"Miles de desapariciones continúan con Peña" (carta de Human Rights Watch a Osorio Chong)
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync

"Miles de desapariciones continúan con Peña" (carta de Human Rights Watch a Osorio Chong)

La organización envía al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una carta donde denuncia que en México hay una crisis profunda en la materia de derechos humanos.
9 de octubre, 2014
Comparte
Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

Human Rights Watch envió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una carta donde denuncia que en México hay una crisis profunda en la materia de derechos humanos.

”Los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir la desaparición forzada de personas y los secuestros están plagados de demoras inexplicables y declaraciones contradictorias”, dice la organización en la misiva enviada ayer, 7 de octubre.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de ese organismo, explicó que demandan una investigación seria y resultados inmediatos al gobierno mexicano en el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y de las ejecuciones de Tlatlaya.

Lee la carta íntegra aquí; la reproducción, a continuación:

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Ud. con el propósito de transmitirle la preocupación de Human Rights Watch ante los limitados avances de México en casos de desapariciones forzadas y de personas llevadas ilegalmente contra su voluntad. Si bien esta grave crisis de derechos humanos comenzó durante el gobierno anterior, han ocurrido miles de casos durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y sigue afectando a muchísimos mexicanos en la actualidad.

En febrero de 2013, Human Rights Watch publicó el informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, donde se documentan casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón. Como posiblemente recuerde, encontramos evidencias convincentes de que 149 de esos casos constituyeron desapariciones forzadas, en las cuales estaban involucrados agentes de todas las fuerzas de seguridad, incluidos el Ejército, la Marina, la policía federal y las policías locales. También documentamos que las autoridades en general no investigaban estas desapariciones, ni hallaban a las víctimas o perseguían penalmente a los responsables.

Cabe reconocer que, en respuesta a la publicación del informe, el gobierno de Peña Nieto admitió la gravedad del problema y anunció una serie de iniciativas destinadas a encontrar a personas cuyo paradero se desconocía, y a brindar asistencia a las víctimas y sus familiares.

Sin embargo, desde entonces, los esfuerzos del gobierno se han visto eclipsados por demoras inexplicables y declaraciones públicas contradictorias, y las medidas adoptadas han tenido resultados muy limitados.

Para evaluar cabalmente la respuesta del gobierno, Human Rights Watch realizó recientemente una misión de investigación a México, durante la cual se reunió con un amplio espectro de altos funcionarios gubernamentales, así como con abogados de víctimas, especialistas en seguridad pública, representantes de la sociedad civil y miembros de la comunidad internacional.

Comprobamos que —aunque algunos funcionarios, especialmente en la Procuraduría General de la República, están genuinamente comprometidos con avanzar en la búsqueda de personas no localizadas y proveer asistencia a las víctimas— las actuaciones del gobierno en general están muy por debajo de lo requerido para asegurar que México cumpla con su obligación jurídica internacional de abordar esta crisis de derechos humanos.

Determinar la magnitud del problema

Tras la presentación de nuestro informe de 2013, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoció la existencia de una lista, confeccionada por el gobierno anterior, de más de 26.000 personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas. Debido a que esta lista era deficiente e incompleta, SEGOB se comprometió a examinar los casos, eliminar aquellos que ya no correspondiera incluir en ella y determinar con mayor precisión la magnitud y la naturaleza del problema de las desapariciones en México.

No obstante, transcurrió más de un año sin que hubiera novedades sobre la actualización de la lista. Y cuando este largo silencio finalmente se interrumpió, fue con una serie de anuncios contradictorios por parte de funcionarios que, más que aportar claridad, generaron mayor confusión.

En mayo pasado, Ud. señaló que la cantidad de personas desaparecidas o extraviadas había descendido a 8.000. Posteriormente, en junio, el subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República indicó que la cifra de 8.000 incluía únicamente a personas extraviadas durante el gobierno de Peña Nieto. Más tarde ese mismo mes, Ud. anunció en una conferencia de prensa que en México todavía se desconocía el paradero de 16.000 personas. Por último, el 21 de agosto, SEGOB y la PGR anunciaron que la cantidad de “personas no localizadas” en México era superior a 22.000, incluidos los casos tanto de la presidencia de Calderón como los de la presidencia de Peña Nieto.

Este cálculo más reciente parecería ser el más confiable hasta la fecha. No obstante, no es posible tener certezas sobre la base de la información brindada por el gobierno. Para empezar, la lista completa de casos no ha sido difundida. En vez de ello, el gobierno ha proporcionado simplemente una base de datos en línea que permite a las personas determinar si ciertos casos concretos están en la lista, pero no indica prácticamente nada sobre los casos en cuestión, más allá de la fecha y el lugar donde la persona fue vista por última vez, y datos de identificación mínimos como género o edad.

Algunos interrogantes clave continúan sin respuesta. Por ejemplo, el gobierno informó que la cantidad de personas no localizadas del período de Calderón había descendido a 12.000. Sin embargo, ¿cómo es que esta cifra se redujo de manera tan significativa? Según el gobierno, la mayoría de los casos eliminados de la lista correspondían a personas que habían sido halladas con vida. No obstante, el gobierno no ha hecho públicos los nombres de estas personas ni aportado información sobre estos casos que permita corroborar tal afirmación.

La base de datos tampoco aclara cuántas de las personas que continúan sin ser localizadas o fueron halladas muertas habían sido víctimas de desaparición (es decir, personas que fueron llevadas contra su voluntad). Resulta particularmente preocupante que la base de datos no prevé modo alguno para determinar cuántos de los casos involucran a víctimas de presuntas “desapariciones forzadas” perpetradas por agentes estatales, como miembros de fuerzas de seguridad, sobre los cuales el Estado mexicano tiene responsabilidad directa. Según autoridades gubernamentales entrevistadas por Human Rights Watch, apenas una minoría de los miles de casos de personas “no localizadas” serían presuntos casos de desapariciones forzadas. Si bien esto podría ser cierto, las evidencias recabadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una unidad de la PGR que se ocupa de la investigación de desapariciones, así como las investigaciones que ha llevado a cabo Human Rights Watch, sugieren que esta cantidad podría ser igualmente muy significativa.

Por último, la base de datos no aporta información sobre avances en la investigación y persecución penal de casos en los cuales se puedan haber cometido delitos (incluidas graves violaciones de derechos humanos), y esto dificulta la posibilidad de evaluar en qué medida México está cumpliendo con su obligación jurídica internacional de llevar a los responsables de abusos ante la justicia.

Es decir, la información difundida por el gobierno ha suscitado tantos interrogantes como preguntas ha esclarecido con respecto a la magnitud del problema y a la eficacia con que el gobierno está respondiendo a él.

Encontrar a las personas ausentes

En reuniones con Human Rights Watch, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SEGOB y la PGR indicaron que la prioridad del gobierno, en consonancia con las solicitudes recibidas de las víctimas y sus familias, es encontrar con vida a las personas cuyo paradero se desconoce.

Con ese fin, el gobierno ha impulsado diversas iniciativas potencialmente prometedoras. Una de ellas es el sistema “Alerta Amber”, creado inicialmente por el gobierno de Calderón en mayo de 2012. Por medio de este sistema, cuando se denuncia como ausente a un menor de edad o una mujer, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) analiza la denuncia y puede activar la alerta enviando información sobre la persona extraviada a las autoridades relevantes a nivel estatal, nacional e internacional. A través de este procedimiento, FEVIMTRA pudo localizar a 214 menores y mujeres cuyo paradero se desconocía desde 2011, todos ellos vivos a excepción de dos.

El gobierno actual también ha estado trabajando en la creación de un mecanismo de “búsqueda urgente” para dar con el paradero de cualquier persona (no sólo niños, niñas o mujeres) inmediatamente después de que se haya presentado una denuncia de desaparición. Según ha sido previsto por el gobierno, sería aplicado durante las primeras 48 horas por agentes especializados que operan desde las distintas procuradurías de los estados. Si bien el gobierno ha creado una red nacional de 160 funcionarios para implementar este mecanismo, en agosto aún no había terminado de definir su diseño.

Una iniciativa más ambiciosa ha sido la creación, en junio de 2013, de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una unidad especial de la PGR con facultades específicamente para investigar desapariciones y buscar a las víctimas. A mediados de agosto de 2014, eran cerca de 190 las personas que trabajaban en la unidad, incluidos 30 agentes del Ministerio Público, con aproximadamente 15 casos a cargo de cada uno. Hasta el 9 de julio de 2014, la unidad había encontrado a 86 personas (29 muertas y 57 con vida).

Aunque la creación de esta unidad representa una medida importante, funcionarios de esa entidad nos dijeron que si bien el Procurador General de la República le había asignado carácter prioritario a esta área de trabajo, no contaban con recursos suficientes para gestionar el volumen de casos a su cargo. En vez de asegurar que tenga estos recursos, el gobierno decidió recientemente reducir drásticamente el presupuesto de la unidad.

Por último, en febrero de 2013, la PGR y SEGOB firmaron un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para generar una base de datos exhaustiva con información estandarizada sobre restos no identificados y casos de personas cuyo paradero sea desconocido. Esta “Base de Datos Ante-Mortem – Post-Mortem” es una plataforma electrónica donada por la CICR con capacidad para cruzar datos y determinar si alguno de los cuerpos no identificados pertenece a alguna de las personas denunciadas como extraviadas.

Esta nueva base de datos podría ser crucial para determinar el paradero de muchas de las personas desaparecidas, permitir que las familias puedan recuperar los restos de sus seres queridos y facilitar investigaciones penales que podrían posibilitar que se juzgue a los autores de delitos.

No obstante, hasta agosto de 2014, solamente seis jurisdicciones habían firmado un acuerdo adicional para que la CICR les donara el software necesario, y al momento de la redacción de esta carta el sistema no estaba funcionando en ninguna de ellas. Las autoridades trabajan actualmente en la finalización de protocolos para determinar qué información debería ser recabada y volcada a la base de datos, así como en la capacitación de funcionarios y la elaboración de un censo de cementerios y fosas clandestinas en el país. Han efectuado, asimismo, un diagnóstico de la infraestructura existente de servicios forenses locales en todos los estados, e instalado 95 “laboratorios móviles” de la PGR en todo el país para apoyar a agentes del Ministerio Público locales.

Si bien las autoridades de la PGR esperan que la plataforma con información de algunos de los estados esté funcionando para diciembre de 2014, no hay una fecha prevista para que la totalidad del sistema esté operativo en todo el país.

Asistencia a las víctimas

En enero de 2013, el gobierno aprobó una Ley de Víctimas para proveer medidas de justicia y reparación para víctimas de delitos. Por medio de la ley se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), encargada de brindar asistencia legal y psicológica a víctimas de delitos, establecer un Registro Nacional de Víctimas y administrar un fondo que permitiera otorgarles reparaciones adecuadas.

La CEAV se estableció formalmente en enero de 2014. Hasta agosto, tenía a su cargo cerca de 4.000 casos, de los cuales 1.712 eran casos de desapariciones, y todavía se encontraba trabajando en el Registro Nacional de Víctimas, que esperaba estuviera listo para mediados de 2015.

Sin embargo, miembros de la CEAV indicaron a Human Rights Watch que no podían otorgarles reparaciones a las víctimas debido a que el gobierno no había reglamentado la Ley de Víctimas, un paso que debería haber cumplido hace un año. Sin tal reglamentación, la CEAV no puede ejecutar el presupuesto de cerca de 500 millones de pesos mexicanos (aproximadamente USD 38 millones), que ya fue aprobado por el Congreso de México para ese fin dentro del presupuesto federal.

Además de la CEAV, en abril de 2013, el gobierno creó una oficina en el ámbito de SEGOB que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos, con la misión concreta de apoyar a víctimas de delitos. En agosto, la oficina brindaba asistencia psicológica, legal y social a víctimas de delitos, incluidas aproximadamente 700 familias de víctimas de desapariciones.

La Ley de Víctimas dispone expresamente que el gobierno debe asegurar que los familiares de víctimas de desaparición “ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar”. No obstante, el proceso por el cual se declara formalmente “ausente” a una persona extraviada y luego se establece su “presunción de muerte” no resulta adecuado para reconocer formalmente casos de desapariciones y atender las necesidades de las familias de las víctimas. La CEAV, la PGR y SEGOB reconocen la necesidad urgente de modificar las normas existentes, pero hasta agosto ninguna había presentado públicamente un proyecto legislativo con ese fin.

Justicia por abusos

El informe publicado en 2013 por Human Rights Watch demostró que en general el gobierno no había efectuado investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de casos de presuntas desapariciones forzadas. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es común que los agentes del Ministerio Público no cumplan con pasos elementales durante la investigación para asegurar que las víctimas obtengan acceso a la justicia.

Hasta abril de 2014, ninguna persona había sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas después de 2006, según surge de estadísticas oficiales aportadas por el gobierno de México al Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. El informe gubernamental indica que, entre 2006 and 2013, las autoridades iniciaron 99 averiguaciones previas por presuntos delitos de desaparición forzada a nivel federal, y 192 en el ámbito de los estados. En el orden federal, se dictaron seis condenas contra seis acusados por la desaparición forzada de siete víctimas, pero todas esas desapariciones se habían producido antes del gobierno de Calderón.

Prevención del delito

En agosto de 2014, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación indicó a Human Rights Watch que la estrategia del gobierno de prevención del delito aspira a “reducir los niveles de violencia” y lograr que “no haya desaparecidos”. Sin embargo, el Programa Nacional para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, adoptado por el gobierno y publicado en abril de 2014 con el propósito de definir de manera general sus estrategias y objetivos en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana para los próximos cuatro años, no hace siquiera mención del problema de las desapariciones.

En la reunión con Human Rights Watch, el Subsecretario Campa manifestó interés en entablar contacto con organizaciones de la sociedad civil que trabajen en este tema. El 26 de agosto, Human Rights Watch proporcionó datos de contacto de algunas de las principales organizaciones. A la fecha de redacción de esta carta, las organizaciones no han sido contactadas por la Subsecretaría para abordar este asunto.

Recomendaciones

Cabe concluir que, si bien el gobierno mexicano ha adoptado algunas medidas en la dirección acertada, se necesitan acciones mucho más enérgicas para hacer frente a esta crisis de derechos humanos.

La prioridad principal debería ser impulsar medidas de persecución penal y justicia en casos de desaparición forzada. Concretamente, el gobierno debería priorizar la investigación penal de presuntos casos de desapariciones forzadas, asegurando que la unidad especial de la PGR, y otros agentes del Ministerio Público con competencia, cuenten con los recursos y el personal que necesitan para hacer su trabajo, y que los investigadores reciban cooperación plena y activa de parte de todas las instituciones federales y de los estados.

Otra prioridad central debería ser acelerar la implementación en todo el país de la Base de Datos Ante-Mortem – Post-Mortem que, una vez en funcionamiento, podría jugar un papel clave al brindar la información necesaria para que las familias de personas desaparecidas encuentren a sus seres queridos, para que los agentes del Ministerio Público lleven adelante investigaciones penales y para que los responsables de la adopción de políticas públicas y la sociedad mexicana comprendan la verdadera naturaleza y magnitud de la crisis de derechos humanos que atraviesa México.

Entre otros pasos cruciales que el gobierno debería adoptar se incluyen:

Dar a conocer los nombres de las 30,000 personas cuyo paradero se desconocía y fueron encontradas, así como de las 22,000 personas que siguen sin ser localizadas;
Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias de desapariciones forzadas presentadas por personas y Estados, e invitar a sus miembros a que realicen una visita oficial a México;
Asegurar que la definición de desaparición forzada contenida en los distintos códigos penales, tanto a nivel federal como en los estados, sea coherente en las diferentes jurisdicciones e incluya todas las conductas contempladas en las definiciones establecidas por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En especial, debe asegurarse que la definición incluya las desapariciones cometidas por organizaciones o personas que actúen en representación de funcionarios estatales, o con su apoyo (directo o indirecto), su consentimiento o aquiescencia;
Modificar la definición y el proceso de declaración de ausencia establecido en el Código Civil Federal para evitar que los familiares de personas desaparecidas pierdan el acceso a servicios sociales básicos, y promover reformas similares en el ámbito de los estados;
Reglamentar la Ley General de Víctimas;
Adoptar una estrategia clara de prevención del delito para frenar las desapariciones, que incluya un análisis profundo del modus operandi de las fuerzas de seguridad en casos de presunta desaparición forzada;
Elaborar indicadores claros para medir el avance en la implementación de los objetivos del Programa Nacional de Derechos Humanos vinculados con el problema de las desapariciones; y
Tomar la iniciativa para asegurar una colaboración efectiva entre autoridades federales y de los estados, así como entre las distintas autoridades federales con mandatos similares.

Esperamos que las recomendaciones anteriores sean tenidas en cuenta al adoptar las medidas necesarias para abordar esta crisis de derechos humanos.

Aprovecho la oportunidad para expresar los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

José Miguel Vivanco

Director Ejecutivo, División de las Américas

CC: Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República

**Nota publicada el 8 de octubre de 2014.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Coronavirus: 10 buenas noticias sobre la pandemia (un año después)

El catedrático de microbiología español Ignacio López-Goñi hace balance sobre la experiencia científica acumulada en los últimos meses.
24 de febrero, 2021
Comparte

No sabemos qué ocurrirá en los próximos meses y las nuevas variantes genéticas son motivo de incertidumbre, pero un año después el mensaje es el mismo: los avances de la ciencia nos animan a ser optimistas y a ver el vaso medio lleno.

1. Hay más artículos sobre SARS-CoV-2 y la covid-19 que sobre malaria

Hace un año nos asombrábamos de que en poco más de un mes desde que se notificaran los primeros casos ya hubiera más de 164 artículos científicos en PubMed (un motor de búsqueda de libre acceso para consultar publicaciones científicas) sobre el nuevo virus y la enfermedad.

Hoy esa cifra se ha multiplicado por más de 600 y ya supera los 100.000 artículos, más que los que aparecen bajo el epígrafe de “malaria”, por ejemplo. Existen registrados más de 4.800 estudios en curso sobre tratamientos y vacunas.

Sabemos más sobre el SARS-CoV-2 y la covid-19 que de otras enfermedades que llevamos lustros estudiando.

2. Más de 200 nuevas vacunas

Hace un año se destacaba que hubiera ocho nuevos proyectos sobre vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2.

Según el portal bioRENDER ahora son más 195 candidatos, al menos 71 ya en ensayos clínicos.

Estos emplean todo tipo de tecnologías: virus vivos atenuados, virus inactivados, subunidades de proteínas, vectores virales recombinantes, partículas similares a virus (VLP), ADN y ARNm.

Personal de salud con una ampolla de la vacuna contra el covid-19

Getty Images
Existen cerca de 200 proyectos de vacunas contra la covid-19.

Jamás se había invertido tanto dinero y había habido tanta colaboración para el desarrollo de vacunas entre entidades públicas, privadas, centros de investigación, universidades, farmacéuticas, empresas y ONG.

Algunos proyectos se han abandonado, pero otros ya fueron autorizados por la OMS: Pfizer/BioNTech y Moderna con tecnología ARNm, AstraZeneca/Oxford y Sputnik V con tecnología de adenovirus recombinantes y la china Sinopharm, con coronavirus inactivos.

Al menos otras 20 vacunas están ya en ensayos clínicos de fase III y en las próximas semanas y meses podrán ser aprobadas, si los resultados son satisfactorios.

3. Las vacunas de ARNm son muy seguras

Uno de los posibles efectos graves de las vacunas es la anafilaxis, una reacción alérgica que puede llegar a ser mortal y que ocurre normalmente al poco tiempo de administrar la vacuna.

Se han analizado datos del primer mes de vacunación en EE.UU., donde se han administrado más de 17,5 millones de dosis (exactamente 9.943.247 de la vacuna de Pfizer/BioNTech y 7.581.429 de la de Moderna).

El Sistema para Reportar Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés) ha registrado solo 66 casos de anafilaxia (47 con la vacuna de Pfizer/BioNTech y 19 con la de Moderna).

Esto supone menos de 4 casos por millón de dosis o el 0,0003% de todas las dosis analizadas. 21 (el 32%) de esos 66 casos había tenido casos previos de anafilaxia por otros motivos. No se ha detectado ningún fallecimiento.

Trabajadores médicos frente al hospital Langone Health de Nueva York mientras la gente aplaude para mostrar su gratitud al personal médico y a los trabajadores esenciales en la primera línea de la pandemia de coronavirus el 19 de abril de 2020 en la ciudad de Nueva York.

Getty Images
Hay más conocimiento científico de la covid-19 que de la malaria.

Si se compara con el número de casos de covid-19, las secuelas que deja la enfermedad y el número de fallecimientos, el beneficio que suponen las vacunas supera enormemente los posibles efectos adversos.

Todo esto permite afirmar que, de momento, las vacunas de ARNm son muy seguras.

4. Las vacunas son efectivas

Israel es el país que más población tiene ya vacunada.

A principios de febrero y desde que comenzó la campaña en diciembre, más de 3,67 millones de israelíes habían recibido la primera dosis de la vacuna de ARNm de Pfizer/BioNTech.

Esto representaba cerca del 40% de la población del país. Más del 28% había recibido también la segunda dosis. Entre los mayores de 60, más del 80% había sido vacunado.

Los datos preliminares muestran que la vacunación está siendo efectiva.

El número de infecciones está disminuyendo de forma significativa, especialmente entre las personas mayores de 60. En este grupo de edad, ha habido un 56% menos de infecciones y un 42% menos de hospitalizaciones y un 35% menos de fallecimientos por covid-19 después de la segunda dosis.

Los resultados con las dos dosis son excelentes: de los 523.000 israelíes vacunados con dos dosis solo hay 544 casos de covid-19, tan solo 4 casos de covid-19 grave y cero fallecimientos. Estos datos confirman los obtenidos en los ensayos clínicos previos.

Vacunación en Israel en febrero de 2021.

Getty Images
Israel es el país que más vacunó a su población.

Pero no hay que irse hasta Israel.

En Asturias, España el pasado día 15 de febrero se había sobrepasado la cifra de 2.000 personas fallecidas por covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Entre ellas, había una gran proporción de personas con domicilio en residencias de mayores, donde el impacto ha sido considerable.

Sin embargo, en estos momentos la situación comienza a estar relativamente controlada gracias a los esfuerzos de vacunación dirigidos específicamente a las personas residentes y trabajadores que los atienden.

El efecto de la vacuna queda de manifiesto al comparar la mortalidad entre personas mayores con domicilio en residencias (casi todas vacunadas), en las que desciende bruscamente, y el número de fallecidos en personas con domicilio fuera de ellas (no vacunadas), entre las que aumenta considerablemente.

Además, se acaban de publicar los resultados de un estudio preliminar en Inglaterra en el que demuestran que la vacuna de ARNm de Pfizer/BioNTech es efectiva para prevenir la infección en adultos sintomáticos y asintomáticos, incluso contra la variante “británica” B1.1.7.

5. La confianza en las vacunas aumenta

Después de más de 160 millones de dosis de vacunas frente a la covid-19 administradas, la confianza de la población en las vacunas va en aumento.

Por ejemplo, se ha realizado una encuesta a 13.500 personas de quince países de Europa, Asia y Australia entre noviembre del 2020 y enero de 2021.

En noviembre, antes de que los países comenzaran a aprobar las vacunas, solo cerca del 40% de los encuestados se pondrían la vacuna contra la covid-19 y más del 50% estaban preocupados por los posibles efectos secundarios.

Para enero, más de la mitad se pondría la vacuna y el número de personas preocupadas por los efectos secundarios había disminuido ligeramente.

Un paciente curado de covid-19 saluda a los trabajadores médicos cuando es dado de alta del Centro de Salud Pública de Chongqing el 15 de marzo de 2020 en Chongqing, China.

Getty Images
La población cada vez confía más en las vacunas contra la covid-19.

Reino Unido fue el país en el que más gente se manifestó dispuesta a vacunarse (hasta un 78% de los encuestados) y en España la proporción de gente dispuesta a vacunarse pasó de un 28% en noviembre a un 52% a mediados de enero.

6. La respuesta inmune frente al virus dura al menos ocho meses

Los test serológicos que miden anticuerpos frente al SARS-CoV-2 no reflejan todo el potencial, la duración y la memoria de la respuesta inmune frente al virus.

Conocer cuánto dura la respuesta inmune frente al virus es fundamental para determinar la protección frente a las reinfecciones, la gravedad de la enfermedad y la eficacia de la vacuna.

Se ha comprobado que, aunque hay cierta heterogeneidad en la respuesta según cada individuo, en la mayoría de las personas en las que se ha analizado mantienen una robusta respuesta inmune humoral (anticuerpos) y celular (linfocitos T), de como mínimo entre 6 y 8 meses después de la infección, independientemente de que sean leves o graves.

7. Nuevos tratamientos frente a los casos más graves

Ya sabemos que la covid-19 es mucho más que una neumonía.

Se conoce mucho más de la enfermedad y, aunque no dispongamos de momento de un antiviral específico que inhiba el virus, hay combinaciones de tratamientos que mejoran mucho el pronóstico y reducen la mortalidad de los casos más graves.

Antivirales, antiinflamatorios, anticoagulantes, corticoides, inhibidores de la tormenta de citoquinas y anticuerpos monoclonales son algunos ejemplos.

Existen más de 400 ensayos clínicos en curso en los que se están probando distintos tratamientos y combinaciones.

Un médico le da el pulgar hacia arriba a un paciente con covid-19 que ya no usa un respirador en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Centro Médico de Asuntos de Veteranos el 21 de abril de 2020 en el distrito de Brooklyn de Nueva York.

Getty Images
Hay cada vez más y nuevos tratamientos para combatir los casos graves de covid-19.

Por ejemplo, según el ensayo clínico internacional Recovery, la combinación de tocilizumab (un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor de la interleukina-6, aprobado para el tratamiento de la artritis reumatoide) y la dexametasona (un potente glucocorticoide sintético que actúa como antiinflamatorio e inmunosupresor), puede reducir a casi la mitad las muertes en los pacientes más graves con covid-19.

Por otra parte, el tratamiento preventivo con anticoagulantes en pacientes con covid-19 hospitalizados, se asocia con un 30% menos de mortalidad a 30 días y sin efectos adversos de sangrado.

8. No hay gripe

Existía una seria preocupación sobre cómo se iba a comportar el solapamiento de SARS-CoV-2 con otros patógenos respiratorios frecuentes en los meses de invierno.

No se podía descartar una situación de “tormenta perfecta” en la que coincidieran SARS-CoV-2 con otros virus, como el de la gripe o el respiratorio sincitial, que causan bronquiolitis y neumonías y son responsables de frecuentes hospitalizaciones y muertes en determinados sectores de la población más vulnerable.

Se había sugerido que el riesgo de muerte en personas infectadas por gripe y SARS-CoV-2 de forma simultánea era superior que en aquellas que solo estaban infectadas por el coronavirus, especialmente en mayores de 70 años.

La coincidencia de varios virus respiratorios con el SARS-CoV-2 podría haber causado una carnicería en las personas mayores.

Mayoría de personas con mascarilla.

Getty Images
El cuidado de las personas, con el uso de las mascarillas y con distanciamiento, hizo que otros virus como el de la gripe mermaran.

La buena noticia es que esta temporada la gripe y otros virus respiratorios han desaparecido, tanto en los meses de junio a agosto en el hemisferio sur como ahora en el hemisferio norte.

No podemos descartar que esto pueda suponer un problema el año que viene (las temporadas en las que la gripe causa mayor mortalidad suelen estar precedidas de temporadas más benignas), pero este año ha supuesto un verdadero alivio a los sistemas sanitarios.

Varias son las causas que pueden explicar este declive de la gripe. Primero conviene recordar que el SARS-CoV-2 y el virus de la gripe son virus muy diferentes.

Es muy probable que el menor periodo de incubación de la gripe, la existencia de inmunidad previa, la intensa campaña de vacunación de este año, las medidas de confinamiento, disminución de viajes, uso de mascarilla, higiene y distanciamiento social hayan tenido un mayor efecto en disminuir la transmisión de este virus.

Por el contrario, en la transmisión del coronavirus además influyen mucho más el efecto de los aerosoles, el papel de los superpropagadores y los asintomáticos.

9. Podemos seguir la evolución del virus a tiempo real

El efecto que puedan tener las nuevas variantes genéticas del SARS-CoV-2 en la vacunación y en el transcurso de la pandemia es una incertidumbre.

Debido a que los cambios genéticos pueden tener un potencial efecto en cómo se comporte el virus, su análisis y seguimiento es fundamental.

La buena noticia es que hoy tenemos la capacidad de seguir la evolución a tiempo real del virus y la aparición de nuevas variantes genéticas.

Hay ya más de 260.000 secuencias del genoma de SARS-CoV-2 disponibles en las bases de datos.

Estudios con coronavirus.

Getty Images
A diferencia de otras pandemias, con la de la covid-19 podemos seguir su evolución en tiempo real.

Esas secuencias provienen de otros tantos aislamientos obtenidos de muestras humanas desde febrero del año pasado hasta el momento actual.

Aunque los cambios de nucleótidos son la primera fuente de variación genética del SARS-CoV-2, también se han detectado inserciones, deleciones (un tipo de mutación genética en la cual se pierde material genético) e incluso recombinaciones.

Todo esto permite hacer filogenias (relaciones de “parentesco” entre las variantes virales) que pueden emplearse para hacer estimaciones temporales (cuándo surgen nuevas variantes), caracterizar cómo se extiende geográficamente el virus, reconstruir la dinámica epidemiológica dentro de una región y analizar cómo se adaptan a lo largo del tiempo.

El análisis de las secuencias del SARS-CoV-2 no tiene precedentes, en la base de datos GISAID (Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data) son más de 580.000 datos de secuencias compartidas.

Es la primera vez que se está siguiendo a tiempo real la evolución de un virus pandémico.

10. La pandemia a nivel mundial decrece

No sabemos cómo se desarrollará la pandemia en los próximos meses.

Dada la intensidad que ha tenido hasta ahora es probable que haya nuevas olas, pero quizá de menor intensidad.

No sabemos cómo será una posible cuarta ola, ni el efecto que puedan tener las nuevas variantes genéticas que van apareciendo, pero la buena noticia es que a nivel global la pandemia en este momento decrece.

Un hombre, personal de salud, saluda desde la ventana.

Getty Images
Los números de casos de covid-19 están bajando en el mundo.

Quizá sea una combinación de varios factores: el virus se comporta de forma estacional, la población va adquiriendo cierta inmunidad de grupo por infección natural o por las vacunas, quizá el virus en ese proceso natural de variación y mutación va derivando a formas menos virulentas y se va adatando a su nuevo huésped.

No lo sabemos a ciencia cierta, pero de momento sigue habiendo motivo para la esperanza.

*Ignacio López-Goñi es catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, España.


Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=9Bbb1CsM8f0

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.