"En México hay una grave crisis en derechos humanos a raíz del caso de Iguala y Tlatlaya": CIDH
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"En México hay una grave crisis en derechos humanos a raíz del caso de Iguala y Tlatlaya": CIDH

"Hoy nuestro país está viviendo un momento que, sin duda, pone a prueba nuestros avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos, y obliga a las autoridades a tomar medidas para erradicar definitivamente hechos de esta naturaleza", dijo el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza.
31 de octubre, 2014
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Tomada de www.flickr.com/photos/cidh

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno mexicano a responder a la “grave crisis” que vive el país, al tiempo que señaló que aún no puede medirse su respuesta en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala hasta que los jóvenes sean encontrados.

Durante una audiencia ante la CIDH, en la que representantes del gobierno mexicano y de ocho organizaciones de derechos humanos debatieron sobre la respuesta oficial a la desaparición de estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza, señaló que México está viviendo un momento que “pone a prueba nuestros avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos” y, subrayó, hay una “grave crisis” a raíz del caso de Iguala y el de Tlatlaya.

Hoy nuestro país está viviendo un momento que, sin duda, pone a prueba nuestros avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos, y obliga a las autoridades a tomar medidas para erradicar definitivamente hechos de esta naturaleza“, dijo Icaza.

Asimismo, señaló que lo dramático en ambos casos es la dimensión: “Pero lo lamentable,  es que son patrones que venían sucediendo antes. Lo dramático es la dimensión, pero no hay sorpresa en términos de la ocurrencia”, lo que es “preocupante”, agregó.

Por su parte, el relator de la CIDH para México, comisionado James Cavallaro, dijo percibir un “contraste fuerte” entre la buena voluntad de las autoridades federales y la actuación de distintas autoridades estatales y municipales. “¿Cómo superar este desafío?”, se preguntó.

Mientras que, durante la audiencia, activistas acusaron a las autoridades mexicanas de desatender la “seria crisis de derechos humanos” que atraviesa su país.

Maria Luisa Aguilar, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solicitó al auditorio guardar un minuto de silencio por tres ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el mismo evento del 26 de septiembre, tras haber leído los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos.

También estaban representantes del gobierno mexicano y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, dijo que ante hechos como éste “nunca se puede decir que se está haciendo lo suficiente”.

El reto enorme es llevar a la práctica las reformas institucionales“, dijo Limón en referencia a modificaciones a la justicia penal, a la ley de víctimas y una reforma constitucional de derechos humanos, entre otras.

La Comisión celebró la audiencia un día después de que padres de los estudiantes se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto.

Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre cuando fueron atacados por policías municipales en la ciudad de Iguala, a unos 130 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

A principios de octubre, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los 43 estudiantes desaparecidos, facultad de la Comisión para solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.

Docenas de manifestantes se apostaron a las puertas de la Organización de Estados Americanos con banderas mexicanas y fotos de los 43 estudiantes, mientras gritaban consignas como “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Por el caso han sido detenidas 56 personas, en su mayoría policías de las municipalidades vecinas de Iguala y Cocula, así como el líder principal del supuesto gripo de narcotraficantes Guerreros Unidos.

Juan Manuel Gómez Robledo de la cancillería mexicana dijo a The Associated Press que comunicará a la CIDH la disposición para un comité de expertos avale el trabajo investigativo realizado en su país por el caso de Iguala, tal como solicitaron las familias de los desaparecidos.

Los siete integrantes de la CIDH se reunirán a puertas cerradas la semana próxima para determinar su respuesta, tras haber recabado información durante cinco audiencias sobre México.

*Con información de AP y Efe.

 

**Nota publicada el 30 de octubre de 2014.

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Odebrecht en Panamá: condenan en EU a dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli por ayudar con los sobornos de la constructora

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron sentenciados a tres años de prisión tras haber abierto cuentas y creado empresas ficticias para recibir sobornos de la constructora Odebrecht que, según dijeron, tenían como destino a su padre.
21 de mayo, 2022
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Dos hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli fueron condenados este viernes en un tribunal de Estados Unidos por conspirar para recibir sobornos, supuestamente para su padre, por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares ya se habían declarado culpables del lavado de 28 millones de dólares que, según el abogado de Luis Enrique Martinelli, James Mac Govern, cometieron “por órdenes del padre”.

El juez Raymond Dearie emitió una condena de tres años de cárcel y dos más de libertad vigilada, una pena inferior a la que buscaba la fiscalía de entre nueve y 11 años.

Ya que habían estado detenidos en Guatemala y Estados Unidos desde hace casi dos años, los hermanos Martinelli solo tendrán que pasar 13 meses más en prisión.

El caso inició en 2016, cuando la compañía Odebrecht reconoció haber sobornado con más de 700 millones de dólares a funcionarios de varios países de América Latina para ganar contratos.

El expresidente Ricardo Martinelli no ha sido condenado por ningún delito, pero sigue bajo investigación en Panamá en un caso separado por presunta corrupción relacionada con Odebrecht.

El exmandatario ha rechazado las acusaciones en su contra.

“Para complacerlo”

Tras ser detenidos y acusados, los hermanos Martinelli Linares reconocieron haber creado cuentas bancarias y compañías ficticias para recibir los sobornos durante el mandato de su padre en Panamá (2009-2014).

En 2021, se declararon culpables de un cargo de conspiración de lavado de dinero.

Los hermanos Martinelli Linares en un tribunal de Nueva York

Reuters

“Realmente quería complacerlo, mantenerlo feliz, mantenerlo orgulloso (…) Eso no quiere decir que no soy responsable de mis acciones”, declaró en alusión a su padre Luis Martinelli, en la audiencia de sentencia en el tribunal de Nueva York.

Ricardo Alberto Martinelli también dijo que lamentaba sus acciones y esperaba que su declaración de culpabilidad ayudara a “establecer la rendición de cuentas” en Panamá.

Para los acusados fue “un resultado favorable, muy alejado de las excesivas pretensiones de los fiscales”, dijo el vocero del expresidente Martinelli, Luis Camacho.

La defensa había argumentado que los hermanos Martinelli no deberían pasar más tiempo detenidos porque habían actuado “por órdenes de su padre”, y ya habían pasado casi dos años detenidos en Guatemala y seis meses en Brooklyn.

Ricardo Martinelli

Reuters
El expresidente estuvo un tiempo prófugo, hasta que fue detenido en Miami y extraditado a Panamá.

El juez Dearie dijo que los dos hijos del expresidente habían mostrado durante el tiempo en que delinquieron una actitud “arrogante”.

No obstante, desestimó la petición de hasta 11 años de cárcel que había solicitado la fiscalía, la cual espera que haya un pago de 19 millones de dólares de los 28 millones implicados en el juicio por sobornos de los Martinelli.

Los casos por corrupción protagonizados por la firma Odebrecht han supuesto grandes escándalos y la apertura de procesos judiciales en Brasil, Perú, Panamá, Ecuador, Argentina, República Dominicana, Colombia y México.


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