La SEP gastó más en “asesorías” que en equipar aulas en 2012
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La SEP gastó más en “asesorías” que en equipar aulas en 2012

La Auditoría Superior de la Federación ya pidió investigar, pero dos años después y con una nueva administración no ha habido sanciones para nadie.
Por Nayeli Roldán
9 de octubre, 2014
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El dinero que la SEP ocupó en asesorías equivale a la instalación de 2 mil 712 aulas. //Foto: SEP

En 2012, el último año de ejecución del Programa Habilidades Digitales para Todos (HDT), la Secretaría de Educación Pública (SEP) gastó todo su presupuesto (521 millones 938 mil pesos de presupuesto) en el pago de asesorías, estudios e investigaciones, honorarios, congresos, convenciones y viáticos, por lo que no se avanzó en la instalación de aulas con computadoras y conexión a internet, que era el objetivo del programa.

El programa era operado de manera directa por las entidades que recibían presupuesto federal para realizar las licitaciones, compra e instalación de los equipos tecnológicos; sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no autorizó la transferencia de mil 203 millones de pesos para la partida 438 “subsidios a entidades federativas”, toda vez que los funcionarios sabían que los gobiernos habían gastado el dinero, pero no habían comprobado en qué lo aplicaron, informaron fuentes de la dependencia. Aunque el faltante era mucho mayor, el único estado que no comprobó el gasto de 655 millones 782 mil 573 pesos fue Veracruz.

Durante los cuatro años de implementación del programa se instalaron 10 mil 211 aulas, aunque la meta planteada al inicio del sexenio era de 208 mil y finalmente HDT fue desechado por la nueva administración de la SEP a cargo de Emilio Chuayffet.

Además, de acuerdo con el reporte de la Cuenta Pública de 2012 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la subsecretaría de Educación Básica erogó 34 millones de pesos por la realización de un proyecto que nunca obtuvo y no comprobó un millón de pesos que se atribuyen al pago de honorarios.

La cara asesoría

Del presupuesto total para 2012, la SEP gastó 90% (488 millones 301 mil pesos) para pagar asesorías, servicios de informática, estudios e investigaciones con distintas instituciones. Esto equivale a la instalación de 2 mil 712 aulas, cuyo costo promedio era de 180 mil pesos.

Con esos recursos se firmaron diversos contratos, por ejemplo,  por “asesoría para la elaboración de una prueba piloto en 500 escuelas secundarias” —enfocado a incrementar el rendimiento y aprendizaje de matemáticas—, se pagó 37 millones 410 mil pesos.

Otra prueba piloto en 400 primarias costó 35 millones de pesos. Mientras que para el “acompañamiento integral” del programa, en 700 escuelas equipadas en Durango, Hidalgo Puebla, Sinaloa y Yucatán, se erogó 24 millones de pesos.

Por la “asesoría para proporcionar herramientas” hasta a 10 mil 863 docentes y directivos de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán —para la formación y evaluación con fines de certificación para la elaboración de proyectos de aprendizaje utilizando las tecnologías de la información— la SEP pagó 31 millones 72 mil pesos. Mientras que por la evaluación del modelo educativo de HDT con una perspectiva de operación de mediano plazo, se pagó 34 millones 800 mil pesos.

En tanto, gastó 31 millones 864 mil pesos para honorarios, un millón para la organización de congresos y convenciones y 706 mil pesos para pasajes aéreos y viáticos.

2012 fue el año con el mayor monto destinado a estos rubros, toda vez que en 2009, la dependencia erogó 74 millones 666 mil pesos; en 2010 ascendió a 169 millones 497 mil pesos y para 2011 gastó 208 millones 319 mil pesos.

La ASF señaló que la SEP no realizó licitaciones públicas para asegurar que las opciones contratadas hayan contado con las mejores condiciones respecto a precio, calidad y financiamiento. Sin embargo, fuentes de la dependencia federal informaron que se encuentran en el periodo de solventación de las observaciones, toda vez no se entregó a tiempo a la auditoría la documentación que acredite dichos concursos de selección.

El proyecto incompleto

Otra de las irregularidades detectadas por la Auditoría está el incumplimiento del contrato con  la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl –entonces dirigida por el rector Alberto Maldonado Ruiz– mediante el cual se comprometían a diseñar 300 objetos de aprendizaje digitales y sus correspondientes planes de clase, reactivos y guías interactivas para segundo y tercero de secundaria.

Aunque la institución educativa cobró 34 millones 425 mil pesos por este proyecto, sólo entregó a la SEP un archivo de Word que “no permite la interacción”. Tampoco diseñaron los objetos de aprendizaje y no se proporcionó evidencia de la realización de un estudio de focus group con los supuestos materiales como lo establecía el acuerdo.

Sin embargo, la dirección general de Materiales Educativos de la SEP, “aceptó que se recibieron en tiempo y forma todos los entregables solicitados, y que cumplieron a entera satisfacción con lo establecido”, como consta en los oficios del 16 y 27 de agosto, y 8 octubre de 2012.

El convenio 2283/12 establece pagos por entregas del proyecto. El mayor monto cobrado por la Universidad fue de 14 millones de pesos a cambio del diseño de 300 objetos didácticos de aprendizaje y una “propuesta de lineamientos y sugerencias para orientar a los docentes” al diseño de materiales didácticos interactivos y que supuestamente entregó en octubre de 2012.

Por el desarrollo de 300 planes de clase para dichos “objetos didácticos” para segundo y tercero de secundaria con un programa de estudios y el diseño de mil 200 reactivos de asignatura para evaluar el dominio de aprendizaje y habilidades digitales, la SEP pagó 12 millones 860 mil pesos para septiembre de ese mismo año.

Otro “daño” a la hacienda pública asciende a un millón 848 mil catorce pesos por concepto de “honorarios”, toda vez que no existen contratos, recibos de pagos ni informes de actividades para comprobar las contrataciones.

La ASF pidió al Órgano Interno de Control de la SEP investigar y sancionar a los funcionarios públicos responsables de autorizar los pagos, pero dos años después y con una nueva administración no ha habido sanciones para nadie.

**Nota publicada el 8 de octubre de 2014.

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