En esta imagen del 15 de septiembre de 2014 se ve una foto de Erika Gómez González (izquierda) colgada en una pared de la casa de su madre en Arcelia, México. La madre de Gómez, quien se negó a dar su nombre porque teme por su vida, dice que presenció la muerte de su hija cuando soldados del ejército dispararon contra un grupo armado el 30 de junio en el poblado de San Pedro Limón. La mujer dijo que un hombre murió inicialmente en el enfrentamiento, cuando el resto del grupo se rindió con la promesa de que no les harían daño. La mujer recordó que su hija estaba boca abajo en el suelo con una herida en una pierna, cuando los soldados la hicieron voltearse y le dispararon más de seis veces en el pecho. (Foto AP/Eduardo Castillo)

Por más de dos meses el gobierno de México hizo poco para explicar cómo es que los miembros de una patrulla militar salieron prácticamente ilesos de un enfrentamiento que dejó a 22 presuntos criminales muertos en una bodega.

Pero esta semana, las autoridades no sólo salieron en público a tratar de explicar qué sucedió, sino que cambiaron la versión inicial de que los 22 murieron en el enfrentamiento y dijeron que soldados podrían haber cometido un asesinato, en un anuncio que generó más preguntas que certezas.

¿Por qué fiscales estatales y el ejército se apresuraron a decir que los soldados actuaron adecuadamente al matar a los sospechosos el 30 de junio en la municipalidad de Tlatlaya? ¿Por qué la Procuraduría General de la República esperó hasta septiembre para investigar en la escena de los hechos? ¿Por qué los investigadores no han entrevistado a la mujer que atestiguó las muertes? ¿Algún oficial de alto rango supo del caso o incluso ordenó matarlos?

Las muertes en San Pedro Limón, una comunidad montañosa de la municipalidad de Tlatlaya, Estado de México, han atraído la atención de organismos internacionales de derechos humanos, las Naciones Unidas y de los mexicanos a quienes el caso les recuerda de otras muertes y desapariciones sospechosas que las autoridades han intentado justificar.

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Dudas sobre la versión oficial de los hechos ganaron fuerza después de una investigación realizada por The Associated Press.

La semana pasada, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que un oficial y siete soldados enfrentarían acusaciones por faltas a la disciplina militar por su participación en las muertes. Luego, este martes 30 de septiembre, la Procuradurí­a General de la República dijo que tres soldados serán acusados de homicidio por abrir fuego sin justificación alguna.

Los cuestionamientos surgieron de inmediato sobre cómo es que tres soldados podrían haber matado a todos los sospechosos sin que ninguno de ellos intentara huir o resistirse. Las paredes de la bodega tienen varias marcas de lo que parecen disparos a la altura del pecho de una persona. No hay signos de balas perdidas o ráfagas que se pensaría habría si los tres soldados hubieran entrado a acribillarlos.

En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto buscó el miércoles 1 de octubre mandar el mensaje de que la investigación no ha concluido.

“Actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuradurí­a General de la República realizan una investigación conjunta y exhaustiva para determinar las responsabilidades individuales correspondientes”, dijo el mandatario. “Confío en que las investigaciones permitirán conocer la verdad de los hechos”.

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José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, dijo que la explicación genera dudas.

“Es muy difí­cil creer que tres soldados que actúan por su cuenta pudieron haber asesinado a 22 personas y luego convencieron a todo el gobierno mexicano que fue un tiroteo“, señala.

Vivanco consideró que “la credibilidad de Peña Nieto en materia de derechos humanos dependen de si llama a cuentas a todos los responsables, tanto por la masacre como por el encubrimiento”.

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El caso de Tlatlaya se da mientras México se mantiene atento a la desaparición de más de 40 estudiantes universitarios en Iguala, Guerrero.

La explicación del procurador general Jesús Murillo sobre Tlatlaya es que los tres soldados entraron a la bodega donde los presuntos delincuentes se habí­an refugiado después de un breve enfrentamiento a tiros, en el cual uno de ellos murió. Mientras el teniente a cargo y cuatro soldados más esperaban afuera, los tres volvieron a entrar a la bodega y abrieron fuego.

La versión de Murillo sugiere que los sospechosos se quedaron quietos, aguardando su turno, mientras sus compañeros eran ejecutados.

“¿No te parece extraño que ocho militares se enfrentaran a 22 civiles y todos los muertos están del lado con superioridad numérica?“, cuestiona el experto en seguridad Alejandro Hope. “¿Era una unidad de Rambos? ¿O los civiles (presuntos delincuentes) estaban desarmados? De cualquier modo, no huele bien este asunto“.

Autoridades federales parecen haber esperado hasta mediados de septiembre para hacer pruebas periciales en la bodega, la que estuvo sin cuidado y cualquier persona podía pasar y alterar la escena. El análisis del lugar se hizo semanas después de que periodistas de la AP visitaran el lugar el 3 de julio y encontraran marcas de balas a la altura del pecho y rodeadas de manchas de sangre, lo que sugería que los sospechosos murieron mientras se encontraban de pie o cerca de la pared y que recibieron tiros precisos, no característicos a si hubieran estado en medio de una batalla.

Una testigo de las muertes lo ha descrito como una masacre. Ella dijo a The Associated Press que la mayoría de los soldados presentes participaron, no sólo tres. Y, añadió, 21 sospechosos, incluida su hija de 15 años, fueron asesinados después de que se habían rendido.

La testigo, que ha pedido no ser identificada por temor a represalias, aseguró a la AP que no ha sido entrevistada por la Procuraduría General de la República.

Dijo que hasta ahora sólo personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha buscado contactarla, pero aseguró que se comportaron de manera “exigente” e intentaron forzarla para que regresara a la bodega donde su hija murió.

Según la testigo, los soldados acomodaron los cuerpos para hacer creer que había sido un enfrentamiento. Su testimonio es coincidente con varias fotos de la escena del lugar de los hechos aparentemente tomadas poco después de la balacera, que fueron divulgadas la semana pasada y que fueron enviadas de manera anónima a una agencia de noticias local.

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Las autoridades han rechazado el pedido de dar a conocer los reportes de las autopsias, bajo el argumento de que son reservadas e, incluso, la Procuraduría del Estado de México, donde se localiza San Pedro Limón, anunció que las mantendrá en secreto por nueve años.

Otras dos mujeres que también habrían testificado las muertes permanecen en prisión acusadas de acopio de armas y sin acceso a la prensa.

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Murillo no ha explicado por qué al principio las autoridades estatales dijeron que los soldados actuaron de manera adecuada ese día.

*AP.