[contextly_sidebar id=”cHLH0KVtobNmt2OUMuiNVXECB9fSOTlm”]El día en el que 43 estudiantes desaparecieron en Iguala, Guerrero, al sur de México, la esposa del alcalde estaba terminando un discurso a los dignatarios locales sobre servicios sociales a familias, mientras los vecinos esperaban para un baile de celebración posterior.
De pronto, se oyeron disparos a unas cuadras de distancia y la gente huyó en pánico. Algunos creen que los incidentes estaban relacionados, aunque las autoridades federales dijeron este martes 7 de octubre que aún no tenían una explicación para los episodios de violencia del 26 de septiembre, en los que murieron al menos 25 personas y muchos desaparecieron.
Civiles protegían a la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda Villa, una mujer con supuestos lazos familiares con el crimen organizado. Un grupo de policías, a los que agentes federales y estatales acusan de estar vinculados a grupos de narcotraficantes, patrullaban las calles.
En este explosivo escenario aparecieron los estudiantes de la Normal en Ayotzinapa, una escuela de formación de maestros con tradición de activismo radical y que ha desafiado la extorsión de los cárteles en el pasado. Conocidos por bloquear autopistas y otras formas de protesta, los estudiantes llegaron con planes de solicitar donaciones a la gente que pasaba.
Estaban terminando sus tareas de recaudación de fondos y se reunían para volver a casa cuando Pineda terminaba su discurso. Según fuentes estatales, la policía local salió al ataque, disparando a los autobuses que los estudiantes habían secuestrado para regresar, así como a transeúntes inocentes en otros vehículos.
Javier Monroy, un activista de Chilpancingo para las familias de los desaparecidos, dijo que la brutalidad del ataque “no tuvo sentido”, pero podría haber sido provocado por el cártel local, Guerreros Unidos, que pensó que los estudiantes iban a interrumpir el discurso de Pineda.
El procurador general, Jesús Murillo Karam, declinó el martes especular sobre posibles lazos entre el discurso y el estallido de violencia.
“No voy a descartar ninguna hipótesis hasta tener confirmado cuál es la correcta”, dijo.
El acalde de Iguala, José Luis Abarca, está ahora prófugo, y se desconoce el paradero de su esposa. Las autoridades del estado han detenido a 22 agentes de policía de la ciudad. La posible masacre ha llamado la atención de un país que por años se ha acostumbrado a la corrupción policial, subrayando la infiltración del narcotráfico en la policía de Iguala.
Pineda, la esposa del alcalde, procede de una familia con vínculos conocidos con el cártel de Beltrán Leyva. La fiscalía identificó a su difunto hermano Alberto Pineda como un destacado lugarteniente del grupo. Él y otro hermano, Marco Pineda, ambos en la lista de más buscados del ex presidente Felipe Calderón, murieron a manos de rivales en 2009.
Otro hermano, Salomón Pineda, salió de prisión el año pasado y se cree que dirige el cártel Guerreros Unidos en Iguala, una escisión del grupo Beltrán Leyva, según medios locales.
“Todo el mundo sabía de sus presuntas conexiones con el crimen organizado“, dijo a la Associated Press Alejandro Encinas, senador del Partido Democrático de Revolución (PRD), al que pertenece el alcalde. “Nadie hizo nada, ni el gobierno federal, ni el gobierno del estado, ni los líderes del partido”.
Murillo Karam dijo que no había pruebas sólidas antes. Pese a los rumores, los lazos familiares no eran una base suficiente para presentar cargos.
“No investigamos basándonos en el parentesco, sino en hechos”, dijo.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ordenó a la policía federal especial (Gendarmería) que asuma el control de Iguala mientras sus responsables de seguridad se apresuran para contener los daños a la imagen de estabilidad y declive del crimen que han presentado al resto del mundo.
El procurador de Guerrero, Iñaky Blanco, dijo que los sospechosos han testificado que hasta 30 miembros de la policía local eran miembros de Guerreros Unidos.
Blanco dijo que los policías presos niegan haber matado a nadie, pero la parte trasera de sus camionetas hay manchas de sangre. Un policía admitió que entregó al menos a 10 estudiantes que había arrestado a desconocidos.
Un vídeo de una cámara de seguridad muestra a varios hombres, que no estaban uniformados, cuando obligaban a varias personas a subir a la parte trasera de una camioneta, mientras otras echaban a correr para escapar.
Uno de ellos, Julio César Mondragón, ignoró los ruegos de un compañero a refugiarse en casa de un residente local y siguió corriendo, dijo Vidufo Rosales, abogado de las familias de los estudiantes que faltan.
Más tarde fue encontrado muerto a un costado de la carretera. Su cráneo había sido cuidadosamente despellejado.
