Las historias detrás de cinco detenciones ilegales en Puebla
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Las historias detrás de cinco detenciones ilegales en Puebla

Cinco personas fueron detenidas el sábado de manera ilegal en el poblado que participó en las protestas del pasado 8 de julio en la carretera Puebla-Atlixco, y donde murió un menor. Esta es la crónica de lo ocurrido.
Por Ernesto Aroche Aguilar  
20 de octubre, 2014
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Chalchihuapan

Foto: //Cuartoscuro

Un golpe pesado rompió la madrugada del sábado. Diez kilos de metal y madera tronaron cinco puertas en San Bernardino Chalchihuapan. Y en ese golpe que rompió vidrios y muebles, también se rompieron cinco familias. Tras el marro de los policías, llegaron las armas y los ojos del cañón de pistolas y armas largas miraron a mujeres y niños. A abuelas que dormían abrazados de sus nietos. A madres que se aferraron a sus hijos y a hijos que intentaron defender a sus padres de los hombres que, vestidos de negro de pies a cabeza, los sacaron de la cama y los lanzaron a la batea de una camioneta blanca, para después llevárselos con destino desconocido. Y en ese defender sumaron golpes a los agravios.

No hubo una palabra de explicación, sólo mentadas de madre. Sólo “hijos de la chingada” y sentencias similares. Dolorosas no por lo que dicen, sino por la manera en que se escupen, desde la prepotencia armada y parapetada en una orden legal invisible, pues ni se explica ni se muestra al ingresar violentamente en medio de la oscuridad.

Y así, la legalidad se hace añicos, porque una vez más los encargados de hacer valer la ley la rompen, la ignoran, la despedazan para allanar seis hogares, el de Javier Montes Bautista, Fausto Montes García, Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez Varela y Álvaro García Xelhua.

***

Horas después de las detenciones, el gobierno del estado envió un boletín informativo asegurando que el ingreso a Chalchihuapan por la madrugada fue para cumplir con seis órdenes de aprehensión en contra de vecinos de la comunidad, a quienes la Fiscalía Especial del caso Chalchihuapan responsabiliza de delitos cometidos la tarde del 9 de julio, cuando se produjo un violento desalojo del kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

El comunicado también informa que la Fiscalía pidió la detención del presidente auxiliar de esa comunidad, Javier Montes Bautista, situación que no se cumplió porque el funcionario no fue hallado en su domicilio.

A la par que se detuvo a cinco de los seis pobladores señalados por la Fiscalía, también se aprehendió a seis policías estatales y se destituyó e inhabilitó hasta por cuatro años a seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública responsables en el operativo del 9 de julio.

Entre los inhabilitados se encuentra Ofelia Flores Ramos, quien fungía como Subsecretaria de Coordinación y Operación Policial. Y aunque el boletín no informa el nombre de los funcionarios destituidos ni sus cargos, a excepción de la señalada, se presume que también fueron inhabilitados el inspector Willibaldo Díaz Castillo, y el encargado de despacho de la Policía Estatal Preventiva, Yair Bibiano Sánchez, pues el gobierno del estado ya había señalado a finales de agosto pasado, en un boletín emitido en respuesta a una solicitud de información, que Díaz Castillo fue el responsable de ordenar “el despliegue de efectivos”.

“El Inspector Willibaldo Díaz Castillo, Director de Operaciones Policiales de la Policía Estatal Preventiva, es el servidor público que ordenó el despliegue de los efectivos que acudieron a la autopista Puebla–Atlixco, una vez que fue informado del bloqueo de la misma por parte de manifestantes el 9 de julio de 2014”, decía el comunicado.

Bibiano Sánchez, quien fungía como  el encargado de despacho de la Policía Estatal Preventiva, es en la cadena de mando de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, el eslabón intermedio entre Díaz Castillo y Ofelia Flores.

Pero al jefe de todos ellos, Facundo Rosas Rosas, a quien la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala como responsable directo del violento operativo, al haber estado a cargo del mismo, sólo recibió una amonestación y se le aplicó una multa. Ni la amonestación señalada, ni el monto de la multa impuesta o si esta fue pagada por el funcionario o por la dependencia, fueron hechos públicos.

***

Son las 6:00 de la mañana del sábado 18 de octubre y aún no amanece en Chalchihuapan, pero la plaza del pueblo ya está llena de personas. Las campanas de la iglesia repican. En los rostros hay somnolencia pues al filo de las 4:00 de la mañana, un convoy de 13 vehículos sin placas, ni logos, según denunciaron familiares de los detenidos, cruzó a toda velocidad el puente que atraviesa la autopista Puebla-Atlixco, el mismo punto en donde en julio pasado se enfrentaron policías y habitantes de esa comunidad, y reventó la calma que vivía el pueblo desde hace unos días.

Entre el jueves y el viernes, es decir unas horas antes, personal de la Fiscalía Especial para el caso Chalchihuapan, recorrió el pueblo para entregar unas invitaciones para los heridos por la policía estatal para el evento en el cual el gobierno de Puebla daría a conocer el cumplimiento de las once recomendaciones que le planteó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Pero nadie acudió.

Araceli Bautista, la madre del alcalde auxiliar Javier Montes, sostiene al momento de tomar el micrófono y hablar sobre la situación que militantes antorchistas hicieron correr el rumor de que venían ya las detenciones.

—Tenemos los nombres de quienes anduvieron diciendo. Tenemos los nombres, pero yo sé que si ahorita los digo, encabronados todos somos capaces de ir a sacarlos de sus casas.

—Sí. Sí. Sí —las voces confirman la molestia que enfrenta la población, lo mismo con las autoridades, pero también con Antorcha Campesina.

—¿Qué esperamos, señora, qué agarren más personas? ¡Vamos por ellos! —insiste otra de las mujeres presentes.

—No, esperen. Eso es lo que quiere Antorcha. (…) Lo que yo les pido es que no perdamos la cabeza, y la única manera en que esto se arregle es estar unidos, Chalchihuapan y dejar a esos demonios a un lado.

Chalchihupan está sobre un barril de pólvora social desde la llegada de Antorcha Campesina y la mecha podría encenderse en cualquier momento.

***

Tras las detenciones de vecinos en San Bernardino Chalchihuapan abogados y activistas cuestionaron la violenta incursión policial en esa comunidad, y adelantaron que buscarán la destitución del gobernador Rafael Moreno Valle.

Así, mientras que el abogado Alejandro del Castillo, parte del equipo que representa legalmente a Elia Tamayo, madre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, el menor asesinado en el sangriento desalojo, anunció que a la par de la lucha jurídica para liberar a los cinco detenidos también impulsarán acciones políticas contra el mandatario.

—Vamos a la lucha, compañeros. Con los marcos legales. Tenemos que reclamar de los partidos políticos que lanzaron a este sátrapa por qué lo tienen ahí. El PAN y el PRD nos tienen que decir por qué lanzaron a este tipo como candidato. Y vamos con entereza a enfrentar un gobierno que lejos de representarnos, nos agrede y nos ofrende. La lucha no sólo es jurídica, es una lucha que va más allá de los juzgados. Es una lucha contra el tirano, y vamos a pedir su destitución.

Por su parte, Simón Hernández León, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, sostuvo que de confirmarse que no se presentaron las órdenes de detención y cateo podría calificarse de detenciones ilegales, y apuntó que un juez debió controlar y ratificar si fue conforme a derecho o no.

—Seguimos viendo el uso del sistema de justicia de manera desproporcionada, con una intención más de castigo que de esclarecimiento de lo que realmente sucedió. Además la desproporción, pues mientras a la gente de Chalchihuapan la detienen en medio de la madrugada y con los señalamientos que se han hecho, al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, apenas se le aplica una amonestación, no hay un establecimiento de responsabilidad penal o de mayor consecuencia.

En tanto Misraim Hernández , vocero de la organización civil Contingente Puebla, criticó la forma en la que el gobierno de Puebla atendió a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“No puedes solucionar delitos cometiendo más delitos. Con esto, el gobierno de Rafael Moreno Valle nos está diciendo que en aras de responder las recomendaciones de derechos humanos es permitido hacer uso de la fuerza y amedrentar a las familias”.

Hilario Alonso Flores, integrante de la dirigencia de la organización Los de Abajo, adelantó que buscarán coordinarse con otros grupos ciudadanos que tienen entre sus filas a detenidos por oponerse a proyectos gubernamentales, para conformar un grupo más grande y ejercer una mayor presión social.

***

“Ya estábamos despiertos —cuenta Petra López Tecalero mientras carga a su bebé de meses—. A las 3:00 de la mañana nos levantamos para torcer (fabricar tendederos), ya que el dinero no alcanza. Y ahí estábamos cuando escuchamos el ruido de un carro que sube pero rápido. Se asoma de la ventana (su marido, Fausto Montes). Y me dice:

—Oyes ya se pararon acá ¿quién sería?

—No salgas, le digo, deja, quién sabe qué sería.

“Cuando oímos que el carro lo echan y doblaron la puerta”. una reja de malla ciclónica que circunda y cerca la casa.

Después vinieron los marrazos, cuenta, e intentaron bloquear la entrada colocando un carretilla con bultos.

—Son rateros, son rateros —dice Petra que le dijo Fausto.

—Pero qué pueden querer —le responde—, si estamos nomás acá nosotros, y los niños. Ya nos metimos pal cuarto”.

Ahí cruzaron un ropero en la puerta para protegerse. La policía que, insiste Petra, jamás se identificó, rompió a marrazos la puerta y el ropero. Luego sacaron a Fausto.

Petra comenzó a gritar y uno de los agentes le dijo: “cállate, pendeja”.

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Felimar Luque

De vender arepas en un mercado a luchar como médica contra la COVID-19

Felimar Luque temía no volver a trabajar como médica tras emigrar de Venezuela. Pero la falta de personal sanitario que sufren países de la región como Perú ha hecho que vuelva a ejercer.
Felimar Luque
5 de agosto, 2020
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Preparando arepas en la habitación que compartía junto a su hermana en Lima, Felimar Luque temía no volver a ponerse nunca más la bata de médica que se tuvo que quitar cuando salió de Venezuela en busca de un futuro mejor.

Hoy, tras un año en el que vendió arepas en un mercado y medicamentos en una farmacia, vuelve a ejercer la medicina en un hospital. Una oportunidad que ansió durante meses y que no le llegó hasta que ocurrió una tragedia: la pandemia de COVID-19.

“La esperanza era bastante lejana por el tema económico”, cuenta esta ginecóloga de 34 años, a quien se le hacía imposible asumir el costo de homologar su título cuando llegó a Perú el año pasado.

Ahora, ante la falta de profesionales de la salud para atender de los casos de coronavirus que hay a nivel nacional, Luque ha sido contratada para trabajar en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, el complejo hospitalario más importante de la seguridad social peruana.

Allí, se encarga de evaluar cómo evolucionan cerca de 200 afectados por COVID-19.

Perú ha decidido permitir durante la pandemia la contratación de médicos extranjeros, incluso aquellos que aún no hayan terminado de realizar sus trámites para colegiarse. Es una medida que también han tomado países como Chile, México y España.

Luque ha sido una de las beneficiadas. Como a muchos de los 900,000 venezolanos que emigraron al país andino en los últimos años, a ella, le había tocado empezar desde cero en su nuevo destino.

Es decir: dejar atrás 11 años de estudios universitarios y cuatro de experiencia laboral, para, en cambio, comenzar los días levantándose a las cinco de la mañana para amasar agua y harina P.A.N.

“Despertábamos para hacer las arepas y que estuvieran calientes al momento de venderlas”, recuerda.

Harina P.A.N.

Getty Images
Felimar Duque se despertaba todos los días a las 5am para amasar la harina P.A.N.

“Vendíamos unas 30 o 35… No eran muy grandes porque la harina P.A.N. es importada y costosa y queríamos obtener un poquito de ganancia”, le dice a BBC Mundo por teléfono en el descanso de su turno en el hospital.

A dos soles cada una (0.6 dólares), ganaban entre 18 y 21 dólares cada día. Tres veces más que su sueldo mensual en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, conocido por ser donde murió en 2013 el exmandatario venezolano, Hugo Chávez.

Este monto, sin embargo, era insuficiente para vivir cómodamente en Perú. Así que, recién llegadas a Lima, las hermanas vendían las arepas por las mañanas y dedicaban el resto del día a buscar trabajo.

“El choque emocional era demasiado”, cuenta Luque. “Aparte, jamás había vendido nada”.

“Todo en mi vida había sido estudiar, estudiar, estudiar… El día en que decidí trabajar ya era médico y, desde entonces y ya graduada, nunca había dejado de trabajar”.

Dejar Venezuela

Felimar Luque era en Caracas especialista adjunta del servicio de ginecología de un hospital de nivel 4, el más alto, es decir, con un gran número de camas, área de terapia intensiva y de especialidades.

De pequeña, había decidido ser pediatra después de que una infección gastrointestinal le llevara a acabar ingresada en un hospital.

“Me atendió una excelente pediatra, que fue muy atenta conmigo. A pesar de no tener turnos, se quedó conmigo durante mi hospitalización”, recuerda.

“De ahí le dije a mi mamá: ‘Quiero ser pediatra porque quiero atender a las personas así como ella me atiende a mí”.

Pero, a medida que estudiaba la carrera, fue cambiando de opinión. “Me di cuenta de que la pediatría era bonita, pero a la vez un poco triste“.

“Sobre todo el área oncológica me deprimía, así que dije: ‘No, prefiero ser ginecóloga, que así traes un bebé al mundo y, en la mayoría de los casos, les das una alegría a los familiares”. Todavía recuerda su primer parto: varón, 3.5 kilos.

Felimar Duque con un bebé recién nacido

Felimar Duque
Duque optó por especializarse en ginecología porque el traer bebés al mundo “das una alegría a los familiares”.

Los años tomando notas o sacando fotocopias de libros que no podía permitirse comprar rindieron frutos: se graduó de la Universidad Rómulo Gallegos con notas sobresalientes o, como se dice en Venezuela, cum laude.

Un posgrado después, llegó a ser jefa de servicio en un hospital grande. Pero era un puesto que también tenía desventajas que se hicieron más agudas cuando el país empezó a verse golpeado por una dura crisis económica.

“En 2012 ya empezó el déficit, pero se acentuó muchísimo, muchísimo en 2014. En 2015, ya no teníamos absolutamente nada, teníamos que solicitar al paciente que llevara sus insumos para poder atenderle”, hace memoria.

Alternaba cuatro trabajos en dos clínicas y dos hospitales públicos para poder mantenerse. Le alcanzaba, “ajustadita”, y solo porque vivía sola y no había formado aún una familia.

Pero la falta de condiciones para atender a sus pacientes era lo que más le afectaba.

“El choque no lo vive el director del hospital, lo vives tú como jefe en tu área. Eso ya me tenía un poquito inestable emocionalmente porque decía: ¿Cómo voy a una guardia? Como recurso humano puedo hacer cualquier cosa, pero me atas de manos porque no tengo cómo resolver al paciente porque no tengo insumos”.

Protesta en Venezuela por la crisis hospitalaria

Getty Images
En Venezuela hay una crisis hospitalaria desde hace varios años.

Estas deficiencias le hicieron pasar por situaciones tensas, como cuando tuvo que resguardarse para no ser agredida por el familiar de una paciente.

“Había sido referida de otro hospital y, en ese momento, nosotros no contábamos con servicio de quirófano porque no había aire acondicionado y solo estábamos atendiendo estrictas emergencias”, recuerda.

“La paciente estaba en un inicio de trabajo de parto… Tenía oportunidad de ir a otro centro a ver si la podían atender”. El familiar montó en cólera, estallando en reclamos e insultos contra ella y un colega, que eran los encargados del servicio aquel día.

“Tuvimos que permanecer encerrados en la habitación porque si salíamos nos podían agredir”, afirma.

Choque emocional

Episodios como este la llevaron a iniciar la homologación de su título en España para emigrar allí.

“Mi temor era: ‘se me va a morir una paciente por el simple hecho de que en el hospital no hay tan siquiera sangre para transferirle o no hay una jeringa, nada…’ Que me llegue un paciente crítico y no pueda resolverlo, no porque no tenga conocimiento, sino porque no tengo los recursos para atenderlo”.

Pero las trabas burocráticas, tanto en España como en Venezuela, y la ralentización de los trámites en las instituciones de este último país hizo que, a inicios de 2019, se decidiera a seguir a su hermana a un destino más barato y menos complicado: Perú.

Felimar Luque (izq.) en la sala de partos en Venezuela

Felimar Luque
Practicar medicina en Venezuela se ha vuelto difícil por la falta de recursos.

A diferencia de miles de sus compatriotas, ellas tuvieron la “suerte” de poder viajar hasta allí en avión.

Pero eso no logró amainar un cambio tan brusco: “En Venezuela siempre tuve trabajo, muchísimo trabajo. Pero una vez que vengo para acá, nunca había vendido y había que relacionarse con cualquier persona”.

“Pero era más que todo el choque emocional: eras una persona reconocida en tu país. En mi caso, yo era jefe de servicio porque era especialista adjunta del servicio de ginecología ya con cuatro años de experiencia como tal. Y sí, el choque es bastante fuerte en ese sentido”.

“De verdad que me sentía bastante mal”.

Junto a su hermana, pidieron permiso en un puesto de un mercado cercano a donde vivían para ponerse de pie al lado a vender las arepas. El comerciante se lo permitió.

“Entonces hice mi currículum, lo dejé por locales comerciales, farmacias. Llamaba a los anuncios para cuidar bebés, cuidar abuelitos”. Menos de un mes después de llegar, consiguió empleo en una farmacia donde trabajaba seis días a la semana por el salario mínimo.

Inmigrante venezolana entrando a Perú

Getty Images
Muchos venezolanos que inmigran a Perú tienen dificultades en buscarse la vida.

¡No tenemos gente!

Poco a poco, fue reuniendo y validando los papeles que necesitaba para homologar su título de médico general.

“Registré mi título… pero hubo un freno porque me exigían estudiar un año más”, cuenta. No podía permitírselo: su hermana tenía problemas para encontrar empleo y de su salario salían la manutención de las dos y el dinero que enviaba a sus padres, en Venezuela.

“Decidimos oye, nada, a reunir plata. A ver si se puede lograr de alguna forma en algunos meses”.

Casi a finales de 2019, vio un anuncio en Instagram: la ONG Unión Venezolana en Perú estaba ayudando a médicos venezolanos a convalidar sus títulos. La organización ha reunido en los últimos dos años un listado de 39,000 inmigrantes venezolanos con estudios, cuyos datos se los ofrece al gobierno peruano para ayudar a cubrir vacantes difíciles de llenar.

Tras una dura selección que empezó con 150 profesionales, Luque acabó siendo una de los 20 que recibió la ayuda de la ONG y de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) para poder colegiarse en Perú.

“Tuve que pasar varias pruebas y cursos”, asegura. “A veces nos decían el mismo día o la noche anterior: ‘Hoy, urgente, tienen que ir a tal sitio’. Y bueno, ese día le pedía permiso a mi jefe y gracias a Dios fue bastante tolerante. Me decía: ‘Tranquila’. Luego, eso sí, tenía que pagarle las horas como sea”.

Pero incluso cuando su nombre apareció oficialmente en la base de datos de médicos colegiados de Perú, encontrar trabajo como tal siguió siendo una tarea complicada.

Coronavirus en Perú

Getty Images
En algunos lugares de Perú se han visto desbordados por la falta de médicos para combatir el coronavirus.

En tres meses, solo llamaron para dos plazas lejos de Lima, de donde no quería irse.

“Conseguí un puesto de asistente de cirugía plástica. Realmente, no es mi área, solo llenaba historias de los pacientes y hacía las tareas de las enfermeras”.

Con la pandemia, la clínica cerró: “Lo que más me angustiaba era que yo tengo que enviar dinero a Venezuela porque mis papás lo necesitan… Era estresante: quedarte sin dinero en un país donde no tienes nada”.

Hasta que un colega le avisó de que la seguridad social peruana, EsSalud, estaba contratando médicos para afrontar la pandemia de COVID-19.

Como muchos países de la región, Perú cuenta con menos médicos de los que necesita, según refleja un informe del Ministerio de Salud de 2018: apenas 13,6 médicos por cada 10.000 habitantes en vez de los 23 que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A esto se suma el hecho de que muchos se han dado de baja porque su edad o historial médico los hace especialmente vulnerables al nuevo coronavirus.

Por ejemplo, en Lambayeque, una de las regiones más afectadas por la pandemia y en la que se han tenido que construir cementerios temporales para enterrar a los muertos por coronavirus, el director del Hospital Regional explicaba a principios de mes que, pese a tener 60 camas libres con punto de oxígeno, no las podía usar:

“¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente!”, gritaba con desesperación en una entrevista con la emisora pública, RPP.

Talento desaprovechado

Carlos Scull, nombrado embajador de Venezuela en Perú por Juan Guaidó, aseguró en una radio local que hay unos 1.000 médicos venezolanos en Perú -de los que solo entre 200 y 300 están colegiados- y unos 3,000 enfermeros.

Otras fuentes como la campaña “Tu causa es mi causa” eleva a 4,000 el número de médicos venezolanos que podrían unirse al esfuerzo del sistema de salud peruano contra la pandemia.

Trabajadores de la salud con equipos de protección personal frente a una ambulancia en Perú

Getty Images
En Perú hay escasez de trabajadores de la salud para hacerle frente a la pandemia.

Al menos uno de ellos, Felimar Luque, empezó a trabajar en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins el lunes de la semana pasada: “Es hermoso, se parece al hospital en el que yo trabajaba ”.

“Me siento bien, a pesar de la pandemia, haciendo lo que más me gusta”, dice. Ahora gana ocho veces más de lo que recibía en la farmacia. Su hermana, abogada, ha tenido menos suerte y ahora trabaja cuidando a una mujer mayor en una provincia al norte de Lima.

“El venezolano tiene una necesidad de tener un ingreso y ejercer su profesión”, dice Garrinzon González, director de Unión Venezolana en Perú. En los años que lleva frente a la ONG, ha visto a muchos compatriotas experimentados y con estudios superiores haciendo trabajos no cualificados.

“Es un activo que se está perdiendo el Perú en vez de beneficiarse con estos profesionales cuyos estudios fueron un gasto que hizo otro Estado. Y más cuando hay vacantes”, afirma.

Del listado de 39,000 profesionales venezolanos que ofreció al Estado peruano, calcula que solo el 10% consiguió empleo.

Él espera que la experiencia de echar mano de profesionales sanitarios venezolanos durante la pandemia sirva para abrir las puertas a otros sectores.

Luque tiene un contrato de solo tres meses, prorrogable por otros tres meses más si la pandemia se extiende. Aunque, así como cuando soñaba con volver a ponerse la bata mientras preparaba arepas, le sobran esperanzas.

“Aunque el contrato dice ‘solo pandemia’, yo confío, Dios quiera, que nos dejen trabajando como tal. Ya ellos saben que soy especialista, que estoy en proceso de mi registro nacional de especialista acá en Perú. Y si no, bueno, como médico general, que ya tengo todo legal”.

“Si la posibilidad está, sería genial quedarnos acá trabajando”.

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BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=WhjChg-SfiE&t=5s

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