"El Presidente no se da cuenta que el sufrimiento no se negocia"
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"El Presidente no se da cuenta que el sufrimiento no se negocia"

Durante la reunión con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el presidente no pudo explicar por qué el gobierno federal no actúo de inmediato tras el ataque de policías municipales a los estudiantes
Por Tania L. Montalvo
30 de octubre, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

Los padres y familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos se encontraron con que 33 días después del ataque en contra de sus hijos a manos de policías municipales, el gobierno federal no tiene nuevos datos sobre su paradero ni una explicación de por qué tardaron tanto para comenzar a investigar.

En reunión a puerta cerrada en el Salón Manuel Ávila Camacho en la Residencia Oficial de Los Pinos, más de un padre de familia le preguntó al presidente, Enrique Peña Nieto, por qué tardaron tanto en buscar, en llegar a Iguala, Guerrero —en donde se perpetró el ataque en contra de los normalistas la noche del 26 de septiembre— y recolectar pistas sobre el paradero de los 43 estudiantes.

Peña Nieto no tuvo respuesta.

Según los asistentes a esa reunión —que duró más de cinco horas—, el presidente escuchó cada reclamo y exigencia de justicia, pero le recriminan que no haya tenido una explicación de por qué llegaron tarde, ocho días después del ataque.

“Al cuestionamiento de por qué el gobierno federal llegó tarde no hubo una explicación, la verdad es que él (Peña Nieto) fue solidario, escuchó a cada familiar y se mostró amable, pero no tuvo nada que decir ante el reclamo de que se tardaron y que eso pudo hacer la diferencia”, dijo en entrevista Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a los familiares de los normalistas en la búsqueda de sus desaparecidos.

Según Patrón, el primer mensaje de Peña Nieto hacia los padres de normalistas fue que “personalmente estaba indignado” y ofreció “todo el compromiso del Estado” para resolver el caso. Sin embargo, el mandatario se quedó sin palabras cuando uno de los padres le dijo “solamente dígame, ¿en dónde está mi hijo?”.

Pese a la tensión por la exigencia de encontrar a los 43 desaparecidos con vida, la reunión en Los Pinos se llevó a cabo con calma. Según los asistentes, además de Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, “se mostraron amables y dispuestos a escuchar” cada una de las intervenciones de las más de 100 personas —entre padres, otros familiares y abogados— que viajaron este miércoles 29 de octubre a bordo de cuatro camiones de pasajeros desde Guerrero a la Ciudad de México.

Los familiares de los normalistas llegaron a Los Pinos a las 12:50 del día, más de una hora antes de la cita, prevista para las 14:00 horas.

Entonces, personal de Presidencia les dio acceso al Salón Manuel Ávila Camacho y les informaron que la reunión con Peña Nieto empezaría en punto de las dos de la tarde y duraría entre 90 y 120 minutos.

Sin embargo, ésta se alargó por más de cinco horas no sólo para dar oportunidad a todos los familiares que quisieran intervenir, si no por la diferencia que surgió cerca de las 18:30 horas entre el gobierno federal y los padres sobre los acuerdos logrados.

El director del Centro Prodh confirmó que Peña Nieto se negó en un principio a firmar la minuta con los 10 acuerdos alcanzados, por lo que los padres de familia acordaron no abandonar Los Pinos sin una firma del presidente.

Entonces Peña Nieto propuso dar un mensaje en cadena nacional sobre el encuentro y después regresar a revisar la minuta y firmarla; lo que también fue rechazado por la comisión de las 43 familias de los desaparecidos.

Finalmente, el gobierno federal aceptó firmar la minuta e invitó a los padres y familiares a estar presentes en el mensaje a medios que Presidencia anunció para las 20:00 horas, lo cual también rechazaron.

Quería salir antes a cadena nacional y luego regresar a la minuta, nos negamos. El tema que nosotros quisimos resaltar todo el tiempo y que fue el tema de la conferencia que quisimos dar aparte (y que los padres dieron tras la reunión) es que lo dicho por el gobierno federal no es suficiente en términos de respuesta del estado”, explicó Mario Patrón.

El acuerdo y la exigencia de justicia

Además de Peña Nieto, Osorio Chong y Murillo Karam, de parte del gobierno federal participaron en el encuentro  Humberto Castillejos, consejero jurídico del Ejecutivo y Aurelio Nuño, Jefe de la Oficina de la Presidencia.

Los funcionarios firmaron junto con siete representantes de las 43 familias y tres integrantes del Comité Estudiantil de Ayotzinapa un listado con 10 acuerdos que Felipe de la Cruz Sandoval, familiar de los desaparecidos, describió como “compromisos del presidente, no un pliego petitorio de familiares”.

En éstos destaca que el gobierno federal deberá profundizar y rediseñar el plan de búsqueda de los normalistas. “El objetivo es intensificar dichas acciones y en especial centrarlas en la búsqueda con vida de las personas desparecidas”, cita el documento.

Otros compromisos son crear una Comisión Mixta, integrada por personal de PGR y Gobernación y padres de familia para que sean éstos los primeros en recibir información del caso, antes que los medios de comunicación.

También se incluyó dar apoyo al equipo argentino de antropología forense que participa en el caso, respetar los derechos, honra y reputación de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero; otorgar la reparación integral del daño; revisar lo ocurrido en diciembre de 2011 cuando murieron dos normalistas en la autopista del Sol tras un enfrentamiento con policía; atender a los heridos y a los familiares de los fallecidos del ataque del 26 y 27 de septiembre pasado; implementar un programa para la “resignificación” de las Escuelas Normales Rurales del país; y agilizar un convenio para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgue asistencia técnica al Estado en la investigación de este caso.

Pero para los familiares, abogados y estudiantes normales el acuerdo sigue siendo insuficiente y reclaman que no haya avances en la investigación.

“En términos de investigación no hay información nueva y contundente que de pistas y herramientas claras en términos de la localización de los 43 estudiantes desaparecidos. Son 33 días sin que el gobierno federal localice a los 43 estudiantes desaparecidos”, dijo el director del Centro Prodh.

Los padres coinciden en que la reunión de este miércoles sólo “estuvo llena de promesas” y no de resultados.

Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, uno de los 43 desaparecidos, dijo a medios de comunicación que el único resultado significativo sería encontrar a los jóvenes desaparecidos, de lo cual todavía no hay avance en la investigación.

Más de cuatro horas de estar reunidos con el presidente de la República y salimos con la misma noticia: (tenemos) todo el esfuerzo del Estado pero no tenemos nada (…) Nos anuncian que tienen más de 50 detenidos, entre ellos el cabecilla del grupo organizado Guerreros Unidos pero también que aún así les falta uno, decía el Procurador, que les falta uno para dar con los 43 normalistas desaparecidos”, dijo Felipe de la Cruz Sandoval en conferencia de prensa.

Los padres y familiares exigen que el gobierno federal deje de buscar a sus desaparecidos en fosas y en basureros y que se concentre a encontrarlos con vida.

“Ahorita el presidente anunció que ya llegó a acuerdos con los padres de familia, que sale contento él porque ya hay un acercamiento, no se dan cuenta personalidades políticas que el sufrimiento no se negocia, que las vidas humanas no tienen precio y que para nosotros lo primero es que aparezcan, no recibir dádivas del gobierno federal”.

Tras una larga jornada, los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos regresaron durante la madrugada de este jueves 30 de octubre a Guerrero, pero no sin antes advertir que no habrá otra reunión con Peña Nieto y representantes del gobierno federal si no hay resultados y que el único resultado válido es encontrar a los jóvenes normalistas que desde el 26 de septiembre le faltan al país.

Video íntegro de la conferencia de prensa de padres de familia de estudiantes normalistas heridos y desaparecidos:

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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