Unos 33 mil migrantes hondureños han sido deportados de México en lo que va del año

El Comisionado de Derechos Humanos de Honduras critica el blindaje de la frontera sur e insta a México a invertir en Centroamérica si quiere frenar la migración.

Unos 33 mil migrantes hondureños han sido deportados de México en lo que va del año
Foto: Cuartoscuro.
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Alrededor de 33 mil hondureños han sido deportados de México en lo que va de 2014.  Así lo aseguró ayer el comisionado hondureño de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, en una conversación con cuatro medios de comunicación, entre ellos Animal Político.

Herrera se encuentra en el país a propósito de la XIX Asamblea General y el Congreso Internacional de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) que empieza mañana en la Ciudad de México.

Aunque no dio más cifras, Herrera aseguró que es mucho más que los años anteriores. El informe La Ruta del Encierro de Sin Fronteras reporta que en 2013 México regresó a sus países de origen a 86 mil 929 migrantes, 32 mil 243 de los cuáles eran hondureños.  Según el Comisionado hondureño, a tres meses de que concluya este año ya se ha rebasado la cifra de deportaciones del año pasado.

Así respondió a si el Programa Integral Frontera Sur –vigente desde hace un mes– estaba afectando a los hondureños en tránsito por México.  El programa, liderado por el exsenador priista Humberto Mayans, supone un mayor resguardo de los estados fronterizos con Centroamérica para evitar el tránsito ilegal de migrantes, así como colocar vallas y retenes alrededor de las vías del tren de carga, conocido como la Bestia, para dificultar que se pueda viajar sobre él.

Respecto a ello, el ombusdman hondureño alertó que “ninguna solución militar ni la construcción de grandes muros va a detener una migración forzada que es cíclica, siempre van a haber procesos constantes de migración mientras no se le encuentre una solución permanente (a los problemas que la ocasionan)”.

Herrera instó al gobierno mexicano a cooperar con Centroamérica para mejorar las condiciones de vida en la región. “La inversión podría ser menor invirtiendo en desarrollo humano sostenible  que en levantar barricadas, que a largo tiempo son insostenibles por los mecanismos de vigilancia que implican. En todo caso el concepto de dignidad humana no se encuentra en una barricada pero sí se encuentra en el desarrollo”, concluyó antes de irse a una reunión con la Procuraduría General de la República.

El Comisionado reconoció que la migración hondureña se puede considerar forzada dada la crisis económica y de inseguridad que azota su país, y que por tanto va a ser difícil detenerla. Y arguyó que están apostando por el desarrollo local. Honduras sigue siendo el país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 79 por cada 100 mil habitantes. En un país con medio millón menos de habitantes que el Distrito Federal asesinaron a 6 mil 757 personas el año pasado, una media de 19 personas al día. En el mismo periodo en la Ciudad de México hubo 749 homicidios dolosos.

Niños migrantes

Respecto a los menores que cruzan el país, Herrera pidió a México velar por el interés superior de la infancia y “evitar las deportaciones masivas de niños que son incompatibles con su dignidad y con las Convenciones internacionales que la protegen”.

Sólo el año pasado México deportó a 9 mil 893 menores de edad, la gran mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala. “La niñez requiere un tratamiento especial con respecto de los adultos por su falta de madurez física y psicológica entonces, ahora que hay especialmente una niñez detenida y tenemos que velar por sus derechos”.

El Comisionado no quiso mostrarse muy beligerante contra el gobierno mexicano, anfitrión de la Cumbre en la que participa mañana y no se refirió directamente a las múltiples violaciones que sufren sus connacionales en nuestro país. “En estas relaciones siempre hay elementos positivos y negativos, existen denuncias y quejas pero lo importante de la relación con México es que existe una institucionalidad, ver una legislación tan progresista como la ley de migración o la ley de víctimas que todavía no tiene mecanismos, pero esperemos que sean las bases que se apliquen a nuestros hombres, mujeres y niños migrantes”, afirmó.

Al insistirle sobre la falta de impartición de justicia en las masacres de 72 migrantes hace cuatro años en Tamaulipas y la de 49 personas en Cadereyta, Nuevo León, en el 2012 –donde hubo 8 hondureños fallecidos– se limitó a decir que “es un proceso en curso, estamos pendientes de cómo evoluciona y documentando denuncias de los familiares, para verificarlas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el caso enmendarlas para futuro”.

Herrera mostró preocupación por los hondureños no localizados en el país y aseguró que en esta visita establecerán mecanismos de coordinación con organizaciones y el Estado Mexicano para avanzar en los casos. “Ya pedimos a la Secretaría de Relaciones exteriores un listado de los hondureños aquí, pero entendemos que hay muchos indocumentados que no se pueden identificar” y señaló que “para nosotros es duro saber que podría haber más hondureños en fosas comunes”.

El comisionado también pretende conseguir un registro de sus paisanos presos en reclusorios mexicanos, pero el Estado Mexicano no tiene ese registro. Aunque las autoridades deben informar a cualquier extranjero imputado de un delito de su derecho a la asistencia consular, muchas veces no lo hacen y ni siquiera la embajada hondureña en México tiene un registro confiable de cuántos de sus connacionales están entre rejas.

Indocumentados en prisión

Ante la falta de información, el Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Agustín Pro Juárez (PRODH) y la Universidad Iberoamericana se dieron a la tarea de preguntar vía la ley de acceso a la información. Se contabilizaron mil 219 centroamericanos en cárceles de 27 de las 32 entidades del país. Las otras cinco entidades no proporcionaron información.

Uno de los casos más emblemáticos que evidencia las violaciones que sufren los migrantes detenidos es el del hondureño Ángel Amílcar Colón, quién lleva cinco años en el penal de máxima seguridad de Nayarit, a la espera de juicio por delincuencia organizada.

Colón fue detenido junto a otras 10 personas en un operativo en Tijuana en una casa de seguridad, donde había sido encerrado por un pollero. Sufrió tortura en el arraigo y en todo el proceso se vulneraron sus derechos a la información, a la asistencia consular, a la libertad personal, a la integridad y al debido proceso. De hecho, durante el primer año ni siquiera pudo comunicarse con su familia. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia, siendo el primer migrante con esta condición.

La PGR debe presentar antes del 23 de octubre las conclusiones de la evaluación de las pruebas y Colón espera que no sean acusatorias y se sobresea la causa en su contra, lo que ocasionaría la libertad inmediata. De no ser así, pasaría a juicio a mediados de noviembre.

“La detención de Ángel es un caso paradigmático, porque se trata de un defensor de los derechos humanos, sin antecedentes penales en el país, con mucho respaldo en su comunidad y que sale prácticamente expulsado por las condiciones económicas y aquí fue discriminado por su color, se le negó el debido proceso y sufrió tortura. Se le vulneró su derecho a la asistencia consular contemplado por la convención de Viena, no tuvo facilidades para comunicarse con su familia. Esa situación nos induce a exigir que este caso no se vuelva a repetir”, demandó Herrera y aseveró que esperan la deliberación de las autoridades mexicanas que, ojalá, esté bien argumentada.

En el mismo sentido, Herrera pidió “solidaridad” a las organizaciones de la sociedad civil para “promover la dignidad de los indefensos”. De hecho, Herrera recibió a los medios en las instalaciones del Centro PRODH, dónde se reunió con los directivos y los responsables de la defensa de Colón.

El Comisionado expresó su interés al PRODH en que, más allá de los esfuerzos conjuntos en la defensa de Colón, se intercambie información entre las denuncias que su organismo recoja en Honduras y la identificación y ubicación de quejas que puedan encontrar los defensores de derechos humanos en México.

La entrevista con Herrera duró apenas 30 minutos porque el Comisionado tiene una agenda apretada en el país de visitas a autoridades y organizaciones sociales. Se desplaza por la ciudad con un vehículo de la embajada de marca Jaguar, cuyo modelo más barato vale alrededor de 60 mil dólares.

 

 

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