principios y Buenas Prácticas sobre Protección de Personas Privadas de la Libertad en las Américas; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; el Conjunto de Principios de la ONU para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; así como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.