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La Corte ordena a Salud construir un pabellón para pacientes con VIH

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor un amparo interpuesto por pacientes con VIH/SIDA del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
16 de octubre, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este miércoles un amparo interpuesto por pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), con una sentencia que ordena a la Secretaría de Salud (Ssa) a construir o remodelar un pabellón hospitalario para la mejor atención de personas con VIH/SIDA.

Luego que autoridades en salud se hubieran negado a ejercer recursos para la remodelación y equipamiento de un pabellón especializado en la atención del VIH/SIDA, tres pacientes interpusieron un amparo, considerando necesario que se concrete el proyecto de remodelación y equipamiento del Pabellón 4 del INER, donde actualmente se presta el servicio médico a quienes padecen la enfermedad y que, según admite el propio Instituto, no cuenta con los estándares de calidad necesarios para proteger a los pacientes y al personal.

La SCJN encontró que la (Ssa) detuvo la obra sin poder acreditar que ejerció la mayor cantidad de recursos posibles con la intención de brindar el nivel más alto de salud a los quejosos, sino que simplemente acusó razones presupuestarias para detener el proyecto, sin demostrar esto de forma fehaciente.

La Segunda Sala halló también que el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud había autorizado recursos para que el INER cambiara la referida remodelación y equipamiento del Pabellón 4 por un proyecto de “Construcción y Equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y Co-infección por Enfermedades de Transmisión Aérea”, por medio del cual se crearía el nuevo “Pabellón 13”.

Posteriormente, la Dirección General de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, emitió las cartas de instrucción con las que se transfirieron recursos económicos al INER para hacer realidad el proyecto del Pabellón 13, el cual iniciaría con el análisis de la viabilidad de los requerimientos técnicos, administrativos y presupuestarios.

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No obstante, tras meses en los que no se ejecutó proyecto mencionado, tres pacientes del INER interpusieron un amparo indirecto, en el que reclamaron que se les impedía el acceso al goce del más alto nivel posible de salud porque las autoridades no habían destinado el máximo de los recursos que disponen para poner en marcha el Pabellón 13violando el derecho a la vida, porque los enfermos de VIH/SIDA se encuentran expuestos a contagios y co-infecciones de enfermedades oportunistas.

Al revisar este amparo, la Segunda Sala de la SCJN determinó el miércoles que la atención medica que les ha sido proporcionada a los quejosos, no resultan apegadas al derecho humano del nivel más alto posible a la salud, pues en el juicio encontraron comprobada la necesidad de que se realicen las obras necesarias a efecto de que la atención médica pueda ser considerada de calidad, previniendo, en la medida de lo posible, que los pacientes con VIH/SIDA padezcan otras infecciones, enfermedades y trastornos concomitantes de diversos tipos que repercuten en el tratamiento y la atención que reciben, y que inclusive, pueden poner en riesgo su vida.

En el análisis de la Segunda Sala, la adecuación a la infraestructura del INER se encuentra comprendida dentro de las obligaciones que los artículos 2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, imponen al Estado mexicano, pues éste debe contar con establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, que resultan aceptables desde el punto de vista cultural y que resulten “apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad”.

Asimismo, se resolvió que la obligación estatal de “la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad”, que se encuentra prevista en el tratado internacional referido, no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino “al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades”, lo que desde luego abarca las medidas tendientes a evitar, en la medida de lo posible, que en los establecimientos de salud pública las personas con VIH/SIDA se encuentren expuestas indebidamente a los riesgos de co-infección de enfermedades oportunas que alarguen su tratamiento médico y que los sometan a mayores sufrimientos, o incluso, que conlleven riesgos para su vida.

Finalmente, la Segunda Sala sostuvo que cuando el Estado mexicano incumpla con la plena realización del derecho al nivel más alto a la salud, aduciendo una falta de recursos, corresponderá no sólo a éste comprobar dicha situación, sino además acreditar que ha realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que están a su disposición para lograr ese objetivo, de ahí que no basta la simple afirmación de limitación presupuestaria para que se tenga por demostrado que ha adoptado todas las medidas hasta el máximo de los recursos que disponga el Estado para lograr la plena realización del señalado derecho humano.

Instalaciones del INER. Foto: Cuartoscuro.

Instalaciones del INER. Foto: Cuartoscuro.

La SCJN determinó que en este caso concreto las autoridades no demostraron que han realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que están a su disposición, para lograr la plena efectividad del derecho humano al nivel más alto a la salud de los quejosos, ya que se limitaron a afirmar la falta de disponibilidad presupuestaria para llevar a cabo las medidas tendientes a lograr ese objetivo, empero, fueron omisas en aportar a juicio el material probatorio en que se sustente tal aserto.

Atendiendo a lo anterior, la SCJN concedió el amparo para el efecto de que las autoridades tomen todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible a la salud, considerando que son portadores del VIH, motivo por el cual deben recibir tratamiento médico en instalaciones separadas del resto de los pacientes, a efecto de evitar el contagio de alguna enfermedad.

Contexto

Desde septiembre pasado, Animal Político reportó que, pese a tener presupuesto, la Secretaría de Salud no construyó el mencionado pabellón para seropositivos con enfermedades respiratorias.

El INER -se mencionaba desde septiembre pasado- mantiene tiene un ala para alojar a sólo 32 pacientes con VIH, además de que no cuenta con la infraestructura hospitalaria adecuada para aislar a los pacientes y evitar coinfecciones. Aunque la Secretaría de Salud hizo el proyecto ejecutivo para un nuevo edificio y consiguió todos los permisos y hasta el presupuesto, el proyecto se canceló.

Fue entonces cuand0 los pacientes y empleados del INER acudieron a los rescursos legales que les llevaron eventualmente ante la SCJN, en un contexto en el que las personas atendidas indebidamente sufren coinfecciones que alargan su hospitalización y afectan su calidad de vida

El VIH deteriora las defensas de tal manera que los portadores están mucho más expuestos a sufrir cualquier enfermedad, especialmente las relacionadas con las vías respiratorias, porque agentes que el organismo normalmente combate, a ellos les devienen con facilidad en una infección severa.

El INER brinda atención a mil 200 personas con VIH de todo el país. Si requieren hospitalización, ya sea por enfermedades pulmonares o insuficiencia respiratoria, los internan en el Pabellón o Clínica 4. Este pabellón, el cual la SCJN ordenó remodelar o reconstruir, tiene 32 camas, separadas en un ala con 16 camas para hombres y otra con 16 para mujeres. Sólo hay dos baños, uno por cada género.

En realidad es una adaptación de las instalaciones del Servicio de Neumología Oncológica y no cuenta con el diseño de las instalaciones para el control de las infecciones, como sería un sistema de ventilación y filtración del aire que capture los microorganismos contaminantes; descontaminaciones periódicas; equipos de protección personal y separación física de los cuartos y los baños de los pacientes.

Ante esta realidad, en el 2007 el propio INER vio la necesidad de unas nuevas instalaciones y solicitó una remodelación, por lo cual el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud otorgó 61 mil 738 pesos para la elaboración de un primer proyecto, pero al hacerlo, las mismas autoridades del INER consideraron que se necesitaba construir un nuevo edificio.

Se aprobó un nuevo proyecto denominado “Construcción y Equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y Co-infección por Enfermedades de Transmisión Aérea” –proyecto popularizado como Pabellón 13-, un edificio de cinco pisos donde se contaría con la infraestructura necesaria para atender, además de a los pacientes con VIH/SIDA y a aquellos que necesiten aislamiento por enfermedades de transmisión aérea, como la influenza. Este proyecto fue detenido, pese a que tenía recursos aprobados para llevarse a cabo.

De construirse, el Pabellón 13 sería la primera unidad hospitalaria en México con contención de agentes infecciosos y de bioseguridad. Sin embargo, pese a que el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social y la Secretaría de Salud habían acordado y aprobado los recursos para el proyecto ejecutivo de 7 millones y medio de pesos, el proyecto se retrasó.

Además, en una búsqueda en las cuentas de la Hacienda Pública Federal, aparece que desde 2009 hasta 2013 el proyecto de inversión “Construcción y equipamiento del servicio clínico para pacientes con VIH/SIDA y coinfección por enfermedades de transmisión aérea” tenía aprobados 160 millones de pesos, los cuales nunca se ejercen y se repite que la única inversión acumulada son los 7 millones y medio ejercidos en 2010 para el proyecto ejecutivo.

En marzo de 2012, las autoridades del INER informaron de manera informal al presidente del Comité de Usuarios con VIH/SIDA de los Servicios de Salud del INER, Rubén Antonio Valdés, que la ejecución del proyecto de construcción del Pabellón 13 había sido suspendida.

Ante esta respuesta y la falta de avance, tres pacientes que se contagiaron de otras enfermedades en el pabellón 4 impusieron una demanda el 20 de diciembre de 2012 contra varias autoridades responsables del proyecto de construcción del Pabellón 13 como el Comité Nacional de Protección Social en Salud, el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y el INER.

Señalaban que la omisión en la construcción atenta contra su derecho a la salud, seis meses después el Juez de Distrito les negó el amparo. En julio de 2013 se presentó un Recurso de Revisión y en febrero de 2014 se determinó remitir los autos a la SCJN.

El asunto se discutió al interior de la Segunda Sala de la SCJN desde fines de septiembre de 2014. El ministro Alberto Pérez Dayán fue el encargado de presentar la ponencia que decidió que la omisión en la ejecución del proyecto de construcción del Pabellón 13 es violatoria del derecho a la salud y a la vida de los pacientes con VIH/Sida que son atendidos en el INER.

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Tercer país seguro: cómo el pacto entre EU y Guatemala perjudica a migrantes de Honduras y El Salvador

Los gobiernos de Donald Trump y Jimmy Morales suscribieron la semana pasada un controvertido convenio que permite el envío a Guatemala de solicitantes de asilo procedentes de otros países.
30 de julio, 2019
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El acuerdo fue firmado en la Casa Blanca por el ministro del Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, y el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. Kevin McAleenan.

EPA
Trump supervisó la firma del acuerdo en la Oficina Oval.

El acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Guatemala firmado la semana pasada en la Casa Blanca está rodeado de dudas e incertidumbres, empezando por definirlo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que se trataba de un acuerdo de “tercer país seguro”, un mecanismo internacional mediante el cual -cumpliendo con determinadas condiciones- es posible que un país acoja a los solicitantes de asilo de otro.

Sin embargo, el gobierno del presidente Jimmy Morales rechaza calificarlo de esa manera.

Este lunes, el ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, basó esta negativa en que el convenio solamente es aplicable a nacionales de Honduras y El Salvador; y señaló que el texto no menciona el término “tercer país seguro”.

El funcionario indicó que hay elementos del acuerdo que aún se están negociando y que los detalles se van a definir en el llamado plan de implementación.

En cualquier caso, el controvertido documento ya enfrenta varios desafíos legales luego de que en los últimos días fueron interpuestos tres recursos de amparo en su contra ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

Más allá de esos aspectos legales, activistas y defensores de derechos humanos consideran que este convenio puede terminar causando graves perjuicios tanto para los migrantes o refugiados a los que pretende proteger como a Guatemala, el país que los tendría que albergar.

Degenhart, sin embargo, ha hecho una firme defensa del acuerdo, pidiendo que no sea bloqueado pues asegura que las repercusiones económicas de no haberlo logrado habrían sido “nefastas”, ya que ponían en peligro más de un millón de empleos agrícolas que representan la mitad de las exportaciones del país.

Problemas de forma y fondo

“El acuerdo tiene deficiencias en la forma y en el fondo. Lamentablemente fue una negociación opaca, bajo la mesa, sin transparencia”, dice Jordán Rodas Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y responsable de uno de los recursos legales en contra del convenio firmado en la Casa Blanca.

Jimmy Morales.

Getty Images
A mediados de julio, el presidente Jimmy Morales tenía prevista una visita a la Casa Blanca en la que se esperaba que se firmara el acuerdo de tercer país seguro.

Rodas acusa al gobierno de Morales de querer disfrazar la verdadera naturaleza del texto.

“Nunca supimos los guatemaltecos qué era lo que negociaban sus autoridades, que aún hoy siguen negando que se firmó un acuerdo de tercer país seguro, cuando el mismo presidente Trump lo dijo en sus declaraciones”, agrega en conversación con BBC Mundo.

El acuerdo también ha sido defendido por la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, quien acusó a los críticos del convenio de querer minar la relación con Washington.

Jovel destacó que hay otras medidas que se van a aplicar de forma bilateral como un convenio de visas temporales para que agricultores de su país trabajen en EE.UU.

“Cuando se negocia un instrumento de carácter bilateral siempre es así. No significa que sean secretos (…). Cuando se está negociando no se puede hacer público hasta que esté concluido. Pero en ningún momento hubo secretismo”, dijo Jovel.


Hoy, el presidente Trump anunció el acuerdo de tercer país seguro con Guatemala que dejará sin negocio a los traficantes de personas y proveerá seguridad para los legítimos solicitantes de asilo.


Iduvina Hernández, directora de la ONG guatemalteca Seguridad en Democracia (Sedem), también considera que hubo un error de las formas al asegurar que Degenhart, quien firmó el documento, no está facultado legalmente para ello.

Rodas, por su parte, señala otros obstáculos desde el punto de vista de la legislación internacional, donde se establece que los acuerdos firmados bajo amenazas carecen de efectos jurídicos.

En ese sentido, recuerda que cuando surgieron los primeros obstáculos en Guatemala para la concreción de este convenio, Trump planteó la posibilidad de subir los aranceles a los productos de ese país y de aplicar impuestos a las remesas de sus emigrantes como una forma de castigo.

“Una cárcel gigantesca”

Aunque el texto suscrito por Estados Unidos y Guatemala no incluye expresamente la expresión “tercer país seguro”, Rodas afirma que “todo lo que se menciona en ese texto es para adoptar la condición de esa categoría”.

Caravana de migrantes.

Getty Images
El tránsito de caravanas hacia Estados Unidos con miles de migrantes procedentes de Centroamérica ha sido motivo de protesta por parte de Trump.

En ese sentido, el documento sí hace referencia directa al traslado desde Estados Unidos hasta Guatemala de “solicitantes de protección”, así como al compromiso de ese país de no expulsar ni devolver a esas personas.

Son dos elementos característicos de los acuerdos de “tercer país seguro”.

¿Pero, en términos prácticos, qué significaría para los migrantes hondureños y salvadoreños la aplicación de este convenio?

Se convierte a Guatemala en una especie de gigantesca cárcel de migrantes salvadoreños, hondureños e incluso de otras nacionalidades que quieran solicitar asilo en Estados Unidos”, señala Hernández.

Estas personas deberían presentar en Guatemala sus peticiones de asilo y esperar en ese país hasta la resolución de sus casos.

La experta destaca que, aunque las autoridades guatemaltecas afirman que el acuerdo es solamente aplicable a ciudadanos de Honduras y El Salvador, el texto firmado no menciona estas limitaciones.

El acuerdo establece que la responsabilidad de gestionar en su territorio las solicitudes de protección recaerá sobre Estados Unidos solamente en tres supuestos, cuando se trate de:

  • menores de edad no acompañados;
  • personas que cuentan con una visa o documento de admisión equivalente emitido por Estados Unidos;
  • personas a quienes EE.UU. no les exija obtener una visa.

Así, quienes no cumplan con estos requisitos podrían ser enviados a Guatemala, donde deberán esperar hasta la resolución de su caso. Un trámite que -según Hernández- puede tomar varios años.

Pero, ¿qué ocurrirá durante ese tiempo?

Hernández teme que los solicitantes de asilo queden en condiciones muy precarias.

Pobreza en Guatemala.

Getty Images
La incidencia de la pobreza en Guatemala arroja dudas sobre su capacidad para albergar a los migrantes de otros países.

“El problema es que el ministro Degenhart dijo que la presencia de solicitantes de asilo no va a representar gastos para Guatemala, porque ellos deben sostenerse por sí mismos. Es decir, los van a poner prácticamente en condición de calle, solicitando dinero para vivir porque si alguien tiene cómo sostenerse no creo que necesite migrar a otro país”, asegura.

En el fondo, tanto Hernández como Rodas apuntan que la raíz del problema reside en la misma situación de fragilidad de Guatemala.

“Guatemala no está en condiciones de ser un tercer país seguro. Tenemos lamentables indicadores de producción, de educación, de acceso a la salud pública, por lo que difícilmente vamos a poder dar estos servicios a personas de otros países”, apunta Rodas.

Guatemala no tiene condiciones. Guatemala es un Estado fallido, incapaz de generar las condiciones básicas de sostenibilidad de su propia población”, señala Hernández, quien asegura que el 98% de las solicitudes de asilo son rechazadas por lo que también se pregunta qué van a hacer estas personas cuando eso ocurra.

Peligros al acecho

Rubén Figueroa, coordinador sur-suroeste del Movimiento Migrante Mesoamericano, señala que en Guatemala los solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador estarán expuestos a riesgos que van más allá de las condiciones materiales en las que les toque esperar a la resolución de sus casos.

“Guatemala no es un país seguro. También tiene problemas de violencia. Es geográficamente muy cercano a sus países de origen y está dentro de las zonas de control de los pandilleros“, indica Figueroa, en relación con las maras, las bandas armadas cuyas amenazas y extorsiones obligan a muchos centroamericanos a abandonar sus países.

Un miembro de una pandilla de Guatemala.

Getty Images
Las peligrosas pandillas que operan en Honduras y El Salvador también tienen presencia en Guatemala.

Desde esa perspectiva, Amnistía Internacional (AI) también cuestionó duramente el acuerdo firmado en la Casa Blanca.

“Es indignante cualquier intento de obligar a las familias y a individuos que huyen de sus patrias a buscar seguridad en Guatemala. El gobierno de Estados Unidos sabe bien que las condiciones allí son peligrosas”, señaló en un comunicado Charanya Krishnaswami, directora para las Américas de la seccional estadounidense de AI.

“Con altos niveles de violencia e impunidad, instituciones débiles y un sistema de asilo que el propio gobierno de EE.UU. ha destacado como deficiente, no hay duda de que Guatemala no debería ser considerado como un lugar seguro o como un refugio”, añadió.

Esa, sin embargo, no es la perspectiva del gobierno de Trump, quien el día de la firma destacó que el acuerdo con Guatemala serviría para sacar del negocio a los “coyotes” que se dedican al tráfico ilegal de inmigrantes, al mismo tiempo que ofrecería un mecanismo seguro para los legítimos solicitantes de asilo.

Rodas tiene una opinión distinta.

“Esto es una desmotivación para que no traten de emigrar porque aquí no estarían en territorio estadounidense sino en Guatemala y en condiciones iguales o peores a las que están hoy en su país. Esa es la realidad”, concluye.


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