La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) confirmó que el ataque sufrido por Karla Silva Guerrero, reportera de El Heraldo en Silao, fue provocado por su labor periodística.
Así lo señala la recomendación emitida en torno a la agresión perpetrada contra la comunicadora el día 4 de septiembre, cuando tres hombres irrumpieron en la redacción del diario y, mientras uno de ellos la golpeaba, le repetía “bájale a tus notas”.
“Existen elementos de prueba suficientes que permiten establecer cuando menos de manera indiciaria, que las lesiones, robo y amenazas en cuestión son parte de una acción con participación de agentes municipales y que no tenía como fin un ataque simple al derecho humano a la integridad de Karla Janeth Silva Guerrero, sino como represalia y amedrentamiento por la labor periodística que desempeñaba”, señala la recomendación.
k[contextly_sidebar id=”wkcAH8TDZTW0GqHkbCKeUO1fuTFHbUPu”]De acuerdo con el organismo autónomo, existe una responsabilidad objetiva de la autoridad municipal de Silao, dado que servidores públicos municipales participaron de una acción que tenía como fin impedir el goce del derecho humano a la libertad de expresión de la comunicadora.
La PDHEG analizó 233 notas informativas firmadas por Silva Guerrero en el período junio-septiembre de 2014. El 56 por ciento de ese total –es decir, 132 notas- contiene información relacionada directamente con la administración pública de Silao.
De las mismas, 108 contienen alguna expresión crítica, ya sea emitida o recogida por Karla Janeth Silva Guerrero, en contra de la administración pública municipal.
Asimismo, la Procuraduría asegura que el gobierno municipal no cumplió con su obligación de proteger a periodistas que se encuentran en riesgo, debido a que se comprobó que aunque Karla Silva Guerrero informó a Jorge Alejandro Fonseca Durán, entonces coordinador operativo de la Policía municipal de Silao, que se encontraba en peligro, sin embargo el servidor público ignoró la circunstancia.
Además, sostiene el documento, en la investigación se consignaron diferentes momentos en los que la comunicadora y el presidente municipal de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, tuvieron diferencias por la labor de la primera.
Se agrega el testimonio de otro reportero, quien anteriormente cubría la fuente de Presidencia municipal de Silao; éste asegura recibió amenazas por parte del alcalde debido a su trabajo periodístico.
Siete recomendaciones
Por los hechos, la PDHEG emitió siete recomendaciones a Enrique Benjamín Solís Arzola. La mayor parte gira en torno a la protección a periodistas y el ejercicio de la libertad de expresión.
En primer lugar, se pide al Alcalde ofrecer una disculpa pública a Karla Silva Guerrero por el agravio cometido en su contra.
Asimismo se le recomienda indemnizar económicamente a la afectada, con la finalidad de que pueda cubrir sus gastos médicos y de atención psicológica.
Se solicita también que se incorpore en los programas de formación de los cuerpos de seguridad pública del municipio un módulo que los instruya respecto a los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, así como respecto a la labor que cumplen los periodistas y comunicadores sociales
Se le invita además a adoptar mecanismos de prevención para evitar la violencia contra los comunicadores y comunicadoras y a implementar políticas de comunicación social que fortalezcan el diálogo con todos los medios de información.
En ese mismo sentido, se le pide instrumentar, en cooperación con las autoridades estatales, medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ya sea que las amenazas provengan de agentes del Estado o de particulares.
Finalmente se recomienda al munícipe iniciar un procedimiento de responsabilidad contra Jorge Alejandro Fonseca Durán, Nicasio Aguirre Guerrero, quienes fungían como coordinador operativo de la Policía municipal y director de seguridad pública de Silao.
Cabe recordar que ambos exfuncionarios se encuentran relacionados con el ilícito; mientras que el primero es acusado de ser el encargado de transportar a los tres autores materiales para que concretaran la agresión, el segundo es señalado como el autor intelectual de la misma.
Mientras que Fonseca Durán se encuentra sujeto a proceso y está recluido en el Cereso de Irapuato como medida preventiva –al igual que los tres autores materiales-, Aguirre Guerrero continúa prófugo.
