Yuridia perdió su vivienda hace un año, en septiembre de 2013, cuando la acción combinada del huracán Manuel y la tormenta Ingrid derrumbaron las casas y los accesos al poblado indígena conocido como Unión de las Peras, en la Montaña de Guerrero, situación que obligó a esta madre y sus hijos, así como a un centenar más de familias, a refugiarse en un campamento que ellas mismas levantaron, con palos y lonas, en la punta de un cerro.

[contextly_sidebar id=”3lMFFajEQ7SGu9ldLafBBgkc3f8wbZs0″]Según el documento de entrega de esta vivienda (elaborado en papel membretado de la Secretaría de Desarrollo Social y la Cruzada Nacional Contra el Hambre), las autoridades federales realizaron una “inspección” a esta obra y concluyeron que “se encuentra totalmente terminada y funcionando”, por lo cual, Yuridia fue obligada a estampar su firma junto a una leyenda que reza: “Estoy totalmente satisfecho con el resultado final del apoyo recibido y al firmar acepto de conformidad que los trabajos realizados son de calidad y no tengo observación alguna, por lo cual me abstengo del derecho de realizar cualquier queja posterior”.

–¿Por qué aceptó esta casa, en estas condiciones? –se pregunta a Yuridia.

El de Yuridia no es un caso aislado, advierte Noé Bruno, integrante del comisariado comunitario de Unión de las Peras: “Todas las casas que construyeron las autoridades están así, aquí construyeron 81 viviendas (…) la Sedesol construyó estas casas en lugares en donde no había un certificado de factibilidad, y por ejemplo, un grupo de casas se construyeron al borde de un derrumbe grande, y así en todos los lugares donde se ubicaron casas es el mismo problema, hay los deslaves, los derrumbes.”

Tal como se pudo constatar en un recorrido por Unión de las Peras, las 81 viviendas que Sedesol erigió en este poblado se ubican en laderas que actualmente se están deslavando; carecen de cimentación que ancle las construcciones al suelo; no cuentan con barreras que impidan que la tierra que está debajo de las casas se desplace con el agua de las lluvias; además de que no fueron construidas con material térmico, sino con tabicones que absorben la humedad y conservan el frío (en una zona en la que la temperatura baja, la llovizna y la neblina son constantes).

Y la lista sigue: la única parte de la casa que cuenta con losa de cemento es el baño, pero en ninguna de las losas se aplicó impermeabilizante, por lo cual el agua de lluvia se filtra y gotea dentro de todas las construcciones; además, sobre estas losas se colocó un tinaco para almacenar agua, que será inútil porque el poblado no fue conectado a ninguna red de abasto de agua entubada.

–¿La empresa constructora contratada por Sedesol se ha hecho responsable por estas deficiencias en sus viviendas? –se pregunta a Noé Bruno.

–No –responde–. La empresa constructora se llama Faysal SA de CV. Y nadie se hace responsable, para ellos la obra está entregada, y para la Sedesol la reubicación está consumada.

Realidades de papel

Como parte de las labores de asistencia en las zonas afectadas por las lluvias del año pasado, la Sedesol del gobierno federal aprobó en marzo pasado la construcción de 6 mil 90 casas para damnificados en todo el estado, con un costo de 120 mil pesos cada una, de las cuales 766 se destinaron a los 19 municipios que integran la región de La Montaña.

Sin embargo, en esta zona de Guerrero habitada mayoritariamente por comunidades indígenas y campesinas, un total de 4 mil 304 familias perdieron su hogar a causa de las lluvias –según el censo elaborado por el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña–, de tal forma que las 766 casas que destinó Sedesol para estas comunidades sólo beneficiarán a 17% de las familias sin techo, y el resto (otras 3 mil 538 familias sin vivienda) no están contempladas en el Plan Nuevo Guerrero.

“Y esto es lo que pasa cuando alguien desde la Ciudad de México diseña un programa de atención a emergencias, sin acudir al lugar donde se está viviendo la emergencia –afirma Román Hernández, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan–, y eso, en sí mismo, representa un acto de discriminación, porque el mensaje que envían a los damnificados es: ‘No me importa lo que necesites, yo, a mil 600 kilómetros de distancia, sentado frente a mi escritorio, en mi oficina, te voy a decir cuáles son tus necesidades’…

“Nosotros escuchamos los informes que rinde Rosario Robles, titular de Sedesol, en los que habla de cuántas casas han construido, cuántos insumos han entregado, cuantos miles de millones de pesos han gastado en la zona, y sí, eso es lo que dicen los papeles que están sobre su escritorio, repletos de cifras, pero esos mismos papeles no registran la otra realidad: la realidad del uso faccioso de los recursos, la forma arbitraria, desorganizada, inútil, en que se invierten y se distribuyen (…)

“Un buen ejemplo de esa situación es la comunidad de Unión de las Peras. Ahí Sedesol construyó casas en un lugar en el que Protección Civil dijo que no se podía, así lo marca el dictamen, que no hay condiciones para que se pueda seguir utilizando ese predio, y aún así, la constructora contratada por las autoridades obligó a los pobladores a que aceptaran la construcción en esos terrenos no aptos, o de lo contrario no recibirían el beneficio”.

Y las autoridades federales, aclara, no son las únicas responsables: “En este mismo poblado, el gobierno del estado se comprometió a comprar un terreno para la reubicación de la escuela primaria, y el convenio es una belleza, porque el gobierno estatal incluyó en una cláusula que la única razón por la que el convenio puede quedar sin efecto, y así lo dice, es que el gobierno del estado no pague el terreno… es decir, el mismo gobierno estatal está previendo romper el convenio, y sí, hasta la fecha no han pagado el terreno, y los niños de la comunidad llevan un año tomando clases en una carpa de lona“.

La otra tormenta

En los 19 municipios de La Montaña de Guerrero, las lluvias de septiembre de 2013 motivaron el desplazamiento de al menos 40 comunidades indígenas, cuyos habitantes se vieron forzados a abandonar sus pueblos en medio de la tormenta y huir hacia la punta de los cerros, para ponerse a salvo de los deslaves.

Otra de estas localidades siniestradas es Tepeyac, en el municipio de Cochoapa, que al igual que Unión de las Peras fue dotada hace tres meses con 74 viviendas, también construidas por la empresa Faysal SA de CV, a título de la Sedesol, bajo el mismo diseño y con los mismos materiales que las de Unión de las Peras.

Estas casas también fueron levantadas en un predio que no cuenta con dictamen de factibilidad, por hallarse en la ladera de un cerro, aunque, a diferencia de Unión de las Peras, no se encuentran al borde de un barranco, sino en terrazas escalonadas excavadas en una ladera poco inclinada.

Esa condición, sin embargo, no las hace más habitables ni seguras, como aclara Isidoro Bruno Ortiz, integrante del comisariado comunitario de Tepeyac. “Aquí el agua echó fuera todos los biodigestores –explica–, porque lo que hicieron fue hacer un hoyo en la tierra, y ahí pusieron los tinacos, enfrente de cada casa, pero aquí llueve todo el tiempo y la tierra filtra mucha agua… el agua se acumuló en los hoyos e hizo flotar los tinacos hasta que salieron a la superficie y rompió los tubería de plástico que le habían puesto”.

En la actualidad, al menos 20 de las 74 viviendas construidas por Sedesol en Atoyac tienen ya sus biodigestores destruidos, mientras que en el resto de las casas, ya han emergido parcialmente.

Ese no es el único problema con los biodigestores, advierte Alfonso Nepomuceno Vargas, otro integrante del comisariado comunitario: “Estos biodigestores desde un principio no iban a servir, porque tienen que ser vaciados cada determinado tiempo, y como las casas fueron construidas en hileras, unas debajo de las otras, imagínate, cuando descargaras el biodigestor, toda la porquería escurriría a la casa que está abajo…”

Estas casas tampoco fueron conectadas a una red de abasto de agua potable, sus baños no fueron impermeabilizados, también están techadas con láminas y erigidas con tabicón, pero Isidoro Bruno pone énfasis en otros aspectos que las vuelven no aptas para ser habitadas: “Estas casas están muy chiquitas, tienen dos cuartitos y una cocina-comedor, son de 44 metros, y aquí no caben las familias, que son de ocho o diez integrantes, además de que tampoco hay un lugar para poner a nuestros animales…”

Para Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, “ésta es la verdadera tormenta” que pone a las comunidades indígenas de La Montaña en riesgo de desaparecer.

“El huracán Manuel y la tormenta Íngrid destruyeron a las comunidades físicamente –señala–, pero la actual política de reubicación está destruyendo su futuro como pueblos indígenas: ahora ya no tienen derecho a poseer una casa apropiada culturalmente, con sus animales (única oportunidad que tienen para incluir carne en su dieta), con sus espacios abiertos, con su cocina separada para que puedan cocinar con leña; o sea, ahí las autoridades dan por hecho que están atendiendo a poblaciones urbanas, a familias de tres o cuatro integrantes, que van a usar gas, que van a usar aparatos electrodomésticos, que le van a estar jalando al excusado como si tuvieran abasto de agua ilimitado… ahora la catástrofe es este tipo de reubicación, porque no les da la a las familias la oportunidad real de echar raíz, estas casas que les están dando no son para desarrollar una vida familiar, sino sólo son un espacio para dormir, no para vivir, no para convivir, y eso está ocasionando que la gente abandone las comunidades, los que tienen más posibilidades se están yendo para Tlapa (la ciudad más cercana a La Montaña), y los que no tienen posibilidad, están yéndose a pueblos menos afectados, con familiares.”

Además, insiste, se aplica en su contra una actitud discriminatoria pues “tratan a los pueblos de La Montaña como si fueran indigentes, como si pensaran que lo que se les dé está bien, les impusieron condiciones humillantes… por ejemplo, en San Miguel Amoltepec, las familias fueron obligadas a alimentar a los albañiles que construyeron sus viviendas. La constructora se comprometió a darles despensas, y las familias colaborarían cocinando, pero al final no les dieron las despensas, y las familias tuvieron que alimentar a los trabajadores con sus reservas, de por sí escasas”.

Sin embargo, confía, los pueblos de La Montaña “son los desposeídos de siempre, y desde hace mucho tiempo vienen acumulando experiencias de resistencia… resistir es lo que han aprendido, y ese saber les permite resistir a la actual crisis y sus futuras afectaciones, esa es nuestra esperanza, a pesar de quien sea y de lo que sea, resistiremos…”

El horizonte

En septiembre de 2013, y en los meses siguientes a las lluvias, la organización humanitaria Oxfam México distribuyó tinacos en comunidades damnificadas, que facilitaran a los afectados el almacenamiento de agua, ya que “a pesar de que La Montaña es una región húmeda, los manantiales en los que pueden abastecerse los campesinos quedan lejos de las comunidades, a veces a varias horas de distancia, por lo que nosotros nos encontramos que la gente acarreaba el agua hasta en botellas de refrescos, y la carencia de agua es uno de los principales problemas que enfrentaron estos pueblos, tan grave como la falta de techo o alimento”, explica Rodrigo Galindo, integrante de esta organización civil internacional.

“La respuesta ante una crisis como la de 2013 –afirma– no sólo debe ser inmediata, sino organizada, no se puede planear desde un escritorio, sin hacer diagnósticos efectivos en el lugar de los hechos, y aunque a nivel internacional se tiene la idea de que el gobierno mexicano tiene capacidades y recursos suficientes para atender este tipo de crisis humanitarias, puede ser que sea cierto, que tenga todos los recursos y los medios para actuar de manera efectiva, pero lo que no tiene son las habilidades, la capacidad real para llevar a cabo la tarea.”

Y en la misma medida, aclaró, “también la sociedad en su conjunto debe aprender cómo reaccionar, en especial las organizaciones civiles, ya que en muchos casos se actuó sin conocer o sin atender los protocolos internacionales desarrollados para tal efecto. Por ejemplo: se emprendieron colectas de agua embotellada, sin considerar que trasladar todas esas botellas desde los distintos estados de la República hacia Guerrero era más caro que comprar ese mismo volumen de agua en puntos más cercanos al estado; y ya que esas botellas llegaron y fueron repartidas, se convirtieron en un riesgo de epidemias, pues con una gotita de agua que guarden pueden incubar agentes patógenos, bacterias, o moscos que propaguen enfermedades.”

Sin embargo, subraya, si algo destacó durante la emergencia “no fue la respuesta gubernamental sino la respuesta civil: hubo muchas organizaciones y grupos que supieron qué hacer, la agrupación civil Enlace, por ejemplo, adquirió con recursos propios cerca de 40 toneladas de maíz y las repartió entre las comunidades, atendiendo así a la demanda de dotarlas de granos, y no de productos enlatados o industrializados, y así muchos otros grupos, nosotros repartimos también molinos manuales para el maíz, kits higiénicos, con jabón y cloro para purificar el agua; incluso repartimos sal y aceite para que la gente pudiera no sólo comer, sino disfrutar un poco el sabor de los alimentos, quizá no fue algo determinante, pero la idea era dignificar el momento de la comida, que quizá era el único instante en el que pudieran reconfortarse un poco ante las adversidades… la población está en una situación de carencias materiales, pero también de carencias de esperanza, y la idea debe ser restaurar sus medios de vida, pero que ellos también puedan reconstituir su esperanza…”

Cabe destacar que, para conocer la postura de Sedesol en esta materia, Animal Político solicitó una entrevista con un representante de la institución, sin obtener respuesta favorable.

Este reportaje fue hecho gracias a la colaboración de Oxfam México.