[contextly_sidebar id=”n81ia3WgOGoAnhoMXiAanHW4i4RNrOzw”]Nicolás Alejandro Licea Blancas tiene 21 años y desapareció la madrugada del pasado domingo, 23 de noviembre. Junto a él se esfumaron Sergio Gilberto Gómez Magaña, de 33 años, Armando Villanueva Torres, La Pulga, de 37, y otros 9 autodefensas más. Dos de ellos, el comandante Gerardo Serafín, a quién apodaban el G1, y Nicolás Serafín, pariente suyo, aparecieron degollados el lunes 24. Sus cabezas cercenadas fueron tiradas junto a la carretera Uruapan-Paracho, a la vista de todos, a modo de escarnio.
Ayer 27 de noviembre, cuatro días después de la desaparición, los familiares de los 10 jóvenes cuya paradero se desconoce bloquearon durante más de seis horas los cuatro accesos a la ciudad de Uruapan, centro neurálgico de la región aguacatera y una de las más pujantes de Michoacán.
“Nadie los está buscando, la Policía Federal no los busca, sus mismos compañeros, las fuerzas rurales, nada más se hacen pendejos. No vamos a desbloquear hasta que no aparezcan, que vengan la Marina y el ejército porque ya no nos fiamos de nadie más”, espetaba enojada Berenice Blancas, madre de Nicolás Alejandro. Su esposo tiene una empresa de camiones y movilizó a sus compañeros para cortar la circulación. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán tampoco los reconoció como fuerzas rurales sino como autodefensas civiles, pero se comprometió a dar respuestas a los familiares de los desaparecidos más tardar en el día de hoy, 28 de noviembre, y estos levantaron los bloqueos. Pero si no se la dan, aseveran que volverán a cortar.
Los desaparecidos salieron el sábado a un operativo a Apatzingán. Pasaron por el retén de la policía federal de Cuatro Caminos, a 32 kilómetros de su destino. Nicolás Alejandro mandó el último mensaje a las 8 de la noche del sábado, que ya estaban en Apatzingán. Sergio avisó a su mamá a las 12.30 de la madrugada del domingo que ya iban de regreso. En el convoy había cuatro camionetas, identificadas con los logos de las Fuerzas Rurales, el cuerpo policial creado por el gobierno para integrar a los autodefensas a sus filas. Tres no volvieron a llegar al retén de Cuatro Caminos. Solo una regresó, la del comandante, Nicolás Sierra Santana, quién no supo dar razones de los demás.
El domingo, miembros de las Fuerzas Rurales avisaron a los familiares que los jóvenes habían sufrido una emboscada y que no sabían que había pasado con ellos. Según los familiares todos los desaparecidos tenían sus armas registradas ante la autoridad e identificación como comunitarios. Sin embargo, no todos estaban acreditados como Policías Rurales.
Pese a las declaraciones públicas del Comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, quien el 7 de julio pasado aseguró en Uruapan que las autodefensas “ya no existen, desaparecieron desde el pasado 10 de mayo y ahora son la Fuerza Estatal Rural”; por todo el estado –a excepción del noreste y el oriente del Estado donde no ha habido presencia de milicias civiles–, las autodefensas siguen sumando gente y empuñando armas largas. Solo que ahora lo hacen acompañando a sus compañeros que ya se han regularizado como policías en las Fuerzas Rurales y se integran en el Mando Unificado coordinándose con la Policía Federal. En el caso de Uruapan, el alcalde Aldo Macías describe que a sus cien policías rurales registrados les acompañan tres grupos de autodefensas –que responden a tres diferentes líderes e intereses– que “rondan los 600 o 700 elementos”.
En el caso de los 10 jóvenes desaparecidos la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán no los reconoce como fuerzas rurales. El vocero del comisionad Castillo decía esa misma mañana a los reporteros locales que ellos no tenían a ningún elemento de la corporación policial reportado como desaparecido. El alcalde de Uruapan, Aldo Macías, aseguró a Animal Político que al menos Gerardo Serafín, uno de los dos degollados, sí era comandante de la Fuerza Rural y que su familiar le asistía como autodefensa.
Uruapan, policías y autodefensas dudosos
“Uruapan está dividido”, dice un autodefensa de Apatzingán que ya está regularizado como Fuerza Rural en Zamora, a más de dos horas de Uruapan. “Hay mucho Templario todavía”, agrega. El mismo comentario se repite ya en la capital del aguacate. “En Uruapan siguen operando los cárteles infiltrados dentro de las Fuerzas Rurales, así se negoció con las autoridades”, asegura un periodista local.
Uruapan fue la primera población mexicana donde el crimen organizado cercenó cabezas y las exponía en lugares públicos. En 2006, al menos 13 personas aparecieron degolladas en pueblos colindantes, fruto de la pelea por la plaza entonces entre La Familia Michoacana –del que se escindirían después Los Caballeros Templarios– contra el grupo de Los Valencia, originarios de Uruapan y fundadores del ahora pujante Cártel de Jalisco-Nueva Generación.
El pasado lunes 24 de noviembre, el Procurador de Michoacán, José Martín Godoy, se refirió al degollamiento doble como a “hechos aislados”. Junto a sus restos, una cartulina rezaba, al viejo estilo de los mensajes del 2006: “Aquí tienen al intocable Gera o G1 y voy por todos los demás perros, aquel que no se quiera venir pa’ este lado mejor abrace a la verga, yo voy con todo y contra todos. Att. Guardia Michoacana” (sic).
Para el alcalde de Uruapan estos crímenes son parte de un “reajuste”. “Alguien quiere mandar un mensaje, decir que todavía están aquí, dar miedo. Claro que el crimen no se ha radicado, no se va a quitar en un año, tiene que llevar un proceso. Pero sí hay resultados palpables, la gente ya sale de su casa”, asevera el edil príista, Aldo Macías.
Este alcalde también fue señalado por tener vínculos con el crimen organizado, pero los libró. “No podemos nadie decir no sabíamos de esto. Hace un año yo salía de una reunión y tenía a alguien aquí abajo. Pero no se podía denunciar, no había confianza en las autoridades. Antes, si un ciudadano demandaba a alguien no llegaba ni a su casa. Ahorita las cosas han cambiado, ya hay confianza en la autoridad”, se defiende, mientras en la pared de su despacho cuelga una foto de él en medio del presidente de México, Enrique Peña Nieto y el ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo.
En abril, la Policía Federal sustituyó a toda la corporación seguridad pública de Uruapan, por no pasar los exámenes de confianza. Ahora muchos de los autodefensas que quieren acreditarse como Fuerza Rural tampoco los pasan.
Entre los cien Fuerzas Rurales que ya acreditaron en este municipio, apenas unos pocos hicieron acto de presencia en los bloqueos pese a que exigían justicia por sus compañeros. En uno de los cuatro bloqueos, Animal Político intentó abordar a Nicolás Sierra Santana, pero este dijo que las protestas eran “por los desaparecidos de Guerrero” y abandonó el lugar.
Nicolás Sierra Santana ha sido señalado como miembro de Los Viagras, un grupo de sicarios mercenarios que habrían trabajado para Los Templarios. Sierra Santana viajó con una cuarta camioneta en el mismo convoy que las otras tres camionetas que desaparecieron el domingo pero él regresó y asegura que no sabe que pasó. “Ellos mismos se los pusieron a los criminales”, acusan los familiares de los desaparecidos, “la prueba es que ni los buscan”, insisten. Ellos los quieren de regreso a casa.
Mientras tanto sus mantas interpelan a los que se acercan: “¿No que en Michoacán no pasa nada?”.
