Foto: Cuartoscuro.
[contextly_sidebar id=”2iAENpoDobUTo1mSeAcGp1sm9w4smE7a”]A casi un mes de la desaparición de 43 estudiantes (que aún no han sido localizados) en Iguala, Guerrero, y tras 17 días de investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), el titular de esa dependencia, Jesús Murillo Karam, informó este miércoles 22 de octubre que el alcalde José Luis Abarca ordenó la acción de la policía municipal en contra de los normalistas de Ayotzinapa, al suponer que estos se dirigían a sabotear el acto realizado por el informe de gobierno de su esposa María de los Ángeles Pineda.
Murillo Karam detalló en conferencia de prensa que esta línea de investigación fue establecida a partir de las declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, el líder máximo del cártel Guerreros Unidos, el grupo delictivo —escisión del cártel de los Beltrán Leyva— que fue detenido y quien participó en la desaparición de los estudiantes, cuyo paradero aún se desconoce.
De acuerdo con la línea de investigación de la PGR, el grupo Guerreros Unidos “habría tejido una red de complicidad en varias alcaldías (entre ellas, Iguala y Cocula) desde autoridades municipales hasta policías”. Asimismo, según la versión oficial de las autoridades, la máxima operadora de esta red criminal en el municipio era Ángeles Pineda, quien es hermana de dos hombres que trabajaron para el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, abatido en diciembre de 2009.
El día que desaparecieron los normalistas
Murillo ofreció relato de los hechos que figuran en la investigación federal.
La alcaldía temía que se produjesen incidentes el día que desaparecieron los estudiantes debido a que ya había antecedentes: en junio de 2013 la alcaldía de Iguala fue agredida durante un enfrentamiento entre personas afines al alcalde y un grupo de manifestantes entre los que se encontraban estudiantes de la misma escuela de los hoy desaparecidos.
El 26 de septiembre, alrededor de las 6 de la tarde los estudiantes abordaron dos camiones en Ayotzinapa, tres horas más tarde llegaron a Iguala y tomaron dos unidades adicionales. En ese momento, los informantes del grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, coludidos con la policía municipal y la alcaldía, reportaron los hechos al centro de la policía municipal.
El alcalde y su esposa asumieron entonces que el grupo que se avecinaba se dirigía a sabotear la celebración del informe de actividades de la esposa del alcalde y ordenaron a la policía que reaccionase para evitarlo. Tras un tiroteo que dejó seis muertos y una persecución, 43 estudiantes detenidos ingresaron a la cárcel municipal de Iguala.
De la cárcel municipal de Iguala, siempre según el relato del procurador, se los llevó la policía municipal de Cocula, una localidad vecina a Iguala, también a las órdenes del grupo de los Guerreros Unidos.
Los agentes tomaron un camino de terracería hacia una zona conocida como Pueblo Viejo donde fueron entregados a miembros de los Guerreros Unidos y a partir de allí desaparecieron las pistas.
Los implicados
La PGR solicitó las órdenes de aprehensión en contra de el presidente municipal, su esposa y el secretario de seguridad pública local, quienes se encuentran prófugos. Hasta el momento, se tienen identificados al menos tres integrantes de Guerreros Unidos que recibieron a los estudiantes detenidos por la policía, los cuales son clave para determinar su paradero.
#Ahora | José Luis Abarca, su esposa y titular de SSP en #Iguala, probables responsables. pic.twitter.com/6FZKXfPfSl
— PGR México (@PGR_mx) octubre 22, 2014
Karam explicó que hasta el momento han sido localizadas 9 fosas, con un total de 30 cadáveres que según los informes preliminares no pertenecen a ninguno de los 43 estudiantes de la escuela magisterial de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre.
Un equipo de antropología forense argentino está realizando un segundo estudio sobre los restos.
Con información de AP.
**Nota publicada el 22 de octubre de 2014.
