[contextly_sidebar id=”NEhDm16Pcke2Wrf4CXpjn7suIBKWIJnM”]Un día después de que la Procuraduría General de la República (PGR) informó que militares usaron las armas de presuntos delincuentes muertos para asesinar a otros que aún quedaban vivos tras un enfrentamiento en Tlatlaya, Estado de México, al menos 100 personas marcharon del Zócalo capitalino a la residencia oficial de Los Pinos para entregar un documento al presidente Enrique Peña Nieto.
En el documento, los firmantes piden a Peña Nieto su “inmediata intervención” en el caso, debido a “las violaciones flagrantes a los derechos humanos y del debido proceso al que han sido sometidos el personal de nuestras Fuerzas Armadas”.
Una comitiva entregó el documento, pero no se les informó sobre la fecha para una posible respuesta.
“Yo sí le voy, le voy al soldado”, “los militares somos todos” y “un soldado en cada hijo te dio”, fueron las consignas con las que los maanifestantes avanzaron por las calles del Centro Histórico para pedir juicio justo.
A la manifestación de este sábado asistió César Gutiérrez, el hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien dijo que no hay un marco jurídico para las tareas de seguridad pública de militares. “La raza (tropa) está decepcionada y harta de que los altos mandos los ha dejado morir solos”, dijo.
Hasta el momento, de acuerdo con el procurador Jesús Murillo Karam, tres militares ya fueron acusados de homicio y un teniente por encubrimiento, tras los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en la comunidad de San Pedro Limón, donde —según la última información oficial— al menos ocho de los 22 presuntos delincuentes que murieron ese día sobrevivieron a un enfrentamiento y posteriormente fueron asesinados por los soldados con sus propias armas.
Las autoridades han sostenido que en el incidente participaron siete soldados y un teniente, los cuales son procesados en la justicia militar por violaciones a las normas castrenses.
El documento íntegro: