Gobierno obstaculiza trabajo de forenses argentinos en caso de normalistas desaparecidos, denuncian familiares
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Gobierno obstaculiza trabajo de forenses argentinos en caso de normalistas desaparecidos, denuncian familiares

Desde el lunes, peritos argentinos se encuentran recabando pruebas de ADN de los familiares de los jóvenes desaparecidos; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR) han obstaculizado su labor, pues no se les ha permitido que accedan al análisis de los cuerpos hallados en fosas clandestinas de Iguala para descartar que se traten de los normalistas.
Por Nayeli Roldán
8 de octubre, 2014
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Perseo Quiroz, director de Amnistia Internacional México; Melitón Ortega, familiar de desaparecidos; Omar García, representante del comité estudiantil; Cruz Bautista, familiar de desaparecidos y Maribel González, abogada, durante una conferencia de prensa con estudiantes y padres de familia acerca de los hechos cometidos contra estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro.

Perseo Quiroz, director de Amnistia Internacional México; Melitón Ortega, familiar de desaparecidos; Omar García, representante del comité estudiantil; Cruz Bautista, familiar de desaparecidos y Maribel González, abogada, durante una conferencia de prensa con estudiantes y padres de familia acerca de los hechos cometidos contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro.

Familiares de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 y 27 de septiembre acusaron al gobierno Federal y de Guerrero de obstaculizar la integración del equipo de antropólogos forenses argentinos a las investigaciones que se llevan a cabo en Iguala.

Desde el lunes, peritos argentinos se encuentran recabando pruebas de ADN de los familiares de los jóvenes desaparecidos; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR) han obstaculizado su labor, pues no se les ha permitido que accedan al análisis de los cuerpos hallados en fosas clandestinas de Iguala para descartar que se traten de los normalistas.

En conferencia de prensa, Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, expresó su desconfianza en las investigaciones oficiales, toda vez que “el gobierno está coludido”, pues quienes atentaron contra los jóvenes “no fueron narcos, fue la policía”. Por ello exigieron a los dos niveles de gobierno, federal y estatal, que otorguen las facilidades necesarias al equipo extranjero.

Omar García, integrante del comité ejecutivo estudiantil de la normal de Ayotzinapa y sobreviviente del ataque, aseguró que las acciones llevadas a cabo hasta el momento por parte del gobierno federal y estatal es una “pantomima de búsqueda” y que a 13 días de la desaparición “no estamos para jueguitos”.

De acuerdo con la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Maribel González, aunque la PGR atrajo la investigación del caso no hay claridad sobre su intervención en la búsqueda y resguardo de las pruebas periciales, pues la procuraduría estatal aún está investigando. Incluso, ambas autoridades realizan por separado las mismas diligencias, como la toma de muestras de ADN de los familiares.

Insistió en que el gobierno federal pretende desviar la atención al señalar como responsables a miembros del crimen organizado; sin embargo, se trata de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales cometidas por autoridades municipales y, por tanto, el Estado Mexicano debe asumir su responsabilidad.

En tanto, Amnistía Internacional (AI) capítulo México, solicitó las medidas de protección para los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos, toda vez que han sido hostigados en los últimos días por personas que se presentan en sus casas y dan información falsa sobre la localización de los jóvenes.

Perseo Quiroz, director de AI en nuestro país, pidió que el presidente Enrique Peña Nieto acelere la investigación sobre lo ocurrido y que no sean “solo declaraciones”. Además, que el Estado Mexicano repare el daño a las víctimas y garantice la “no repetición”.

Agresión militar

Según Omar García, tras la segunda agresión, ocurrida en la madrugada del 27 de septiembre, se presentaron militares pero no para auxiliarlos, sino para detenerlos por el supuesto delito de allanamiento de morada.

García relató que los militares los amagaron y les quitaron sus celulares y en algún momento intentaron subirlos a los vehículos oficiales, pero desistieron al ver la gravedad de Edgar Andrés Vargas, que minutos antes había recibido un impacto de bala en la cara.

“Les dijimos que nos ayudaran a llevar al compañero al hospital, que en cualquier guerra se atiende a los heridos, aunque esta no era una guerra”, dijo Omar. Sin embargo, los uniformados ignoraron la petición y en cambio se burlaron de lo ocurrido.

 

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Turismo de maternidad: Trump restringe los viajes de mujeres embarazadas que planeen dar a luz en EU

Las regulaciones, que entrarán en vigor este viernes, llevarán a que los consulados rechacen las solicitudes de visa de individuos cuyo "propósito principal" es dar a luz en Estados Unidos.
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23 de enero, 2020
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El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una serie de medidas para restringir la llegada de mujeres embarazadas con visa de turista al país, en un esfuerzo por controlar el llamado “turismo de maternidad”.

Dado que en EE.UU. la ciudadanía se obtiene por naturalización o nacimiento, muchas mujeres deciden viajar a ese país durante su embarazo para dar a luz allí, según afirman las autoridades.

El Departamento de Estado reveló que las regulaciones, que entrarán en vigor este viernes, llevarán a que los consulados rechacen las solicitudes de visa de individuos cuyo “propósito principal” es dar a luz en ese país para que el bebé obtenga la ciudadanía estadounidense.

“La norma aborda las preocupaciones sobre los riesgos que conlleva esta actividad para la seguridad nacional y para la aplicación de la ley, incluida la actividad criminal asociada con la industria del turismo de maternidad, como se refleja en los enjuiciamientos federales de personas y entidades involucradas en esa industria”, indicó el comunicado.

El texto no deja claro en qué forma los oficiales consulares o de inmigración determinarán si las personas que buscan viajar a Estados Unidos están embarazadas o tienen el propósito de dar a luz allí.

Un tema polémico

Hace días una aerolínea asiática tuvo que disculparse luego de exigir a una mujer que tomara una prueba de embarazo para permitirle embarcar a Saipan, en las Islas Marianas, uno de los territorios estadounidenses de ultramar que se ha convertido en un destino de turismo de maternidad.

No hay cifras oficiales sobre el número de personas que viajan a EE.UU. a dar a luz, aunque el Departamento de Estado citó informes de embajadas y consulados que, según consideró, prueban que es una “tendencia en aumento”.

El Centro de Estudios de Inmigración, un grupo conservador que aboga por leyes de inmigración más estrictas, estimó el año pasado que más de 33.000 mujeres entraron al país de forma temporal para dar a luz entre la segunda mitad de 2016 y la primera mitad de 2017.

Desde sus inicios, el gobierno de Trump ha tratado de limitar la inmigración a Estados Unidos y el propio mandatario ha sido particularmente crítico con la ciudadanía por derecho de nacimiento.

La Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza la ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas” en ese país.


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