Urgen por mayor transparencia en la CNDH
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Urgen por mayor transparencia en la CNDH

En el segundo día de registro para elegir al sucesor de Raúl Plascencia Villanueva, hubo cuatro solicitantes, aunque se espera que se sumen más hasta este miércoles cuando se cierran las inscripciones.
Por Nayeli Roldán
22 de octubre, 2014
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La reforma que eleva a rango constitucional la defensa y promoción de los derechos humanos y otorga mayores facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debería ser suficiente para la defensoría de las víctimas, pero tras la cuestionada conducción del organismo en los últimos cinco años, se hace urgente una mayor transparencia y rendición de cuentas su actuación.

Así lo advierte Angélica de la Peña, presidenta de la comisión de Derechos Humanos en el Senado, pues la CNDH tiene los recursos suficientes y los instrumentos legales que le permiten cumplir con su trabajo, aunque “la voluntad política es determinante en la conducción”.

“En la medida en que sean transparentes (la CNDH y comisiones estatales) van a tener mayor confianza de todo mundo”, por ello, se requiere de un nuevo marco jurídico para hacer obligatorio la rendición de cuentas sobre su actuación; sin embargo, “el que no esté en sus obligaciones legales por ahora “no justifica para el no cumplimiento del quehacer que tiene encomendado”.

El proceso de renovación de la presidencia de la CNDH sucede en el contexto de severas críticas por parte de organizaciones civiles a la gestión de Raúl Plascencia Villanueva, que incluso llevó a la solicitud de juicio político en su contra ante la Cámara de Diputados.

La senadora considera que la CNDH debe ser “el muro de contención” para que los casos de violaciones de derechos humanos “no salgan del país”, pues cuando hay casos que llegan hasta instancias internacionales porque las víctimas no encontraron respuesta en la defensoría del pueblo, “algo no está funcionando”.

Es por eso, dice, que los senadores tienen la obligación de elegir a quien sea capaz de enfrentar la “crisis” por la que atraviesa el país. El perfil del nuevo presidente de la CNDH, dice de la Peña, incluye la “especialización en la materia, capacidad de interlocución con la sociedad civil, el gobierno federal y el Congreso; gran probidad, de bajo perfil mediático y que asuma el estatus de defensor del pueblo”.

En el segundo día de registro para elegir al sucesor de Plascencia, hubo cuatro solicitantes, aunque se espera que se sumen más hasta este miércoles cuando se cierran las inscripciones. Luego, las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia del Senado elijarán a quienes cumplan los requisitos para llamarlos a comparecer y de ellos harán una terna, que será discutida en el pleno. El nuevo ombudsman deberá conseguir dos terceras partes de los votos y tomará protesta a más tardar el 13 de noviembre.

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"Fue un capricho de Pinochet": la historia de los 15 mil libros de García Márquez que quemó el gobierno de Chile

En noviembre de 1986, el gobierno militar de Chile ordenó la incautación del libro 'La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile', del premio Nobel de Literatura, cuando un embarque se dirigía a Santiago.
5 de junio, 2022
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El 28 de octubre de 1986, después de varios días de viaje, el ‘Peban’, un vapor de bandera panameña, atracó finalmente en el puerto chileno de Valparaíso. Mientras se preparaba para diligenciar los papeles de aduana, la tripulación recibió la noticia de que se procedería con la incautación de una parte del cargamento.

El capitán, que estaba seguro de que todo lo que llevaba en su barco estaba en regla, preguntó cuál era la mercancía que iban a retener.

La respuesta oficial fue la que menos esperaba: “Los libros”, específicamente, 15 mil ejemplares de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile, escrito por el ganador del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que habían sido enviados desde el puerto de Buenaventura, en Colombia.

Y que debían llegar a manos de Arturo Navarro, el representante de la editorial Oveja Negra que publicaba los libros del Nobel en aquellos años en Chile.

El libro narraba las peripecias que había que tenido que sortear el cineasta chileno Miguel Littín, quien vivía en el exilio desde el golpe de Estado que llevó a Augusto Pinochet al poder en 1973.

Littín había vuelto a Chile durante dos semanas en 1985 para filmar en la clandestinidad un documental sobre lo que estaba pasando en el país 12 años después de la irrupción militar.

Arturo Navarro

BBC
Arturo Navarro era el representante de la editorial Oveja Negra en Chile.

Luego estrenaría el documental Acta Central de Chile en el Festival de Cine de Venecia del 86.

Pero el libro de García Márquez iba más allá: contaba sobre todo detalles que no aparecían en la cinta, como por ejemplo el encuentro de Littín, quien se había hecho pasar por un empresario uruguayo, con el propio Pinochet en los pasillos del Palacio de La Moneda, donde el presidente de facto no lo reconoció.

“Yo me enteré de la incautación de los libros dos semanas después porque estaba fuera del país”, recuerda Arturo Navarro, tomándose un café bajo la nave central del Museo Nacional de la Memoria en el corazón de Santiago.

Navarro había regresado de un viaje por EU para visitar a su familia cuando se encontró con un mensaje de alerta en el contestador automático de su casa. Era de su agente aduanero y le describía una situación crítica: “Arturo, me dicen que los libros fueron quemados”.

"Esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describen cómo le habían metido los dedos en la boca"", Source: , Source description: , Image:

Para Navarro, el cargamento era fundamental: era el principal producto que esperaba exponer durante la feria del libro de Santiago, que se iba a celebrar pocas semanas después del incidente.

Él, que había sido empleado de la Editorial Nacional Quimantú (ampliamente perseguida por el régimen) y había visto a los militares ejercer la destrucción de libros en primera fila, también sabía que el régimen de Pinochet había flexibilizado sus políticas de censura.

En ese contexto, creyó que la incautación debía ser más un malentendido que un acto de represión y decidió viajar a Valparaíso para resolver el problema personalmente.

“El libro ya había sido publicado en capítulos en Chile por una revista (Análisis) meses antes”, señala Navarro. “Sin embargo, lo que me preocupaba es que, de acuerdo a la prensa, la incautación de los libros se debía al mal estado de los contenedores, que me parecía una disculpa inusual”.

Los ejemplares habían quedado bajo el control de la jefatura de Zona en Estado de Emergencia, a cargo de militares.

Cuando Navarro se acercó al edificio castrense donde podría intentar rescatar los libros, percibió de inmediato la tensión que se sentía dentro del gobierno por esos días: un mes y medio antes, el 7 de septiembre, militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez habían estado muy cerca de acabar con la vida de Augusto Pinochet, en un feroz atentado cuando este regresaba a Santiago desde su residencia en el Cajón del Maipó, a unos 50 kilómetros de la capital.

El asalto había dejado cinco escoltas muertos y varios heridos.

“En el edificio logré hablar con un militar de rango medio al que le pedí que al menos me permitiera devolver los libros a Lima”, señala. “Pero después de hacer un par de llamadas, finalmente me dijo: ‘Navarro, no se preocupe, que los libros ya los quemamos'”.

La versión en los medios se mantenía: contenedores en mal estado, lo que podría explicar la incautación, pero nunca la incineración.

Para Navarro, era claro que la orden había venido de arriba y, aunque no tuviera pruebas, no se iba a quedar quieto hasta que la gente supiera que el régimen de Pinochet había mandado a quemar 15 mil volúmenes de nada menos que un premio Nobel.

“Yo sigo sosteniendo que esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describe cómo le habían metido los dedos en la boca”, afirma Navarro.

La noticia lo dejó abatido y sin ejemplares para la feria.

Entonces, convocó a ruedas de prensa para dar a conocer lo que había pasado, hizo la denuncia pertinente ante la Cámara Chilena del Libro y, aunque dentro del país no hubo mucho eco, en el mundo sí publicaron la noticia.

Navarro guarda recortes de prensa de medios de Grecia, Holanda y EU que hablan de los ejemplares calcinados.

Pero quedaba por saber qué era realmente lo que había pasado. “Yo de verdad no creía nada de lo que me habían dicho. Ni siquiera que los habían quemado”.

Uno de sus colegas le recomendó que el mejor camino para obtener una respuesta del régimen era la vía diplomática, por lo que decidió acudir a la embajada de Colombia, país de donde originalmente habían salido los libros.

“Ahí conocí a Libardo Buitrago, el cónsul colombiano, quien se ofreció a ayudarme”.

Poco después, gracias a la presión de un país extranjero, le llegó al cónsul un papel muy revelador, una carta fechada del 9 de enero de 1987, firmada por el vicealmirante John Howard Balaresque, en la que no solo se confirma la incineración de los libros sino también las razones: a los ejemplares de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile se les impuso “una medida de censura previa” por considerar que el contenido “transgredía abiertamente las disposiciones constitucionales”.

“Ese papel es el único documento oficial que existe en el que el régimen de Pinochet acepta que quemó libros y que lo hizo por censura. Algo imposible de obtener en esos tiempos”, relata Navarro.

“Y ahora está acá, en el Museo de la Memoria”.

El documento, con firma oficial, le sirvió a la editorial Oveja Negra para poder cobrar el seguro por la pérdida, pero además implantó en la cabeza de Navarro una certeza que no lo abandonó nunca: la cultura sería clave en el fin del régimen.

“Esta represión a los libros, a la cultura, se daría vuelta y terminaría siendo uno de los principales motivos por los que Pinochet saldría del poder. Porque fueron los cantantes, los artistas, los escritores quienes serían fundamentales en la campaña de votar ‘No’ en el plebiscito de 1988 que acabaría con la dictadura”, concluye.


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