PRI y PAN en el Senado insisten en que Aguirre renuncie por el caso Ayotzinapa
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PRI y PAN en el Senado insisten en que Aguirre renuncie por el caso Ayotzinapa

Los senadores ampliaron el plazo, hasta el 30 de octubre, para resolver sobre la desaparición de los poderes en Guerrero.
22 de octubre, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

Legisladores del Senado mexicano resolvieron este martes 21 de octubre ampliar el plazo —hasta el 30 de octubre— para que la Comisión de Gobernación resuelva sobre la petición de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) para desaparecer los poderes en Guerrero, donde 43 estudiantes desaparecieron desde el pasado 26 de septiembre. Mientras que legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI)  y PAN pidieron al gobernador de la entidad, Ángel Aguirre Rivero, renunciar.

“Lo invitamos a que en un acto de responsabilidad política considere seriamente presentar su renuncia al cargo, para contribuir de esta manera al restablecimiento de la paz social en el estado de Guerrero”, dijo el senador priista Arturo Zamora en referencia a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre pasado; hechos violentos en los que además murieron seis personas.

El legislador detalló que existen claros motivos para determinar que el gobernador omitió el cumplimiento de sus funciones constitucionales por lo que “no hay posibilidad alguna de que avancemos en la solución mientras permanezca en el cargo”, de acuerdo con un comunicado difundido por el Senado este martes.

A su vez, el senador del PAN, Héctor Larios Córdova, defendió que la desaparición de poderes es una manera de darle cauce institucional al caso y resolver el conflicto social, “porque hay un enorme encono en la sociedad que estas acciones han generado”.

“Es necesario conocer con detalle lo que sucedió, quiénes lo ordenaron y ejecutaron, porque no es un tema sencillo encontrar que las policías municipales entreguen aparentemente a organismos de la delincuencia organizada a los estudiantes”, dijo.

De acuerdo con la versión oficial de las autoridades, los estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, y posteriormente entregados al grupo delictivo que opera en esa zona, el cártel Guerreros Unidos.

Por parte del PRD, partido en el que milita Ángel Aguirre, habló el senador Alejandro Encinas Rodríguez, quien dijo que “se tiene que asumir que este acto de barbarie y terror es uno de los hechos más graves y lamentables en la historia del país, que pone en evidencia la debilidad de la autoridad municipal, de Guerrero y del Estado mexicano, así como el proceso de descomposición que viven las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública”, de acuerdo con el comunicado.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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