A pesar de amparo de juez, el exalcalde de Iguala puede ser detenido
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A pesar de amparo de juez, el exalcalde de Iguala puede ser detenido

Abarca Velázquez presentó el amparo desde pasado 27 de septiembre, un día después de que desaparecieron 43 estudiantes normalistas.
10 de octubre, 2014
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alcalde_iguala

El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF precisó a través de un comunicado que aunque otorgó un amparo al alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, esta medida “no surte efecto si las menciones órdenes reclamadas (de localización y/o búsqueda, presentación, detención, arraigo, aprehensión y su ejecución) se refieren a delitos considerados como graves”. Por tanto, el exalcalde de Iguala puede ser detenido.

Este es el comunicado íntegro del Consejo de la Judicatura Federal:

El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia de Penal en el Distrito Federal da a conocer, dentro del juicio de amparo 979/2014, promovido por José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala, Guerrero, con licencia, lo siguiente:

. Con fecha 6 de octubre de 2014, el quejoso promovió demanda de amparo contra actos de diversas autoridades estatales, federales y jurisdiccionales, señalando como actos reclamados órdenes de localización y/o búsqueda, presentación, detención, arraigo, aprehensión y su ejecución.

. La autoridad jurisdiccional admitió la demanda a trámite y concedió la suspensión provisional cuyos efectos, exclusivamente, son para que el quejoso no sea privado de su libertad, con motivo de las órdenes reclamadas, hasta en tanto se resuelva en definitiva el amparo.

. Es de puntualizar que la medida no surte efecto si las mencionadas órdenes reclamadas se refieren a delitos considerados como graves.

Este órgano jurisdiccional informa que hasta el momento 17 de las autoridades señaladas como responsables han rendido los informes correspondientes negando la existencia de los actos reclamados por el quejoso.

Las autoridades que han informado son: 15 juzgados locales y federales del Estado de Guerrero y dos autoridades de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Guerrero.

Juez suspende detención

La Juez Primero de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal, Sandra Leticia Robledo Magaña, otorgó un amparo al alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, contra la acción de la Procuraduría General de la República (PGR), quien había pedido la localización y presentación del edil por los hechos ocurridos en dicho municipio el pasado 26 de septiembre.

El fallo de la juez fue emitido desde el pasado 6 de octubre y con él se suspenden provisionalmente los actos reclamados por la procuraduría, lo que significa que por el momento, el alcalde no podrá ser detenido por la autoridad federal.

Entre los actos reclamados por la PGR, de acuerdo al expediente 979/2014, están la orden de localización, búsqueda y presentación ante el Ministerio Público Federal el presidente municipal con licencia.

Abarca Velázquez, quien se encuentra prófugo, presentó el amparo desde pasado 27 de septiembre, un día después de que desaparecieron 43 estudiantes normalistas.

Aquí puede verse el amparo concedido en la página de la Judicatura en los rubros 30 y 31:

amparosAbarca

Haz click para agrandar.

 

Ayer, 9 de octubre, el hermano de la esposa del alcalde con licencia de Iguala fue detenido por elementos de la Marina.

Además de ser hermano de María de los Ángeles Pineda Villa –esposa del exalcalde José Luis Abarca-, también era hermano de Mario Pineda Villa “El MP” y José Alberto Pineda Villa “El borrado”, operadores del cártel de los Beltrán Leyva que fallecieron en agosto y septiembre de 2009.

Asimismo, en las primeras horas del jueves 9 de octubre, inició el juicio de procedencia contra Abarca Velázquez para quitarle su fuero.

Este juicio de procedencia permitirá a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJ-Guerrero) juzgar al edil con licencia conforme a derecho, sobre los hechos que ocurrieron en su municipio el 26 y 27 de septiembre, donde seis personas fueron asesinadas por policías municipales y sicarios, y 25 más resultaron heridas.

Este es el tercer juicio que se promueve contra Abarca Velázquez, el primero lo presentó en junio de 2013 la regidora del PRD Sofía Lorena Mendoza, esposa de Arturo Hernández Cardona, líder de la Unidad Popular (UP) asesinado tras encabezar una jornada de movilizaciones para exigir la entrega de fertilizante.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero acusó ayer a Abarca, de omisiones, lesiones y desaparición forzada en el caso de los normalistas de Ayotzinapa y señaló que es el principal responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Isidro Burgos.

En conferencia de prensa, el procurador estatal Iñaky Blanco confirmó que promoverán un juicio contra Abarca por “violación a las garantías de la población”, pues se le imputan seis homicidios y 43 desapariciones correspondientes a los normalistas.

En el caso de María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde con licencia de Iguala, dijo que no hay una denuncia formal, pues nadie ha acudido a la PGJE a denunciar hechos en ese sentido, “estaríamos hablando de aspectos ligados a delincuencia organizada, se habla de hechos relacionados con los hermanos de la señora, pero en la dependencia no hay una denuncia al respecto hasta ahora”, dijo.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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