Por esto rechazaron los ministros de la SCJN las consultas energéticas de Morena y PRD
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Por esto rechazaron los ministros de la SCJN las consultas energéticas de Morena y PRD

Con nueve votos a favor y solo uno en contra, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia rechazaron la propuesta de hacer una consulta ciudadana sobre la reforma energética, argumentando que el Artículo 35 de la Constitución prohíbe la posibilidad de que se celebre alguna consulta pública relacionada con los ingresos y egresos del Estado.
Por Redacción Animal Político
31 de octubre, 2014
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Imagen de archivo de una de las marchas que el PRD llevó a cabo en la ciudad de México contra la reforma energética planteada por el gobierno de Peña Nieto. //Foto: Manu Ureste (@ManuVpC)

Imagen de archivo de una de las marchas que el PRD llevó a cabo en la ciudad de México contra la reforma energética planteada por el gobierno de Peña Nieto. //Foto: Manu Ureste (@ManuVpC)

En menos de tres horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer jueves 30 de octubre la constitucionalidad de la consulta popular sobre la reforma energética que propusieron por separado el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido de la Revolución Democrática.

Por amplia mayoría -nueve votos en contra y solo uno a favor-, los ministros rechazaron ambas propuestas por separado argumentando que el Artículo 35 de la Constitución prohíbe la posibilidad de que se celebre alguna consulta pública relacionada con los ingresos y egresos del Estado, por lo que el pleno avaló el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero y rechazó las consultas.

A continuación, Animal Político te presenta las principales claves que los ministros de la SCJN argumentaron para desechar las consultas energéticas:

Ministra Olga Sánchez Cordero

La ministra Sánchez Cordero recordó, al presentar la ponencia sobre el tema, que el Artículo 35 constitucional prohíbe la posibilidad de que se celebre alguna Consulta Pública relacionada con los ingresos y egresos del Estado, por lo que es inconstitucional e improcedente la solicitud que presentó el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Asimismo, Sánchez Cordero plantea que la pregunta propuesta por Morena a realizar en la consulta -¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la exploración del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?-, es inconstitucional “en la medida en que las actividades referidas pertenecen al régimen de ingresos del Estado Mexicano”.

Ministro Pérez Dayán

El ministro Alberto Pérez Dayán señaló que la solicitud de Morena no cumple con los requisitos que marca la Constitución, que prohíbe realizar dicho procedimiento de consulta en asuntos relacionadas con los ingresos y egresos del Estado.

“En caso de que (…) hubiere que pronunciarse respecto de la pregunta específica ya leída aquí por la señora Ministra ponente (…), debo simple y sencillamente en tanto estamos analizando globalmente el contenido del asunto, que ésta como fue formulada, no cumple ninguno de los requisitos que establece la Ley Federal de Consulta Popular, ni tendría posibilidad alguna de reformulación”, apuntó el ministro, que además argumentó que dicha pregunta, como se encuentra formulada, “genera múltiples variantes en las cuales el consultado podría estar de acuerdo en alguno de los casos con todo su consentimiento, y en algunos otros sólo en parte, lo cual llevaría a no tener en este sentido un ejercicio cierto, certero y, por lo menos eficaz como para darnos una respuesta concreta de lo que la ciudadanía piensa”.

Ministra Margarita Luna Ramos

En su exposición de motivos para votar en contra de la consulta energética, la ministra Margarita Luna indicó que la solicitud afecta los ingresos del Estado, y también consideró, en virtud del Artículo 35 fracción VIII punto tres, que la pregunta planteada por Morena es inconstitucional.

“(…) El artículo 35 en la fracción VIII punto tres, si no mal recuerdo, está estableciendo la prohibición de que la consulta debe estar vedada para todas aquellas cuestiones relacionadas con los ingresos del Estado; me queda muy claro que en éste caso concreto, no podríamos calificar de constitucional esta pregunta”, dijo.

Ministro Pardo Rebolledo

Al anunciar su voto a favor del proyecto de Sánchez Cordero y en contra de la consulta, el ministro Mario Pardo Rebolledo dijo que la solicitud cae en una de las restricciones que señala el mencionado artículo 35 constitucional para celebrar una consulta popular, toda vez que la solicitud afecta los ingresos del Estado.

Al respecto, el ministro comentó que aunque es un gran avance que la Constitución reconozca como un derecho de los ciudadanos el poder participar en consultas populares, recordó que es misión de los integrantes del pleno de la SCJN “darle contenido y actualidad a las disposiciones constitucionales”.

“Esta Suprema Corte no otorga ni prohíbe el ejercicio de este derecho, el derecho está reconocido en la Constitución, pero también en el propio texto constitucional se le han puesto una serie de prohibiciones, una serie de restricciones al ejercicio de este derecho que, de acuerdo con jurisprudencia obligatoria de este propio Tribunal Pleno, tenemos obligación de observar”, indicó.

Los ministros Fernando Franco González, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez, Luis María Aguilar, y el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, también votaron a favor del proyecto de la ministra Sánchez Cordero y en contra de la consulta argumentando que la solicitud afecta los ingresos del Estado.

Ministro José Ramón Cossío

El único voto en contra del proyecto que declara inconstitucional la solicitud de Morena y el PRD fue del ministro de José Ramón Cossío Díaz, quien señaló que el derecho a la consulta popular está plasmado en la Constitución y por ello se dijo a favor de la petición de Morena.

“La figura de la consulta popular se encuentra como derecho humano ciudadano, en el artículo 35 de la Constitución”, recordó el ministro. “Y la interpretación de los derechos humanos debe ser la más benéfica para la persona, ya que de otro modo iríamos en contra del sentido de artículo 1º constitucional y de los compromisos asumidos por el Estado mexicano, en materia de derechos humanos. Es por ello que la interpretación a las restricciones al ejercicio de un derecho, en este caso a los temas que no pueden ser objeto de la consulta, debe hacerse de manera limitativa y estricta, restringiendo lo menos posible el acceso a la consulta, restringir la consulta, me parece que conlleva restringir un derecho humano”, apuntó.

Consulta PRD

En cuanto a la consulta popular presentada por el PRD, la Suprema Corte también resolvió que ésta es inconstitucional, y por lo tanto improcedente, presentando prácticamente los mismos argumentos con los que rechazó la iniciativa de Morena.

El pleno avaló con nueve votos a favor y uno en contra la ponencia que presentó la ministra Margarita Luna Ramos, que señala que es inconstitucional la petición, “pues la Reforma Energética está destinada a generar mayores recursos para el Estado y los habitantes del país”.

En ese sentido, Luna Ramos recordó nuevamente que el artículo 35 de la Constitución prohíbe la posibilidad de que se celebre alguna Consulta Pública relacionada con los ingresos y egresos del Estado, y que por ello es inconstitucional la solicitud que promovió el PRD.

Aquí puedes leer la versión estenográfica de la sesión del Pleno de la SCJN en la que se rechazó las propuestas de consulta popular de Morena y PRD:

OCTUBRE 30 2014 SESIÓN PLENO DE LA SCJN REVISIÓN DE CONSULTAS POPULARES 1 2014 Y 3 2014

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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